Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones sin fines de lucro en México enviaron una carta a senadores de la República para pedir que reconsideren la redacción del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), referente a la deducción hasta en 7% de los donativos realizados por personas físicas.
Les piden considerar dos posibles alternativas: la primera, implementar esquemas de gradualidad en función de los ingresos de las personas físicas.
“A mayor ingreso de las personas, menor o nula deducibilidad; a menor ingreso de las personas, incentivar aumentando el margen de deducibilidad más allá de lo hoy permitido”, señalan.
La segunda propuesta, fijar adicional al límite de 5 Unidad de Medida y Actualización (UMAS) anuales para las deducciones personales, un segundo límite de 5 UMAS anuales para los donativos deducibles de impuestos. “Dos límites distintos, no uno solo”, indican.
“Es necesario que el diálogo se suscite en el Senado de la República en torno a las reformas fiscales que limitarán la posibilidad de recibir donativos por parte de personas físicas, y no que se tome una decisión de este calado haciendo uso del poder, y dejando de lado la razón”, comentaron.
A través de la misiva, firmada por 500 organizaciones, ofrecen ser aliadas contra la corrupción, la informalidad y opacidad fiscal; aseguran que los donativos a las OSC están sujetos a un estricto régimen de transparencia y supervisión por parte del SAT, además de atender políticas contra el lavado de dinero.
Agregaron que las OSC no están opuestas a la rendición de cuentas y la transparencia, y que están de acuerdo que se castigue a “cualquier organización que opere esquemas de lavado de dinero o evasión fiscal a beneficio de particulares o empresas”.
“Fomentar la transparencia es esencial, pero si inhibimos los donativos, todos perdemos en este sentido”, indicaron
En la misiva, les piden ampliar la perspectiva y “ver más allá de la posible recaudación adicional que tendría el Estado para financiar sus acciones”; destacan que muchas de las organizaciones han sido creadas o apoyadas por el Estado mexicano como mecanismos para ayudar el trabajo de instituciones públicas
“Las organizaciones de la sociedad civil mexicanas contribuyen en un 1.37% del PIB nacional y crean millones de empleos. El impacto sobre este sector podría afectar no sólo a sus beneficiarios, sino a toda la economía en un contexto de lenta recuperación económica de México”, indicaron.
Detallaron la importancia de la sociedad civil en México; aseguran que ha sido la impulsora de cambios como la creación de instituciones que garantizan derecho y acceso a la información, la protección de los derechos de pueblos indígenas, la observancia electoral, la paridad de género, entre otros.
“Es un problema grande que desde los espacios legislativos no se tenga el reconocimiento suficiente a las aportaciones tan relevantes que se han hecho por la sociedad civil organizada a la construcción democrática, o que se decida no tomarlos en cuenta”, indicaron.
Afirmaron que no quieren recordar esta fecha ni esta legislatura teniendo que cerrar servicios y negarlos a la población que tanto los requieren.
