Fondo Catastrófico en Salud se reduce y arriesga tratamientos: ONG
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Fondo de Gastos Catastróficos en Salud se reduce y pone en riesgo tratamientos, advierten organizaciones

Las organizaciones señalan que no se debe disponer de todos los recursos del fondo porque se quedarían sin atención las enfermedades de alto costo de pacientes del INSABI, que no cuentan con un esquema de seguridad social. 
Cuartoscuro
20 de septiembre, 2021
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En dos años, por ley, se ha ordenado disponer de hasta 73 mil millones de pesos del FONSABI para financiar al INSABI, la pandemia y otras acciones de salud. Organizaciones señalan que el retiro de dinero preocupa pues estos recursos están destinados a cubrir las enfermedades de alto costo de pacientes del INSABI, que no cuentan con un esquema de seguridad social. 

“Si bien es estratégico movilizar recursos para enfrentar la pandemia, esto no debe hacerse a costa de las y los pacientes del INSABI”, señala un comunicado hecho público este lunes por 26 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Fundar, Cero Desabasto y Nosotrxs. 

El FONSABI – antes Fondo de Gastos Catastróficos -es una herramienta del INSABI que financia principalmente 66 intervenciones de padecimientos de alto costo como algunos tipos de cáncer, trasplantes, el VIH, malformaciones congénitas y/o adquiridas, entre otros. 

Lee: Fondo de Salud para el Bienestar tuvo en 2019 menos dinero del que le corresponde y reglas deficientes: ASF

Este Fondo se creó en la reforma a la Ley General de Salud (LGS) en 2019 y sustituyó al antiguo Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, que operó desde 2004. 

La ventaja de que los recursos estén depositados en un fideicomiso es que se pueden ir acumulando para cubrir los gastos en el largo plazo, dice el comunicado, en lugar que año con año estos tengan que regresar a la tesorería de la federación. 

“Preocupa que los recursos del Fondo se han reducido 44% en dos años pasando de 113 mil millones de pesos en 2019 a 64 mil millones de pesos en el segundo trimestre del 2021”, alertan las organizaciones. 

Esta disminución obedece a tres reformas aprobadas en los dos últimos años, que toparon el monto anual que el Fondo puede acumular en 32 mil millones de pesos y permitieron al gobierno disponer del excedente de este monto.

En octubre de 2020 cuando se discutió una de las reformas a la Ley General de Salud, el diputado Iván Pérez Negrón, quien presentó la iniciativa de reforma, argumentó que en el Fondo de Salud había acumulados muchos más recursos (más de 97 mil millones de pesos) de los que se gastan cada año, alrededor de 14 mil millones de pesos.

“Se dijo que se iba a dejar sin tocar en el FONSABI un monto de 32 mil millones de pesos y que el resto se iba a usar para el gasto en salud, el problema -dice Janet Oropeza, integrante de Fundar, una de las organizaciones que firma el comunicado- es que se desconoce cuánto se ha gastado hasta la fecha de ese resto y en que se ha gastado en específico, el único dato que se tiene es que al segundo trimestre de 2021 quedaban 64 mil millones de pesos (el doble de lo que por Ley se estableció dejar).”

Desde su creación en enero de 2020, el INSABI eliminó la afiliación y amplió su cobertura a 68 millones de personas (16 millones más que el Seguro Popular). 

Lee: Insabi, Marina y Birmex asignaron más del 70% de presupuesto para compras a adjudicación directa en 2020

Pero otras organizaciones como el CIEP han calculado que el presupuesto actual del fondo puede ser insuficiente para financiar las 66 intervenciones con la nueva población objetivo.

“El FONSABI cubre 66 padecimientos, pero falta agregar más, hay muchos que todavía no están incluidos y hay umbrales de edad para el acceso, así que esto no debería tratarse de quitarle recursos, sino de ampliar su cobertura”, asegura Oropeza, en entrevista con Animal Político. 

En los últimos dos años el gasto ejercido para financiar enfermedades de alto costo se redujo, dice el comunicado de las organizaciones, de 7 mil 715 millones en 2018 a 5 mil 642 millones de pesos en 2020 (una disminución de 27%). Esto significa que cada vez se realizan menos intervenciones y se dan menos tratamientos para pacientes del INSABI con enfermedades de alto costo cubiertas por el Fondo.

Y agrega que: “desde la llegada de la nueva administración, de acuerdo a datos públicos y algunos generados por la iniciativa Cero Desabasto, las instituciones de salud, incluido el INSABI, han enfrentado problemas en el abasto de medicamentos, que ponen en riesgo la integridad física e incluso la vida de pacientes”. 

Por lo anterior, señala el comunicado, “instamos al poder legislativo a discutir ampliamente las consecuencias de aprobar el artículo décimo cuarto transitorio de dicha iniciativa y buscar obtener recursos para la atención de la pandemia de otros rubros no tan prioritarios”. 

Para 2022, según la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, se planea disponer nuevamente de recursos del Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI). El artículo décimo cuarto señala que estos se usarán para la adquisición de las vacunas, la atención del COVID-19 y el fortalecimiento de los programas y acciones en materia de salud. 

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Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, los mexicanos siguen exigiendo respuestas.
26 de septiembre, 2022
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La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.

Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña ciudad de Cocula, se dijo que un basurero fétido en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más relevantes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una Comisión de la Verdad creada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del caso, algunos de los actores clave han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general

El viernes 19 de agosto, el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como procurador general del gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Jesús Murillo Karam

Getty Images
Jesús Murillo Karam era el procurador general de México cuando desaparecieron los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones ante un juez el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que, si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora está procesado. Si bien no se ha anunciado una fecha para un posible juicio, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Tomas Zeron

Getty Images
Se cree que Tomás Zerón está en Israel.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los pocos días del crimen. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

José Luis Abarca

Getty Images
Las autoridades anunciaron el arresto de José Luis Abarca en una conferencia de prensa en 2014.

El pasado 14 de septiembre, un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas para arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares todos vinculados al caso han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

Soldados mexicanos

Getty Images
Soldados mexicanos buscando a los estudiantes desaparecidos en 2014.

El Ejército

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el Ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a marinos mexicanos manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

Lee: Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia


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