Carolina Hidalgo denuncia que el 8 de septiembre pasado fue agredida verbal y físicamente por un hombre de 1.90 metros en una farmacia de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Nadie intercedió para defenderla, asegura, y cuando quiso denunciar al presunto agresor, acabó detenida junto con él e ingresada a lo que se conoce popularmente como el torito. 

La presunta agresión a Carolina Hidalgo acabó tipificada por las autoridades como lesiones, como si se hubiera tratado de una pelea callejera, “como si hubieran encontrado a dos borrachos afuera de una cantina”, sostiene. 

Carolina lleva el pelo muy corto y no usa maquillaje. Él, denuncia, la llamó lencha, feminazi, vieja loca. Después, asegura, la empujó y le lanzó golpes. Las autoridades trataron el hecho como lesiones justo por eso,dice, por su aspecto físico. 

“Los policías que llegan al lugar deciden presentarlos por lesiones al Juzgado Cívico CUH-02 de la alcaldía Cuauhtémoc en vez de en el ministerio público por discriminación, ataque físico, y amenazas de un hombre de 1.90 metros a una mujer, pese a que Carolina lo que solicita es eso: que se levante una denuncia, pero los policías parece que no tienen idea de cuáles son los delitos involucrados en la agresión ni cómo identificarlos”, señala Fabiola Higareda, abogada de Carolina y especialista en género. 

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Esto pese a que existe el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para Preservar los Derechos Humanos de las Personas que Pertenezcan a la Población Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual (LGBTTTI).

Y que los cursos de capacitación y actualización contendrán, al menos, las siguientes materias: no discriminación e igualdad de la población LGBTTTI; principios de atención a integrantes de la población LGBTTTI víctimas del delito; empatía contra la discriminación y la policía como protector de los derechos humanos de la población LGBTTTI. 

El protocolo también establece que la actuación de la policía cuando se trate de personas de este grupo tendrá un enfoque  diferencial y especializado, con la aplicación de los más altos estándares en materia de derechos humanos. 

Pero nada de eso se aplicó en el caso, denuncian la abogada y Carolina. “A mí me empezaron a tratar como si yo fuera quien hubiera cometido un delito, no me dejaban salir del juzgado cívico ni a fumarme un cigarro, mientras mi agresor sí podía estar afuera y yo tenía hasta una policía escolta que me custodió todo el tiempo”. 

Animal Político solicitó a la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México saber qué había sucedido en este caso y cómo se capacita a la policía capitalina para que sepa cómo proceder y garantizar los derechos de la población LGBTI, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. 

Este portal también solicitó una postura a la Consejería Jurídica de la Ciudad de México sobre la actuación del personal del juzgado cívico y qué capacitación reciben, a lo que a través de una tarjeta informativa respondieron que el 8 de septiembre de 2021, dos ciudadanos fueron presentados por personal de la Secretaria de Seguridad Ciudadana ante la Persona Juzgadora, en atención a lo dispuesto por el artículo 26, de la vigente Ley de Cultura Cívica, que en su fracción VI, señala como infracción el lesionar a una persona siempre y cuando las lesiones que se causen de acuerdo con el dictamen médico tarden en sanar menos de quince días. 

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“Se precisa que dicha infracción es de clase D, cuya sanción corresponde de 20 a 36 horas de arresto, o de 10 a 18 horas de trabajo en favor de la comunidad. Sobre el particular, comunico a usted que de la lectura del expediente que obra en los archivos internos del Juzgado Cívico en cita, se desprende que ambas partes involucradas en los hechos aceptaron la comisión de la infracción, es decir, que efectuaron acciones a fin de lesionar a la parte contraria, por lo que aceptaron la sanción derivada, y de igual manera manifestaron la negativa de una conciliación”, dice la tarjeta.

La persona juzgadora y el secretario de juzgado, agrega el texto respuesta, “actuaron conforme a sus atribuciones, referidas en el artículo 67 de la Ley de Justicia Cívica de la Ciudad de México, y llevaron a cabo el debido proceso”. 

Por otro lado, se informa que la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica cuenta con un programa de capacitación constante, que incluye: elementos fundamentales de los derechos humano, violencia de género y género y lucha por la igualdad, entre otros. 

Sobre la respuesta de la Consejería de que Carolina aceptó haber cometido una infracción, su abogada señala que: “la única opción que se le dio fue la de aceptar que hubo lesiones por ambas partes para que tuvieran un arresto, los dos, incluido el agresor, de 36 horas. La asesoría que le dieron estuvo mal en todo el proceso, para empezar no debieron ir al Cívico, no saben identificar cuando hay violencia hacia la población LGBTTI”. 

Agresión de cero a 100

Los hechos ocurrieron el 8 de septiembre, alrededor de las 8 de la mañana, cuando Carolina entró a la farmacia del barrio donde tiene su consultorio veterinario. Solo iba por un papel de baño. La empleaba la estaba atendiendo, cuenta, cuando un hombre entró de forma abrupta pidiendo un cubrebocas. 

“Su actitud fue de atiéndame de inmediato, la señorita lo hace, le da el cubrebocas y todavía pide un suero, ahí es cuando yo le pido a la persona detrás del mostrador que por favor me termine de atender porque es mi turno, eso exacerbó al hombre de cero a 100, empezó a decirme que soy una lencha que quiere que todo el mundo le atienda siempre, una pinche vieja, una machorra, lesbiana, feminazi. Él parecía que me ubicaba de la veterinaria, al parecer es vecino del barrio, yo no lo había visto antes”, relata Carolina. 

La veterinaria dice que lo ignoró y le pidió a la vendedora que hablara con el gerente para pedir un sistema de turnos y evitar esos problemas. 

“Entonces él me dice que me calle, que me va a partir mi madre, que sabe donde vivo, me avienta y alega que es más cliente que yo. Pido que me cobren, manden factura y que me auxilie seguridad porque ya se volvió algo físico. El de seguridad se acerca, pero se queda a unos 2 metros y medio y no interviene. En ese momento me doy cuenta que estoy sola y decido que voy a proceder legalmente. Busco mi celular para tener pruebas, comienzo a grabar y le pido sus datos y que repita todo lo que me dijo”. 

Tal como consta también en la denuncia de los hechos que Carolina pudo hacer hasta el día después, ella intenta tomar las placas del auto del hombre, y él le dice “acércate a las placas y te rajo”. 

La grabación de Carolina, a la que Animal Político tuvo acceso, se interrumpe abruptamente, “fue porque mi teléfono salió volando cuando él me lanzó un golpe frontal”.

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Carolina relata que ante el ataque, ella se defendió. “Le solté una patada y traté de detenerlo porque él se quería dar a la fuga, entonces me da una patada en la rodilla izquierda. Yo grité pidiendo ayuda, pero a pesar de estar rodeada de gente, nadie intervino. Solo un hombre le dijo que ya me dejara, porque él seguía jaloneándose, empujándome y rasguñándome, mientras trataba de llegar a su coche”. 

Cuando la policía se presentó, relata Carolina, “él dice que yo lo ataqué, que es un adulto mayor, que tiene sida, que sufre de una depresión profunda, que está medicado y que yo soy una vieja loca”.

Los policías, cuenta la veterinaria, le preguntaron a ella qué quería hacer. “Se me hizo raro que lo preguntaran, como si no hubiera un procedimiento. Les dije que quería levantar una denuncia, porque eso no se podía quedar así. Yo pensé que nos llevarían al ministerio público, pero en lugar de eso nos llevaron al juzgado cívico CUH-02”.

Carolina asegura que la persona que la recibió ahí no se identificó nunca, “me dicen que la evidencia que yo tengo (el video) no sirve de nada, nos pide la versión a cada uno y después de eso nos dice que el asunto solo se va a resolver de tres maneras: con servicio comunitario, multas o perdón”. 

Como Carolina decide seguir adelante con el proceso, llegan unas abogadas que se presentan como de la Secretaría de la Mujer. “Solo una me da su nombre de pila, Amalia. Sí se portan empáticas, pero cuando les dicen que el hombre es de la tercera edad, no lo verifican y me dicen que él es un adulto mayor y que no hay mucho que hacer, cuando yo escuché después en el hospital donde nos valoraron por los golpes que él admite tener 55 años, eso no es ser adulto mayor”. 

Entre las otras irregularidades que Carolina relata están que justo para llevarla a valoración al hospital por la lesión en su rodilla a causa de la patada que le dio el hombre, la querían trasladar en la misma patrulla que al presunto agresor, que al menos un policía la amedrentó previo al traslado, que no le dieron ni dejaron leer el resultado de la valoración del ortopedista; de la que salió con la pierna enyesada y la indicación de que debía estar inmovilizada diez días. 

Al regresar al juzgado, “nos presentan con el juez cívico y me dice que las lesiones no rebasan los quince días y que no estoy ahí para mostrar pruebas o para hacer alegatos de ningún tipo, únicamente para recibir una sanción y que no incluye servicio comunitario, solo 36 horas de arresto, pago de daños o el perdón”. 

La veterinaria cuenta que ya había decidido otorgar el perdón, ante el consejo de su abogada de hacerlo y después poner una denuncia. Ante esa decisión, los desalojan de la sala mientras preparan los documentos para cerrar el caso, pero entonces, asegura Carolina, el presunto agresor y sus acompañantes empezaron a fotografiarla a ella y a su familia, que ya se había presentado para apoyarla, afuera del juzgado. 

“Le digo a la policía que me escolta que si eso no es ilegal y me dice que no, que yo también puedo tomarle fotos si quiero, decidimos entonces también tomarles fotografías, pero el hombre empezó a agredir verbalmente a mi hermano, después agrede a mi esposa, y a un matrimonio amigo de una mujer y una persona con presentación no binaria”. 

Ante esto, Carolina decide no otorgar el perdón. “Nos llama otra jueza con la que no había yo tratado antes, la licencia Marisol Hernández, y enojada enojada dice que se le ha informado que ya no hay acuerdo, y en un modo violento y alzando la voz me dice: fíjate cómo estás, ¿te quieres ir así en esas condiciones (bajo arresto 36 horas)? Le contesté que si la única manera de que mi agresor tuviera alguna consecuencia era quedándome yo también detenida, entonces eso iba a hacer”. 

Es ahí, dice la veterinaria, cuando la jueza reduce la agresión, diciendo “que parecemos niños chiquitos y que seguramente tenemos pleito desde mucho antes”. 

A Carolina la trasladan en la misma unidad que a su presunto agresor, con un policía al volante, dice, que maneja sin la precaución de llevar a una persona lesionada, a quien además no se le había suministrado medicamento para el dolor por la lesión en la pierna. 

Carolina también enumera entre las irregularidades que vivió: el trato grosero de las autoridades, quienes incluso escucharon varias veces al hombre mientras hablaba por teléfono usar términos despectivos hacia ella y sus acompañantes por su aspecto y su orientación sexual, lo mismo que lanzar improperios y amenazas contra la veterinaria y nunca le pusieron un alto. 

También denuncia que a ella no se le permitió salir del juzgado cívico ni para fumar un cigarro, hasta que aceptó otorgar el perdón, y que estuvo custodiada todo el tiempo por una policía, mientras el presunto agresor se podía mover con libertad. 

En lo que se conoce como el torito, Carolina refiere que fue donde por fin recibió un trato más digno, “me trataron con respeto y amabilidad, pasé ahí la noche y al día siguiente me dejaron salir, porque amigos y conocidos se movieron y lograron la orden de liberación con la ayuda de la dirección del Centro de Atención a Víctimas del Delito”. 

Por las agresiones que sufrió, Carolina levantó ya, con orientación y apoyo de su abogada, una denuncia, de la que Animal Político tiene copia, ante la Fiscalía de Investigación de delitos cometidos en agravio de grupos de atención prioritarios, entre ellos la población LGBTTI, por discriminación, que provoque o incite al odio o a la violencia, y amenazas. 

Esta fiscalía enviará el desglose de los hechos, explica la abogada, a la Fiscalía de servidores públicos a la que le corresponde investigar si hubo negligencia u omisión por parte de las autoridades. 

Carolina está a la espera de lo que resulte, en tanto ya tramitó también una orden de protección y una de restricción para que el presunto agresor no pueda acercársele, dadas las amenazas que le profirió, aunque ni ella ni su abogada saben si de esta ya tiene conocimiento el hombre. 

“Lo que espero no es que detengan al agresor o que rueden cabezas, pero quiero que se revise el proceso para saber si el sistema falló para que no les pase lo mismo a otras personas”, cierra Carolina.