Policías acusados en masacre de Camargo denuncian irregularidades
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'Nos hicieron ir a la Fiscalía con engaños': policías acusados de masacre de Camargo denuncian irregularidades en el proceso

Animal Político accedió a las grabaciones de las audiencias celebradas contra los agentes los días 2 y 8 de febrero. Están acusados de perseguir, asesinar y quemar los cuerpos de 19 personas.
AFP
21 de septiembre, 2021
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“Nos quitaron las armas y posteriormente nos hicieron ir a la fiscalía con engaños, que nos iban a entregar las armas y los vehículos. Nunca nos dijeron que estábamos como sospechosos”. Es el testimonio de Mayra Elizabeth Vázquez Santillana, policía estatal de Tamaulipas y una de las 12 imputadas por la masacre de Camargo en la que fueron asesinadas 19 personas, de ellas 17 migrantes centroamericanos.

Según su relato, el 29 de enero, una semana después del hallazgo de los cuerpos, fue citada junto con varios compañeros para declarar como testigos, pero se les obligó a entregar sus celulares y sus armas, que se convertirán luego en prueba contra ellos. Actualmente se encuentra en prisión vinculada a proceso por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas.

Animal Político tuvo acceso a las audiencias celebradas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, los días 2 y 8 de febrero. En ella, los acusados denunciaron irregularidades en el proceso y aseguraron haber sido conducidos con engaños a la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas (FGE) y sufrir presiones para sus declaraciones.

Vázquez Santillana estaba adscrita a la dirección de operaciones de la Policía estatal de Tamaulipas y era la oficial de mayor rango cuando tuvo lugar la masacre. No entró en detalles sobre dónde se encontraba el día de la masacre ni quiso rechazar las acusaciones formuladas por la Fiscalía General del Estado (FGE). Se centró en denunciar las presuntas irregularidades practicadas por los investigadores para sentarles en el banquillo de los acusados.

En aquellas audiencias solo declararon esta oficial y el comandante Horacio Rocha Nambo, quien el día de los hechos estaba al frente de las unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) que fueron señaladas por participar en la masacre. Su abogado, Jesús Eduardo Govea, insistió en que el modo en el que se obtuvieron las pruebas fue irregular y que no hay pruebas de que cada uno de los imputados tenga responsabilidad en los hechos.

Según el relato de Vázquez Santillana, los policías fueron citados en la sede de Seguridad Pública el día 29 por la mañana. Una vez allí les instruyeron para desplazarse a Fiscalía General del Estado (FGE) donde debían declarar en calidad de testigos. Sin embargo, fueron interrogados y obligados a entregar sus teléfonos celulares y sus armas.

“Nos retuvieron ahí, no nos dejaron agarrar el teléfono ni hacer llamadas. Nos tuvieron desde las 6 de la tarde del 29 hasta el 30, hasta las 7, 8 de la mañana”, dijo, con voz temblorosa, la oficial. Durante los interrogatorios, aseguró, los ministerios públicos les presionaban para que sus declaraciones fueran iguales entre sí. “Yo estaba declarando, el licenciado decía que los demás no decían lo mismo, y me estaba presionando”, afirmó la policía. “Nos decían que nos iban a meter de jale si no decíamos la verdad”, aseguró, ya entre lágrimas.

Una vez tomada la declaración de todos los policías quedaron en libertad, aunque sin armas y sin teléfonos celulares.

Posteriormente, el 2 de febrero fueron nuevamente citados en Fiscalía, donde ya les comunicaron su condición de imputados. Ese mismo día comenzó la audiencia inicial en la que fueron vinculados a proceso.

La ubicación de los celulares es clave

Para el abogado defensor Govea, la forma en la que se incautaron los celulares fue irregular, ya que no contaba con la autorización de un juez. Esto fue rebatido por la Fiscalía, que asegura que el proceso se dio con todas las garantías. El modo en el que se obtuvieron los teléfonos será una clave en el proceso. Las sábanas de llamadas y la geolocalización de los aparatos constituyen una prueba clave que explica la vinculación a proceso de los policías.

Como adelantó Animal Político, los teléfonos sitúan a los policías entre las 10 y las 11 de la mañana en las inmediaciones de la brecha de Camargo en la que aparecieron los cuerpos y las camionetas calcinadas.

El relato del comandante Nambo, el segundo en declarar en aquella audiencia, es coincidente con el de Vázquez Santillana. El oficial de los GOPES aseguró que el 29 de enero fueron citados en Fiscalía, donde les comunicaron que debían rendir entrevista como testigos. “Accedí, ya que se me dijo que iba como testigo. Estuvimos toda la noche, se me pidió mi teléfono, así como mi armamento”, explicó.

Esto motivó las sospechas del policía, quien preguntó por los motivos de este trato. “Pregunté si estaba detenido, me dijeron que algo así”, explicó. “Me hicieron sentir como un testigo, pero me custodiaban, me sentía privado de mi libertad”, afirmó. Horas después pudo regresar a su base aunque sin armas y sin teléfonos. Días después, el 2 de febrero, fue requerido nuevamente para trasladar los blindados de los GOPES ante el Ministerio Público. Al llegar le se leyeron sus derechos y quedó detenido, situación en la que permanece hasta la actualidad.

No ha trascendido al público el contenido de las entrevistas que los policías mantuvieron en la Fiscalía antes de ser detenidos, que ambos policías aseguran haber firmado sin leer.

“Se pretende utilizar sus entrevistas, a partir de su contenido, como declaración en la que se autoincriminen como partícipes”, denunció Govea, el abogado defensor.

Por ahora la única versión sobre cómo ocurrieron los hechos según los oficiales aparece en el informe policial homologado firmado por Vázquez Santillana. En él se asegura que llegaron al lugar de los hechos pasadas las 14.00 horas después de ser alertados sobre un tiroteo por parte de una persona que no quiso identificarse. Sus teléfonos celulares, sin embargo, los ubican en la zona cuatro horas antes, justo en el momento en el que los migrantes fueron asesinados y calcinados.

Las líneas de la defensa

La línea que marca el abogado defensor: las pruebas fueron obtenidas de forma irregular y, además, actualmente no hay modo de saber qué estaba haciendo cada uno de los imputados durante aquella patrulla. La Fiscalía, por el contrario, asegura que los policías persiguieron, tirotearon y calcinaron a las 19 víctimas, para posteriormente intentar ocultar las pruebas. La jueza por el momento ha dado credibilidad a la versión del Ministerio Público, ya que ordenó la prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones complementarias. Está previsto que el próximo 8 de octubre tenga lugar la audiencia intermedia en la que deberá realizarse el desahogo de las pruebas de cara al juicio, ya que se amplió el proceso de investigación en dos ocasiones.

La masacre de Camargo fue perpetrada el pasado 22 de enero. En ella, 17 migrantes (16 guatemaltecos y 1 salvadoreño) y 2 mexicanos que trabajaban cruzando indocumentados a EU fueron asesinados y sus cuerpos quemados.

Actualmente existen dos investigaciones sobre el caso. Por una parte, la FGE de Tamaulipas mantiene la acusación contra 12 policías estatales, Jorge Chavarria Bárcenas, Hector Javier Alfaro Acuña, Ismael Vázquez León, Carlos Rodríguez Rodríguez, Jorge Alfredo Castillo Miranda, Williams Figueroa Medellin, Jose Luis Lopez Morales, Cristian Eduardo Gonzalez Garcia, Horacio Quirós Sanchez, Mayra Elizabeth Vazquez Santillana, Horacio Rocha Nambo y Edgar Manuel Antonio.

Por otra, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierta una carpeta en la que analiza una trama de corrupción derivada del hallazgo de un vehículo que había sido asegurado meses atrás en otro operativo contra la migración irregular. Por este caso hay vinculados a proceso 2 funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y 8 policías de Escobedo, Nuevo León.

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Qué es el kafala, el controvertido sistema de empleo por patrocinio que 'esclaviza' a los trabajadores

Miles de trabajadores viajan a los países del Golfo, Jordania y Líbano con el sueño de ahorrar dinero para ayudar a sus familias, pero acaban en un ciclo interminable de abuso.
6 de octubre, 2021
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Pensó que había encontrado el empleo de su vida, pero terminó cautivo y obligado a trabajar gratis.

Athenkosi Dyonta, un barista de 30 años, trabajaba en un café en la ciudad de George, un popular sitio de vacaciones en su país natal, Sudáfrica.

El joven solía compartir su “arte en latte“, los diseños que se hacen con leche sobre el café, con baristas de todo el mundo en un grupo de Facebook.

Fue allí donde una mujer lo contactó con una oferta de trabajo en Omán.

Además de un salario decente, le ofrecían alojamiento, comida y transporte gratuitos.

La mujer dijo que se ocuparía de su visa. Todo lo que Athenkosi tendría que hacer era pagar un boleto de avión, un chequeo médico y una prueba de covid-19.

Taza de latte con diseños hechos con el café sobre la leche

Getty Images
Athenkozi fue contactado en un grupo de Facebook donde compartía su “arte en latte”.

“Pensé que cuando él regresara después de un año más o menos nos compraríamos una casa y podríamos enviar a nuestros niños a mejores escuelas”, recordó su novia Pheliswa Feni, de 28 años, con quien tiene dos hijos.

La pareja pidió prestado dinero para el pasaje aéreo de Athenkosi, quien poco después viajó a Omán.

Al llegar al país árabe, el barista fue conducido desde la capital, Muscat, a una ciudad llamada Ibra, donde lo trasladaron a su nuevo hogar.

“Era un lugar sucio, una habitación pequeña, con apenas un colchón y cajas”, le dijo Athenkosi al podcast The Comb de la BBC.

La sorpresa fue solo el inicio de un período de enorme angustia para el joven, quien se enteró poco después de que el “empleo de sus sueños” no existía.

Athenkosi Dyonta lavando tazas en Omán

Athenkosi Dyonta
En Omán, cuando Athenkosi no estaba trabajando debía permanecer encerrado en su habitación.

Athenkozi pasó a trabajar de 12 a 14 horas al día en tareas de limpieza en cafés.

Cuando no tenía que trabajar lo obligaban a permanecer encerrado en su habitación. La comida era terrible y no le pagaban.

“Comía solo pan y leche, a veces un panecillo con un huevo. No recibía ningún salario, solo trabajaba”.

Lo que el joven no sabía era que había firmado un acuerdo de patrocinio utilizado en partes del Medio Oriente llamado “kafala”, que otorga a ciudadanos y empresas privadas un control casi absoluto sobre el empleo y el estatus migratorio de los trabajadores extranjeros.

A la merced del empleador

“El sistema de kafala o patrocinio ata a los trabajadores migrantes a sus empleadores”, le señaló a BBC Mundo May Romanos, investigadora de Amnistía Internacional (AI) sobre derechos de migrantes en la región del Golfo .

Romanos es una de las autoras de un informe de AI de 2019 sobre el sistema de kafala en Líbano.

La palabra árabe kafala significa garantizar.

En este sistema “los trabajadores no pueden entrar al país u obtener una visa a menos que tengan ese patrocinio”.

“Y el empleador puede en cualquier momento cancelar el permiso de residencia y dejar al trabajador como un ilegal en riesgo de ser deportado”, explicó Romanos.

“El trabajador no puede cambiar de trabajo ni abandonar el país sin permiso de su empleador, así que acaba atrapado en un ciclo de abuso”.

El sistema fue creado para asegurar una oferta abundante de mano de obra barata durante una era de boom económico.

Sus defensores aseguran que beneficia a las empresas locales y es un factor que impulsa el desarrollo, aunque el sistema se ha vuelto cada vez más polémico por las denuncias de casos de abuso.

A pesar de la posible explotación, los trabajadores muchas veces aceptan trabajos en el sistema de kafala porque la paga que se ofrece es mejor que la que obtendrían en sus propios países, señala el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), un think tank con sede en Nueva York.

Muchos trabajadores envían remesas a sus hogares, que según el Banco Mundial pueden ayudar a aliviar la pobreza en países de medianos y bajos ingresos. En 2019, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos estuvieron entre los 10 países desde donde se enviaron más remesas.

Los valedores del sistema argumentan que facilitar la entrada legal de trabajadores a la región hace que éstos sean menos vulnerables al tráfico de personas.

Quienes se oponen, sin embargo, señalan que se requieren mayores garantías legales para proteger a los trabajadores, agrega el análisis de CFR.

Mujeres protestando en Líbano con un cartel que dice "abajo el kafala". 2019

Getty Images
“Abajo el kafala”. Trabajadores migrantes protestaron contra este sistema en Líbano.

El sistema de kafala se aplica con variaciones en todos los países del Golfo, además de en Jordania y Líbano.

“En Líbano, por ejemplo, los trabajadores migrantes no pueden cambiar de empleo sin el permiso del empleador pero sí pueden salir del país”, afirmó Romanos.

“Aunque en la práctica es muy difícil hacerlo si el empleador se niega a pagar el pasaje aéreo, ya que estos trabajadores ganan muy poco. En muchos casos además los empleadores confiscan sus pasaportes“.

“Historias desgarradoras”

El informe de 2019 de Amnistía Internacional se centra en el caso de las trabajadoras domésticas.

Uno de los testimonios que recoge el reporte es el de Mary, una trabajadora de Etiopía que viajó a Líbano, donde aseguró haber sufrido abuso físico y verbal.

“Estuve en la casa de mis empleadores sin salir durante un año, trabajaba 18 horas al día. Lloraba todos los días y traté de acabar con mi vida en tres ocasiones. Su casa era mi prisión”, relató Mary.

“La historia de las trabajadoras domésticas es tristemente muy similar en toda la región”, señaló Romanos.

Manos con guantes de limpieza

Getty Images
Algunas de las trabajadoras domésticas entrevistadas por Amnistía Internacional trabajaban hasta 18 horas al día.

“Como viven en la casa de sus empleadores tienden a estar aisladas, a muchas se les prohíbe salir de la casa. Creo que algunas de las historias más desgarradoras que escuchamos eran especialmente de trabajadoras domésticas”.

La mayoría de las trabajadoras domésticas atrapadas en el sistema de kafala son mujeres y provienen de Filipinas, Sri Lanka, India, Bangladesh, y en muchos casos de África.

Muchas de ellas son madres que dejaron a sus hijos en sus países y viajaron con la idea de ganar dinero para la educación y alimentación de sus niños”.

Romano señaló que muchas trabajadoras domésticas migrantes trabajan, como Mary, hasta 18 horas al día sin ningún día libre a la semana.

La carga de trabajo es atroz y muchas relatan casos de abusos físicos por parte no solo de sus empleadores sino de los menores a su cargo”.

“Hemos hablando con muchas de estas mujeres que estaban en refugios en Líbano y Qatar. Estaban atrapadas, porque los empleadores aún tenían sus pasaportes y además no tenían dinero para regresar a su país y reunirse con sus hijos”.

Muchas de ellas ni siquiera habían recibido sus salarios así que trabajaron por nada”.

Un estudio de 2008 de Human Rights Watch denunció que las trabajadoras domésticas migrantes estaban muriendo en Líbano a una tasa de más de una por semana, debido a suicidios o intentos de escapes fallidos.

Bahréin, Qatar y Arabia Saudita

Bahréin anunció en 2009 que desmantelaría el sistema de kafala y estableció un organismo público, la Autoridad Reguladora del Mercado de Trabajo, con el fin de regular el estatus de los trabajadores migrantes en lugar de los empleadores.

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señaló que esa Autoridad actúa luego del reclutamiento y “no ha asumido el rol de patrocinio, por lo que el sistema de kafala permaneció con algunas restricciones”.

Los trabajadores migrantes en Bahréin ahora tienen “un grado de mobilidad ya que pueden cambiar de empleo sin el consentimiento escrito de su empleador”.

Pero la OIT advirtió que esta libertad fue luego restringida por otra ley en 2011 “que impide a los trabajadores cambiar de empleo antes de un año”.

Qatar también introdujo reformas recientemente al sistema de kafala “ante la presión internacional y por ser foco de atención antes del Mundial de fútbol de 2022”, señaló Romanos.

El país tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que representan el 95% de su fuerza laboral, según AI.

“Qatar permite ahora que los trabajadores migrantes cambien de trabajo y salgan del país sin permiso de sus empleadores, pero en la práctica esto sigue siendo difícil”.

“Y además el empleador aún tiene el poder de cancelar en cualquier momento el permiso de residencia. Si el trabajador abandona el empleo por abuso puede ser acusado de huir y enfrentar un posible arresto y deportación”.

La OIT, por su parte, describió la reforma al sistema de kafala en Qatar como “un cambio histórico”.

“Qatar ha introducido grandes modificaciones a su sistema laboral, poniendo fin al requisito de que los trabajadores migrantes obtengan el permiso de su empleador para cambiar de trabajo. El país convirtió al mismo tiempo en el primero de la región en adoptar un salario mínimo no discriminatorio”, señaló la OIT.

“Tras la adopción de la ley 19 de 2020, el 30 de agosto de ese año, los trabjaadores migrantes pueden cambiar de empleo antes del fin de su contrato sin obtener primero un Certificado de No Objeción de su empleador.

Esta nueva ley, unida a la eliminación previa del requisito de un permiso del empleador para abandonar el país, efectivamente desmantela el sistema de patrocinio de kafala y marca el comienzo de una era en el mercado laboral de Qatar”.

“Mediante legislación adicional se estableció un salario mínimo de 1.000 riyales de Qatar (unos US$275) que se aplica a todos los trabajadores, de todos los sectores, incluyendo las empleadas domésticas”, agregó la OIT.

Trabajadores migrantes en Doha, Qatar, haciendo fila para usar un cajero automático

Getty Images
Qatar tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que conforman el 95% de la fuerza laboral del país.

Arabia Saudita, por su parte, “tiene más de 10 millones de trabajadores migrantes“, afirmó Romanos.

Este país también introdujo algunas reformas, “pero son más en papel que en la práctica”, según la investigadora de AI.

“Por otra parte, es un país cerrado a las organizaciones de derechos humanos por lo que es muy difícil documentar los abusos y ofrecer apoyo a los trabajadores”.

“Una forma de esclavitud moderna”

Al igual que Mary, la trabajadora doméstica en Líbano, Athenkosi intentó quitarse la vida.

El joven barista logró finalmente volver a Sudáfrica, luego de que su novia organizara una campaña para recaudar fondos. El empleador sólo lo dejó ir tras recibir unos US$1.500 por “incumplimiento de contrato y gastos de comida y alojamiento”.

Otras personas atrapadas en el sistema de kafala no han sido tan afortunadas y siguen a la merced de sus empleadores.

Protesta de trabajadores migrantes en Líbano en 2019

Getty Images
Estos trabajadores migrantes en Líbano piden a sus empleadores: “Entreguen nuestros pasaportes, concédannos un día libre, paguen salarios, hablen en forma amable”.

Para Romanos, el kafala es un sistema complejo que no se cambia solo aboliendo un par de leyes.

“Debe haber un cambio de cultura en estos países, y debe acabarse con la cultura de impunidad”.

Los empleadores no enfrentan ninguna consecuencia por sus abusos, ni en Qatar ni en el resto de la región”.

Romanos asegura que los gobiernos deben no solo reformar las leyes sino implementar esos cambios y castigar a los abusadores.

“Definitivamente el sistema de kafala es una forma de esclavitud moderna y creemos que debe ser abolido“.

“Ése es el llamado que hicimos ya hace más de diez años cuando comenzamos a informar sobre el kafala”.

“Es un sistema que debe ser reemplazado por otro que proteja a los trabajadores migrantes de los abusos y garantice sus derechos humanos”.


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