Delia Quiroa hizo una petición de “tregua” al Cártel del Golfo para poder acceder a “La Bartolina”, lugar que durante años fue empleado como centro de exterminio en Tamaulipas. Ahora, más de un mes después de aquella declaración, la mujer se encuentra en Reynosa, la misma ciudad en la que su hermano Roberto fue secuestrado en 2014.
Afirma que mañana jueves acudirá a “La Bartolina” junto a un grupo de familiares de desaparecidos y con el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Su iniciativa se encontró con el rechazo del colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos, que lleva desde 2016 rastreando en la zona, y de la Fiscalía General de la República (FGR), que resguarda el área.
Alegan estos últimos que las búsquedas ya se realizaron hace cinco años y que ahora se están llevando a cabo exhumaciones, un proceso distinto que solo corresponde al Ministerio Público.
Rosa, que busca a su hija Dulce Yamelli desde mayo de 2012, hizo público un video en el que pedía a las otras familias que recapaciten:
“Que entienda que no se puede hacer búsqueda, es un lugar ya con hallazgo y se está procesando con una carpeta en la Fiscalía federal, si se meten y excavan afectarán los procesos de exhumación que ya se tienen y podría afectar la identificación de los restos que ya se recolectaron”, dijo.
La zona conocida como “La Bartolina” es uno de los mayores centros de exterminio hallados en México en los últimos años. La polémica de los últimos días va más allá del desencuentro entre víctimas: muestra los límites de las políticas públicas en relación a desaparecidos y fosas clandestinas. Ahora la FGR es quien legalmente se encarga de exhumar los cuerpos, resguardarlos y proceder a las identificaciones.
En este trabajo cuenta con el apoyo del colectivo que dio con el lugar y que tiene una carpeta de investigación vinculada al terreno. Sin embargo, hay otros familiares que solicitan tener presencia ya que alegan que sus desaparecidos pueden estar ahí también.
Durante el debate sobre el Protocolo Nacional de Búsqueda y la Ley Orgánica de la FGR, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) planteó sin éxito que las comisiones de búsqueda pudieran tener un papel más protagónico. No es solo “La Bartolina”: son miles de fosas clandestinas a lo largo de todo el país, muy por encima de las capacidades de las fiscalías. Esto lleva a algunas familias a cuestionar la lentitud de los trabajos y la falta de transparencia.
¿Qué es “La Bartolina”?
El hallazgo de “La Bartolina” es una prueba del horror en Tamaulipas.
Se trata de un área de unos 3 kilómetros de extensión cercana a Matamoros, en la que durante años se asesinó y enterró clandestinamente a un número indeterminado de personas. Un campo de exterminio a menos de 15 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
En la zona hay a la vista restos humanos: cervicales, pedazos de cráneos, piezas dentales, piel fibrosa e incluso restos óseos completos con las manos atadas a la espalda, según personas que han podido estar ahí.
En un inicio el lugar comenzó a ser inspeccionado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas junto con el colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos. A partir de 2018 entró la FGR que, desde entonces, ha realizado 5 exhumaciones y está preparando una sexta.
Según dijo públicamente Karla Quintana, comisionada nacional de búsqueda, al menos se han hallado 500 kilos de restos humanos, aunque hay colectivos que aseguran que podrían ser más. Fiscalía, por su parte, no ha ofrecido cifras oficiales.
La zona está oficialmente “asegurada” por parte de la FGR, por lo que acceder al interior sin permiso podría ser constitutivo de delito. Sin embargo, esto no quiere decir que haya agentes desplegados en el lugar en todo momento. Se trata de un territorio con fuerte presencia del crimen organizado y que habitualmente ha permanecido sin presencia de policía, Guardia Nacional o Ejército. Por el momento se han realizado 22 identificaciones de ADN que son coincidentes con familias.
“La dimensión es enorme, no solo por lo que se ve sino por lo que implica”, dice Karla Quintana, comisionada de la CNB. No es solo el volumen de todo lo que se ha encontrado. Es pensar que, para que todo ese horror se llevase a cabo hubo muchas autoridades que tuvieron que mirar para otro lado o, directamente, participar.
¿Qué dicen los colectivos?
“De ahí sales cansada, es un desgaste humano. Por otro lado, es un lugar hermoso porque todos los que están ahí quieren que nos los llevemos”.
Rosa es originaria de San Fernando, Tamaulipas, y participa en el colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos. El 12 de mayo de 2012 fue secuestrada junto a su hija. Sus familiares pagaron el rescate, pero desde entonces no tiene noticias de ella. Lleva desde 2016 trabajando en “La Bartolina” y alega que quien quiera llegar debe hacerlo a través del MP.
“No se dejó de hacer. Hemos entrado 120 personas con autoridades de todos los niveles. Se está procesando en todos los niveles”, asegura.
Delia Quiroa, que forma parte del colectivo 10 de marzo, tuvo un gran impacto mediático al pedir la tregua al Cártel del Golfo. Ahora asegura que tiene 50 personas de diferentes puntos del estado que la acompañan, aunque solo habrá espacio para 15.
En los últimos días desarrolló actividades en Reynosa, donde obtuvo el compromiso del gobierno municipal para instalar un mural por los desaparecidos. Su planteamiento para el jueves: acudir con sus compañeras resguardada por la Guardia Nacional y hacerse presente en el predio. En caso de que la Fiscalía no les permita el acceso, “haremos prospecciones en la zona”.
¿Cuál es el procedimiento?
Cuando un lugar como “La Bartolina” es descubierto pasa a ser resguardado por la fiscalía. En las pesquisas previas pueden participar tanto los colectivos de familiares como las comisiones de búsqueda, pero cuando se encuentra algún resto la zona se convierte en un lugar “resguardado”.
Esto no implica que haya policía en todo momento, sino que irrumpir en el lugar sería delito. A partir de entonces, los trabajos de exhumación e identificación los realiza la fiscalía, aunque puede contar con el apoyo de las personas que tienen una carpeta de investigación vinculada al lugar, que suelen ser los colectivos que dieron con el punto.
Hay que tomar en cuenta que puede haber varios tipos de búsqueda. Puede ser “Individualizada” porque se quiere encontrar a una persona de la que se tiene información que está ahí o “generalizada”, que haya datos sobre un lugar en el que hay restos, pero sin certeza de que sea de una persona. En este caso hablamos de un elevadísimo número de víctimas.
Durante los debates sobre el Protocolo Nacional de Búsqueda y la Ley General de FGR, la CNB abogó por mantener la posibilidad de mantener las “investigaciones contextuales”, que permitirían abrir una carpeta en relación al lugar y no solo a una persona. Sin embargo, esta opción se eliminó de la norma que antes sí lo permitía.
“Hay que plantear el debate sobre el papel de las comisiones y adecuarlo a la realidad del país”, considera Karla Quintana.
En México hay más de 90 mil desaparecidos, según datos de la CNB, y Tamaulipas es el segundo estado con más personas sin localizar: más de 11 mil, solo superado por Jalisco.
¿Y entonces, qué va a ocurrir?
La ley es muy clara y no permite que personas sin carpeta de investigación entren al predio. Delia Quiroa reconoció que, en caso de no tener permiso, no desobedecerán la ley. Aunque su presencia en la zona sirve para poner el foco sobre el lugar y sobre los trabajos que se están desarrollando. El otro grupo alega que ya se está trabajando y que su presencia solo calienta la zona sin sentido.
El pasado viernes hubo una diligencia de FGR en la que estuvieron presentes tanto la CNB como Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. Fuentes federales indicaron que este era un paso previo para una próxima búsqueda. Animal Político consultó con la oficina de Encinas, pero su respuesta fue derivar a la Fiscalía.
Lo más probable es que todo siga como hasta ahora. Que la FGR se mantenga resguardando “La Bartolina” y solo tengan acceso a la zona los colectivos con carpeta de investigación, que son los que tienen permiso legal. Que los trabajos sigan a una velocidad limitada para las necesidades de muchas víctimas y que las comisiones, pensadas para apoyar en este proceso a las familias, sigan excluidas de buena parte de los trabajos posteriores al hallazgo. Llegará Delia Quiroa con su colectivo, habrá atención un día y volveremos a olvidarlo.
Aunque el foco mediático está ahora en Tamaulipas, el mismo problema se repite en fosas y centros de exterminio de estados como Coahuila, Veracruz o Guerrero.
