Casi cuatro años después de investigación, el Instituto Nacional Electoral (INE) prevé sancionar con 4.2 millones de pesos a Morena por la retención del 10% de salario a 435 empleados de Texcoco durante la administración de Delfina Gómez como presidenta municipal, la actual secretaria de Educación.
El dinero presuntamente financió a Morena durante el periodo de constitución como partido y la campaña electoral del Estado de México, lo cual, dice el INE, puede constituir “delitos electorales”, por lo que prevé dar vista a la Fiscalía estatal y la Unidad de Inteligencia Financiera para que investigue la ruta de los recursos.
Esto porque las retenciones de salario cada quincena durante tres años sumaron 12 millones 44 mil pesos que terminaron en la bolsa del Grupo de Acción Política (GAP), la organización a la que Delfina Gómez ha pertenecido y liderada por el actual senador de Morena, Higinio Martínez Miranda, según detectó el INE.
Sin embargo, sólo la información encontrada “permite acreditar la existencia de un esquema de retenciones salariales, mismo que se tiene certeza que benefició directamente al Partido Político Nacional Morena por la cantidad de 2 millones 114 mil pesos”. Por lo que la multa sólo será de 4.2 millones de pesos.
El proyecto del INE que será discutido en sesión pública este viernes corresponde a la investigación de la queja INE-Q-COF-UTF-44/2017/EDOMEX iniciada por la Unidad Técnica de Fiscalización del el INE ante la denuncia interpuesta por el PAN en 2017, como publicó Animal Político en diciembre pasado.
En el esquema también estarían involucrados otros funcionarios federales en activo y allegados al presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de Horacio Duarte, actual Administrador General de Aduanas, y quien ocupaba el cargo de secretario municipal en Texcoco, y Alberto Martínez Miranda, entonces tesorero del municipio y hermano de Higinio Martínez. Todos, impulsores del Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado de México desde sus inicios.
Tanto en la investigación del INE como en entrevistas hechas por Animal Político a extrabajadores municipales, éstos sostienen que se veían obligados a entregar el 10% de su salario por la amenaza de ser despedido o “no ser tomado en cuenta” para futuros ascensos o beneficios laborales.
En los tres años de ‘diezmo’ la forma de comprobar la entrega cambió, junto con su recibo de nómina les era entregado un “talón”, o un oficio o una lista donde firmaban la cantidad entregada. El dinero era recabado por María Victoria Anaya Campos, entonces secretaria privada de la presidenta municipal, y pareja de Jesús Duarte Olivares, hermano de Horacio Duarte.
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Según el INE, Anaya Campos habría recaudado 11.9 millones de pesos, entre febrero de 2013 y marzo de 2015; mientras que Sara Rosas Rosas, jefa de departamento de Recursos Humanos, recaudó 1.8 millones de pesos de abril a junio de 2015.
En 2013 la suma recaudada fue de 4 millones 374 mil pesos; el año siguiente, cuando Morena logró el registro como partido político obtuvieron 5 millones 496 mil pesos y en 2015, durante la campaña de Delfina Gómez por una diputación federal, recabaron 2 millones 574 mil pesos.
Higinio Martínez, un político con fuerte influencia en Texcoco, Nezahualcóyotl y Ecatepec, dos veces presidente municipal en Texcoco y quien ha respaldado la carrera política de Delfina Gómez, entonces era diputado local, pero sostiene que las aportaciones siempre fueron de manera voluntaria y nunca hubo nada ilegal.
“No han podido perseguirnos en nada porque es dinero que no era de la administración, no era dinero público, sino era dinero del funcionario que libremente decidía entregar a cuenta de algunos beneficios y por eso no hay fraude, ni robo ni mal manejo de dinero”, dice en entrevista con Animal Político.
Explica que la aportación de un parte del salario para algunos funcionarios –sin incluir a sindicalizados, policías y de base– era parte de un estatuto del PRD, partido que había mantenido el gobierno de Texcoco. Luego, en 2013, al asumir como presidenta municipal, Delfina Gómez, decidió mantener esa práctica y donar parte de su salario para ayudas a los necesitados, y otros funcionarios más decidieron hacerlo también.
Según Martínez Miranda, con esos recursos ayudaban a personas con discapacidad, para comprar medicinas o ayudar a quien tuviera alguna otra necesidad en el municipio, pero rechaza que dichos recursos terminaran en el Grupo de Acción Política, puesto que éste ni siquiera existe.
“El GAP es un mito, no existe, no existió ni legal ni políticamente como tal. Sólo es una referencia entre equipos opositores dentro del partido”, afirma.
