La pandemia del COVID-19 no solo trajo impactos en la salud de las personas y en la economía global. Expertos aseguran que en muchos países las medidas de aislamiento, lejos de mejorar la seguridad de los defensores del medioambiente, llevaron a un incremento en el número de asesinatos.
La organización internacional Global Witness acaba de publicar su más reciente informe anual sobre homicidios de defensores ambientales y reveló que el 2020 fue el año más letal desde que la entidad presenta estos reportes. El año pasado se presentaron 227 asesinatos, un incremento de casi el 7 % comparado con 2019, cuando se registraron 212 casos.
Por segundo año consecutivo, Colombia se posicionó como el país más peligroso del mundo para ejercer la defensa del medioambiente y los territorios con 65 asesinatos, es decir, el 29 % de los casos. Y no solo esto, en general, Latinoamérica preocupa porque tres de cada cuatro personas asesinadas perdieron la vida en esta región que, además, tiene a siete de sus países en el listado de los 10 más peligrosos para los defensores ambientales. Después de Colombia, México se ubica en el segundo lugar con 30 asesinatos, Brasil en el cuarto lugar con 20, Honduras en el quinto con 17, Guatemala en el séptimo con 13, Nicaragua en el octavo con 12 y Perú en el noveno puesto con 6 asesinatos.
“Entre todos los países en que tenemos registros, Colombia es quizás el más complejo por el contexto político y social, muchos años de conflicto, acuerdos de paz con una implementación muy pobre que ha llevado a más violencia y ausencia del Estado en algunos territorios. Todo esto hace muy difícil la identificación de los casos”, le dice Laura Furones, integrante de la campaña de personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness a Mongabay Latam.
Colombia y México: la violencia sigue en aumento
Un tercio de los defensores ambientales asesinados en Colombia eran pobladores indígenas o afrodescendientes, y casi la mitad de los homicidios fueron en contra de quienes se dedicaban a la agricultura a pequeña escala, destaca el reporte de Global Witness.
Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores, que colabora con las investigaciones de Global Witness en el país, le dijo a Mongabay Latam que 2020 ha sido el año en que más se han matado defensores en Colombia, tanto ambientales como de otros sectores. La organización reportó 199 asesinatos de líderes el año pasado.
Castro identifica cuatro grandes razones de ese constante repunte en el número de homicidios. En primer lugar, dice que las medidas de aislamiento social como respuesta a la pandemia elevaron la vulnerabilidad de los liderazgos sociales en materia de seguridad. “Contrario a lo que se pensaba, de que las cuarentenas podrían ayudar a protegerlos, fueron ubicados con mayor facilidad y por eso muchos de los homicidios se perpetraron en sus domicilios o en sus alrededores”, comenta y agrega que “había menos respuesta de las autoridades porque también estaban resguardadas y, paradójicamente, los violentos tuvieron la posibilidad de andar libremente por los territorios”.
En segundo lugar están los incumplimientos a lo pactado en el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Castro asegura que ha habido muy poca implementación y eso ha contribuido a una reconfiguración de las violencias en los territorios, particularmente contra liderazgos sociales y ambientales.
El tercer punto es la ausencia de una política integral de garantías para las personas defensoras de derechos humanos y medioambiente. “Las estrategias implementadas por el gobierno son coyunturales y básicamente se sustentan en un componente militar que no da una respuesta adecuada para proporcionar entornos seguros”, dice Castro.
Finalmente, la coordinadora de Somos Defensores afirma que existe un contexto más amplio, a nivel Latinoamérica, donde se vive el cierre del espacio cívico y de participación social, lo que lleva a un aumento de las protestas para reivindicar derechos, las cuales terminan siendo atendidas por los gobiernos con acciones violentas.
Aunque Colombia repite como el país más letal para los defensores ambientales y duplica en casos a México, lo que ocurre en este último preocupa tanto a expertos nacionales como internacionales: pasó de 18 asesinatos en 2019 a 30 en 2020, un incremento del 40 %.
“En México se produjo un aumento importante de los asesinatos relacionados con la tala y la deforestación, con un total de nueve casos en 2020”, dice el informe de Global Witness y en esto coincide Luz Coral Hernández, abogada e investigadora del área de Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). “El sector de mayor porcentaje es el forestal, junto con el de vías, donde hay varias carreteras y megaproyectos como el tren maya. Los más afectados han sido los defensores que protegen áreas naturales protegidas y áreas forestales importantes”.
Hernández asegura que desde Cemda hacen un ejercicio de investigación y documentación bastante amplio porque implica diversas fuentes de información pero existe una cifra de subregistro bastante grande. “Nuestras cifras se quedan cortas debido a la falta de acceso de información”, señala.
En Cemda registraron 18 homicidios de defensores ambientales durante 2020, un número menor en comparación al que aparece en el informe de Global Witness (30), pero esto se debe a que ambas organizaciones utilizan criterios y metodologías distintas. Con todo, a Hernández le preocupa que de los 18 homicidios que su organización reportó en 2020, solo en un caso se ha abierto una investigación. “Eso es muy impactante”, afirma.
Por otro lado, los obstáculos no solo los enfrentan las comunidades que resisten a proyectos que vulneran sus derechos o amenazan el medioambiente, sino organizaciones como Cemda y Somos Defensores.
Lourdes Castro dice que 2020 fue muy difícil por los retos que impuso la pandemia como, por ejemplo, la imposibilidad de ir a territorio, los problemas de conectividad y “la enorme brecha digital que existe en el país. Hay lugares donde la posibilidad de comunicarse es nula”. También añade que hay mucha desconfianza de organizaciones locales al momento de brindar información por teléfono u otro medio, debido a los graves problemas de seguridad en los territorios.
Para Luz Coral Hernández, uno de los mayores obstáculos en México es que muchas veces no se presentan las denuncias por agresiones por temor a los victimarios o por desconfianza en las autoridades ambientales a la hora de investigar. “Eso restringe la información a la que tenemos acceso y va sesgando los números, que no reflejan la realidad en cuanto al número de violaciones que se están cometiendo”.
