Tribunal ‘tumba’ sentencia por asesinato de la española Pilar Garrido
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Tribunal ‘tumba’ sentencia por asesinato de la española Pilar Garrido

El 29 de agosto de 2017, el titular de la Fiscalía de Tamaulipas anunció la detención del esposo de la española, Jorge “F”, como probable responsable del asesinato.
Elefante Blanco
Por Carlos Manuel Juárez/Elefante Blanco
24 de septiembre, 2021
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El asesinato de la ciudadana española, Pilar Garrido Santamans, ha dado un vuelco. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región ordenó dejar insubsistente la sentencia contra Jorge “F”, esposo de la víctima, dictada y ratificada por el Poder Judicial de Tamaulipas.

Los magistrados del órgano judicial federal consideraron que el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento de la Sexta Región Judicial de Tamaulipas declaró la culpabilidad sin pruebas contundentes y se basaron en percepciones de los elementos policiacos y judiciales aportadas por la agente del Ministerio Público de la Fiscalía tamaulipeca, Mireya Maldonado Villegas.

La resolución del amparo directo 1258/2019 llegó dos años después de que Jorge Fernández Villarreal, padre del presunto culpable, reclamó por la sentencia dictada, en primera instancia, por los jueces Ignacio Zúñiga, José Antonio Rodríguez Grajeda y Ana Victoria Enríquez Martínez el 11 enero de 2019.

Además, la pena contra Jorge “F” fue ratificada por los magistrados Oscar Cantú Salinas, Pedro Francisco Pérez Vázquez y Raúl Enrique Morales Cadena, pertenecientes a la Sala Colegiada Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, hecho que también es cuestionado en el amparo otorgado.

Los órganos judiciales de Tamaulipas habían dictado una sentencia de del 47 años de prisión y multa de $66,053.75, y el pago de la reparación integral del daño, por $471,297.20, lo anterior por el delito de feminicidio.

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El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, deberá “emitir una nueva resolución en la que, siguiendo la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los lineamientos de esta ejecutoria, se pronuncie fundada y motivadamente cómo es que, en su caso, se acredita la prueba circunstancial apta para acreditar la conducta atribuida al quejoso”, recalca la decisión jurisdiccional.

La desaparición y asesinato

La desaparición y asesinato de la española Pilar Garrido fue un cisma para el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, porque ocurrió a 9 meses en el cargo, cuando intentaban demostrar que ya no habría más violencia; y además, sucedió en el camino a La Pesca, el destino turístico que impulsa el panista.

Pilar Garrido Santamans, su esposo e hijo regresaban a su casa en Victoria después de un domingo de playa en La Pesca, cuando fueron alcanzados y detenidos por un grupo de jóvenes armados, ha relatado la familia de ella. Del auto bajaron a Jorge y Pilar, los captores decidieron quedarse con la mujer y dejar ir al hombre con su hijo de meses el domingo 2 de julio de 2017 en el kilómetros 55 de la carretera Soto la Marina-Ciudad Victoria.

Al llegar a Victoria, su esposo Jorge “F” denunció el hecho ante la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas. El 26 de julio, policías federales y estatal encontraron una osamenta en un predio cercano al lugar donde supuestamente fue raptada, dentro del municipio de Villa de Casas.

El 29 de agosto de 2017, el titular de la Fiscalía de Tamaulipas, Irving Barrios, anunció la detención del esposo de la española Pilar Garrido, Jorge “F”, como probable responsable del asesinato de la mujer. Durante el proceso judicial, la familia del acusado denunció violaciones a los derechos del inculpado e incongruencias en los elementos aportados ante el juez.

Sin pruebas sólidas

Elefante Blanco consultó la sentencia aprobada por los magistrados federales Francisco Javier Rocca Valdez, Guillermo Alberto Hernández Segura y Benito Eliseo García Zamudio. En el documento se destacan dos apartados con las fallas que encontraron en la sentencia y el análisis del video de las audiencias del caso.

En concreto, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas responsabiliza a Jorge “F” de golpear a su esposa, lesionarla en la nariz, y provocarle una caída donde se golpeó la nuca contra el suelo que derivó en un hematoma en la parte trasera de la cabeza. Posteriormente, sostiene la autoridad, ahorcó a Pilar Garrido hasta fracturarle el hueso hioides y murió por asfixia.

Los abogados de Jorge “F” presentaron dictámenes médicos que rechazaron la causa de la muerte de la víctima, especificaron que la fractura nasal que se fue por una cirugía estética previa y la inexistencia de la fractura del hueso hioides, de acuerdo con los restos óseos de la española. Las pruebas de la defensa fueron tomadas en cuenta por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región.

“La segunda violación que este tribunal colegiado advierte, en suplencia de la queja deficiente, consiste en la omisión de la responsable de fundar y motivar la prueba circunstancial que estimó justificada para considerar al quejoso penalmente responsable del delito por el que fue acusado; tal y como fue estimado por el tribunal de enjuiciamiento”, afirmó el Tribunal Colegiado federa.

La sentencia refiere que los jueces y magistrados estatales “emplearon argumentos incongruentes con la forma de configurar la prueba circunstancial para condenar al quejoso; porque señaló que este último mostró un comportamiento obstruccionista durante las investigaciones”. Asimismo, tomaron los dichos de dos policías investigadores que advirtieron conductas inusuales en él, como víctima del delito.

Otro de los puntos cuestionados fue la conclusión de un especialista que calificó con “carece de credibilidad” a la versión de los hechos declarada por Jorge “F”. De igual forma, desestimaron las palabras de un policía investigador, quien dijo que el relato del presunto culpable era deshonesto.

“Todas estas consideraciones evidencian la incongruencia en que incurrió la responsable (Sala Colegiada Penal de Tamaulipas) al estimar actualizada la prueba circunstancial para condenar al quejoso; de ahí que el acto reclamado carezca de motivación.”, sentenció el Tribunal federal.

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Los magistrados Rocca, Hernández y García señalaron que la Sala Colegiada no probó mediante el proceso legal estricto que las pruebas de cargo respondieran justificadamente a hechos o indicios. “…también debió examinar si esos hechos aislados que eventualmente tuviera por justificados, estaban acreditados mediante pruebas directas, eran plurales, concomitantes a la conducta que le atribuyó el Ministerio Público, y si estaban interrelacionados entre sí.”.

Lo anterior, subrayaron, era para corroborar una conducta “activa, concreta y específica, por la cual el Ministerio Público lo acusó”.

Sumado a la revisión de pruebas, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, en la revisión ordenada, deberá verificar si las personas que asistieron al quejoso en la audiencia de juicio son profesionales en derecho.

 

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Qué resultados tuvo la nacionalización del litio en Bolivia (y por qué AMLO pidió su asesoría)

Ha pasado más de una década desde que Evo Morales anunció que el Estado se haría cargo de potenciar una industria del litio. ¿Qué ha ocurrido en estos años y qué está haciendo el país para aprovechar la alta demanda del mineral?
30 de abril, 2022
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Han pasado 14 años desde que el gobierno de Evo Morales nacionalizó el litio en Bolivia, el llamado “oro blanco” que se ha convertido en uno de los metales críticos para la fabricación de baterías eléctricas o el almacenamiento de energías renovables.

Es tan codiciado que las proyecciones de expertos estiman que su precio podría subir exponencialmente en los próximos 20 años en medio de la transición energética que está experimentando el mundo para reducir las emisiones contaminantes.

Y ahora que la guerra en Ucrania le ha dejado en claro a Occidente que es peligroso depender del gas y el petróleo que exporta Rusia, hay una acelerada carrera por conseguir aquellos metales necesarios para electrificar las economías.

Siendo parte de los metales considerados como “el nuevo petróleo” del siglo XXI, la producción de litio pasó a ser en 2008 un producto manejado por el Estado de Bolivia con el objetivo de que la riqueza de su venta beneficiara a todos los bolivianos.

A más de 6.000 kilómetros de distancia, el gobierno mexicano puso sobre la mesa hace unos días el plan de nacionalizar el codiciado recurso reformando la Ley de Minería para que el litio sea explotado “únicamente por el Estado”.

El blindaje al litio mexicano

“No saben (…) la ambición que despierta en las grandes potencias porque es un mineral estratégico para el desarrollo del futuro”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando presentó su propuesta.

La reforma estipula que “la exploración, explotación y aprovechamiento del litio estarán exclusivamente a cargo del Estado”, que será patrimonio de la nación y “se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México” por lo que “no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia”.

AMLO

Gobierno de México
El presidente de México ha dicho que busca asesorarse con el gobierno de Bolivia.

En 2008 Bolivia inició un viaje parecido. El gobierno de Morales apostó porque el Estado manejara toda la cadena productiva sin intervención de empresas extranjeras, un modelo de negocios muy diferente al del gas natural, donde se han hecho alianzas con firmas que tienen un 49% de participación en el negocio, mientras que el 51% restante queda en manos del Estado.

Pero con el litio intentaron controlar toda la cadena, con la promesa de que Bolivia crearía fábricas de baterías y hasta autos eléctricos.

La imagen podría haber sido un Tesla versión boliviana al lado del salar de Uyuni.

Pero no fue así.

Ahora, el presidente Luis Arce, ha trazado un nuevo rumbo para, después de muchos años de intentos fallidos, concretar las alianzas estratégicas con empresas privadas extranjeras que ofrecen la tecnología necesaria para que despegue el negocio.

Luis Arce.

Getty Images
Luis Arce, presidente de Bolivia, recibirá propuestas de ocho empresas extranjeras para el desarrollo del litio.

Según dijo AMLO, su gobierno le ha pedido asesoría a Bolivia para desarrollar su propio negocio estatal del litio sin participación de empresas extranjeras.

Pero… Bolivia está -en este preciso momento- trabajando con empresas extranjeras en el desarrollo de negocios compartidos.

Las ocho empresas interesadas en participar están analizando las muestras del mineral con el fin de presentar sus propuestas en las próximas semanas y el gobierno tiene previsto el anuncio de los ganadores de los contratos hacia fines de mayo.

¿Cuál será el tipo de asesoría que le entregará el gobierno boliviano al mexicano? Por ahora no está claro.

Un “botín de guerra”

Morales tenía un plan ambicioso: contar para 2015 con toda una industria de baterías y automóviles eléctricos en el país.

Ese objetivo no se consiguió, como tampoco se logró que Bolivia exportara grandes cantidades de cloruro de potasio y carbonato de litio, los dos principales productos de litio que el país vende en el mercado internacional.

Salar de Uyuni, Bolivia.

Getty Images

“La estrategia falló”, le dice a BBC Mundo Juan Carlos Zuleta, analista de la economía del litio y consultor internacional.

“No funcionó porque faltaban los recursos humanos calificados, la tecnología, la estrategia y la voluntad política”, agrega.

Bolivia solo produce 500 toneladas al año de litio, una cantidad que Zuleta considera muy baja para que pueda poner un pie firme en el mercado.

Uno de los problemas, apunta, es que los gobiernos han tomado al litio como un “botín de guerra” con una perspectiva más política que técnica y con un gasto cercano a los US$800 millones que no ha dado los frutos que se esperaban

Una prueba contundente del fracaso, argumenta el experto, es que el actual gobierno boliviano cambió drásticamente el rumbo de lo que venía haciéndose en el país, convocando a ocho empresas extranjeras para hacer una explotación compartida del metal.

Si bien es cierto que durante los gobiernos de Evo Morales hubo acercamientos con firmas privadas, los acuerdos comerciales no llegaron a buen puerto.

“Tecnologías mucho más ecológicas”

“La nacionalización del litio en Bolivia ha sido una buena idea pero el proceso ha tardado demasiado“, señala Diego Von Vacano, catedrático de Ciencia Política en la universidad Texas A&M University, Estados Unidos, y colaborador externo del actual gobierno.

“Con el gobierno de Luis Arce el tema se ha comenzado a tomar en serio. Lo que no se logró en más de una década se avanzó en un año”, le dice a BBC Mundo.

Salar de Atacama, Chile

Getty Images

Von Vacano explica que los gobiernos anteriores hicieron esfuerzos por sacar adelante el desarrollo del litio en beneficio de los bolivianos, pero que no contaban con la tecnología necesaria para lograrlo.

De hecho, sostiene, ni siquiera existía la tecnología necesaria para extraer el litio de la salmuera boliviana, la cual es muy diferente a la que existe en otros países.

Recién en los últimos tres o cuatro años, explica, “han surgido nuevas tecnologías mucho más ecológicas”.

Desde otra perspectiva, Von Vacano sostiene que los gobiernos anteriores centraron sus esfuerzos en otras prioridades como, por ejemplo, el desarrollo de la industria del gas natural.

“Creo que ahora realmente va a despegar la industria del litio en Bolivia para aprovechar las ventanas de oportunidades”.

¿Por qué AMLO le pidió asesoría a Bolivia?

La reforma a la Ley de Minería propuesta por el gobierno mexicano dice que “la minería en México ha representado en los últimos 30 años, como nunca en la historia de México, la sobreexplotación de los yacimientos mineros a favor de intereses particulares, principalmente extranjeros”.

Para la nacionalización del litio, la reforma contempla que “un organismo público descentralizado” se encargue de su exploración, explotación y aprovechamiento del mineral.

Batería eléctrica de auto

Getty Images
El litio es uno de los elementos clave para fabricar baterías eléctricas.

Beatriz Olivera, directora de la organización social Engenera, plantea que AMLO le ha pedido asesoría a Bolivia por su larga experiencia en la extracción y procesamiento de litio y también por una cuestión de afinidad política.

“La apuesta es que el gobierno mexicano tenga un control total del mineral en la exploración, extracción y procesamiento. Esto se debe en parte, a las fuertes críticas que ha hecho el presidente a las empresas mineras privadas que están plenamente justificadas”, dice Olivera.

El problema, apunta, es que las empresas privadas en México tienen una regulación minera que les favorece, “incluso por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

“El presidente ha dicho que son empresas que contaminan y no le dejan nada al país. Incluso no pagan impuestos”, explica.

Salar de Jujuy, Argentina.

Getty Images
Argentina desarrolla su industria para hacer más eficiente la producción de los químicos del litio.

Respecto al ejemplo de Bolivia, Olivera dice que si bien el proyecto del gobierno no contempla alianzas con empresas privadas, quizás éstas puedan desarrollarse en el futuro.

Mirando el caso boliviano, Carlos Aguirre, académico de la Universidad Iberoamericana especialista en tratados y comercio internacional, señala que el gobierno del país sudamericano “finalmente recapacitó” y entendió que el desarrollo de experiencia y de tecnología requiere de recursos de los que no necesariamente dispone el Estado.

Argentina y Chile, por ejemplo, que también se han reservado la titularidad del Estado sobre la explotación del litio, sí han concretado asociación con particulares para poder llevar a cabo la producción.

El resultado es que esos países, especialmente Chile, “se encuentran entre los principales productores de litio del mundo. Bolivia, con una extensión mayor de reservas, no se encuentra en ese listado”, señala Aguirre.

Auto eléctrico

Getty Images
El mercado de autos eléctricos ha aumentado rápidamente. Sus baterías requieren litio.

En eso coincide Francisco Ortiz, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana.

A su juicio, AMLO anunció la búsqueda de asesoría en Bolivia porque “es un mensaje propagandístico, un mensaje más ideológico que con fundamentos técnicos”.

Desde un punto de vista publicitario, apunta, “es un discurso muy bueno para sus seguidores” por el acercamiento a otros gobiernos de su misma línea.

Ortiz espera que la nacionalización del litio en México no termine como la experiencia de la petrolera estatal Pemex.

“Pemex tiene una deuda gigantesca. La riqueza ha generado pobreza, ha generado deudas por una mala administración. El riesgo es que con el litio tengamos otro Pemex“.


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