Un magistrado de Chihuahua revocó este martes el auto de vinculación a proceso impuesto el pasado 1 de abril a la gobernadora electa de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos Galván, por el delito de cohecho, en el caso penal en el que la Fiscalía General del Estado la acusó de haber cobrado sobornos del exgobernador César Duarte por más de 9 millones de pesos.
La Fiscalía General de Chihuahua la había acusado de cobrar sobornos del exgobernador priista César Duarte por más de 9 millones de pesos cuando ella era vicecoordinadora del PAN en el Congreso Estatal; según la FGE, los pagos tenían la finalidad de asegurar su voto a favor de iniciativas presupuestales del entonces mandatario y de la fiscalización de la Cuenta Pública.
El magistrado Juan Carlos Carrasco Borunda señaló hoy que la Fiscalía no comprobó que los presuntos sobornos de Duarte influyeran en el voto de la exlegisladora, pues, arguyó, las decisiones del Congreso son colegiadas y no dependen del voto individual de sus integrantes.
Afirmó que, incluso, Campos Galvían ni siquiera era la coordinadora de su bancada, además de que no existen testigos que hayan visto o atestiguado el supuesto pago de sobornos.
“(Para acreditar el delito de cohecho) debe determinarse la naturaleza de los actos a los que el servidor público supuestamente se comprometió a realizar, en este sentido, no bastan las referencias genéricas en el sentido de apoyar las iniciativas del exgobernador, votar en un determinado sentido o incluso abstenerse, toda vez que la aprobación de las iniciativas, decretos, y en general el trabajo legislativo, es una facultad de un poder soberano del Estado, colegiado además, y desde luego no cabe entender que, con sus votos, aisladamente considerados, pudieran haberse producido las decisiones legislativas que supuestamente favorecieron al exgobernador. El emitir un voto a favor o en contra, o abstenerse a votar una determinada iniciativa, no indica otra cosa más que el cumplimiento o el ejercicio de una facultad, un deber o una obligación que corresponde a cada uno de los diputados (…) y de ninguna manera el cumplimiento de un compromiso en términos ilegales o ilícitos”, sostuvo el magistrado.
Con esta resolución judicial, Campos Galván, que arrastró durante toda la campaña denuncias por presuntos actos de corrupción, podrá tomar este 8 de septiembre protesta como gobernadora constitucional de Chihuahua sin un solo señalamiento en su contra. La decisión de hoy se suma a otro caso por cohecho en el que la Fiscalía Anticorrupción se desistió de presentar cargos contra la panista.
La resolución del magistrado Carrasco Borunda también beneficia a Rodrigo de la Rosa, excoordinador de la bancada del PRI en la 64 Legislatura y quien había sido vinculado a proceso junto con Campos Galván.
El magistrado ordenó el levantamiento inmediato de las medidas cautelares impuestas a los acusados; a Maru Campos se le debe devolver su pasaporte y los derechos sobre una casa de 6.8 mdp que dejó en garantía.
