El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el acuerdo mediante el que se instruye a la Secretaría de Gobernación y a la de Seguridad y Protección Ciudadana gestionar las solicitudes de preliberación de sentenciados e identificar casos de personas en prisión preventiva y aquellas que hayan sido víctimas de tortura.
El acuerdo contempla la creación de un Comité permanente y obligatorio, integrado por servidores públicos, para dar seguimiento a la implementación de este instrumento, cuyos acuerdos serán vinculantes y remitidos a la persona Titular del Ejecutivo Federal.
Instruye a la Secretaría de Gobernación y a la de Seguridad Pública analizar las bases de datos de personas privadas de la libertad, que sean adultas mayores y que cuenten con sentencia ejecutoriada, a fin de verificar si cumplen con los requisitos previstos en la ley de la materia, para obtener su preliberación.
También revisarán e identificarán los casos de las personas que hayan sido víctimas de tortura, que se encuentre acreditada con los dictámenes correspondientes al Protocolo de Estambul, de los que se desprenda que con dicha violación se obtuvo la única prueba incriminatoria en su proceso penal y que las partes legitimadas promuevan ante las autoridades judiciales competentes, las medidas pertinentes, respecto de la libertad de las personas.
La publicación señala que también deberán identificar los casos de personas en prisión preventiva, que excedan el plazo previsto por la Constitución, para efectos de solicitar su libertad en lo que se sigue el proceso; además deberán identificar a las personas adultas mayores de 60 años, que se encuentren en prisión preventiva.
“La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, promoverán ante las autoridades locales competentes que implementen acciones similares a las previstas en el presente acuerdo”, señala la publicación realizada la tarde de ayer.
El acuerdo entra en vigor hoy; en un plazo no mayor a tres días hábiles, la Secretaría de Gobernación debe instalar el Comité y éste contará con un plazo no mayor a quince días hábiles para emitir sus Reglas de Operación.
El 29 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que firmaría un decreto para liberar a internos de cárceles federales que lleven 10 años sin sentencia, a adultos mayores de 75, a los de más de 65 con enfermedades crónicas y a los que han sido torturados.
Señaló que en estos cuatros casos se seguiría un procedimiento simplificado y el plazo para su liberación sería antes del 15 de septiembre.
La Secretaría de Gobernación informó entonces que 94 mil 547 personas encarceladas no han recibido sentencia, esto representa que el 43% de la población penitenciaria está en prisión preventiva.
De las personas que no tienen una sentencia, 12 mil 358 son por delitos del fuero federal; mientras que 82 mil 189 son por delitos del fuero común.
