La estrecha relación entre la cocaína y la madera ilegal en la Amazonia
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Leandro Santana//Polícia Civil do Pará

La estrecha relación entre la cocaína y la madera ilegal en la Amazonia

Investigadores y policías brasileños señalan el creciente uso de cargamentos forestales en la exportación de drogas: la madera procedente de delitos medioambientales es ahora uno de los principales “encubridores”.
Leandro Santana//Polícia Civil do Pará
Por Ciro Barros/Agência Pública
19 de septiembre, 2021
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Las investigaciones vienen señalando desde hace tiempo el importante volumen de explotación ilegal en el mercado de la madera en Brasil y su relación con la deforestación en la Amazonia. Según un estudio realizado en 2020 por la ONG Imazon, alrededor del 70% de la madera explotada en el estado de Pará entre agosto de 2017 y julio de 2018 tenía un origen ilícito – tomada de áreas donde no había autorización del estado.

Sin embargo, lo que es nuevo es el fenómeno de la creciente superposición de las rutas de las facciones criminales del narcotráfico con las de los grupos vinculados a los delitos medioambientales. El delito medioambiental puede estar sirviendo como una nueva forma de capitalización para los narcotraficantes, con pruebas del uso de cargamentos de origen forestal para disfrazar el envío de drogas al extranjero.

La situación es señalada por fuentes vinculadas a la Policía Federal (PF) y por investigadores de seguridad pública escuchados por la Agencia Pública. “El principal producto forestal utilizado para la exportación de drogas a Europa es la madera”, afirma Aiala Couto, geógrafa de la Universidad Estatal de Pará (Uepa) e investigadora asociada al Foro Brasileño de Seguridad Pública y al Instituto Clima y Sociedad. Couto está desarrollando una investigación que se publicará este año y que trata de la territorialización del crimen organizado en la Amazonia y su relación con los delitos medioambientales. Según él, los productos minerales, especialmente el manganeso, ocupan el segundo lugar en la lista de incautaciones.

Un estudio de Pública, basado en noticias de sitios web oficiales del gobierno y de la prensa, identificó al menos 16 grandes incautaciones de cocaína en cargamentos de madera destinados a la exportación por mar entre 2017 y 2021. En total, las incautaciones ascendieron a unas 9 toneladas de la droga y estaban destinadas a países europeos como España, Bélgica, Francia, Alemania, Portugal, Italia y Eslovenia. Se produjeron con mayor frecuencia en los puertos del sur y sureste de Brasil, en cargamentos de troncos de madera, vigas, palés y laminados.

Fotos de las incautaciones de cocaína embalada en cargamentos de madera en los puertos del estado de Río de Janeiro, Santa Catarina y Paraná entre 2019 y 2021. Ascom/Receita Federal/Polícia Federa.

Ascom/Receita Federal/Polícia Federa

La investigación de Couto muestra que, entre 2017 y 2020, se incautaron en los estados amazónicos unas 9 toneladas de drogas -principalmente cocaína y marihuana- procedentes de Surinam, Colombia, Bolivia, Venezuela y Perú. La droga llegó principalmente por vía fluvial y terrestre. Los datos también se recopilaron a partir de las noticias sobre las incautaciones. La información recopilada por el investigador apunta a un solapamiento entre las zonas en las que se producen incautaciones de madera ilegal y contrabando de minerales y las zonas de incautación de drogas.

Según información de la Secretaría de Ingresos Federales pasada a Pública, sólo en el puerto de Santos, en el estado de São Paulo, se incautaron más de 2 toneladas de narcóticos envasados en productos de origen extractivo entre 2019 y 2021. Las drogas se encontraron en palés de madera, fibras de amianto, cargas de grafito, microsílice y corindón (un mineral a base de óxido de aluminio).

De acuerdo con el delegado titular del Departamento de Policía de Represión de Narcóticos (DRE) PF en el estado de Amazonas, Víctor Mota, se ha encontrado que la madera es la carga más utilizada por el tráfico de drogas. “Ya hemos hecho un estudio de las exportaciones del narcotráfico a Europa, y la primera toma de carga es la madera. Ya sea en forma de muebles, ya sea en forma de vigas, o en otras formas”, dijo el delegado, en una entrevista con Agência Pública. Según Mota, esta información está contenida en una encuesta interna ya elaborada por la PF, pero la institución negó la solicitud de acceso al documento.

El delegado fue el responsable de una de las operaciones más recientes sobre los vinculos de los delitos medioambientales con personas asociadas al narcotráfico. Deflagrada en julio de 2020, la Operación Schelde investigó quién estaba detrás del envío de 250 kg de cocaína a Bélgica en un cargamento de vigas de madera de origen ilícito en 2019. La investigación fue concluida recientemente por la PF y muestra la participación de personas con vínculos pasados con facciones criminales en el esquema.

El debilitamiento de la legislación medioambiental atrae a los grupos criminales

“Las rutas que se utilizan para el narcotráfico también se usan para el contrabando de madera, y algunas están cerca de las zonas de contrabando de minerales, especialmente en la minería ilegal de oro”, dice la investigadora Aiala Couto. “Hay una mezcla en estas relaciones . Y esto nos permite asociar el discurso del gobierno en relación a la cuestión ambiental con este fortalecimiento de las acciones de estas actividades criminales que conciernen al medio ambiente. Esto hizo posible que los grupos criminales organizados vieran estos delitos como una posibilidad dentro de su campo de acción para acumular capital”, argumenta.

Couto señala que ya hay registros de facciones criminales que compran ilegalmente áreas de bosque para beneficiarse de la tala ilegal e incluso para establecer áreas para la producción de marihuana, como ha estado sucediendo en el llamado “polígono de la marihuana” o “polígono de la hierba”, situado en el noreste de Pará.

La investigación de Couto registra la incautación de más de 2 millones de plantas de marihuana en la region de la Amazonia brasileña entre 2015 y 2020, el 55% del total incautado en el estado de Pará, con gran énfasis en los municipios del polígono. En agosto de 2020, la Operación Cosecha Maldita, lanzada conjuntamente por la Policía Federal y la Policía Civil de Pará, incautó cerca de 200 toneladas de marihuana en el noreste de Pará (más de 400.000 plantas). Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), ya hay registros de conflictos entre traficantes y comunidades tradicionales, como el caso de los ataques de piratas a la comunidad ribereña de Itamimbuca, en el municipio de Igarapé-Miri, ocurrido en enero de este año.

La operación de agosto de 2020 destruyó miles de plantas de marihuana en el noreste de Pará, en la zona denominada “polígono de la marihuana”. Leandro Santana//Polícia Civil do Pará

“Hay denuncias de personas involucradas en conflictos agrarios con este tema ”, dice la coordinadora del Núcleo de Asuntos Agrarios y de la Tierra del Ministerio Público del Estado de Pará (MP-PA), Ione Nakamura. El fiscal, sin embargo, dice que el tema es aún incipiente en el MP y que nunca ha sido investigado por la Fiscalía Agraria.

Los grupos criminales están asociados a grupos económicos que ya explotan activamente la minería ilegal en la Amazonia, como reveló la agencia de noticias Amazônia Real en el caso de la minería clandestina en las zonas de los indigenas yanomami en Roraima.

Más que el mero reparto de rutas, Couto ve una creciente imbricación entre el narcotráfico y los delitos medioambientales, que se ha acelerado tras la disputa entre grupos criminales por las principales rutas de la Amazonia, que suelen coincidir con las de los delitos medioambientales. A pesar de ello, la lucha contra la delincuencia en el Amazonas a veces no tiene en cuenta esta conexión y esto acaba fortaleciendo las facciones.

“Hay varias zonas del Amazonas en las que estas actividades delictivas se solapan, como la minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico”, argumenta Aiala. “Tenemos un gobierno que fue elegido bajo la bandera de la seguridad pública, pero que no puede ver que existe esta relación entre la seguridad pública y el medio ambiente. Y toda la narrativa, el discurso y la acción ha potenciado el crecimiento del crimen organizado en la Amazonía hoy. Las cifras se han intensificado desde el gobierno de Bolsonaro. Hay que entender el crimen organizado más allá de las siglas PCC y Comando Vermelho. Por ejemplo, hay grupos que se dedican a la minería ilegal, el acaparamiento de tierras, la tala ilegal, el contrabando de oro

y la invasión de tierras indígenas. Estos grupos crean empresas, blanquean dinero, participan en el contrabando, el narcotráfico y el tráfico de armas. La relación es amplia y compleja”, advierte.

Para el ex superintendente de la PF en el Amazonas, el delegado Alexandre Saraiva, las leves penas para los delitos ambientales en la legislación y la posibilidad de ganancias atraen cada vez más a las organizaciones criminales hacia el crimen ambiental. “Hay un simple análisis de riesgo por parte del delincuente. Busca allí en la legislación medioambiental y ve que, si sólo se aplica la legislación medioambiental, es extremadamente limitada. No necesita pensar mucho. Es posible ver a personas vinculadas a organizaciones criminales trabajando en el comercio ilegal de madera”, afirma Saraiva, que comandó una de las mayores operaciones contra la madera ilegal de la historia del país, la Operación Arquímedes.

En una operación de la Policía Civil de Pará, en marzo de este año, se incautaron 120 kg de cocaína a un grupo criminal dedicado al tráfico internacional. Reprodução/Polícia Civil do Pará

Para el jefe de la policía, Víctor Mota, la debilidad de la legislación medioambiental puede acabar colaborando con el crecimiento de otros delitos, como la exportación de drogas. Un ejemplo es la orden 7036900, de febrero de 2020, publicada por el ex presidente del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) Eduardo Bim, que fue destituido por orden judicial. El envío motivó las investigaciones que culminaron en la operación que tiene como investigados al ex ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles y a Bim.

El documento prescindía de la autorización del Ibama para la exportación de madera, pero fue suspendido por decisión del ministro del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes en mayo de este año. “Esto facilita . Es una cosa que acaba tirando de la otra. Si no se inspecciona qué tipo de madera hay, cuánta madera se transporta, si esta madera se puede exportar, de dónde se ha sacado. Si no tienes esta sospecha inicial sobre el material, ¿cómo puedes saber si contiene o no narcóticos? Si se empieza a hacer la vista gorda con este material, los chicos lo utilizarán cada vez más como escondite”, valora.

Deflagrada en julio de 2020, la operación Schelde se incautó de unos 250 kg de cocaína en vigas de madera enviadas a Bélgica. Ascom/PF

Este reportaje fue publicado originalmente en  Agencia Pública.

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'Solo sí es sí': por qué muchos agresores sexuales en España podrán salir de prisión antes de tiempo bajo una nueva ley

Un agujero legal en la nueva legislación sobre la libertad sexual en España ha abierto la puerta a la rebaja de la pena a personas ya condenadas por agresión sexual.
18 de noviembre, 2022
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Lleva en vigor apenas un mes, pero la polémica no abandona a la nueva ley española conocida como del “solo sí es sí”.

Un “agujero legal” en La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que impulsó el sector más izquierdista del gobierno español, ha provocado que la aplicación de la norma tenga una consecuencia indeseada para sus promotores: la reducción de la pena a algunos condenados.

Desde que comenzó a aplicarse, una quincena de agresores condenados con la legislación antigua han obtenido una rebaja automática en sus penas, entre ellos un hombre que abusó sexualmente de su hijastra de 14 años. Tres de ellos han sido excarcelados.

El cambio en el régimen jurídico, que se aprobó tras más de cuatro años de debate, no incluyó una disposición transitoria para acotar los casos susceptibles de revisión de la pena, una especie de reglas que establecen el paso de un Código al otro.

Esta es una disposición que suelen adjuntar las nuevas leyes que modifican el Código Penal español.

La ley de Libertad Sexual ha eliminado la distinción entre abuso y agresión sexual. Ahora, toda interacción sexual sin consentimiento se considera una agresión.

Sin embargo, esta refundición de conductas también ha ampliado el rango de las penas que se aplican a estos comportamientos, que pueden ser muy distintos.

En algunos supuestos, las penas mínimas y las máximas son más bajas.

Esto ha sido aprovechado por los abogados de algunos condenados, que tienen derecho a que su pena se adapte a la nueva ley si esta les resulta más favorable.

Perspectiva de género

Para la ministra española de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, el problema radica en que “hay jueces que no están cumpliendo con la ley” por “machismo“, y ha pedido que se refuerce la formación en igualdad en el sistema judicial.

La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

EPA
La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

Según la ministra, la ley está bien redactada y el problema se encuentra en la aplicación e interpretación de la misma por jueces a los que les falta “perspectiva de género”.

La titular de Derechos Sociales y líder del partido izquierdista, Ione Belarra, también ha dicho que los jueces están aplicando “mal” la nueva ley, y ha acusado a una parte de la magistratura de erigirse como “oposición al gobierno de coalición, y especialmente al ministerio de Igualdad”.

Ante las críticas, los jueces aseguran que ellos mantienen un compromiso con las víctimas, pero que la nueva ley puede dar lugar a interpretaciones.

El Consejo General del Poder Judicial, conocido como “gobierno de los jueces”, ya había advertido en un informe antes de que se aprobara la ley que ésta podría dar lugar a “una revisión de las condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas”.

Varias agrupaciones de jueces, entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura, que reúne al mayor número de juristas en España, han pedido la dimisión de la ministra de Igualdad por sus ataques a los jueces y por generar “una alarma innecesaria y devastadora” entre las víctimas.

En el Gobierno de coalición, los socialistas se han abierto a revisar la ley del “solo sí es sí”.

“Si hay que abordar una reforma para conseguir un respaldo más sólido a las víctimas, habrá que abordarla”, ha dicho la ministra socialista de Educación, Pilar Alegría.

La ley, sostiene, se aprobó para la protección integral de las víctimas.

El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que corresponde a los jueces y fiscales “unificar” la doctrina al respecto.

Origen

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual tiene su origen en el polémico caso conocido como de “la manada“, que generó manifestaciones en todo el país y la exigencia de parte de la sociedad española de reformar las leyes para proteger a las mujeres de ataques sexuales y endurecer los castigos para quienes los perpetren.

En este caso, cinco hombres violaron a una joven de 18 años en un portal de Pamplona y fueron condenados a penas de 15 años.

Paradójicamente, la nueva ley podría rebajar la condena de alguno de ellos.

Su abogado ya ha dicho que, a la luz del nuevo código, pedirá la reducción de la pena de al menos uno de los condenados.

La ley se conoce como de “solo sí es sí” por uno de sus postulados más importantes y, a la vez, más polémicos: la del consentimiento antes de cualquier agresión sexual.

“Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, expone el texto legal.

Esto supone que una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o que la víctima haya tratado de resistirse.

La nueva norma también castiga el acoso callejero y la violencia sexual digital, entre otros delitos.


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