Aun sin reforma, Sedena controla bases y dirección de Guardia Nacional
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Cuartoscuro

Aun sin reforma, Sedena ya controla bases, dirección y reclutamiento de la Guardia Nacional

Documentos obtenidos por transparencia evidencian el dominio castrense sobre esta policía de carácter civil. El paso definitivo de la Guardia Nacional a la Sedena se consumará en 2022.
Cuartoscuro
1 de septiembre, 2021
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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya tiene el control de la Guardia Nacional en todo el país. Sus terrenos e instalaciones, la dirección de sus 32 coordinaciones estatales, y el reclutamiento y movimiento de los nuevos elementos dentro de esta corporación – una policía civil según la Constitución- recaen exclusivamente en dicha institución castrense.

Aunque la reforma anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para enviar a la Guardia Nacional (GN) a la Sedena aun no se discute ni aprueba, documentos oficiales obtenidos por Animal Político confirman el dominio militar que, en los hechos, ya existe sobre esta corporación policial.

La información muestra además que la GN ya alcanza un estado de fuerza superior a los 102 mil elementos, lo que la convierte en la corporación de seguridad pública más grande de todo el país superando a la policía de la Ciudad de México. Más del 75 por ciento de sus elementos son militares en activo de las fuerzas armadas.

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El único apéndice civil lo conforman los 21 mil exelementos de la Policía Federal que fueron transferidos a ella, y asignados a la supervisión de carreteras puertos y aeropuertos. Pero como Animal Político adelantó en esta nota, a partir de este mes también comenzarán a ser relevados por policías militares en dichas funciones.

De acuerdo con un plan de siete pasos diseñado por la propia Sedena, se prevé que sea en septiembre cuando se presente al Congreso la iniciativa de reforma que oficializará el traslado de la GN como una nueva fuerza amada al Congreso, con el objetivo de que en 2022 se consume la militarización de la corporación.

Infraestructura castrense… y opaca

En los dos años que acumula la Guardia Nacional desde su despliegue los gobiernos de diversos estados y municipios del país han cedido en comodato o de manera definitiva terrenos y predios al gobierno federal para que se utilicen en la construcción de sus cuarteles. En varios de esos casos se han realizado incluso eventos públicos donde las autoridades entregan a representantes de la GN dichas instalaciones.

Lo que los informes obtenidos por este medio prueban, sin embargo, es que toda esa infraestructura no fue asignada a la GN ni a la Secretaría de Seguridad sino a la Defensa Nacional. Esto a través de convenios o contratos que la Sedena ha intentado ocultar clasificándolos como reservados.

Para probar lo anterior se solicitó al área de transparencia de la Guardia Nacional copias de los convenios firmados para la construcción de sus cuarteles en tres predios: uno donado el 29 de enero de 2020 por el gobierno municipal de Ciudad Juárez. Chihuahua; otro cedido por el municipio de Guadalupe, Nuevo León el 5 de marzo de 2021; y uno mas otorgado el 13 de junio en Ixtapaluca, estado de México.

En todos los casos, la respuesta de la GN fue que dicha información era “inexistente” debido a que “La Secretaría de la Defensa Nacional es la dependencia que está construyendo los cuarteles de la Guardia Nacional.

Se solicitó entonces a la Sedena la información relacionada con todos estos convenios pero la respuesta, en todos los casos, fue que no se podía entregar debido a que el comité de Transparencia de la propia dependencia castrense la clasificó como reservada por un periodo de al menos cinco años aludiendo riesgos a la seguridad. 

El documento de la clasificación sobe estas bases de una policía civil, fue firmado por un milita en activo: el General de División y presidente del Comité de Transparencia de la Sedena, David Córdova Campos.

  

Animal Político solicitó entonces el mismo documento, pero directamente a los gobiernos locales que cedieron dichos terrenos y predios para la construcción de las bases. Como respuesta, el gobierno municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua sí otorgó copia del certificado de donación del terreno de 34 mil 700 metros cuadrados, valuado en 20 millones 820 mil pesos.

En dicho documento se establece que el terreno, que se utilizará para la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional, es enajenado de manera gratuita a título de donación en favor del gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional.

  

El municipio de Guadalupe, Nuevo León, respondió a la solicitud que no podía entregar el contrato de concesión debido a que “aun se estaba elaborando”. No obstante, confirmó que el terreno de 9 mil 748 metros cuadrados y valuado en 10 millones 619 mil pesos, fue cedido “por tiempo determinado en favor de la Sedena para la construcción del destacamento que alberga la Guardia Nacional”.

  

El municipio de Ixtapaluca, por su parte, aun no respondía a la solicitud presentada al momento de esta publicación.

La dirección 100% militar

La Sedena también mantiene el control completo de las 32 coordinaciones estatales de la Guardia Nacional, y no solo de su alto mando operativo. Al frente de cada una de dichas coordinaciones esta nombrado un general en activo designado desde la misma Defensa Nacional.

Originalmente se había planteado que mandos castrenses ocuparían estos puestos mientras se desarrollaban nuevos cuadros de mandos civiles que pudieran asumir esta tarea. La realidad es que esto se ha vuelto una condición permanente.

Así lo confirmó la Guardia Nacional a través del oficio número GN/UAJT/UT/5760/2021 fechado el pasado 25 de agosto y entregado como respuesta a una solicitud de información presentada por este medio. En el mismo se detallan los nombres de los 32 coordinadores de la corporación – uno por cada estado – y se precisa que todos provienen de la misma Sedena.

En algunas entidades se han registrado hasta tres cambios de coordinadores responsables pero todos ellos provienen de la misma Sedena.

De acuerdo con la Ley de la Guardia Nacional, un coordinador estatal (cuyo grado dentro de la corporación es el de inspector o comisario) es la máxima autoridad de esta corporación dentro de la entidad federativa que le corresponda. A su mando están todos los elementos que están desplegados en dicha localidad. Lo anterior significa que son generales del Ejército en activo los que ostentan la coordinación y control de esta fuerza que es policial por definición.

En la estructura jerárquica de la Guardia, por encima de los coordinadores estatales están solo los coordinadores territoriales. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido nombrado ninguno de ellos. Así lo reconoce dicha corporación en el mismo oficio citado anteriormente.

De esta forma, el único mando superior de dichos coordinadores estatales es el comandante en Jefe de la Guardia Nacional, que como ya se conoce también es un militar: el general Luis Rodríguez Bucio.

Civiles en extinción

La Guardia Nacional no solo es una fuerza controlada por la Sedena, sino que además está constituida mayoritariamente por sus propios elementos. En promedio, 3 de cada 4 integrantes de su fuerza operativa son efectivos de las fuerzas armadas, de acuerdo con datos de dicha corporación y de la propia Defensa Nacional.

Hasta agosto pasado el estado de fuerza de la corporación – según datos oficiales de la propia Guardia – asciende a 102 mil 944 elementos, de los cuales 61 mil 708 son elementos de la Defensa Nacional, y 17 mil 418 pertenecen a la Secretaría de Marina. En conjunto es el 76.8 por ciento de todos los efectivos.

Por su parte, la Sedena confirmó al responder otra solicitud de transparencia que 61 mil 708 efectivos de la Policía Militar que están en activo se encuentran asignados a la Guardia Nacional, cifra que coincide con la reportada por dicha corporación.

  

Como Animal Político ya había adelantado en notas previas, los anteriores datos prueban que en ningún momento se ha reclutado a civiles para desarrollar a la Guardia Nacional. Los nuevos elementos que han llegado han sido reclutados primero por el Ejército Mexicano como policías militares y solo después de ellos son asignados temporalmente a la GN. Se trata de una situación contraria a la contemplada en la reforma constitucional de 2019.

Los únicos civiles dentro de la GN son los 23 mil 818 elementos restantes. Se trata de exagentes de la Policía Federal que fueron destinados principalmente a áreas de seguridad en vías de comunicación (carreteras, puertos y aeropuertos), así como a algunas instalaciones estratégicas.

El plan de la Defensa Nacional es que, a partir de este mes, inicie el relevo de dichos civiles por nuevos efectivos de la policía militar. Guanajuato y Jalisco serán las dos entidades donde comenzará este esfuerzo. Hasta ahora no se ha precisado que pasará con los expolicías federales.

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Guardia Militar en siete pasos

De acuerdo con un documento interno fechado en mayo pasado y al que tuvo acceso este medio, la iniciativa para enviar a la Guardia Nacional al Ejército es una propuesta elaborada y prevista por la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como parte de su estrategia de reorganización de dos etapas. El objetivo es consumar dicha fusión en 2022.

La primera etapa del plan contempla una reorganización interna de la propia Sedena que incluye una reestructura de sus órganos administrativos, así como la creación de la Comandancia del Ejército Mexicano. Esto último ya se consumó el pasado 13 de agosto en una ceremonia oficial donde fue nombrado comandante el general Eufemio Ibarra Flores.

La segunda etapa de la estrategia contempla la “incorporación de la Guardia Nacional como Fuerza Armada” dentro de la Sedena, y para ello el plan contempla siete pasos, cuatro de ellos en 2021 y tres más en 2022.

El primer paso es la presentación al presidente del proyecto de iniciativa de reforma constitucional con la que se pretende cambiar lo que se había aprobado en 2019 cuando se denominó a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad civil adscrita a la Secretaría de Seguridad.

El presidente López Obrador anunció públicamente el 15 de junio pasado que enviaría dicha iniciativa al Congreso, por lo que este primero aso ya se ha cumplido. El segundo paso es remitir a la Cámara de Diputados el proyecto de iniciativa, situación que se prevé que ocurra en septiembre.

El tercer paso ha sido denominado “cabildeo en el Congreso” para construir la mayoría calificada (dos terceras partes de los diputados) que se requieren para aprobar una modificación constitucional. 

La Sedena contempla que dicho cabildeo sea exitoso justo en el periodo ordinario de sesiones que concluye antes de diciembre, pues el cuarto paso justamente es la promulgación de la reforma constitucional correspondiente.

Para 2022 se contemplan los tres últimos pasos: la publicación de la legislación secundaria; la materialización de las adecuaciones orgánicas y administrativas necesarias; y finalmente la revista e entrada de la Guardia Nacional como fuerza armada adscrita a la Sedena.

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Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, los mexicanos siguen exigiendo respuestas.
26 de septiembre, 2022
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La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.

Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña ciudad de Cocula, se dijo que un basurero fétido en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más relevantes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una Comisión de la Verdad creada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del caso, algunos de los actores clave han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general

El viernes 19 de agosto, el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como procurador general del gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Jesús Murillo Karam

Getty Images
Jesús Murillo Karam era el procurador general de México cuando desaparecieron los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones ante un juez el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que, si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora está procesado. Si bien no se ha anunciado una fecha para un posible juicio, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Tomas Zeron

Getty Images
Se cree que Tomás Zerón está en Israel.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los pocos días del crimen. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

José Luis Abarca

Getty Images
Las autoridades anunciaron el arresto de José Luis Abarca en una conferencia de prensa en 2014.

El pasado 14 de septiembre, un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas para arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares todos vinculados al caso han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

Soldados mexicanos

Getty Images
Soldados mexicanos buscando a los estudiantes desaparecidos en 2014.

El Ejército

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el Ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a marinos mexicanos manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

Lee: Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia


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