Fraude de Odebrecht a Pemex supera los 4 mil 200 millones; Lozoya quiere repararlo con una casa
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Fraude de Odebrecht a Pemex supera los 4 mil 200 millones; Lozoya quiere repararlo con una casa

A casi cinco años del arranque de las indagatorias no hay nadie preso por ese hecho y el daño no ha sido reparado. Lozoya busca más tiempo para cerrar un acuerdo que frene su encarcelamiento.
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23 de agosto, 2021
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Entre 2012 y 2016 los contratos y pagos que la constructora Odebrecht obtuvo de parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de la entrega de sobornos dejaron un daño al erario que supera los 4 mil 200 millones de pesos, de acuerdo con nuevas investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda.

Es un fraude que hasta la fecha – y a casi cinco años de la apertura de la primera indagatoria – no ha sido reparado ni por la constructora brasileña, ni por los funcionarios federales involucrados, algunos de los cuales siguen incluso en puestos públicos. Entre los exfuncionarios implicados destaca el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien desde hace más de un año negocia un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para no ser procesado.

Sin embargo, dicha negociación se ha complicado debido a que, entre otras cosas, Lozoya solo ofreció como pago de reparación del daño una residencia ubicada en Ciudad de México (que de acuerdo con las indagatorias fue adquirido tras el pago de un soborno), la cual está valuada en aproximadamente 30 millones de pesos.

Lee: UIF presenta nueva denuncia contra Emilio Lozoya por presunto desvío de recursos de Pemex

Los fiscales consideran que se trata de una concesión insuficiente dado que con esa propiedad el exfuncionario pretende cubrir también la reparación del daño por el presunto fraude con la empresa Altos Hornos, y por el cual también se encuentra procesado.

Lo que varias instancias federales han denunciado este año ante la FGR (y que ya dio paso a la apertura de nuevas carpetas de investigación) es que en el caso específico de Odebrecht no solamente hubo un hecho de corrupción al haberle entregado contratos como pago por sobornos, sino que además esto tuvo consecuencias muy graves para las finanzas tanto de Petróleos Mexicanos, como del país en general.

Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó en febrero y marzo pasados dos denuncias ante la Fiscalía en las que reportó un posible fraude a Pemex que asciende a 1 mil 250 millones 555 mil 400 pesos como resultado de los contratos que la constructora brasileña recibió para realizar diversos trabajos en la refinería ubicada en tula, Hidalgo.

A partir de diversas auditorías se corroboró que la simulación y fabricación de supuestas condiciones para justificar adjudicarle sin competencia a Odebrecht los contratos, trajo consigo que Pemex no buscó la mejor opción en términos de calidad y precio para cubrir las necesidades reales que tenía la refinería.

Ello abrió la puerta a la cotización de servicios y adquisiciones de bienes con precios muy por encima del mercado: hubo sobrecostos por más de 700 millones de pesos. Se detectó que la constructora brasileña presupuestó una mayor cantidad de insumos, herramientas y materiales a los que realmente se utilizaron; por ejemplo, se detectó un sobrante de varilla galvanizada por más de un millón 280 mil pesos que la constructora no justificó ni devolvió.

Ante el cúmulo de arteras violaciones contractuales, ni la administración encabezada por Lozoya ni la de los directores que le sucedieron aplicaron las penas correspondientes a la empresa, lo que significó una pérdida más para las finanzas de la compañía. 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Hacienda, por su parte, descubrió que una parte significativa de los recursos públicos que Odebrecht recibió al amparo de más de seis contratos no terminaron en los servicios prometidos, sino que fueron ilegalmente desviados a través de una red fraudulenta de lavado de dinero.

Entérate: Juez aplaza otra vez audiencia de Emilio Lozoya; cumple un año sin que se resuelva su caso

Los trabajos de inteligencia permitieron identificar que más de tres mil millones de pesos que salieron de Pemex y fueron transferidos a la constructora brasileña y a sus filiales, fueron enviados a un grupo de aproximadamente 30 compañías que carecían de recursos humanos y materiales para realizar cualquier servicio. Es decir, se trataba de compañías fachada o fantasma.

Dichas empresas triangularon el dinero con múltiples operaciones entre ellas. Finalmente, los recursos salieron del sistema bancario a través de cientos de retiros de dinero en efectivo realizados por probables prestanombres.

Por todos estos hechos la UIF ha presentado en 2021 dos denuncias formales ante la FGR y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción adscrita a la misma institución, ambas en contra de Emilio Lozoya, de las compañías implicadas y de todos los demás que resulten responsables.  

Estos casos se suman a las denuncias previas que la propia UIF en conjunto con Pemex habían presentado por malos manejos y diversos hechos de posible corrupción en la administración de la compañía petrolera mexicana durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Se queda corto…

En julio de 2020 dos jueces federales consideraron que Lozoya Austin era probable responsable de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa, peculado, entre otros. Esto como resultado de los sobornos por poco más de doce millones de dólares que recibió de las compañías Odebrecht y Altos Hornos de México para favorecerlas con diversos contratos.

Pero el exfuncionario federal no fue a prisión debido a que, a través de sus abogados, inició un proceso de negociación para buscar lo que la ley denomina “criterio de oportunidad”, y que se trata de una especie de perdón legal y exoneración para aquellos implicados en un delito que aportan información útil que permita probar la comisión de delitos más graves o en contra de personas de mayor importancia criminal.

Sin embargo, uno de los requisitos para que dicho beneficio se aplique es que la persona implicada repare además el daño que sus hechos causaron a las víctimas de los delitos. En este caso, las víctimas de los hechos de corrupción que se imputan en los casos Odebrecht y Altos Hornos son Pemex y el Estado mexicano.

Lee más: Ancira: Lozoya, Altos Hornos y los nexos que llevaron a su extradición

De acuerdo con autoridades federales y fuentes implicadas en esta negociación, lo que Lozoya ha ofrecido para reparar dicho daño es ceder en definitiva una residencia ubicada en el número 20 de la calle de Ladera, en la colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo. La propiedad, que desde 2019 se encuentra asegurada por agentes federales, está valuada en aproximadamente 35 millones de pesos

Ni Petróleos Mexicanos ni la FGR han considerado que la cesión de esta propiedad sea suficiente para cumplir con la reparación del daño. En cambio, se le ha pedido la entrega y devolución de otros bienes y recursos que estén no solo a su nombre sino también al de familiares cercanos bajo el argumento de que fueron cómplices en la trama delictiva. Cabe recordar que por el caso Odebrecht también se giraron, en su momento, órdenes de aprehensión en contra de la madre, hermana y esposa del exdirector de Pemex.

Entre los bienes que las autoridades reclaman se encuentra, por ejemplo, otra residencia que la familia de Lozoya posee en Ixtapa Guerrero, y que en su momento fue adquirida en una operación que superó el millón. 200 mil dólares. Los recursos para adquirir esta propiedad al igual que los de la residencia de Lomas de Bezares, provendrían de los sobornos que se obtuvieron.

La entrega de propiedades no es el único obstáculo que enfrenta el exdirector de Pemex, pues a ello se suma la utilidad de los datos que ha aportado. Si bien el exfuncionario denunció en su momento una enorme red delictiva en la que implicó a más de 20 exfuncionarios, incluidos tres expresidentes, varios gobernadores y diversos secretarios de Estado, hasta ahora eso no se ha logrado traducir en procesos penales exitosos en contra de dichas personas.

Lo que Lozoya entregó fundamentalmente – además de la relatoría de los hechos irregulares – fue un video y copias de recibos en los cuales se demuestra que él coordinó la entrega de dinero en efectivo a un colaborador de un exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury. Además, ofreció al menos tres testigos para corroborar las fechas precisas y los montos de las diversas entregas del dinero.

El problema es que hasta ahora estos elementos solo han alcanzado para poner en marcha un proceso penal en contra de Lavalle, quien fue encarcelado de manera preventiva en abril pasado.

Y si bien la FGR ya implicó ante un juez a personas como Peña Nieto o el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de estar implicados en la trama delictiva de sobornos, hasta ahora no ha podido promover procesos en contra de ellos. Varios de los testigos presentados por el exdirector de Pemex se retractaron.

En octubre del año pasado la FGR hizo un primer intento por obtener una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, pero un juez desestimó la petición al considerar que los datos iniciales aportados eran insuficientes y poco claros.

… Y se le acaba el tiempo

Autoridades del Poder Judicial indicaron que el pasado 19 de julio concluyó el plazo final que dieron los jueces federales que llevan los procesos contra Lozoya para que cerrara la fase de investigación y se defina si el exfuncionario será acusado formalmente para ir a juicio o, si de lo contrario, se le concede el criterio de oportunidad.

Hasta ahora, por las razones ya descritas, el exfuncionario no ha logrado convencer a la Fiscalía para que le conceda el beneficio, pese a que lleva mas de un año de negociaciones, y a que se le han concedido varias extensiones del plazo que originalmente era de solo seis meses.

Actualmente el procedimiento se encuentra detenido debido a que el mes pasado los abogados encabezada por los abogados Miguel Ángel Ontiveros y Alejandro Rojas solicitaron una ampliación de carácter “extraordinario” para tratar de llegar a un acuerdo con Pemex. Su objetivo es posponer la definición al menos hasta octubre o noviembre de este año.

Lee: AMLO dice que investigación de Lozoya ya tomó mucho tiempo y pide informe a FGR

Se prevé que sea esta semana cuando los jueces definan si autorizan dicho la nueva extensión de proceso. Aunque la FGR no se puede oponer a ello (pues es derecho de la defensa) si puede definir en cualquier momento si da por concluida la negociación con la defensa, lo que hasta ahora tampoco ha ocurrido.

Mega fraude en la impunidad

Las investigaciones por los sobornos que le permitieron a Odebrecht ganar contratos en México iniciaron oficialmente desde enero de 2017. Es decir, en unos meses se cumplirán ya cinco años desde que arrancaron dichas indagatorias sin que, hasta la fecha, haya una sola persona encarcelada y menos sentenciada por estos hechos. Y sin que tampoco exista ningún tipo de reparación del daño.

En el caso específico de Lozoya, él se encuentra sometido a proceso por los sobornos que ya aceptó haber recibido, pero hasta ahora ha evitado la cárcel. Su situación legal se ha vuelto más compleja debido a que, en el último año, la FGR ha iniciado al menos cuatro nuevas indagatorias por denuncias de la UIF y la ASF que dimensionan el daño patrimonial heredado por su gestión.

Pero no se trata del único implicado. Datos oficiales confirmados vía transparencia por Animal Político indican que tan solo por lo que respecta a Pemex hay otros 19 funcionarios de alto nivel que estuvieron implicados en las contrataciones irregulares con Odebrecht. De ellos siete continúan en altos cargos durante la administración actual sin ningún tipo de consecuencia.

Por lo que respecta a las irregularidades en la adquisición de la planta de fertilizantes Agronitrogenados (en condiciones de chatarra) a la empresa Altos Hornos, tampoco hay funcionarios encarcelados. Lozoya es el único procesado y permanece en libertad. En tanto, el director de la empresa privada, Alonso Ancira, consiguió su libertad tras permanecer solo unos meses en prisión luego de acordar con Pemex el pago – a plazos – de 216 millones de dólares como reparación del daño.

Y hay otras indagatorias que aún no llegan a manos de los jueces, como las relacionadas con la adquisición de la planta de fertilizantes Fertinal en el sexenio pasado, que también dejó perdidas por más de 11 mil millones de pesos. De judicializarse este fraude superaría en daño económico a los señalados anteriormente. Las denuncias respectivas ya fueron presentadas tanto por Pemex, así como por la ASF.

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Cómo la inflación del 70% en Argentina está generando un boom del consumo y un aumento de trabajadores pobres

Hoy conviven "dos Argentinas": la de los restaurantes repletos y la fiesta del consumo y la del 30% de ocupados pobres.
8 de septiembre, 2022
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El supermercado de mi barrio solía abrir a las 8 de la mañana todos los días, pero hace semanas empecé a notar que abría cada día más tarde.

Frustrada por este retraso, un día le reclamé a la cajera por la impuntualidad.

“Es que antes de abrir tenemos que actualizar los precios de los productos que aumentaron, y cada día son más largas las listas de lo que tenemos que remarcar”, me explicó, disculpándose.

Encontrarte con precios más caros cada vez que sales a hacer las compras es una de las consecuencias de vivir en un país con más del 70% de inflación por año, una de las más altas del mundo.

Este problema no es nada nuevo para los argentinos.

Mientras que en otras partes del mundo se horrorizan porque el costo de vida alcanzó el 10%, como consecuencia de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, en este país sueñan con tener esas cifras.

Aquí desde hace una década que la inflación anual no baja del 25%, y en los últimos años ese número se duplicó.

Sin embargo, nada se compara con lo que se está viviendo este año, en el que los problemas internos, ahondados por los problemas externos, han llevado a una aceleración de la inflación que no se veía desde la crisis de 2001-2002, que dejó a más de la mitad de la población en la pobreza.

Desde marzo que el país viene registrando alzas mensuales de precios por encima del 5%.

En julio llegó al 7,4%, la cifra más alta de las últimas dos décadas, y la mayoría de las consultoras estiman que en agosto rondó el 6,5%.

Este es el motivo por el cual en las últimas semanas las maquinitas para remarcar precios no dan abasto.

Dos empleados de supermercado en Argentina

Getty Images
Los supermercados remarcan los precios cada vez más seguido.

Pero lo peor es que pocos prevén que la situación desacelere. Por el contrario: el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central indicó que se espera un 90% de inflación para fin de año.

Y varios consultores privados creen que la cifra podría llegar a los tres dígitos.

Sin “anclas”

Incluso quienes tenemos mucha experiencia conviviendo con la inflación perdemos la brújula con este nivel de alzas.

Y es que una de las consecuencias más perjudiciales de tener una inflación tan alta es que ya no se tienen lo que los economistas llaman “anclas”, es decir, referencias de precios.

Los comerciantes van aumentando sus valores de acuerdo con el costo que ellos estiman tendrán que pagar a fin de mes para reponer ese producto. Algunos aumentan de acuerdo con la inflación del mes previo. Otros asumen que el alza será mayor.

Y no faltan los que aprovechan la confusión generalizada para lucrarse, ampliando sus márgenes de ganancias.

Una persona comprando en un supermercado en Argentina

Getty Images
Los precios en el supermercado aumentan cada semana.

Por otra parte, hay sectores que sufrieron fuertemente durante la pandemia, como el turismo, la gastronomía y los negocios de ropa, que aprovechan la reactivación y la necesidad de muchos de volver a la normalidad para imponer fuertes aumentos que les permiten recobrar un poco de lo perdido.

Lo que esto ha generado es una distorsión de precios que hace que los consumidores ya no sepamos lo que deberían valer las cosas.

“El otro día compré un par de zapatillas infantiles online y pagué $13.000 (unos US$90 al dólar “oficial” o US$45 al paralelo), lo que me pareció caro”, me comentó en el fin de semana Yanina, una amiga que es docente y que no sabía si había hecho una buena o una mala compra.

“Después fui al supermercado y gasté casi lo mismo solamente en la compra semanal”, me dijo.

Una persona colocando carteles de precios fuera de un restaurante

Getty Images
Por la inflación tan alta en Argentina ya no hay referencia de precios y estos varían de lugar en lugar.

La confusión es aún mayor si toca pagar por un servicio, desde contratar a un plomero o electricista para arreglar un desperfecto en la casa a ir a pintarse las uñas o llevar al auto al taller.

Uno no tiene la más mínima idea de lo que le puedan llegar a cobrar. ¿Me costará 3.000 pesos? ¿$5.000? ¿O $10.000?

Es imposible saber qué es caro y qué es un precio razonable, porque no hay contra qué comparar.

La locura de los dólares

Ante la falta de anclas, los argentinos están más pendientes que nunca del precio del dólar, la moneda que históricamente ha sido referente y reserva de valor en este país.

Pero lejos de ser una brújula, la moneda estadounidense se ha convertido en una parte fundamental de la crisis actual.

Primero, porque en Argentina no hay una sola cotización del dólar. Hoy tenemos al menos seis (esas son las más usadas) y la variación entre la menor y la mayor cotización es tan amplia que a veces supera el 100%.

¿Por qué tenemos seis precios del dólar?

Porque los constantes ciclos inflacionarios han hecho que el peso argentino pierda gran parte de su valor, llevando a la adopción del billete estadounidense como moneda de reserva y la que se usa para realizar grandes transacciones, en especial la compra de propiedades.

Pero como Argentina no produce los dólares necesarios para abastecer la fuerte demanda de su población y de su economía -dependiente de insumos importados para su producción-, los gobiernos imponen controles de capital -“cepos” les dicen aquí- y fijan el precio del dólar.

Un abanico de dólares

Getty Images

Esto crea un dólar “oficial” -el de la cotización más baja- y todo un abanico de otros dólares -el “ahorro”, el “tarjeta”, el “bolsa”-, y el más conocido y seguido por todos: el “blue”, nombre que recibe aquí el dólar paralelo, comúnmente conocido en otras partes como “dólar negro”.

Este dólar “blue”, que sube y baja según el ánimo del mercado, también es muy sensible a las crisis políticas: se disparó casi 10% en un solo día a comienzos de julio tras la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán.

Y este es el segundo factor que está provocando la escalada inflacionaria.

Porque al ser la principal referencia de precios de muchos -en especial los empresarios- cuando el “blue” sube, suben casi todos los precios.

Y cuando la cotización de este dólar se dispara -como en los últimos meses en los que duplicó el valor del dólar “oficial”- se genera una brecha que distorsiona la economía, poniendo más presión para que el peso se devalúe.

Todas estas complejidades de la economía argentina hacen que los locales tengan que convertirse en cuasi expertos económicos para hacer rendir su salario de la mejor manera.

Una de las maniobras financieras que más se popularizaron es el llamado “puré”.

Consiste en comprar US$200 a la cotización “oficial” -el máximo mensual permitido por el gobierno, que además le aplica impuestos del 65%- y venderlo en “cuevas” (financieras ilegales, que aquí son muy comunes) a precio “blue”, generando una jugosa diferencia que multiplica los ingresos.

Dólares y pesos argentinos

Getty Images
En Argentina el dólar cotiza casi al doble en el mercado paralelo que en el oficial.

Las dos Argentinas

Aunque la inflación afecta la vida de todos los argentinos, el impacto es muy dispar según en qué grupo se esté.

Quienes tienen salarios que aumentan a la par de la inflación viven una realidad, y la vasta mayoría, que pierde poder adquisitivo mes a mes, vive otra.

Los primeros son los grandes responsables del boom del consumo que vive Argentina, un fenómeno que sorprende a muchos locales, que se preguntan cómo es posible que los restaurantes estén que explotan y los shoppings estén colmados en medio de la crisis.

O que el grupo británico Coldplay haya logrado vender diez conciertos en el enorme estadio de River Plate, un récord absoluto para este país.

La explicación no es solo que sigue habiendo más de un 20% de la sociedad con ingresos altos o medio altos. También es que muchos de ellos, e incluso personas con ingresos más modestos, están optando por consumir en vez de ahorrar.

“La gente que tiene pesos intenta sacárselos de encima porque queman”, me explicó el economista Santiago Manoukian, de la consultora Ecolatina, en referencia a la alta inflación que se come el valor de la moneda local.

Con acceso limitado a su instrumento favorito de ahorro, el dólar -por el tope de los US$200 “oficiales” y el precio récord del “blue”-, muchos optan en vez por comprar bienes durables para mantener el valor de su dinero, o lo gastan en actividades que les dan placer, como salir a comer, ver un espectáculo o viajar.

Un restaurante en Puerto Madero, Buenos Aires

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Muchos restaurantes en Buenos Aires tienen lista de espera.

Esto ha permitido a Argentina mantener un buen nivel de actividad económica, con un crecimiento de más del 6% en el primer semestre y un desempleo bajo, del 7%.

Pero en la cara opuesta de esta Argentina opulenta hay millones de personas que no llegan a fin de mes y cada vez tienen que ajustar más el cinturón, incluso cortando productos básicos.

Pobres con trabajo

Los principales perjudicados por la inflación son las personas más pobres, que hoy representan casi el 40% de la población.

Ellos suelen tener empleos informales que no están protegidos por las “paritarias”, como se conoce a las negociaciones sectoriales que acuerdan aumentos por inflación.

La mayoría subsiste con ayuda del Estado, pero esta asistencia tampoco ha logrado mantener el ritmo del alza de precios.

Un recuperador urbano -o "cartonero"- en Buenos Aires.

Getty Images
Un recuperador urbano -o “cartonero”- en Buenos Aires.

Sin embargo, incluso los trabajadores con empleos registrados han perdido mucho poder adquisitivo por culpa de la inflación.

Porque en los últimos años, mientras el costo de vida se disparaba, el salario real iba en dirección opuesta.

La caída empezó durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y ya lleva cinco años consecutivos, haciendo que hoy la mayoría de los argentinos tengan ingresos más bajos que a finales de 2017.

Según la consultora LCG, la pérdida del poder adquisitivo en el último lustro fue del 23% en promedio.

Pero no solo la alta inflación explica la caída del salario. También cambió la forma en que se reparte la torta, es decir, la distribución de la riqueza.

En 2017, el sueldo de los trabajadores representó el 52% del ingreso nacional y las ganancias de los empresarios el 39%.

Pero a partir de entonces la relación de fuerzas empezó a invertirse, y para 2021, los trabajadores representaban solo el 43% de la riqueza, y el capital, el 47%, según un estudio de Cifra, el centro de estudios de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Un hombre muestra sus bolsillos vacíos frente a una bandera de Argentina

Getty Images
Los trabajadores argentinos perdieron un cuarto de su poder adquisitivo en el último lustro.

El resultado es el fenómeno que más preocupa a muchos aquí: el de los trabajadores pobres.

Históricamente en Argentina se consideraba que la diferencia entre ser pobre y no serlo era conseguir un trabajo formal.

Pero hoy el salario mínimo no llega a cubrir la mitad de una canasta básica, como se conoce a los alimentos y bienes esenciales que requiere una familia tipo de cuatro integrantes.

Es decir, que incluso una pareja con empleo registrado no tiene garantizado los ingresos mínimos para no caer en la pobreza.

Esto ha llevado a que casi uno de cada cinco asalariados sea pobre, y que un tercio de todos los ocupados argentinos vivan en la pobreza, según investigaciones realizadas en 2021 por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad Nacional de La Plata y el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina.

Es algo que nunca antes había visto en este país, y un problema que el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, pretende atenuar duplicando entre septiembre y noviembre la asignación que recibirán por cada hijo los 1,1 millones de trabajadores registrados de la escala salarial más baja.

Trabajadores en una fábrica en Buenos Aires

Getty Images
El gobierno reforzará las asignaciones familiares de más de un millón de trabajadores formales, para que no caigan bajo la línea de pobreza.

El futuro

Como argentina nacida hace casi medio siglo me ha tocado vivir muchas de las crisis económicas más dramáticas que atravesó este país, que hace apenas cien años era uno de los más prósperos del mundo.

Viví inflaciones incluso mucho peores que la actual (en 1989, cuando cursaba el secundario, el costo de vida alcanzó su récord máximo, por encima del 3000% anual).

Y en la primera década de este siglo, fui una de los cientos de miles de jóvenes que se mudaron al exterior en busca de mejores oportunidades, mientras mi país se sumía en la peor debacle de su historia.

Pero, aunque el presidente Alberto Fernández, quien formó parte del gobierno que sacó a Argentina de esa crisis, asegure que el país volverá a resurgir, como entonces, es difícil mantener el optimismo.

Es cierto que la situación internacional, en particular debido a la guerra ruso-ucraniana, ha hecho que los granos argentinos vuelvan a valer fortunas, lo que fue una de las claves que permitió la recuperación a partir de 2003.

Y también da esperanza que, incluso con una desaceleración económica prevista para el segundo semestre, organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional coincidan en que el país cerrará 2022 con un crecimiento cercano al 4%, por encima del promedio regional.

Un niño detrás de una bandera de Argentina

Reuters
El 51,4% de los argentinos menores de 14 años son pobres, según las estadísticas oficiales.

Pero no puedo dejar de preguntarme cómo podrá resurgir un país en el que el 45% de su población depende de la ayuda del Estado, según los datos del Observatorio de la Deuda Social.

Y sobre todo: qué futuro le aguarda a Argentina cuando más de la mitad de sus niños son pobres, y medio millón abandonó la escuela tras el prolongado cierre de la educación presencial durante la pandemia, como advirtió a comienzos del año lectivo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).


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