FGR va contra tres universidades públicas por Estafa Maestra
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Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU) en Tabasco.

Cuatro años después de desvíos, FGR va contra 3 universidades por Estafa Maestra; exrector de Morelos sigue prófugo

Se trata de las primeras indagatorias en contra de exfuncionarios universitarios por delitos específicos de corrupción. Hasta ahora Rosario Robles, que cumplió dos años presa, es la única exfuncionaria encarcelada por esta trama delictiva.
Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU) en Tabasco.
13 de agosto, 2021
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La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación formal en contra de tres universidades públicas del Estado de México, Sinaloa y Tabasco por su presunta participación en una operación para desviar más de 300 millones de pesos del erario bajo el esquema fraudulento conocido como “La Estafa Maestra”. Todo ello en los últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Las carpetas de investigación se iniciaron a partir de 10 denuncias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó directamente en contra de dichos planteles el pasado 23 de julio. Los recursos desviados fueron asignados con convenios, sin licitaciones, por varias dependencias federales entre ellas Petróleos Mexicanos. 

Los planteles denunciados penalmente son la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM); la Universidad Politécnica de Sinaloa; y la Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU) en Tabasco.

Tras recibir el dinero y sin cumplir con ninguno de los servicios pactados estas universidades –con la presunta complicidad de sus rectores y funcionarios– enviaron premeditadamente los recursos a otras empresas “subcontratadas” para que lo llevaran a cabo. Pero muchas de esas compañías resultaron ser empresas irregulares o hasta fantasma.

De prosperar estos casos podrían materializarse en las primeras acusaciones por delitos de corrupción en contra de autoridades universitarias por el mecanismo fraudulento de La Estafa Maestra. Con anterioridad la FGR ya procedió en contra del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos –quien sigue prófugo– pero por el delito de lavado de dinero.

Autoridades de la FGR indicaron a Animal Político que las denuncias presentadas por los auditores incluyen dictámenes técnicos en donde claramente se identifica a funcionarios de dichas universidades que habrían incurrido en los malos manejos de los recursos. Se presume que se trató de un esquema pactado y no de hechos aislados.

Los desvíos denunciados en universidades

Entre los centros educativos que se encuentran bajo investigación de la FGR el que acumula la mayor cantidad de irregularidades es la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), plantel que funciona como un organismo público descentralizado del gobierno mexiquense. En los años en que ocurrieron los hechos irregulares dicho gobierno era encabezado por Eruviel Ávila.

La FGR tiene ocho denuncias presentadas por los auditores en contra de la UIEM por un presunto fraude al erario que asciende a los 229 millones de pesos. Esto como resultado de los malos manejos registrados en los años 2014 a 2016.

Como es el común denominador en este mecanismo de fraude, la universidad señalada recibió los recursos a través de la firma de convenios directos y sin licitación con varias dependencias federales, entre ellas el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el DIF y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

A cambio de ello, el plantel se comprometía a realizar los servicios bajo el argumento de que contaba con los recursos humanos y materiales para ello. Lo que los auditores encontraron es que esto no ocurrió así pues, de manera absolutamente ilegal, la UIEM subcontrató para realizar la mayoría del trabajo a 23 empresas, otra universidad y 68 personas físicas.

Lo peor es que, en muchos casos, no hay pruebas que documenten que los servicios irregularmente subcontratados se llevaron a cabo. Aunque hay supuestos “entregables”, se presume que estos fueron fabricados.

“En la revisión de la documentación derivada de las contrataciones y subcontrataciones se observó que presentan irregularidades como cuadernillos duplicados o localizados en internet, bases de datos incompletas, entre otras, mencionadas en el informe, por lo que ni la UIEM, ni los subcontratistas acreditaron la prestación de los servicios contratados por 229 millones de pesos”, indica el dictamen que dio pie a la denuncia.

Como parte de la investigación los auditores buscaron a 11 de las empresas subcontratadas y notaron que los domicilios eran inexistentes o correspondían a casas particulares. Es decir, se trata de compañías presumiblemente fantasma.

Por otra parte, la ASF también presentó una denuncia en contra de la Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU) localizada en Tabasco, por presuntos hechos de corrupción que dieron paso a un quebrante cercano a los 54 millones de pesos 

Los malos manejos reportados en este plantel estatal son resultado de los convenios específicos que firmó en 2018 con Petróleos Mexicanos (Pemex) y, en específico, con su filial de Exploración y Producción. Esto durante la época en que el gobierno de Tabasco –quien controla la universidad– estaba a cargo de Arturo Núñez.

Al igual que en el caso de la UIEM, la UTU no contaba con la capacidad técnica y humana para cumplir con los servicios que contrató con Pemex, de ahí que tuviera que recurrir a terceros (empresas y personas físicas) para cumplir con los convenios que se le entregaron sin ningún tipo de licitación.

Hubo un caso específico donde dicha universidad subcontrató a tres empresas que no realizaron trabajo alguno como se pudo verificar al visitar a las. Los documentos para justificar dicho servicio fueron en realidad realizados por otros asesores.

En cuanto a la Universidad Politécnica de Sinaloa, la ASF la denunció por presuntas acciones de corrupción que derivaron en un fraude al erario cercano a los 36 millones de pesos. Al igual que en los otros casos se trata de un plantel público a cargo del gobierno del estado.

Las anomalías detectadas por los auditores se identificaron en los convenios que dicho plantel realizó con diversas dependencias de las que recibió recursos sin licitar, y entre las que se encuentran al SEO, Conapesca, Conacyt, Nacional Financiera y el Instituto Nacional del Emprendedor (este último implicado también en posibles desvíos con recursos del Fondo Nacional del Emprendedor).

El hecho más grave en cuanto a recursos implicados fue resultado del convenio firmado con Conapesca por 31 millones de pesos, y donde la Universidad no realizó ningún trabajo pues carecía del personal y equipos para ello. ¿Qué pasó con el dinero? Una parte, 21 millones, lo mandó a siete compañías que tampoco comprobaron que se realizaron los trabajos.

Otra fracción de los recursos (poco más de cuatro millones) los usó la universidad para pagar parte de su nómina, situación que evidentemente no estaba permitida. Y el resto del dinero, poco más de seis millones, ni siquiera se supo en que se ejercieron pues el plantel no lo comprobó, pero tampoco los regresó.

En todos los casos anteriores las denuncias identifican responsabilidades tanto de las áreas jurídicas y administrativas de los planteles implicados, así como de las personas que ocupaban la rectoría.

El rector prófugo

En noviembre del año pasado la FGR obtuvo 11 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios federales, un exrector y supuestos accionistas de una empresa fantasma, por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, todos ellos relacionados con el esquema de “La Estafa Maestra”.

El exrector implicado es Jesús Alejando Vera Jiménez, quien estaba al frente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR) cuando participó en los presuntos desvíos de recursos federales. También se ordenó la captura de dos exfuncionarios más del mismo plantel. Todos ellos siguen prófugos.

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM CDMX/0001220/2019, la complicidad entre la UAEMOR y la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) permitió el desvío de más de 77 millones de pesos a través del mismo sistema: la firma de convenios sin licitaciones por servicios que no se llevan a cabo.

En este caso la administración que encabezaba Vera Jiménez incluso se prestó para simular una licitación pública en la que participaron dos empresas fantasma, las cuales compartían incluso el mismo domicilio fiscal. Una de esas compañías transfirió el dinero a otro grupo de empresas con la finalidad de irlo lavando y perder el rastro.

Un sistema… solo una detenida

En 2017, Animal Político y Mexicanos Contra al Corrupción y la Impunidad publicaron el reportaje denominado La Estafa Maestra que documentó, por primera vez, que una decena de dependencias federales habían desviado recursos a través de convenios con universidades.

Auditorías y denuncias posteriores ante la FGR confirmaron los hechos y se probó incluso el involucramiento de más intermediarios públicos y no solo universidades. Además, se detectó el involucramiento de un mayor número de dependencias. “No se trata de casos aislados sino de una auténtica delincuencia organizada”, dijo en 2019 el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Sin embargo, hasta ahora la única exsecretaria de Estado procesada y encarcelada por este caso es Rosario Robles, quien ayer cumplió dos años en prisión preventiva. En una carta publicada en redes sociales la extitular de Sedesol y Sedatu insistió en su inocencia y cuestionó que solo se haya procedido en su contra.

Otros exfuncionarios que al igual que Robles encabezaron dependencias desde las cuales se firmaron convenios con el mismo esquema fraudulento son Emilio Lozoya en Pemex; Alfredo del Mazo en Banobras; Emilio Chuayfett en la SEP; Enrique Martinez y Martínez en SAGARPA; y José Reyes Baeza en FOVISSSTE.

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Cómo es la carretera del "terror" en el norte de México donde han desaparecido decenas de personas

En el noreste de México, decenas de personas han desaparecido en una importante autopista que llega a la frontera con EE.UU. Por su peligrosidad, ha comenzado a ser llamada la "carretera del terror".
17 de julio, 2021
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Lo que vivió una familia a finales de junio fue apenas un “susto”.

Sus cuatro integrantes fueron despojados de la camioneta en que viajaban de la ciudad de Monterrey a la de Nuevo Laredo, en el noreste de México, y abandonados a mitad del camino.

“¿Cómo están? ¿Se encuentran bien?”, pregunta el conductor de un tráiler que grabó el asalto a lo lejos.

“Nada más el susto”, responde el padre, quien luego explicó a la prensa que “de una camioneta se bajaron cuatro hombres armados. Traían ametralladoras”.

“Enfrente bajaron a una pareja de una camioneta Chevrolet blanca. Y después de eso, se viene un sujeto armado hacia nosotros, que era como de 30 años, andaba bien vestido“, dijo el hombre, quien no dio su nombre por razones de seguridad.

“‘¡Bájense! ¡Y dejen los celulares!'”, les ordenaron.

“Nos bajamos toda mi familia y nos fuimos para atrás”.

Lo que para esa familia fue solo un susto. Para decenas de familias, la inseguridad ha tenido como consecuencia la desaparición de un ser querido.

Y es que viajar de Monterrey -la urbe industrial más importante de México a la ciudad fronteriza Nuevo Laredo se ha vuelto un riesgo.

La autopista de peajes de unos 200 km en los últimos meses ha sido llamada la “carretera del terror” o el “triángulo de las Bermudas”, debido a los crecientes casos de secuestros y desapariciones forzadas que se han registrado.

Según la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), la organización más grande de apoyo a víctimas local, se han conocido al menos 49 desapariciones este año tan solo de habitantes del estado.

Es la cifra más alta en los últimos 10 años, dice a BBC Mundo Angélica Orozco, una portavoz de la organización.

“Están atacando directamente a la ciudadanía, que nos encontramos totalmente vulnerables ante la desinformación, porque no nos informan qué está sucediendo. Y comprobamos, una vez más, que no hay un plan para buscar a las personas desaparecidas”, señala.

Protesta por los desaparecidos entre Nuevo León y Tamaulipas

Reuters
Este año se ha incrementado notablemente la desaparición de personas que viajaban de Nuevo León a Tamaulipas.

Las autoridades de Nuevo León, por su parte, reportan solo 41 investigaciones por desaparición en 20 meses, con 1,4 personas en promedio por caso. Y han anunciado nuevas medidas para su búsqueda.

Pero FUNDENL y otras organizaciones advierten que hay una “cifra negra” de casos no conocidos por falta de denuncia.

Una vía moderna y peligrosa

La autopista 85D que conecta a Monterrey con Nuevo Laredo no es un camino secundario, como los que llegan a ser controlados por grupos criminales en algunas regiones conflictivas de México.

Todo lo contrario: es una autopista de cuatro carriles, con casetas de peajes electrónicos e infraestructura de pasos elevados a lo largo de un trayecto casi en su totalidad recto.

Es parte de la carretera Panamericana, que conecta de norte a sur el continente americano.

Transportistas en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo

Getty Images
La carretera 85D es vital para la exportación de manufacturas hechas en México hacia EE.UU.

Al ser la vía más corta del centro de México a la frontera con EE.UU., es una vía importante, tanto para la exportación e importación de mercancías, como para los habitantes de Monterrey que van por turismo o negocios a las ciudades del sur de Texas.

“Es el camino hacia la frontera para gente que va a EE.UU. de compras o por cuestiones personales. Y por eso consideramos que desde hace años las autoridades han tenido información de que suceden desapariciones. Y no hay sistemas de videovigilancia u operativos permanentes”, señala Orozco.

Pese a ser una infraestructura vital, la seguridad para conductores -tanto de transporte de carga como civiles- “no está garantizada”.

El tramo del peligro

En particular, hay un tramo que ha sido el más riesgoso en los últimos meses: el de la frontera entre los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Apenas el 19 de junio pasado, un ingeniero en sistemas de 35 años -de identidad reservada- fue secuestrado durante varias horas por hombres armados vestidos con ropa militar.

En una denuncia ante el ministerio público de Nuevo León, señala que sobre la carretera había un retén de sujetos armados que lo detuvo. Uno de ellos le dijo “toma tus cosas y bájate del vehículo” para revisar su camioneta.

Patrullas en la carretera 85D de Monterrey a Nuevo Laredo

Reuters

Lo subieron a un vehículo, le cubrieron la cabeza y lo empezaron a “mover todo el día por un camino de terracería desconocido”, explicó.

Le preguntaban que “dónde está la droga que traía” y que “para quién trabajaba”.

Incluso lo golpearon una tabla de madera en un momento para que hiciera una confesión, pese a que les aseguro que trabajaba en una empresa de sistemas y que en su celular tenía los datos de su trabajo.

Explica que al final lo abandonaron con los ojos cubiertos en un camino de terracería. Encontró una población y pidió ayuda. Más tarde pudo localizar su camioneta y volver a Monterrey.

Map

FUNDENL también ha detectado que los choferes de aplicaciones como Uber o Didi, que son solicitados para realizar viajes hacia la frontera, también han sido atacados por los criminales.

“En general, tenemos casos documentados desde 2011. Y con la crisis desde este año, empezamos a recibir reportes de años anteriores”, explica Orozco.

La cruenta rivalidad de carteles

Desde hace unos meses hay una creciente disputa de grupos delictivos por el control de las ciudades que colindan con EE.UU. en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Se trata de puntos clave para el tráfico de drogas y mercancías ilegales, así como el flujo de recursos económicos que los carteles buscan manejar, explica el investigador en seguridad pública Víctor Sánchez a BBC Mundo.

Patrullas en la carretera 85D de Monterrey a Nuevo Laredo

Reuters
El tramo de la carretera cercano a Sabinas Hidalgo es uno de los más riesgosos.

“Los comandos paran a tráileres que llevan mercancías. Se llevan los camiones o a veces solo la mercancía. Y en algunas ocasiones desaparecen a los conductores. Lo mismo sobre vehículos privados: se enfocan en camionetas equipadas que después utilizan para sus actividades”, indica.

Aunque ha sido una práctica vista desde hace una década, se ha recrudecido en los últimos meses.

“Es una zona de conflicto y disputa, pero va más allá de la simple disputa de organizaciones criminales. Tiene que ver mucho con el ADN de Los Zetas“, explica Sánchez.

Y es que el Cartel del Noreste -CDN, conformado por miembros del extinto grupo sanguinario Los Zetas- controla la ciudad de Nuevo Laredo, que ha sido blanco de otras organizaciones recientemente.

“Se ha recrudecido mucho la ofensiva en los últimos meses por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación, de la mano de una organización local, los Metros, que es una facción del Cartel del Golfo”, indica Sánchez.

Foto del desaparecido Isaac Hernández

Reuters
Muchas víctimas de desaparición en la zona son los conductores de camiones.

“El CDN sospecha de cualquier vehículo ostentoso que circule por la carretera a determinadas horas, previendo una incursión. Y eso puede explicar algunas de las desapariciones de los últimos meses”, explica el investigador, residente del vecino estado de Coahuila.

Muchas víctimas de desaparición no son encontradas porque los carteles evitan dejar evidencias, como el cuerpo de las víctimas.

La respuesta de los gobiernos

Ante el aumento de casos de desaparición, los gobiernos estatales y el federal han empezado a tomar acciones en las últimas semanas.

La Guardia Nacional federal fue desplegada para realizar patrullajes a lo largo de la carretera 85D.

Patrullas en la carretera 85D de Monterrey a Nuevo Laredo

Reuters

Y la semana pasada, los gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas se reunieron para acordar una mejor coordinación en la investigación de casos de desaparecidos, algo que han reclamado las familias de las víctimas.

“Se contempla la instalación de puntos fijos intermitentes en especial en zonas específicas como el tramo del kilómetro 100 al 176 (zona limítrofe entre estados)”, indicaron en un comunicado conjunto.

“No nada más es la autopista, hay brechas donde también la Guardia Nacional, Fuerza Civil y el Ejército Mexicano entramos a vigilar, a disuadir, a buscar individuos que estén buscando hacer daño a la gente”, dijo el comisario de la Fuerza Civil de Nuevo León, Jorge Garza Morales.

Protesta por los desaparecidos entre Nuevo León y Tamaulipas

Reuters
El gobierno de Nuevo León dice que tomó nuevas medidas en atención a las protestas por desapariciones recientes.

Orozco, sin embargo, advierte que esas acciones suelen ser temporales. Cuando se acaban, el problema regresa.

“Los operativos desde junio qué bueno que los están haciendo, pero deberían haberlos empezado desde que hubo reportes que algo estaba sucediendo, desde abril”, señala.

“El discurso gubernamental es el mismo, de ataques entre bandas de criminales. Pero están atacando a trabajadores y familias directamente. Es lamentable“.


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