FGR busca penas de hasta 40 años de cárcel para académicos
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FGR busca penas de hasta 40 años de cárcel y reclusión inmediata en Almoloya para académicos denunciados por Conacyt

El caso de la Fiscalía se sostiene en 39 datos de prueba, siendo el punto de partida y columna vertebral de la indagatoria la denuncia de la actual administración del Conacyt. Según los fiscales es necesario encarcelar a los científicos para que no se den a la fuga o destruyan la evidencia.
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Por Alberto Pradilla y Arturo Ángel
23 de septiembre, 2021
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La Fiscalía General de la República (FGR) busca penas de hasta 40 años de cárcel para los 31 académicos denunciados por el Conacyt por supuestos malos manejos de recursos público. Pero además, pide que sean recluidos en un penal de máxima seguridad y que se les detenga de inmediato para evitar que destruyan evidencia o se den a la fuga.

El juicio, por tanto, lo seguirían desde prisión.

Así lo consigna el resumen de la acusación de 92 páginas que la FGR envió en agosto pasado a un juez federal para solicitar las órdenes de aprehensión en contra de los científicos y académicos. Aunque el juez ha negado en dos ocasiones concederlas, la Fiscalía anunció ayer que las solicitará por tercera ocasión consecutiva.

Animal Político tuvo acceso a este documento en el que los fiscales aclaran que, si bien aun no se puede “prejuzgar” a los académicos, estos son probables responsables de ilícitos que conllevan penas que van de una a varias décadas de cárcel, y sin derecho a fianza.

Y aunque en un comunicado emitido ayer la FGR dijo que se trata de un caso de delitos patrimoniales (como sería, por ejemplo, el robo), en el escrito enviado al juez lo que les imputa a los académicos son, en realidad, cuatro delitos considerados coloquialmente como graves: delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades.

Los investigadores arman la acusación basada en una premisa: los imputados participaron en un esquema para aprobar recursos que se destinaron al denominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC (FCCyT), que era una asociación privada financiada ilegalmente por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con dinero que debió destinarse exclusivamente para desarrollar proyectos de investigación.

Lee: No hay reducción para 2022, pero el presupuesto para Conacyt sigue por debajo de lo asignado en 2018

La premisa de la FGR, construida a partir de la denuncia de la actual administración del Conacyt y complementada con otras 38 pruebas, sostiene que la Ley de Ciencia y Tecnología no justificaba la constitución de una asociación privada para financiar los proyectos de investigación, sino solo la puesta en marcha de un órgano colegiado que debió funcionar siempre desde el Conacyt. A partir de ahí, considera que todo lo desarrollado por esta asociación se convierte en una operación criminal y las pruebas que esgrime son sus actas, nombramientos y peticiones de presupuesto.

A continuación, se desglosan los puntos clave de esta acusación de la FGR construida directamente por su Fiscalía Especializada en combate a la Delincuencia Organizada, conocida anteriormente como la SEIDO.

¿Quiénes están acusados?

La Fiscalía General de la República señala a 31 académicos e investigadores en total, que provienen de instituciones como la CIDE, de la UAM, del Tec de Monterrey, entre otros. De ellos 25 son exfuncionarios de Conacyt durante la anterior administración mientras que seis son personas vinculadas al Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC: los 3 excoordinadores generales, 2 secretarías técnicas y el abogado.

Alfredo Higuera, fiscal especializado en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que no se pretende atropellar a la comunidad científica, y recordó que todo servidor público está bajo el escrutinio de instancias revisoras de presupuesto. 

“No se cuestiona ni la calidad profesional de las personas que puedan estar contempladas en esto, no se pretende atropellar a la comunidad científica, de ningún modo, esto es un tema de manejo de recursos que se considera al margen de la ley”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para el noticiero Por la mañana de Radio Fórmula.

Explicó que la FGR replanteará la acusación para lograr que la autoridad judicial analice integralmente los hechos y los elementos probatorios con los que cuentan. 

“Un juez emite un criterio que consideramos nosotros no atiende la totalidad de los planteamientos que se hicieron”, añadió Higuera.

¿Qué delitos se atribuyen a los científicos?

De acuerdo con el resumen de la carpeta de investigación presentado ante el juez, los 31 académicos son probables responsables de cuatro delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), delincuencia organizada, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Ello, como resultado de una presunta “organización criminal” formada por los académicos y liderada por Enrique Cabrero Mendoza, Julia Tagüeña Parga, Adriana Ramona Guerra Gómez, José de Jesús Franco López, Gabriela Dutrenit Bielous, Patricia Zúñiga Cendejas, David García Junco Machado, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez y Francisco Salvador Mora Gallegos.

“Conformaron una organización criminal estructurada, la cual entre 2013 y por lo menos hasta 2019, desplegó en forma permanente y reiterada conductas cuya finalidad fue la de cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues fueron desviados recursos del presupuesto público asignado al organismo público descentralizado Conacyt dándoles destino distinto de aquel para el cual debían ser dispuestos, con la única finalidad de beneficiar indebidamente a la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C”, dice el escrito.

¿Qué penas podrían afrontar? 

Para aquellos a los que la FGR ubica en condición de dirigentes de la presunta organización criminal la FGR sugiere penas que podrían ir de entre 20 y 40 años de cárcel, mientras que para quienes los considera parte de la trama, entre 10 y 20 años. En ninguno de los casos se trata de sentencias que, eventualmente, alcancen fianza.

“Es importante hacer la aclaración que este razonamiento en ningún momento implica un adelantamiento de la pena y consecuentemente no es contrario al derecho de la presunción de inocencia, pero se trata del análisis en referencia al quantum del marco penal previsto pro el legislador (…) y pone de relieve que incluso la pena mínima que podría imponerse, constituye razón suficiente para pretender sustraerse de la misma”, dice la acusación de la fiscalía.

Además, por tratarse de delitos relacionados con posibles hechos de corrupción y delincuencia organizada, aun cuando apenas arranque el eventual proceso los académicos serían sometidos a prisiones preventivas de forma automática.

¿Por qué FGR quiere llevarlos a la prisión donde están “El Marro” o “El Mochomo”?

Si las órdenes de aprehensión se conceden bajo los términos que lo pide la FGR y los académicos son sometidos a un proceso penal, automáticamente deberán permanecer en prisión. Un encarcelamiento que teóricamente deberían realizarse en el penal más cercano a los juzgados de la circunscripción en donde ocurrieron los hechos, es decir, en Ciudad de México.

Sin embargo, en su escrito la Fiscalía desestima esta posibilidad y pide al juez, en cambio, que los académicos sean llevados al penal federal del Altiplano en Almoloya de Juárez, estado de México, una cárcel de máxima seguridad. Argumenta que “el hecho que se atribuye implica la recepción y adquisición de enormes cantidades de dinero”.

“Al tener las personas investigadas una capacidad económica obtenida de forma ilícita, podrían realizar actos de corrupción en algún centro con medidas de seguridad bajas o medias; o incluso poner en peligro la seguridad interna de las prisiones, por tener medios económicos para favorecer para sí un trato diferenciado o eventualmente ser auxiliados por miembros de la organización criminal que conforman”, dice. También cree la FGR que su vida podría estar en peligro en caso de que terceras personas afectadas por la investigación quisieran atentar contra su vida.

Lee: FGR solicita por segunda ocasión órdenes de aprehensión contra científicos acusados por Conacyt tras rechazo de juez

En el penal del Altiplano, los académicos eventualmente detenidos tendrían como vecinos de celda a algunos de los reos considerados como de mayor peligrosidad en el país. Entre ellos figuran, por ejemplo, José Ángel Casarrubias Salgado alias “El Mochomo”, líder del grupo delictivo conocido como Guerreros unidos, al que se ha señalado de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

En el ismo centro penitenciario se encuentra recluido desde el año pasado José Antonio Yepes alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa rosa de lima, organización criminal dedicada al robo de combustibles y narcotráfico, y ala que se responsabiliza de buena parte de los asesinatos ocurridos en los últimos años en Guanajuato.

En el Altiplano también están recluidos desde hace varios años algunos de los líderes de Los Zetas, uno de los grupos mas sanguinarios de las últimas dos décadas. Entre ellos figura uno de sus máximos líderes: Miguel Treviño Morales alias “El Z-40”, y su hermano Alejandro Treviño Morales “El Z 42”.

¿Por qué ordenes de arresto y no citatorios voluntarios?

En términos generales, la ley en México contempla que una persona que va a ser imputada de un delito debe ser citada de forma voluntaria para comparecer ante el juzgado. En caso de que no asista pueden girarse en su contra órdenes de presentación o de aprehensión.

Solo en casos excepcionales se contemplan desde el inicio el girar órdenes de captura en vez de otras medidas. De acuerdo con la fiscalía este caso es una de esas excepciones. Sus argumentos: que los científicos podrían ocultar o destruir evidencia que los incrimina, que cuentan con recursos para pedirle a terceros que lo hagan, o que incluso pueden darse a la fuga.

“Esta Fiscalía de la Federación estima que existen circunstancias que evidencian, con un alto grado de probabilidad, que los imputados pretenderán evadirse de la acción de la justicia”, indica la FGR.

Alfredo Higuera aseguró, en entrevista en Radio Fórmula, que se hizo un examen muy parcial y limitado de los elementos que presentó la Fiscalía y por eso se insiste ante el juez en la petición de órdenes de aprehensión. Aunque éstas son solo un medio de conducción del proceso y los jueces podrán dictar las medidas que ellos consideren pertinentes, aclaró.

¿Qué es el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. y por qué la FGR lo considera delictivo? 

Se trata de una asociación civil constituida ante notario el 27 de septiembre de 2002. Su creación está avalada por la Ley de Ciencia y Tecnología y debería ejercer como organismo autónomo de consulta. Sin embargo, la FGR considera que sus atribuciones son una duplicidad del Conacyt y que esta debería haber constituido un organismo interno de apoyo y no una asociación privada.

En su escrito, los fiscales introducen un elemento de sospecha sobre la constitución del Foro: “inexplicablemente la asociación civil fue constituida tres meses antes de que fuera publicado el Estatuto que indebidamente permitía su constitución como persona moral”. Esto fue en 2002, sin embargo la denuncia solo abarca lo sucedido a partir de 2013, once años después de que el Foro fuese creado.

“Se trata de una entidad privada que se creó con la única finalidad de realizar las funciones públicas que le corresponden a un órgano de la administración pública”, dice la FGR.

La acusación no hace referencia a que el caso ya había llegado previamente a la Suprema Corte de la Nación, que en su sentencia MI/SS/D/9941/2021 determinó que la entrega de fondos estaba avalada por ley y que no existió irregularidad alguna. A pesar de ello, la FGR sostuvo que quienes solicitaron y aprobaron los presupuestos del Foro entre 2013 y 2019 forman parte de una organización delictiva para distraer activos.

Pero entonces, ¿se desviaba dinero? ¿Dónde fueron esos fondos?

Lo que la FGR convierte en delito son los 244 millones de pesos de los presupuestos del Foro Consultivo entre 2013 y 2019. “El destino de los recursos solicitados al Conacyt sería por conceptos como gastos personales, Infonavit, sueldos y asimilados a salarios, artículos de construcción, aguinaldos, impuestos de 3% a la nómina, IMSS y SAR, vacaciones, estacionamiento, energía eléctrica, celulares, etcétera, no así el de financiar proyectos de actividades directamente vinculadas con el desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación y modernización tecnológica” entre otros gastos que la FGR considera que deberían ser atribuibles al Foro.

“Los recursos que recibió la asociación civil en comento, fueron dispuestos y gastados en rubros completamente alejados e incompatibles, con el objeto social del Foro (…) pues se identificó que los recursos fueron operados para el pago de servicios personales como telefonía celular, estacionamiento, gasolina e incluso para la compra de un inmueble por parte de la asociación civil”, describen los fiscales.

Lee: Caen 56% apoyos de Conacyt para investigación y becas en el extranjero con gobierno de AMLO

En la denuncia de Conacyt se indicaba que el Foro recibió más de 471 millones desde su creación, aunque no se precisa por qué solo trata de judicializar los 244 del último sexenio. A pesar de ello, FGR afirma que “la finalidad de la organización criminal compuesta por los imputados tuvo como finalidad el echar a andar un esquema de lavado de activos, es decir, ejecutar conductas que la ley señala como delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita”:

¿Cuáles son las pruebas?

La Fiscalía presenta 39 datos de prueba, aunque la base de la acusación es la denuncia presentada por Conacyt en 2020. La mayoría de “pruebas” son nombramientos públicos y actas de reuniones en las que se solicitan y se aprueban presupuestos. En uno de los oficios se reclama la declaración patrimonial de Julia Tagüeña Parga, del que solo se desprende que fue nombrada directora adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt el 1 de abril de 2013, “teniendo entre sus funciones principales el manejo de recursos financieros”.

En su relato de hechos, la FGR considera que la decisión original de constituir una asociación privada como órgano consultivo de Conacyt es de por sí delictiva. Y, a partir de ahí, todas las acciones realizadas por sus integrantes se convierten en pruebas que refuerzan la tesis criminal.

Y ahora, ¿qué?

La FGR anunció que presentará por tercera vez cargos contra los académicos, por lo que la decisión volverá a estar en manos de un juez.

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Metaverso: por qué hay compañías que están gastando millones comprando terrenos virtuales

El furor por el metaverso está impulsando las compras inmobiliarias virtuales por parte de muchas compañías en una carrera por hacerse con las mejores parcelas. ¿Qué puede ofrecer ser propietario de un terreno virtual?
12 de enero, 2022
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La idea de gastar miles o incluso millones de dólares para comprar una “tierra” ficticia en un mundo virtual puede sonar absurda.

Pero en los últimos meses hemos visto significativas inversiones en terrenos virtuales dentro del metaverso.

La consultora Price Waterhouse Coopers se encuentra entre las últimas firmas en entrar en el mercado inmobiliario de The Sandbox, una de las plataformas de mundos virtuales en las que la gente puede socializar, jugar o acudir a conciertos.

PwC pagó una suma que podría ser considerable, aunque la cantidad final no fue desvelada.

Otra persona compró recientemente por US$450.000 una parcela de tierra en Snoopverse, un mundo virtual que el rapero Snoop Dogg está desarrollando dentro de The Sandbox.

Edificio virtual

Getty Images
Edificio virtual.

Mientras tanto, Metaverse Group, una empresa de bienes raíces enfocada en la economía del metaverso, compró supuestamente un terreno en Decentraland, otra plataforma virtual, por US$2,43 millones.

Repasemos qué es el “metaverso”, porque probablemente hayas escuchado mucho el término cuando Facebook cambió su marca a Meta en octubre de 2021.

Otras compañías, como Nike y Microsoft, también han anunciado que se lanzarán a este espacio.

El metaverso describe una visión de un mundo virtual 3D conectado, donde los mundos real y digital se integran utilizando tecnologías como la realidad virtual (VR) y la realidad aumentada (AR).

A este universo virtual se podrá acceder a través de dispositivos como gafas de realidad virtual o realidad aumentada y aplicaciones para teléfonos inteligentes.

Gafas de realidad virtual

Getty Images

Los usuarios se encontrarán y se comunicarán a través de avatares digitales, explorarán nuevas áreas y crearán contenido.

La idea es que el metaverso se desarrollará para convertirse en un espacio virtual colaborativo donde podamos socializar, jugar, trabajar y aprender.

Ya existen varios metaversos, por ejemplo, en plataformas de juegos virtuales como The Sandbox y mundos virtuales como Decentraland.

De la misma manera que un sitio web es parte de la red mundial 2D más amplia, los metaversos individuales formarán un metaverso conectado más grande.

Es importante destacar que, como en el mundo real, es y será cada vez más posible comprar cosas en el metaverso, incluidas las propiedades inmobiliarias.

Monedas del metaverso

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El dinero del metaverso

Las transacciones en el mundo virtual generalmente se realizan utilizando criptomonedas.

Aparte de las criptomonedas, los tokens no fungibles (NFT) son el método principal para monetizar e intercambiar valor dentro del metaverso.

Un NFT es un activo digital único.

Aunque son principalmente elementos de arte digital (como videos, imágenes, música u objetos 3D), hay muchas cosas que pueden considerarse NFT, incluidas las propiedades virtuales.

En plataformas como OpenSea, donde la gente compra e intercambiar NFT, ahora hay terrenos o incluso casas virtuales.

Para garantizar que los bienes raíces digitales tengan valor, la oferta es limitada, un concepto en economía llamado “valor de escasez”.

Auditorio virtual

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Por ejemplo, Decentraland se compone de 90.000 piezas o “parcelas” de tierra, cada una de aproximadamente 15,5 metros por 15,5 metros.

Ya estamos viendo ejemplos en los que el valor de los inmuebles virtuales está aumentando.

En junio de 2021, un fondo de inversión en bienes raíces digitales llamado Republic Realm supuestamente gastó el equivalente a más de US$900.000 para comprar una parcela en Decentraland.

Según DappRadar, un sitio web que rastrea los datos de ventas de NFT, fue la compra más cara de terrenos NFT en la historia de Decentraland.

Sin embargo, como sabemos, en noviembre de 2021, el Grupo Metaverse compró su terreno en Decentraland por US$2,4 millones.

El tamaño de esta compra fue en realidad más pequeño que el anterior: 116 parcelas de tierra en comparación con 259 compradas por Republic Realm.

Pero no solo la plataforma Decentraland está registrando furor por las compras.

En febrero de 2021, Axie Infinity (otro mundo de juegos virtuales) vendió nueve de sus parcelas de tierra por el equivalente a US$1,5 millones, un récord, dijo la compañía.

Pero tan solo unos meses después, en noviembre de eses mismo año, vendió otra parcela por US$2,3 millones en noviembre de 2021.

Gafas de realidad virtual

Getty Images

Aunque parece que los precios están subiendo es importante reconocer que la inversión inmobiliaria en el metaverso sigue siendo extremadamente especulativa.

Nadie puede estar seguro de si este auge es la próxima gran inversión o la próxima gran burbuja.

¿Para qué compran?

Dejando a un lado los incentivos financieros, es posible que se pregunte qué harán realmente las empresas y las personas con sus propiedades virtuales.

Por ejemplo, la compra realizada por el Grupo Metaverse se llevó a cabo en el recinto de moda de Decentraland.

Según el comprador, el espacio se utilizará para albergar eventos de moda digital y vender ropa virtual para avatares, otra área potencial de crecimiento en el metaverso.

Aunque los inversores y las empresas dominan este espacio por ahora, no todos los bienes raíces del metaverso costarán millones.

Pero, ¿qué podría ofrecerle ser propietario de un terreno virtual?

Metaverso

Getty Images

Si compra una propiedad física en el mundo real, el resultado es tangible: un lugar para vivir, para tener seguridad, para recibir a familiares y amigos.

Aunque las propiedades virtuales no proporcionan refugio físico, existen algunos paralelismos.

Al comprar bienes raíces virtuales podría construir en ellos.

O puede elegir una casa ya construida que le guste.

Puede personalizarla con varios objetos (digitales).

Puede invitar a amigos y visitar los hogares virtuales de otras personas también.

Esta visión aún es lejana.

Pero aunque parece completamente absurdo, debemos recordar que hubo un tiempo en el que la gente tenía dudas sobre el potencial de internet y más tarde de las redes sociales.

Los tecnólogos predicen que el metaverso madurará hasta convertirse en una economía en pleno funcionamiento en los próximos años, además de una experiencia digital sincrónica tan ligada a nuestras vidas como lo están ahora el correo electrónico y las redes sociales.

Esta es una extraña fantasía hecha realidad para alguien que fue jugador en una vida anterior.

Hace algunos años, una versión más joven de mi conciencia me decía que dejara de perder el tiempo jugando videojuegos.

Que volviera a estudiar y a concentrarme en mi vida “real”.

En el fondo, siempre tuve el deseo de ver los juegos superpuestos con la vida real, al estilo Real Player One.

Ahora siento que esta visión se acerca cada vez más.

*Theo Tzanidis es profesor titular de marketing digital de la Universidad del Oeste, Escocia. Esta nota apareció originalmente en The Conversation y se publica aquí bajo una licencia de Creative Commons.

Puedes leer el artículo original aquí.


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