Así operan los vuelos de EU para expulsar centroamericanos por Chiapas
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“Queríamos pedir asilo pero no nos dejaron hablar”: Así operan los vuelos de EU para expulsar centroamericanos por Chiapas

La deportación en cadena entre EU y México lleva a Guatemala a 3 mil 500 centroamericanos en el último mes. En Frontera Talismán, Chiapas, los expulsados son abandonados sin apoyo de ninguna institución.
Cuartoscuro
8 de septiembre, 2021
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“Nosotros cruzamos y luego nos entregamos con nuestros niños. Ellos nos agarraron y no nos preguntaron absolutamente nada. Queríamos pedir asilo pero no nos dejaron hablar”. Dary Honelia de León es guatemalteca, ronda los 30 años y carga con un bebé en sus brazos. Son las 20:00 horas, nos encontramos entre las fronteras de Talismán (Chiapas, México) y El Carmen (departamento de San Marcos, Guatemala). La mujer acaba de ser expulsada en avión desde Estados Unidos y, posteriormente, trasladada hasta la frontera con Guatemala en un autobús del Instituto Nacional de Migración (INM).

Ahora no sabe cómo regresar a su casa en el departamento del Petén, a más de 700 kilómetros. “¿Se puede imaginar cómo me siento? Tenemos una deuda de 50 mil quetzales (casi 130 mil pesos) y ahora tenemos que transportarnos con nuestros propios medios, con nuestros niños”.

Lee: Cambian vuelos de retorno de migrantes desde frontera de México hacia Honduras y Guatemala

De León llora de rabia e impotencia y mira a su alrededor con extrañeza, como si se sintiera extranjera en su propio país. A su lado hay un hombre menudo, delgado y arrugado que se aferra a otro bebé mientras solloza. No tiene fuerzas para emitir una sola palabra. A su alrededor llegan cambistas o personas que insisten en acompañarlos para buscar una habitación de hotel en la que pasar la noche. El hombre los ignora y solo sigue a su grupo, llorando, abrazado al niño. 

La historia de Dery Honelia De León y el resto de sus acompañantes inicia el lunes 29 de agosto. Aquel día, un grupo de unas 10 personas, entre las que había 5 niños, trataron de cruzar el Río Bravo a la altura de Piedras Negras, Coahuila. Nada más poner un pie en suelo estadounidense llegó la Border Patrol y todos se entregaron. La idea era pedir asilo, pero no les dieron la oportunidad.

“No nos dejaron hablar, no nos preguntaron nada”, explica. Tras el arresto, pasaron dos días encerrados hasta que les informaron que serían expulsados. Nadie les dijo a dónde. Simplemente los trasladaron a McAllen, Texas, los montaron en un avión repleto de guatemaltecos y hondureños y los enviaron a Tapachula. Allí aterrizó el vuelo N529AU, operado por SwiftAir, y a pie de pista los esperaban los oficiales del INM que los trasladaron a la frontera, ubicada a 35 kilómetros del aeropuerto. Una vez en la aduana, los bajaron de los autobuses y les dijeron que siguieran caminando.

Solos, sin dinero, sin apoyo de ningún tipo, los expulsados llegan a la tierra de nadie entre ambos pasos y deben ingeniárselas para encontrar el camino de vuelta a sus municipios de origen. La mujer dice que regresa a su casa pero solo para descansar unos días. El contrato con el pollero (que es como se conoce a los guías que ayudan a cruzar a Estados Unidos) incluye hasta tres intentos. Ella asegura que no va a rendirse. Que volverá a intentarlo. No tiene nada que perder. 

Lee:  INM y Guardia Nacional intentan bloquear migrantes en Chiapas: ¿cómo surge esta nueva caravana?

El INM negó los vuelos

Cada día desde principios de agosto, esta escena se repite en las fronteras de Talismán, en Chiapas, y de El Ceibo, en Tabasco. Todas las tardes, decenas de centroamericanos son expulsados desde EU en aviones como el que transportó a Dery Honelia de León. Ahí, agentes del INM los reciben, los montan en autobuses y los llevan hasta Guatemala.

Estas son deportaciones basadas en el Título 42, la orden implementada por el expresidente Donald Trump y que permite dar la vuelta a todos los mexicanos y centroamericanos que sean detenidos en la frontera sin dar opción a pedir asilo o entrar en el sistema migratorio.

Su sucesor en la Casa Blanca, Joe Biden, dio una vuelta de tuerca más: en lugar de devolver a los migrantes a la frontera norte de México, a Matamoros, Tamaulipas; Ciudad Juárez, Chihuahua; o Tijuana, Baja California, los lleva en avión hasta el sur de México. Ahí, son funcionarios del gobierno mexicano los que se encargan de completar la devolución. No les ofrecen la posibilidad de tener protección ni tampoco los registran como deportados. Oficialmente no existen. 

Animal Político quiso conocer la base legal para estas expulsiones y preguntó al INM, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta. Tanto EU como Guatemala han reconocido la existencia de estas prácticas. México, sin embargo, fue capaz de negarlo a pesar de que cada día se documenta fotográficamente la llegada de los aviones y autobuses.

El comisionado del INM, Francisco Garduño, llegó a asegurar que los vuelos no existían. La decisión de México de no dar explicaciones llega hasta el punto que es Guatemala la que está informando tanto del contexto de la frontera como de las negociaciones desarrolladas entre ambos países para que las expulsiones se adapten a sus infraestructuras.

No hay cifras oficiales sobre cuántas personas han sido devueltas mediante este mecanismo. Guatemala comenzó a contabilizar las expulsiones a partir del 22 de agosto, aunque únicamente los que llegan desde El Ceibo, Tabasco.

Según el Instituto de Migración del país centroamericano, desde ese día hasta el 6 de septiembre fueron retornados 4 mil 243 personas en 125 autobuses del INM. De ellos, más de mil eran niños, niñas y adolescentes, aunque la gran mayoría llegaron acompañados de un familiar. Aunque la mayoría son centroamericanos, se registró la expulsión de venezolanos, cubanos e incluso un senegalés.

Para contextualizar bien la dimensión de estas cifras, basta con compararlas con las deportaciones regulares que México realiza en un mes. En julio, por ejemplo, deportó a 6 mil 294 centroamericanos. Es decir, que si se mantiene la tendencia de El Ceibo, llegaremos al punto en el que el gobierno de López Obrador expulsará de forma irregular a más centroamericanos en un punto fronterizo que todas las deportaciones juntas. 

En esta cifra no se contabilizan solo las personas que llegan desde EU, sino que también hay migrantes a los que México trasladó en avión desde ciudades fronterizas del norte para ser expulsados en el sur e incluso personas arrestadas por el INM en el sur que luego fueron obligadas a desplazarse a Guatemala. Fuentes oficiales que hablaron bajo condición de anonimato explicaron que la cifra de expulsados desde EU podrían rondar los 3 mil 500 (unos 2 mil en El Ceibo y otros 1 mil 500 en Talismán). Las expulsiones, unidas a los trámites eternos y a los operativos lanzados por el INM son algunas de las razones que explican las recientes caravanas que, hasta ahora sin éxito, trataron de abandonar Tapachula en la última semana. 

Lee: Detención y deportación de migrantes es para cuidarlos, justifica AMLO

“Quiero trabajar”

Para Cindy Ramos, de 23 años, el viaje también terminó de forma abrupta al atravesar Río Bravo. Con su hijo de 4 años de la mano, cuenta que viajó desde Nuevo Alemán, una comunidad del municipio de San Pablo, en el departamento de San Marcos, para buscar oportunidades económicas. Aunque tiene tres hijos, dos de ellos quedaron con su papá y ella viajó con el más pequeño. “Quiero trabajar”, explicó, escueta, mientras esperaba a un familiar que le recogiera. 

En los últimos meses se ha extendido la idea de que los menores de edad, especialmente aquellos que no llegan a los cinco años, facilita que las autoridades mexicanas permitan a los migrantes quedarse en EU. La Ley del Migrante en México, que en teoría prohíbe encerrar a niños, niñas y adolescentes en centros de detención, y una supuesta actitud más humanitaria del nuevo gobierno estadounidense alentó esta idea. Casos como el de Ramos lo desmienten. El miércoles, ella y su hijo de 4 años regresaban a Guatemala tras poner apenas un pie al norte del Río Bravo.

En su caso el regreso es sencillo. Podía tomar un autobús o esperar a que un familiar la reciba. Sin embargo, Animal Político documentó que en ese mismo vuelo venían personas procedentes de lugares más lejanos, como Ciudad de Guatemala (ubicada a casi 300 kilómetros, lo que supone un viaje de casi 6 horas) o de Honduras, cuyo paso fronterizo más cercano es el de Corinto, situado a 600 kilómetros. 

Este sistema comenzó de forma desordenada a principios de agosto. En realidad, EU y México aplicaron la política de hechos consumados. Comenzaron a devolver a los centroamericanos en horarios en los que la frontera estaba cerrada, por lo que estos quedaban abandonados en Guatemala sin que ninguna autoridad se hiciese cargo.

Posteriormente, el gobierno guatemalteco y algunas ONG enviaron apoyo a El Ceibo, ya que toda la carga de las deportaciones la soportaba la Casa del Migrante, con capacidad únicamente para 50 personas y que fue completamente rebasada. En Talismán, por el contrario, nunca llegó ninguna institución para ofrecer ayuda. El albergue más cercano es la Casa del Migrante de Tecún Umán, situada a 40 kilómetros. De hecho, Guatemala lleva semanas solicitando al gobierno mexicano que en lugar de expulsar a los centroamericanos por los pasos más remotos, los concentre en este último municipio, donde se está construyendo un centro de recepción.

Entérate: Detenciones, enfrentamientos y redadas: la caza de migrantes que ocurre en Chiapas

La idea es que hondureños y salvadoreños lleguen a El Ceibo, donde serían devueltos a sus países, mientras que los guatemaltecos regresarían a través de Tecún Umán o, directamente, en avión a la capital.

Aunque el miércoles se anunció que había un acuerdo y que se iba a establecer un protocolo para regular estas expulsiones, el canciller guatemalteco, Pedro Brolo, tuvo que reconocer que las nuevas rutas se demorarían un mes. Es decir, que México seguirá recibiendo aviones con expulsados desde EU y entregándolos a Guatemala sin ningún control. De nada sirvieron las quejas de las agencias de la ONU como Acnur y OIM, que denunciaron que estos vuelos eran una “vulneración” del derecho internacional. 

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Elecciones en Nicaragua: 3 claves para entender la esperada tercera reelección consecutiva

Daniel Ortega avanza hacia un nuevo mandato en Nicaragua en medio de denuncias por las trabas a la participación de la oposición.
Getty Images
7 de noviembre, 2021
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Como hace cinco años, este domingo se espera un nuevo triunfo de Daniel Ortega sin oposición.

El presidente de Nicaragua se declaró ganador en las presidenciales de 2016 de manera arrolladora. El colegio electoral le adjudicó el 72% de los votos. Pero los comicios quedaron manchados porque el mandatario izquierdista no tuvo competencia: el poder judicial, que según sus críticos está controlado por él, había ilegalizado a la oposición.

Este domingo se espera que Ortega, quien cumplirá 76 años a final de mes, sea elegido presidente por cuarta vez, la tercera de manera consecutiva, en un contexto similar al de hace cinco años.

“El poder no está en juego, no hay competencia electoral”, dice tajante a BBC Mundo el analista político Eliseo Núñez. “Ortega controla todo y ahora en 2021 con mano de hierro”, destaca.

En los últimos cuatro meses, la Justicia ordenó el encarcelamiento de siete precandidatos que se perfilaban como rivales de Ortega en los comicios junto a 32 líderes opositores y empresarios -otrora aliados- que están acusados de “conspiración y traición a la patria”.

Una reciente encuesta de Gallup divulgada hace dos semanas destacó que hasta el más impopular de todos los candidatos opositores presos habría derrotado al líder izquierdista que gobierna Nicaragua desde 2007, luego de un primer periodo presidencial en los años ochenta.

El sondeo reveló un dato nunca visto para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el fuerte partido político que lidera Ortega: su simpatía política había bajado a 9%, luego de sobrepasar el 70% en 2016.

“En 2016 le bastó nada más ilegalizar a la oposición, ahora apresó a todos los candidatos”, dice Núñez, exiliado en Costa Rica.

“No eran ni precandidatos ni de su propio grupo, mucho menos que fueran precandidatos presidenciales. Eso nunca existió”, dijo Ortega tras los arrestos de los opositores Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, entre otros.

Oscar René Vargas, un sociólogo que fue miembro de la Dirección Nacional del FSLN, dice que Ortega no quiso competir en las elecciones porque sabe que perdió el apoyo de la población.

“Las encuestas no mienten, por eso tiene a partidos comparsas o zancudos como sus contrincantes”, dice Vargas.

En BBC Mundo resumimos en tres claves el momento político que explica la esperada reelección de Ortega.

Protestas en Nicaragua

Getty Images

1. Las protestas de 2018

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y hasta 2018 gozó de altos niveles de popularidad, según diversas encuestas. En abril de 2018 estudiantes universitarios y campesinos salieron a las calles a protestar contra una reforma a la seguridad social que disminuía beneficios sociales a los jubilados. Las revueltas fueron reprimidas violentamente por la policía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuantificó 328 personas fallecidas durante las protestas, la mayoría opositores al gobierno a manos de policías o civiles armados leales a Ortega.

El gobierno calificó las protestas como “un intento de golpe de estado” y acusó a Estados Unidos y la Iglesia Católica de alentarlas.

Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Getty Images

Desde entonces, el país centroamericano de 6,2 millones de habitantes y uno de los más pobres de América Latina vive una continua crisis política agravada en 2021.

El gobierno no solo apresó este año a los líderes opositores más visibles, sino que también cerró el principal diario del país, La Prensa, con casi 100 años de historia, encarceló a su gerente general, al que señaló de lavado de dinero, y obligó a buena parte de sus periodistas más críticos a irse al exilio.

“Seguimos vivos en la parte digital, pero nuestros periodistas trabajan casi clandestinos en Nicaragua”, dice a BBC Mundo una autoridad de La Prensa que tuvo que salir del país.

2. La respuesta de la comunidad internacional

La situación en Nicaragua ha llamado la atención de la comunidad internacional. Estados Unidos ha dicho que las de este domingo no son unas elecciones libresy ha sancionado a 28 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la vicepresidenta del país y esposa de Ortega, Rosario Murillo, junto a cuatro de sus hijos.

A esa condena se ha sumado Canadá y la Unión Europea y la OEA (Organización de Estados Americanos), que ya tiene una sesión programada para el 10 de noviembre para analizar la situación de Nicaragua.

Experto en negociar al filo del abismo, “Ortega está aislado internacionalmente y si bien es cierto que las sanciones económicas impuestas por varios países no han impactado directamente los préstamos del país con la comunidad internacional, pronto comenzarán a sentirse los efectos”, dice Vargas.

Opositores en el exilio

Getty Images
Además de detenidos, otros opositores han salido del país y hacen política desde fuera.

El Senado de Estados Unidos aprobó esta semana una ley, a la que han llamado Renacer, que está pensada para poner más presión a Ortega hasta que haya elecciones “libres y justas”.

“Con Ortega encarcelando a más de 150 presos políticos, incluidos prácticamente a todos los candidatos presidenciales de la oposición, no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras su régimen consolida una tercera dictadura en América Latina”, dijo el senador Bob Menéndez.

La ley, ahora en el despacho de Joe Biden para que sea firmada por el presidente, obliga a los representantes de Washington en los organismos internacionales a limitar el acceso a préstamos de Nicaragua.

Pero el punto más importante de la ley es el relacionado con la posible revisión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Nicaragua, mediante el cual ingresan libre de aranceles o con tasas preferenciales el 60% de las exportaciones nicaragüenses a suelo estadounidense. El tratado tiene una cláusula sobre gobernabilidad y derechos humanos y eso piden revisar los legisladores.

“Si Estados Unidos pone a revisión ese tratado, sería catastrófico para la economía de Nicaragua y el fin de Ortega”, dice un economista nicaragüense que pide anonimato por miedo a represalias.

Ortega acusa a Estados Unidos de injerencia y de promover desde hace años un cambio de gobierno en el país.

Camisetas a favor de Ortega.

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Daniel Ortega alcanzará los 20 años en el poder al final del mandato que casi con seguridad ganará este domingo.

Pero ni la presión internacional de los últimos meses obligó a Nicaragua a permitir observación electoral nacional o internacional. En 2014, una reforma electoral aprobada por la mayoría de diputados leales a Ortega cambió el terminó de “observador” por “acompañante”. Y ningún organismo de peso como la OEA, Unión Europea o el Centro Carter estará observando las elecciones.

Ortega aseguró en junio que las sanciones no doblegarían a su administración y analistas opinan que, a pesar de aislar al país aún más, no provocarían un cambio de gobierno, como tampoco ha sucedido en Cuba y Venezuela.

3. Los efectos de la crisis en la calle

Con la bonanza económica impulsada por US$600 millones anuales en cooperación petrolera venezolana e inversión extranjera directa, Nicaragua mantuvo altos niveles de crecimiento económico hasta 2017. El país crecía a un promedio de 4%, según cifras del Banco Mundial (BM)

Debido a las protestas que paralizaron el país en 2018 y a los efectos de la pandemia del coronavirus en 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo casi 9%, según el Banco Mundial.

Mercado de Managua

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106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018.

“La pobreza va en aumento ya que las principales fuentes de ingresos, los salarios y las entradas de las empresas familiares siguen estando afectadas”, dijo el BM.

Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, podrían usar las sanciones para justificar la contracción económica del país más grande de Centroamérica.

Algunos analistas creen que Ortega y Murillo buscarán negociar con sectores empresariales de peso para reactivar la economía, buscando un efecto estabilizador para su administración y normalizador de la sociedad como antes de 2018.

Hombre delante de una pancarta de la campaña de Ortega

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Pero entre las recientes detenciones están las de los líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas, quienes enfrentan cargos similares a los precandidatos presidenciales detenidos.

En medio de la crisis política, más de 106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018, según cálculos de Naciones Unidas. Y en el último año, por la pandemia, la migración se ha acelerado.

En enero pasado, 595 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos. En julio ya habían sido detenidos en los mismos puestos fronterizos 13.391 nicaragüenses, según cifras oficiales.

La salida de nicaragüenses influye en la economía. El Banco Central de Nicaragua proyecta que para el cierre de 2021 habrán ingresado al país en remesas US$2.000 millones, el 17% del Producto Interno Bruto (PIB), un gran incentivo para un país que, según las proyecciones, seguirá expulsando migrantes en los próximos años.


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