Solo 5 de 32 generales de la Guardia Nacional, capacitados como policías
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Cuartoscuro

Solo 5 de los 32 generales que dirigen la Guardia Nacional están capacitados como policías

El resto de los mandos (y el 85% de todos los elementos) carece de la certificación vigente que avale que son aptos para realizar funciones de seguridad pública.
Cuartoscuro
10 de septiembre, 2021
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La Guardia Nacional es hoy la mayor fuerza policial del país: con más de 100 mil elementos está encargada de tareas que van desde la prevención de robos hasta la intervención de comunicaciones o la contención de migrantes. Sin embargo, solo 5 de los 32 generales que la dirigen están certificados como aptos para ser policías.

Los otros 27 generales que coordinan operativamente a esta fuerza —al igual que casi el 85% de todos sus efectivos— carecen de las evaluaciones vigentes que prueben que pueden trabajar como policías. Además del potencial riesgo que eso representa se trata de una violación a lo que establece la Constitución, la ley del sistema nacional de Seguridad Pública, y la ley de la propia Guardia Nacional.

Datos oficiales obtenidos por Animal Político a través de solicitudes de transparencia arrojan que son cinco los coordinadores estatales de la Guardia Nacional que cuentan con el Certificado Único Policial (CUP) vigente. Se trata de los generales Héctor Ortiz Caletty, coordinador de Guanajuato; Lucio Vergara Gómez, coordinador de Guerrero; José Manuel Ramírez Martínez en Nuevo León; Ernesto García Sánchez en Puebla; y Francisco Juan Toscano Camacho en Quintana Roo.

Los 27 coordinadores de los estados restantes, todos ellos generales provenientes de la Sedena, no cuentan con un CUP expedido y vigente como reconoce el propio documento oficial.

El Certificado Único Policial es la constancia que se entrega a un policía en México cuando supera satisfactoriamente cuatro procesos de capacitación: la formación inicial, la evaluación de competencias, la evaluación de desempeño y la aprobación de los exámenes de control de confianza.

No superar cualquiera de esos procesos impide contar con el certificado. Y de acuerdo con las leyes que regulan la función policial en México y la propia ley de la Guardia Nacional, ninguna persona puede desempeñarse como policía si no cuentan con este certificado que avale que cuentan con este nivel de formación básico.

Cuando en 2019 se aprobó la reforma que posibilitó la creación de la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad civil se dio un plazo de tolerancia de dos años para que todos sus elementos fueran evaluados y certificados. Esto a sabiendas de que se integraría inicialmente con elementos de las fuerzas armadas que nunca habían sido capacitados ni evaluados con los estándares que requiere la función policial.

Pero dicho plazo de tolerancia se finiquitó desde mayo pasado, por lo que los 27 generales que lideran a la Guardia Nacional en los estados están abiertamente incumpliendo con este requisito legal obligatorio.

De acuerdo con la Ley de la Guardia Nacional, en el esquema jerárquico por encima de los coordinadores estatales solo se encuentran los coordinadores territoriales que son los responsables de coordinar las acciones en tres o más estados.

Animal Político solicitó a la Guardia Nacional conocer si dichos coordinadores territoriales sí cuentan con el CUP, pero la respuesta de la institución es que no hay nadie que ocupe actualmente esos puestos debido a que la corporación sigue en proceso de formación. Es decir, al frente del cuerpo de seguridad está solo el comandante en jefe y los 32 coordinadores estatales ya mencionados que carecen, en su mayoría, de las certificaciones correspondientes.

Tampoco el 85% de la tropa

En otras dos solicitudes de información, este medio requirió a la Guardia Nacional su estado de fuerza completo al cierre de agosto, así como conocer cuántos de esos elementos cuentan con el referido certificado policial obligatorio. La respuesta fue que, en promedio, 8 de cada 10 efectivos tampoco han completado el proceso de certificación a más de dos años de su despliegue.

Los datos proporcionados muestran que, en total, la Guardia Nacional cuenta con 102 mil 944 efectivos, de ellos 61 mil 708 pertenecen a la Defensa Nacional, 17 mil 418 son efectivos asignados desde la Marina, y 23 mil 818 son exelementos de Policía Federal. Como Animal Político ha documentado, estos datos prueban que la mayoría de los elementos de la GN son en realidad elementos asignados desde las Fuerzas Armadas.

De todos ellos, la corporación indicó que solamente 15 mil 476 efectivos cuentan con el CUP expedido y vigente, lo que equivale a menos del 15% de toda la fuerza. De acuerdo con la ley, el resto de los elementos no deberían permanecer en activo realizando funciones policiales.

Si esto se analiza por los grupos de origen de los guardias nacionales, los más atrasados son los que provienen de la Sedena, pues solo 6 mil 408 de ellos cuentan con el certificado, lo que equivale al 10.3%. Le siguen los que provienen de la Marina, pues apenas el 13.3% cuenta con el certificado policial.

En cambio, de los 23 mil 818 efectivos que provienen de la extinta Policía Federal hay 6 mil 408 que cuentan con el CUP vigente, lo que equivale al 28.3%. Aunque no es ni la tercera parte del total se trata del grupo más avanzado en cuanto a certificaciones dentro de la GN.

Retrasos y omisiones en informes

La Ley de la Guardia Nacional establece en sus artículos 96 y 99 que el gobierno federal debe presentar cada año ante el Senado de la República un informe escrito en el que de cuenta de manera detallada de todas las actividades realizadas el año anterior por dicha corporación. Dicho informe debe contener, entre otras cosas, un balance del uso de la fuerza de dicha corporación y posibles casos de abusos en el ejercicio de esta.

La norma añade que el documento debe entregarse durante el segundo periodo de sesiones de la cámara alta, es decir, a más tardar en mayo de cada año. Los senadores deben recibir el informe, analizarlo, y en su caso aprobarlo en ese mismo periodo.

Animal Político solicitó al Senado copia de los dos informes que, para este momento, debería haber entregado ya la Guardia Nacional correspondientes a sus dos primeros años de funciones. La respuesta de la cámara alta es que el Ejecutivo solo entregó el primer informe correspondiente al 2019, el 27 de febrero de 2020.

Dicho informe, agregó el Senado, fue aprobado por la Comisión de Seguridad y presentado ante el Pleno el 7 de octubre del año pasado para su primera lectura. En noviembre de ese mismo año fue aprobado.

Lo anterior significa que el Senado no respetó lo establecido en la Ley de la Guardia Nacional respecto a que dicho informe debía ser aprobado en el mismo periodo de sesiones en el que se presentó. En este caso, se tardaron prácticamente nueve meses desde que se recibió hasta que lo votaron.

Pero además el Senado no dio detalles sobre el segundo informe de la Guardia Nacional correspondiente al año 2020. Fuentes legislativas confirmaron a este medio que el Ejecutivo no ha mandado dicho documento y los senadores no han enviado ningún tipo de exhorto o extrañamiento a la GN por este motivo.

Irregularidades y accidentes

En los poco más de dos años de despliegue de la Guardia Nacional dicha corporación ya se ha visto involucrada en diversas irregularidades. A partir de documentos internos y testimonios de los afectados, este medio ha documentado diversos casos de abuso de la fuerza de efectivos de dicha fuerza, y el ofrecimiento de indemnizaciones cuantiosas por parte del Ejército a las víctimas.

En respuesta a una solicitud presentada, la Guardia Nacional reconoció que ha separado o cesado de la institución a 60 de sus elementos implicados por diversas irregularidades, y ha denunciado penalmente a tres de ellos por verse involucrados en posibles delitos.

Apenas el pasado viernes se registró una nueva denuncia por posibles irregularidades de los guardias nacionales, luego de que un colectivo reportó que elementos de dicha corporación ingresaron violentamente al domicilio de una buscadora de desaparecidos en Guanajuato con el pretexto de una denuncia por supuesta posesión de drogas, y golpearon a varias personas, entre ellos menores y personas con discapacidades.

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Tokio: Por qué los Juegos Olímpicos dejarán ‘enormes’ pérdidas económicas para Japón

Las proyecciones iniciales sobre el costo de albergar el evento fueron ampliamente superadas. Varios economistas consideran que los Juegos se han convertido en un "mal negocio".
2 de agosto, 2021
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Protestas en Tokio

Getty Images
Dos tercios de la población japonesa se oponen a los Juegos Olímpicos en Tokio.

Estadios vacíos, hoteles y restaurantes sin turistas extranjeros y negocios con pocos clientes.

La decepción de quienes habían hecho grandes inversiones a la espera de un boom comercial gatillado por los Juegos Olímpicos ha sido brutal.

Es que el evento en Tokio, que fue pospuesto el año pasado por la pandemia de covid-19, se está desarrollando sin público y en una ciudad en estado de emergencia por la crisis sanitaria.

Pese a las persistentes protestas contra la celebración de los Juegos y a que de dos tercios de la población japonesa se oponen a ellos por temor a que se conviertan en un evento “superpropagador” de la pandemia, las competiciones siguen adelante.

No sin polémica. Uno de los grandes auspiciadores del evento, la automotriz Toyota, anunció hace unos días que no utilizará avisos comerciales conectados con los Olímpicos de Tokio por la preocupación que existe en el país en relación con la pandemia.

Y algunos líderes empresariales en Japón como Takeshi Niinami, director ejecutivo de la empresa Suntory, declaró que los Juegos Olímpicos están perdiendo su valor comercial y que su firma decidió no ser parte de los patrocinadores por considerarlos “demasiado caros”.

Algo que ya habían advertido expertos del mundo financiero como Takahide Kiuchi, economista del Instituto de Investigación Nomura, quien escribió en un informe que “gran parte del beneficio económico esperado de los Juegos de Tokio desapareció en marzo, cuando se decidió prohibir a los espectadores extranjeros viajar a Japón”.

“Hubiera sido mejor no tenerlos”, declaró Suehiro Toru del banco de inversión Daiwa Securities, pese a los costos que habría supuesto suspenderlos.

La perspectiva comercial es sombría, aunque no solo por los estragos que ha causado la pandemia.

Un “mal negocio”

Desde hace años varios economistas han publicado investigaciones para demostrar que los Olímpicos son un “mal negocio” para la ciudad -y el país- que los alberga.

Los argumentos que más se repiten son que, en lugar de consumo, turismo y prestigio, el evento deja una millonaria deuda y obras de infraestructura que terminan convertidas en “elefantes blancos” completamente inútiles.

Negocio callejero en Tokio

Getty Images
Desde pequeños negocios hasta las grandes cadenas de hoteles han sufrido el impacto de unos Juegos sin público.

“Las pérdidas serán enormes”, le dice a BBC Mundo Robert Baade, profesor de Economía de la Universidad Lake Forest en Estados Unidos y expresidente de la Asociación Internacional de Economistas del Deporte.

Aunque es difícil poner en cifras la verdadera magnitud de las pérdidas económicas para Japón, porque los cálculos operan sobre la base de valores estimados en relación a lo que habrían sido las “ganancias” generadas por el evento en otras circunstancias, el economista dice que, de todos modos, es posible hacer una proyección.

Desde su perspectiva, las pérdidas pueden ser de unos US$15.000 millones.

Lo que se sabe a ciencia cierta es que se han esfumado unos US$800 millones por la venta de entradas. Pero el asunto se torna más complejo cuando hay que estimar cuánto ha perdido el sector turístico y todos los negocios asociados a él, además de otros sectores que confiaban en un renacer económico gracias a los Juegos.

Qué dice el gobierno

El evento se ha convertido en todo un desafío para la nación del sol naciente, que “cuando ganó esta oportunidad esperaba que le sirviera para demostrar su renacer tras la triple crisis de 2011 y su vuelta a la primera línea mundial, con un ojo puesto en Pekín, que acogerá los siguientes, los de invierno en 2022”, explica Tamara Gil, enviada especial de BBC Mundo a Tokio.

En medio de la vorágine, el gobierno de Japón ha salido a tratar de calmar las aguas.

El primer ministro Yoshihide Suga

Getty Images
El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, declaró el estado de emergencia por la pandemia de covid-19.

El primer ministro Yoshihide Suga ha dicho que está seguro de que las medidas para mantener al público alejado del evento evitarán una escalada de la pandemia y que el país aún se beneficiará de una enorme audiencia televisiva mundial.

“Decidí que los Juegos Olímpicos pueden seguir adelante sin comprometer la seguridad del pueblo japonés”, dijo Suga en una entrevista.

“Lo más simple y lo más fácil es detenerlos”, agregó. Pero “el trabajo del gobierno es abordar los desafíos”.

Suga no está en una posición cómoda, considerando que su nivel de aprobación ha bajado y que enfrentará elecciones hacia fines de este año.

Por otro lado, la apuesta por convertirse en país sede del evento fue hecha hace casi una década por su predecesor, Shinzo Abe, un aliado político de Suga, que heredó este gran desafío.

El problema es que cada vez hay menos interés por parte de los gobiernos para albergar el evento, precisamente porque se han puesto en duda los beneficios que genera.

Los únicos interesados en responder al último llamado para organizar los Juegos posteriores a Tokio fueron Pekín y Almaty (Kazajastán). La apuesta la ganó China.

¿Qué tan costosos han resultado estos Olímpicos?

Como suele ocurrir con los Juegos Olímpicos, el presupuesto previsto para el evento terminó escalando más allá de las previsiones iniciales.

En 2013, el costo del evento fue calculado oficialmente en US$7.300 millones. A fines de 2019 subió a US$12.600 millones y más tarde a US$15.400 millones.

Posteriormente, la Junta Nacional de Auditoría de Japón informó que el costo final se acerca a los US$22.000 millones.

Y luego los medios locales Nikkei y Asahai hicieron sus propias investigaciones situando la cifra en US$28.000 millones.

El costo de los Juegos Olímpicos de Tokio. [ US$22.000 millones Costo estimado del evento según la Junta Nacional de Auditoría de Japón. ] [ US$7.300 millones Estimación oficial del costo del evento en 2013 ], Source: Fuente: BBC Mundo, Image:

A final de cuentas, sea cual sea el cálculo que se considere más preciso, no cabe duda de que las proyecciones iniciales quedaron ampliamente superadas, algo que ha sido una constante durante los últimos años.

“La historia muestra que los Juegos Olímpicos terminan generando pérdidas para los países que se convierten en sede”, explica Baade. “Lo que está ocurriendo en Japón venía desde mucho antes de la pandemia”.

Las firmas patrocinadoras japonesas que aportaron unos US$3.300 millones están preocupadas por la manera en que ha evolucionado esta saga.

Y las pérdidas, dicen expertos, podrían aumentar si finalmente los Juegos terminan siendo el “evento superpropagador” que algunos temen.

“Eso sería un desastre que se sumaría a las pérdidas actuales”, apunta Baade. “Crucemos los dedos para que eso no ocurra”.

¿Quién pierde más?

Según Victor Matheson, profesor de Economía de la Universidad de la Santa Cruz en Massachusetts, Estados Unidos, el costo -no oficial- de los Juegos Olímpicos podría haber llegado a los US$25.000 millones, incluso antes de los gastos adicionales que ha provocado la contención de la pandemia.

Como contraparte, los millonarios ingresos por concepto de entradas, patrocinadores o turismo para Japón, han caído dramáticamente, le dice Matheson a BBC Mundo.

Pero los que no han sufrido un gran impacto financiero, argumenta, son los organizadores del Comité Olímpico Internacional (COI).

“Los ingresos del COI permanecen intactos mientras los juegos continúen siendo televisados”, señala.

“Todavía hay una oportunidad importante”

Varias de las más de 60 empresas que invirtieron en el evento han mostrado su preocupación por la rentabilidad de sus fondos.

“Esta no es una situación ideal”, reconoció Michael Payne, exjefe de marketing del Comité Olímpico Internacional en una entrevista.

El Estadio Internacional de Yokohama

Getty Images
El Estadio Internacional de Yokohama será la sede de la final del fútbol olímpico.

Sin embargo, su pronóstico aún mantiene un cierto nivel de esperanza.

Las empresas aún podrían quedar “gratamente sorprendidas por el potencial beneficio que dejará el legado de estos juegos tan difíciles”.

“Todavía hay una oportunidad importante”, agregó.

Una solución radical

Andrew Zimbalist, quien ha publicado tres libros sobre la economía de los Juegos Olímpicos, ha criticado los beneficios que deja el evento en las ciudades que lo albergan.

Y en el caso de Tokio, sostiene que el gobierno ha gastado unos US$35.000 millones, la cifra más alta que se ha puesto sobre la mesa.

GHF

Getty Images
Andrew Zimbalist propone que la misma ciudad sea sede de los Juegos cada dos años

Su postura es que las gigantescas inversiones en infraestructura que se hacen para acoger el evento -como construcción de estadios, villas olímpicas o renovación de las instalaciones existentes- suelen terminar beneficiando a las empresas constructoras, más que a la economía local.

En una entrevista con el diario The New York Times, Zimbalist propuso que si viviéramos en un mundo racional, “tendríamos la misma ciudad sede de los Juegos cada dos años”. No hay razón para reconstruir obras cada cuatro años, apuntó. “No tiene sentido para las ciudades”.

“Cuando se crearon los Juegos Olímpicos modernos en 1896, no teníamos telecomunicaciones internacionales ni viajes internacionales en aviones. Entonces, para que el mundo participara y disfrutara de los Juegos Olímpicos, tenía que moverse. Ya no tenemos que hacer eso”, propuso el investigador.

Una propuesta que hasta ahora no parece haber ganado adeptos, al menos en el debate público, pero que después de los Juegos de Tokio y con los efectos que ha causado la pandemia de covid-19 en el mundo, quizás podría comenzar a debatirse.


#BBCMundoenTokio

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