Detienen y liberan a funcionario del TEPJF por presunto tráfico de migrantes
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Cuartoscuro Archivo

Detienen y luego liberan a un funcionario del Tribunal Electoral por presunto tráfico de migrantes

El funcionario, quien trabajo como secretario de apoyo en la ponencia del magistrado José Luis Vargas en el Tribunal Electoral, fue liberado porque los migrantes hallados con él no declararon en su contra.
Cuartoscuro Archivo
Por Alberto Pradilla y Zedryk Raziel
6 de septiembre, 2021
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Un funcionario en activo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue detenido, y después liberado, por participar presuntamente en el delito de tráfico de personas migrantes en Chiapas. 

Se trata de Eugenio Eduardo Sánchez López, originario de ese estado y quien trabaja como secretario de apoyo en la ponencia del magistrado José Luis Vargas Valdez, expresidente de la Sala Superior, confirmó Animal Político en registros internos del TEPJF. 

La Fiscalía General de la República (FGR) lo puso en libertad debido que las personas migrantes que fueron encontradas con él no quisieron interponer denuncia alguna en su contra, pero la causa está todavía siendo investigada. 

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Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Chiapas, Sánchez López fue detenido en flagrancia por agentes adscritos a esta dependencia el pasado 29 de agosto, cuando transportaba ilegalmente a 13 personas provenientes de Guatemala —12 de ellas menores de edad— en un autobús de pasajeros de la línea Cristóbal Colón.

El funcionario del Tribunal Electoral presuntamente fungía como “guía” de las personas migrantes en su ruta a la Ciudad de México, informaron fuentes de la SSPC a este medio.

Las fuentes aseguraron que Sánchez López fue señalado por los mismos migrantes al momento del operativo policiaco, lo que permitió su identificación y detención. No se consideró que el chofer del autobús ni la empresa de transporte estuvieran relacionadas con el ilíticto, por lo que no se emprendieron medidas en su contra.

“Los migrantes eran trasladados de manera hacinada en un camión de pasajeros en el Libramiento Norte y Calle Central de Tuxtla Gutiérrez”, informó la institución de seguridad estatal tras el operativo. “De manera inmediata el personal de la SSPC activó el Protocolo de Ayuda a Migrantes, proporcionándoles alimentación y asistencia jurídica, para luego trasladarlos ante la autoridad correspondiente. En esa acción policial también se logró detener y poner a disposición de la autoridad a Eugenio ’N’, de 38 años de edad, por el delito de violación a la Ley General de Población”.

Tras su detención, Sánchez López fue entregado por la SSPC a la FGR, pues fue acusado de violar el artículo 138 de dicha ley, que sanciona el tráfico de personas indocumentadas, un delito federal. La normatividad castiga con entre 6 y 12 años de prisión a quienes alberguen, transporten por territorio nacional u oculten a personas migrantes para evadir la revisión migratoria; también sanciona el tráfico de mexicanos y extranjeros para que se internen en otros países sin la documentación correspondiente.

Sin embargo, luego de que el funcionario electoral fue puesto a disposición del Ministerio Público, ninguna de las personas migrantes que viajaban bajo su guía quiso identificarlo y presentar cargos en su contra, por lo que la Fiscalía lo dejó en liberad, explicó a este medio personal de la delegación de la FGR en Chiapas.

Por su parte, la ponencia del magistrado José Luis Vargas no se deslindó del funcionario, e incluso alegó que la falta de pruebas en su contra confirma que se su detención fue una “confusión” lamentable, a pesar de que fue capturado en flagrancia, de acuerdo con la SSPC estatal.

“Eugenio es originario de Chiapas y ahí tiene su casa. Como el trabajo es a distancia, pues estaba en su casa trabajando. Se aclaró que es funcionario del Tribunal y que todo se debió a una desafortunada confusión”, dijo escuetamente la ponencia de Vargas ante un requerimiento de información para esta investigación.

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Animal Político quiso contactar con Sánchez López mediante su correo institucional para pedirle su versión de lo sucedido, sin recibir respuesta hasta el momento. 

Este medio también consultó al Instituto Nacional de Migración (INM) sobre el paradero de los migrantes, pero no recibió respuesta. La reforma de la Ley de Migración, que entró en vigor en enero, impide que las personas menores de edad o sus acompañantes sean encerrados en un centro de detención, por lo que lo lógico es que fuesen enviados a un albergue o algún espacio habilitado por el DIF. 

Según su currículum, Sánchez López es maestro en Derecho por la UNAM especializado en derecho electoral. Antes de laborar en la Sala Superior del TEPJF trabajó como coordinador de ponencia en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, como asesor en el Congreso de Morelos y como asesor de magistrado en el Tribunal Electoral de la CDMX. También refirió ser docente en la Universidad de Chiapas.

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El temor de las mujeres en el único país de la Unión Europea donde el aborto es ilegal

Malta es el único estado de la Unión Europea donde poner fin al embarazo está estrictamente prohibido, pero algunos creen que se avecinan cambios.
18 de agosto, 2022
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Sola, sentada en el baño de su casa familiar, María secretamente googlea información sobre el aborto en su teléfono.

María, que prefiere mantener su nombre real en el anonimato, acaba de enterarse de que está embarazada.

“Tenía miedo”, confiesa.

“No sabía cómo actuaría la policía. Pensé que tal vez buscaban a personas que googlearan la palabra aborto. Obviamente, te vuelves paranoica y tus pensamientos van en todas las direcciones”.

María habla de forma anónima porque violó la ley al tomar pastillas que obtuvo a través de una organización con sede afuera de Malta, donde reside.

“Completé un formulario que un médico revisó. Luego recibí un correo electrónico para comprar las píldoras”.

María afirma que se sintió muy sola, pero la verdad es que no lo está.

Los activistas a favor del aborto creen que cada vez más mujeres están haciendo exactamente lo que hizo María.

El número de mujeres que recurren a esta opción ha aumentado después de que la covid volviera más difícil viajar al extranjero para interrumpir embarazos.

Prohibido incluso en caso de violación e incesto

Según cifras de dos organizaciones sin fines de lucro, se calcula que se ordenaron más de 350 paquetes de píldoras para abortar en Malta en 2021. Estas píldoras se pueden tomar hasta la semana 12 de embarazo.

Esto a pesar de que el aborto es un delito que se paga con prisión en este país: una mujer enfrenta hasta tres años de cárcel y un médico hasta cuatro, además de perder su licencia médica.

Sin embargo, los medios malteses aseguran que ninguna mujer ha enfrentado cargos penales en años.

Iglesia con una bandera de Malta.

BBC
Malta es el único estado de la UE que prohíbe el aborto en su totalidad.

Es el único estado miembro de la Unión Europea que prohíbe totalmente el procedimiento, sin excepciones. Está prohibido incluso en casos de violación o incesto.

El año pasado, ninguno de los principales partidos políticos de Malta apoyó un proyecto de ley para despenalizar el aborto, pero los activistas esperan que una revisión de la ley, junto con cambios en las actitudes sociales, puedan impulsar un cambio.

“Cualquier cosa que se esté mirando es una bocanada de aire fresco”, afirma la activista Maya Dimitrijevic, quien agrega que es un secreto a voces que muchas mujeres obtienen píldoras para abortar del extranjero.

Cada vez menos tabú

Su madre, Lara Dimitrijevic, fundó la Fundación de Derechos de la Mujer, un grupo de apoyo y defensa en Malta.

Ambas creen que, poco a poco, el tema se está volviendo menos tabú.

“Necesitamos que pase el tiempo”, asegura Lara. “Hasta hace unos años, ni siquiera yo misma habría dado una entrevista así ni hubiera hablado sobre el aborto tan abiertamente”.

La activista Maya Dimitrijevic y su madre Lara Dimitrijevic.

BBC
La activista Maya Dimitrijevic y su madre, Lara Dimitrijevic, explican que hablar sobre el aborto es cada vez menos tabú en Malta.

Lara también es la abogada de Andrea Prudente, cuyo caso hizo que el gobierno revisara la ley.

Andrea es una turista estadounidense que sufrió un aborto espontáneo incompleto mientras estaba de vacaciones en Malta.

A pesar de que les dijeron que el embarazo era inviable y que el bebé no podría sobrevivir, los médicos no interrumpieron el embarazo porque todavía había un latido cardíaco.

Por temor a la aparición inminente de una infección potencialmente mortal, Andrea Prudente fue trasladada en avión a España. Ella y su esposo Jay ahora planean demandar al gobierno maltés.

El caso atrajo la atención internacional y puso las leyes de Malta en la mira.

La mayoría aún en contra

El gobierno anunció una revisión, pero hay pocos detalles sobre esto.

“La ley maltesa debería ayudar a los médicos a hacer su trabajo“, aseguró en junio el ministro de Salud, Chris Fearne.

“Y ciertamente no debería haber ninguna parte de la ley que impida que los médicos o profesionales salven vidas”, añadió.

La BBC contactó al equipo de Chris Fearne para una entrevista, pero no recibió respuesta.

Muchos esperan que si sucede un cambio sea muy limitado y pocos creen que el avance llegue hasta la despenalización.

Incluso aunque la opinión esté cambiando lentamente, particularmente entre los jóvenes, las encuestas sugieren que la mayoría en Malta sigue estando en contra del aborto en este país predominantemente católico.

Durante el verano, se celebran varios festivales religiosos la fiesta de San Sebastián en la ciudad de Qormi.

Es allí donde encontramos a Joseph Saliba, de 67 años, quien disfruta de una bebida con su familia.

Muchas de las personas con las que hablamos en Malta se mostraron reacias a hablar sobre este tema, pero Joseph no es tímido.

“Soy católico y estoy totalmente en contra del aborto”, me dice. “El bebé no se va a defender solo”.

La Iglesia católica condena sistemáticamente el aborto.

Joseph Saliba, ciudadano maltés

BBC
Joseph está en contra del aborto, pero sugiere que los médicos deben actuar si se debe salvar la vida de la madre.

Saluda a Christine Azzopardi, que dirige el bar al otro lado de la calle y tiene cinco hijos, algunos de los cuales se apiñan a su alrededor.

“Estoy en contra del aborto”, afirma la mujer de 38 años. “Tengo cinco hijos y soy abuela. Me encantan los niños“.

Joseph interviene apasionadamente: “Si ella hubiera abortado, ellos no estarían aquí. Sus hermosos hijos”.

El “doble efecto”

Sin embargo, Joseph sugiere que los médicos deberían actuar si la vida de la madre está en peligro.

Los defensores de la ley dicen que eso es lo que sucede bajo lo que se conoce como la doctrina del “doble efecto”.

Esta doctrina establece efectivamente que a veces es aceptable hacer daño, como un efecto secundario no deseado, cuando el objetivo final es hacer algo bueno.

“Cuando las madres se enfrentan a condiciones que amenazan su vida, los médicos pueden intervenir”, asegura Christian Briffa, del grupo juvenil antiaborto I See Life.

Él y su colega, María Formosa, creen que la ley actúa como un elemento disuasorio a pesar de que nadie ha enfrentado cargos criminales en años, y mucho menos ha ido a la cárcel.

“Si no fuera por la ley, habría más abortos”, insiste María, de 19 años.

“En Malta, afortunadamente, somos uno de los pocos países donde se protege tanto a la madre como al niño”.

Maria Formosa y Christian Briffa.

BBC
Maria Formosa y Christian Briffa, de un grupo de jóvenes que se opone al aborto, dicen que si no fuera por la ley habría más abortos.

Los activistas a favor del derecho a elegir cuestionan el estatus legal y la ética del principio del “doble efecto”.

“Es una doctrina. Es hablar”, señala la profesora Isabel Stabile del grupo Doctors for Choice.

“Al final del día, cualquiera que tenga un aborto o cualquiera que ayude a alguien a tener un aborto viola la ley”.

El profesor Stabile, ginecólogo, afirma que estas reglas “bárbaras” también obligan a las mujeres, que necesitan atención posterior al aborto, a decir que han tenido un aborto espontáneo.

“Pero qué horrible es eso, decirle a alguien que mienta sobre su condición”.

Confía en que se avecina un cambio legal: “Ciertamente para adaptarse a la situación en la que se encontraba Andrea Prudente donde no había ninguna posibilidad de viabilidad… y donde la mujer ha tomado una decisión muy clara”.

Los activistas dicen que celebrarán incluso un “pequeño paso” y creen que se producirán cambios más significativos en los próximos 10 años.

Se espera que la revisión del gobierno se anuncie a finales de este año.


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