Las academias nacionales de Ciencia, Medicina e Ingeniería de Estados Unidos, así como la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL) se pronunciaron contra las acusaciones hacia 31 científicos e investigadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico en México.
Mediante cartas, las academias se dijeron consternadas por la insistencia de la Fiscalía General de la República (FGR) por obtener órdenes de aprehensión contra los investigadores por supuestos delitos graves.
“Los intentos repetidos de arrestar y detener a estas personas sin pruebas parecen inconsistentes con la obligación internacional vinculante de México de defender el derecho al debido proceso”, señalaron las academias estadounidenses quienes afirmaron que hay acoso e intimidación hacia el grupo científico.
Incluso manifestaron su preocupación por un posible efecto negativo para la colaboración científica internacional, por lo que llamaron a las autoridades federales a realizar una investigación apegada a los derechos humanos.
En tanto, la ACAL calificó como “muy preocupante” que en cualquier país del continente y del mundo se usen expresiones que desacreditan a la comunidad académica sin fundamento alguno.
“Antes de hacer acusaciones de tal calibre, es imprescindible que quienes las hacen demuestren que hay pruebas que inculpan a los presuntos indiciados de delitos tan graves como los que se señalan.Es igualmente muy preocupante que instituciones académicas también estén siendo objeto de persecución y amedrentamiento. No es posible permanecer impasible ante situaciones como estas. Por ser la ciencia una actividad poco comprendida y siempre débil en nuestra Región, a pesar de ser un factor clave para el desarrollo de cualquier país, quienes los dirigen tienen la responsabilidad de proteger a las instituciones donde se practica y no promover acciones que las menoscaben y pongan en duda sus funciones, su prestigio e integridad”, expuso la academia científica.
Hasta este 7 de octubre, ya son 6 los y las científicas citados ante Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEDO) como parte de la investigación que se les sigue a 31 científicos e investigadores del Conacyt, acusados de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
