En vísperas de rendir protesta como gobernadora constitucional de Chihuahua, la Fiscalía Anticorrupción del estado desistió de la acusación en contra de la panista María Eugenia Campos Galván por presunto uso ilegal de atribuciones y cohecho.
Así, la exdiputada local y alcaldesa de la capital de Chihuahua limpia su camino para asumir sin cargos la gubernatura del estado el próximo miércoles 8 de septiembre, en una operación que toca varias bandas en la justicia local.
La gobernadora electa enfrentaba dos procesos judiciales. En uno de ellos, asentado en la causa penal 3022/2020, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua la acusaba de haber cobrado sobornos a empresarios cuando Campos Galván era alcaldesa de la capital. Este es el caso del que la autoridad ministerial retiró los cargos, sin que alguna vez se llevara a cabo la audiencia inicial de vinculación a proceso.
El otro proceso contra la panista fue judicializado en la causa penal 2821/2020, en la que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) –una autoridad ministerial ajena a la Fiscalía Anticorrupción— logró que Maru Campos fuera vinculada a proceso el pasado 1 de abril por el delito de cohecho, por presuntamente haber recibido sobornos por más de 9 millones de pesos del exgobernador César Duarte en el periodo en que la panista era vicecoordinadora de su bancada en el Congreso local.
Sin embargo, el Poder Judicial estatal convocó a una audiencia donde la gobernadora electa apelará esa vinculación a proceso el próximo martes 7 de septiembre, un día antes de su toma de protesta. Se prevé que el juez conceda la revocación, con lo que Campos Galván asumiría el cargo sin una sola acusación en su contra, de acuerdo con fuentes del gobierno estatal.
Adicionalmente, el Tribunal Electoral federal resolverá impugnaciones por presuntas irregularidades en la elección de la gubernatura. El asunto, en manos de la ponencia de la magistrada Mónica Soto, confirmará el resultado de los comicios a favor de Maru Campos, adelantaron fuentes de la Sala Superior.
Anteriormente, el Tribunal Electoral ya había determinado que la panista sí podía ser candidata aun cuando estuviera vinculada a proceso, pues, en tanto que no existía una sentencia en firme en su contra, sus derechos político-electorales estaban vigentes.
El desistimiento
El pasado 27 de agosto, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, cuya titular es Gemma Chávez, solicitó al Tribunal Superior de Justicia dejar sin efecto la solicitud de audiencia inicial de vinculación a proceso en contra de Campos Galván en la causa penal 3022/2020, presentada ante la autoridad judicial por los delitos de uso ilegal de atribuciones y cohecho.
Esa audiencia, que fue solicitada desde el 16 de diciembre de 2020, nunca se llevó a cabo, debido a que la gobernadora electa promovió varias suspensiones judiciales para aplazar su realización.
El desistimiento de la Fiscalía Anticorrupción fue declarado procedente por la jueza Hortensia García.
La Fiscalía explicó que hizo dicha solicitud luego de que tres exfuncionarios que habrían colaborado con Maru Campos en los presuntos actos de corrupción, y quienes fungieron como testigos de la autoridad ministerial acogiéndose a un criterio de oportunidad, se desdijeron de sus declaraciones en contra de la panista.
Además, la Fiscalía señaló haber conocido un nuevo testimonio de un “testigo crucial” que pone en duda presumir que la gobernadora electa participó en los actos que se le imputaban.
“En virtud del análisis de los datos recabados en fechas recientes, así como de los antecedentes de investigación que conforman indagatoria, es que se llegó a la conclusión de que era necesario retirar la petición de solicitud de audiencia inicial efectuada al tribunal en fecha ya referida (16 de diciembre de 2020) en contra de la C. María Eugenia Campos Galván, toda vez que, derivado de las nuevas declaraciones, en relación al resto del caudal probatorio, en este momento resulta cuestionable establecer, incluso en grado de probabilidad, la participación de María Eugenia Campos Galván en la conducta delictiva de uso ilegal de atribuciones y facultades y cohecho”, explicó la Fiscalía.
Si bien el desistimiento de la autoridad ministerial surte efectos sobre la gobernadora electa, el proceso se mantiene en contra de los otros tres coimputados, quienes se desdijeron de sus declaraciones.
Se trata de Luis Orlando Villalobos Seáñez, que era director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en el Ayuntamiento de Chihuahua y que fue subdelegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en el estado durante el sexenio de César Duarte.
También son señalados Félix Arturo Martínez Adriano, exdirector de Mantenimiento Urbano del Municipio (“City Manager”) e integrante del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento, y Luis Carlos Piñón Balderrama, quien era coordinador de Administración en dicha Dirección de Mantenimiento Urbano, donde era subordinado de Martínez Adriano.
En marzo, Animal Político dio a conocer detalles de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción en contra de la gobernadora electa como parte de la causa penal 3022/2020.
De acuerdo con la Fiscalía, Maru Campos habría recibido de empresas contratistas del Ayuntamiento de Chihuahua pagos mensuales por más de 1.3 millones de pesos entre 2017 y 2018.
Además, en ese mismo periodo, habría utilizado una tarjeta de crédito perteneciente a una empresa a fin de solventar, mes con mes, gastos personales. La tarjeta fue usada en varias ciudades de México y de Estados Unidos, Italia y Francia; la suma de cargos atribuidos a la panista ronda 1 millón de pesos.
Campos Galván presuntamente ordenó la adjudicación de contratos para limpia y mantenimiento de camellones, parques y jardines municipales a cinco empresas que estaban vinculadas entre sí y simularon competencia en los procesos de licitación.
En 2018, tres de esas empresas obtuvieron del municipio contratos por 5 millones 308 mil 815 pesos sin IVA. El año anterior, en el ejercicio 2017, las otras compañías del grupo ganaron adjudicaciones por 7 millones 884 mil 331 pesos.
Preparan perdón por la “nómina secreta de Duarte”
El próximo martes 7 de septiembre, un día antes de que rinda protesta como gobernadora constitucional de Chihuahua, Campos Galván fue convocada por el Poder Judicial del Estado a una audiencia en la que apelará la vinculación a proceso que le fue dictada el pasado 1 de abril por el delito de cohecho en el caso conocido como “nómina secreta” (causa penal 2821/2020).
El 7 de abril, Campos Galván y Rodrigo de la Rosa –excoordinador de la bancada del PRI en el Congreso estatal y quien fue vinculado a proceso junto con la panista— promovieron un recurso en contra de dicha resolución, dictada por el juez Samuel Uriel Mendoza.
Fue hasta cinco meses después, y un día antes de su toma de protesta, que la justicia estatal decidió convocar a la audiencia requerida por los imputados para presentar sus alegatos.
El acto tendrá lugar a las 12:00 horas del martes 7 de septiembre, de manera presencial, en la Sala de Audiencias Orales del Centro de Justicia de Chihuahua, de acuerdo con la notificación judicial, a la que tuvo acceso este medio.
En el caso de la “nómina secreta”, Campos Galván fue acusada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de haber recibido sobornos por al menos 9 millones de pesos entre 2014 y 2016 de parte del entonces mandatario priista César Duarte, quien hoy está preso en Estados Unidos por un desfalco millonario al erario estatal y por asociación delictuosa.
La acusación sostiene que los presuntos pagos se efectuaron cuando Maru Campos era vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Congreso local, entre 2014 y 2015, y se extendieron a lo largo de 2016, cuando fue candidata a la alcaldía de Chihuahua para su primer mandato en ese cargo.
Los presuntos sobornos, que habrían sido pagados a varios legisladores de diversos partidos — incluido el priista Rodrigo de la Rosa— , tuvieron el objeto de garantizar apoyo en el Legislativo a los intereses del entonces gobernador Duarte, especialmente en la aprobación de las Cuentas Públicas y la adquisición de deuda.
El pasado 1 de abril, Campos Galván fue vinculada a proceso por el delito de cohecho, luego de que el juez acreditó que las pruebas presentadas por la FGE —principalmente copias notariadas de los recibos mediante los cuales se efectuaron las transferencias— eran fidedignas.
Fuentes del Ejecutivo estatal prevén que, en la audiencia del próximo martes, se revoque la resolución de vinculación a proceso.
