“Nosotros cruzamos y luego nos entregamos con nuestros niños. Ellos nos agarraron y no nos preguntaron absolutamente nada. Queríamos pedir asilo pero no nos dejaron hablar”. Dary Honelia de León es guatemalteca, ronda los 30 años y carga con un bebé en sus brazos. Son las 20:00 horas, nos encontramos entre las fronteras de Talismán (Chiapas, México) y El Carmen (departamento de San Marcos, Guatemala). La mujer acaba de ser expulsada en avión desde Estados Unidos y, posteriormente, trasladada hasta la frontera con Guatemala en un autobús del Instituto Nacional de Migración (INM).
Ahora no sabe cómo regresar a su casa en el departamento del Petén, a más de 700 kilómetros. “¿Se puede imaginar cómo me siento? Tenemos una deuda de 50 mil quetzales (casi 130 mil pesos) y ahora tenemos que transportarnos con nuestros propios medios, con nuestros niños”.
De León llora de rabia e impotencia y mira a su alrededor con extrañeza, como si se sintiera extranjera en su propio país. A su lado hay un hombre menudo, delgado y arrugado que se aferra a otro bebé mientras solloza. No tiene fuerzas para emitir una sola palabra. A su alrededor llegan cambistas o personas que insisten en acompañarlos para buscar una habitación de hotel en la que pasar la noche. El hombre los ignora y solo sigue a su grupo, llorando, abrazado al niño.
La historia de Dery Honelia De León y el resto de sus acompañantes inicia el lunes 29 de agosto. Aquel día, un grupo de unas 10 personas, entre las que había 5 niños, trataron de cruzar el Río Bravo a la altura de Piedras Negras, Coahuila. Nada más poner un pie en suelo estadounidense llegó la Border Patrol y todos se entregaron. La idea era pedir asilo, pero no les dieron la oportunidad.
“No nos dejaron hablar, no nos preguntaron nada”, explica. Tras el arresto, pasaron dos días encerrados hasta que les informaron que serían expulsados. Nadie les dijo a dónde. Simplemente los trasladaron a McAllen, Texas, los montaron en un avión repleto de guatemaltecos y hondureños y los enviaron a Tapachula. Allí aterrizó el vuelo N529AU, operado por SwiftAir, y a pie de pista los esperaban los oficiales del INM que los trasladaron a la frontera, ubicada a 35 kilómetros del aeropuerto. Una vez en la aduana, los bajaron de los autobuses y les dijeron que siguieran caminando.
Solos, sin dinero, sin apoyo de ningún tipo, los expulsados llegan a la tierra de nadie entre ambos pasos y deben ingeniárselas para encontrar el camino de vuelta a sus municipios de origen. La mujer dice que regresa a su casa pero solo para descansar unos días. El contrato con el pollero (que es como se conoce a los guías que ayudan a cruzar a Estados Unidos) incluye hasta tres intentos. Ella asegura que no va a rendirse. Que volverá a intentarlo. No tiene nada que perder.
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El INM negó los vuelos
Cada día desde principios de agosto, esta escena se repite en las fronteras de Talismán, en Chiapas, y de El Ceibo, en Tabasco. Todas las tardes, decenas de centroamericanos son expulsados desde EU en aviones como el que transportó a Dery Honelia de León. Ahí, agentes del INM los reciben, los montan en autobuses y los llevan hasta Guatemala.
Estas son deportaciones basadas en el Título 42, la orden implementada por el expresidente Donald Trump y que permite dar la vuelta a todos los mexicanos y centroamericanos que sean detenidos en la frontera sin dar opción a pedir asilo o entrar en el sistema migratorio.
Su sucesor en la Casa Blanca, Joe Biden, dio una vuelta de tuerca más: en lugar de devolver a los migrantes a la frontera norte de México, a Matamoros, Tamaulipas; Ciudad Juárez, Chihuahua; o Tijuana, Baja California, los lleva en avión hasta el sur de México. Ahí, son funcionarios del gobierno mexicano los que se encargan de completar la devolución. No les ofrecen la posibilidad de tener protección ni tampoco los registran como deportados. Oficialmente no existen.
Animal Político quiso conocer la base legal para estas expulsiones y preguntó al INM, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta. Tanto EU como Guatemala han reconocido la existencia de estas prácticas. México, sin embargo, fue capaz de negarlo a pesar de que cada día se documenta fotográficamente la llegada de los aviones y autobuses.
El comisionado del INM, Francisco Garduño, llegó a asegurar que los vuelos no existían. La decisión de México de no dar explicaciones llega hasta el punto que es Guatemala la que está informando tanto del contexto de la frontera como de las negociaciones desarrolladas entre ambos países para que las expulsiones se adapten a sus infraestructuras.
No hay cifras oficiales sobre cuántas personas han sido devueltas mediante este mecanismo. Guatemala comenzó a contabilizar las expulsiones a partir del 22 de agosto, aunque únicamente los que llegan desde El Ceibo, Tabasco.
Según el Instituto de Migración del país centroamericano, desde ese día hasta el 6 de septiembre fueron retornados 4 mil 243 personas en 125 autobuses del INM. De ellos, más de mil eran niños, niñas y adolescentes, aunque la gran mayoría llegaron acompañados de un familiar. Aunque la mayoría son centroamericanos, se registró la expulsión de venezolanos, cubanos e incluso un senegalés.
Para contextualizar bien la dimensión de estas cifras, basta con compararlas con las deportaciones regulares que México realiza en un mes. En julio, por ejemplo, deportó a 6 mil 294 centroamericanos. Es decir, que si se mantiene la tendencia de El Ceibo, llegaremos al punto en el que el gobierno de López Obrador expulsará de forma irregular a más centroamericanos en un punto fronterizo que todas las deportaciones juntas.
En esta cifra no se contabilizan solo las personas que llegan desde EU, sino que también hay migrantes a los que México trasladó en avión desde ciudades fronterizas del norte para ser expulsados en el sur e incluso personas arrestadas por el INM en el sur que luego fueron obligadas a desplazarse a Guatemala. Fuentes oficiales que hablaron bajo condición de anonimato explicaron que la cifra de expulsados desde EU podrían rondar los 3 mil 500 (unos 2 mil en El Ceibo y otros 1 mil 500 en Talismán). Las expulsiones, unidas a los trámites eternos y a los operativos lanzados por el INM son algunas de las razones que explican las recientes caravanas que, hasta ahora sin éxito, trataron de abandonar Tapachula en la última semana.
“Quiero trabajar”
Para Cindy Ramos, de 23 años, el viaje también terminó de forma abrupta al atravesar Río Bravo. Con su hijo de 4 años de la mano, cuenta que viajó desde Nuevo Alemán, una comunidad del municipio de San Pablo, en el departamento de San Marcos, para buscar oportunidades económicas. Aunque tiene tres hijos, dos de ellos quedaron con su papá y ella viajó con el más pequeño. “Quiero trabajar”, explicó, escueta, mientras esperaba a un familiar que le recogiera.
En los últimos meses se ha extendido la idea de que los menores de edad, especialmente aquellos que no llegan a los cinco años, facilita que las autoridades mexicanas permitan a los migrantes quedarse en EU. La Ley del Migrante en México, que en teoría prohíbe encerrar a niños, niñas y adolescentes en centros de detención, y una supuesta actitud más humanitaria del nuevo gobierno estadounidense alentó esta idea. Casos como el de Ramos lo desmienten. El miércoles, ella y su hijo de 4 años regresaban a Guatemala tras poner apenas un pie al norte del Río Bravo.
En su caso el regreso es sencillo. Podía tomar un autobús o esperar a que un familiar la reciba. Sin embargo, Animal Político documentó que en ese mismo vuelo venían personas procedentes de lugares más lejanos, como Ciudad de Guatemala (ubicada a casi 300 kilómetros, lo que supone un viaje de casi 6 horas) o de Honduras, cuyo paso fronterizo más cercano es el de Corinto, situado a 600 kilómetros.
Este sistema comenzó de forma desordenada a principios de agosto. En realidad, EU y México aplicaron la política de hechos consumados. Comenzaron a devolver a los centroamericanos en horarios en los que la frontera estaba cerrada, por lo que estos quedaban abandonados en Guatemala sin que ninguna autoridad se hiciese cargo.
Posteriormente, el gobierno guatemalteco y algunas ONG enviaron apoyo a El Ceibo, ya que toda la carga de las deportaciones la soportaba la Casa del Migrante, con capacidad únicamente para 50 personas y que fue completamente rebasada. En Talismán, por el contrario, nunca llegó ninguna institución para ofrecer ayuda. El albergue más cercano es la Casa del Migrante de Tecún Umán, situada a 40 kilómetros. De hecho, Guatemala lleva semanas solicitando al gobierno mexicano que en lugar de expulsar a los centroamericanos por los pasos más remotos, los concentre en este último municipio, donde se está construyendo un centro de recepción.
La idea es que hondureños y salvadoreños lleguen a El Ceibo, donde serían devueltos a sus países, mientras que los guatemaltecos regresarían a través de Tecún Umán o, directamente, en avión a la capital.
Aunque el miércoles se anunció que había un acuerdo y que se iba a establecer un protocolo para regular estas expulsiones, el canciller guatemalteco, Pedro Brolo, tuvo que reconocer que las nuevas rutas se demorarían un mes. Es decir, que México seguirá recibiendo aviones con expulsados desde EU y entregándolos a Guatemala sin ningún control. De nada sirvieron las quejas de las agencias de la ONU como Acnur y OIM, que denunciaron que estos vuelos eran una “vulneración” del derecho internacional.
