Detienen a testigo colaborador en caso Estafa Maestra y lo encarcelan
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Detienen a testigo colaborador en caso Estafa Maestra y lo encarcelan en el Altiplano

José Antolino Orozco enfrenta cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Cuartoscuro
6 de octubre, 2021
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Un alto exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, que se había convertido en testigo colaborador en la investigación contra Rosario Robles por omisiones en el caso de La Estafa Maestra, fue detenido por agentes federales y encarcelado en el penal federal del Altiplano.

Se trata de José Antolino Orozco, quien se desempeñó como director General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol entre 2013 y 2015, y que ahora enfrenta cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dicho individuo se encontraba bajo investigación de la Fiscalía desde 2019 por su participación en diversos procedimientos entre la referida dependencia y universidades públicas que dieron pie al desvío de recursos públicos. Gracias a que ofreció confesar las irregularidades registradas en la Sedesol, había logrado frenar temporalmente una acción penal en su contra.

Sin embargo, el año pasado la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la FGR (antes conocida como SEIDO) decidió proceder en contra de once personas implicadas en la carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019 abierta por los referidos delitos.

Una de las órdenes de aprehensión libradas fue en contra de Antolino Orozco, quien el mes pasado fue capturado y presentado ante un juez federal del Estado de México el cual determinó vincularlo a proceso. Dado que delincuencia organizada es considerado un ilícito grave, se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.

Con la detención de Antolino ya suman cuatro las personas detenidas como parte de este proceso. Previamente ya se había capturado y procesado a María de la Luz Vargas, exdirectora de Integración de Padrones de Sedesol; Luis Antonio Valenciano, representante legal de una empresa fantasma; y Esteban Cervantes, accionista de otra compañía fachada implicada en la trama delictiva.

Entre las órdenes de aprehensión que faltan por ser cumplimentadas se encuentra la de Rosario Robles, quien desde hace más de dos años se encuentra procesada, pero por un cargo distinto. Hasta ahora la FGR no ha enviado a sus agentes al penal de Santa Martha para formalizar el trámite de la detención por este asunto.

El resto de las órdenes de captura pendientes de cumplimentar son en contra de Simón Pedro León Mojarro excoordinador federal de delegaciones de Sedesol; Jesús Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEMOR); Wistano Luis Orozco García y Gerardo Ávila García, funcionarios de la misma universidad; y Gianni Obed Hernández Torres, representante de otra compañía implicada en la trama de desvíos.

A todas las personas que no han sido detenidas se les considera oficialmente como prófugos de la justicia.

El rol de Antolino en los fraudes

A José Antolino Orozco, la FGR lo acusa de estar implicado en una trama de delincuencia organizada que permitió desviar más de 77 millones de pesos desde el presupuesto de la Sedesol hacia empresas fachada. Todo ello utilizando el esquema fraudulento documentado en el reportaje “La Estafa Maestra”.

De acuerdo con la investigación, que Animal Político detalló en esta nota, todo inició con la firma de un convenio por supuestos servicios que firmó la entonces Sedesol con la UAEMOR. Ello aprovechando la excepción legal que permite asignar recursos directos y sin licitación a entes públicos como universidades.

Pero el referido plantel de estudios no cumplió con los servicios. En cambio, simuló una licitación con empresas fachada y le asignó a una de ellas casi la totalidad de los recursos que había recibido (quedándose con una parte del dinero). La empresa que recibió el dinero lo transfirió a otras cuentas para ir ocultando su origen, y sin cumplir con los servicios pactados.

Según la carpeta de investigación de la Fiscalía, el desvío de los recursos fue posible gracias a la colusión bien organizada de personas, entre servidores públicos y particulares que permitieron en esta y otras ocasiones desviar los recursos.

El rol específico de Antolino en este entramado delictivo habría sido el de firmar oficios junto con funcionarios de la UAEMOR en los que se avalaba que los supuestos servicios se habían realizado de manera correcta, dando pie con ello a la transferencia de los recursos económicos.

La implicación de este funcionario no era aislada. La FGR tiene documentado su vinculo con varias operaciones similares no solo en Sedesol sino también en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), donde ocupó el cargo de Jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace.

Por ejemplo, se tiene probada su intervención en una operación similar para desviar 186 millones de pesos a través de convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas.

Por este último caso la FGR abrió proceso en contra de Antolino Orozco por el delito de uso indebido de facultades; sin embargo, en mayo de 2019 decidió detener la acusación planteada ante un juez luego de que este funcionario ofreció colaborar y aportar datos en contra de su exjefa Rosario Robles. Su testimonio fue utilizado en la acusación en contra de la exfuncionaria que dio pie al proceso que hasta ahora la mantiene presa.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso la fiscalía decidió proceder en contra de dicho funcionario al considerar que la gravedad de los presuntos delitos en que incurrió no justificaban la asignación de un posible criterio de oportunidad a su favor.

Y Zebadúa… libre

Quien permanece en libertad y sin que se defina una acción penal en su contra es Emilio Zebadúa, exoficial Mayor de la Sedesol y Sedatu, y pieza clave en las operaciones que permitieron el posible desvío de más de cinco mil millones de pesos desde la Sedesol y la Sedatu con el referido esquema criminal.

Las indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la FGR identifican a Zebadúa como el principal operador detrás de los convenios que permitieron los malos manejos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo denunció a él y a sus familiares de estar implicados en posibles operaciones de lavado de dinero, tras corroborar que tienen ingresos totalmente injustificados.

Sin embargo, hasta ahora la FGR no ha procedido en contra de Zebadúa. En primera instancia dicho exfuncionario logro retrasar el ser citado a una audiencia gracias a un amparo que promovió ante un juzgado federal en Chiapas. Pero tras perder ese recurso ofreció a la Fiscalía colaborar en indagatorias abiertas contra funcionarios de mayor rango.

En noviembre pasado este medio reveló el contenido de la declaración de dicho exfuncionario en la que, entre otras cosas, acusa al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de haber planeado “la Estafa Maestra” en colusión con diversos funcionarios federales más.

Hasta ahora la FGR no ha confirmado que haya otorgado algún beneficio procesal a Zebadúa, pero tampoco ha procedido penalmente en su contra. Eso ha permitido al exfuncionario mantenerse libre de cualquier proceso y sin ningún tipo de restricción de movimiento.

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Elecciones de mitad de período en Estados Unidos: ¿por qué la esclavitud está en las boletas de 5 estados?

La abolición de la esclavitud en Estados Unidos se estableció en 1865. Pero hay excepciones en algunos lugares. Los votantes decidirán en las elecciones del próximo 8 de noviembre si las mantienen.
6 de noviembre, 2022
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Han pasado 157 años desde que Estados Unidos prohibió la esclavitud, entendida como el acto por el cual una persona es propiedad legal de otra. Sin embargo, existe una exención para los presos condenados.

En la mayor parte de Estados Unidos, la esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito.

Pero el 8 de noviembre, los votantes de cinco estados (Alabama, Luisiana, Oregón, Tennessee y Vermont) decidirán si eliminan estas exenciones de sus constituciones estatales en un esfuerzo por prohibir la esclavitud por completo.

El resultado podría permitir que los presos dejen de estar sujetos al trabajo forzoso.

Unos 800 mil encarcelados trabajan actualmente a cambio de unos centavos, o a cambio de nada en absoluto.

Siete estados no pagan a los trabajadores presos ningún salario por la mayoría de las asignaciones de trabajo.

Los partidarios del cambio dicen que se trata de un vacío legal que permite la explotación y que debe terminarse.

Pero los críticos argumentan que eliminar esa exención no es asequible económicamente y que podría tener consecuencias no deseadas en el sistema de justicia penal.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”

El sistema moderno tiene sus raíces en los siglos de esclavitud de los afroestadounidenses, dicen los investigadores de derechos humanos.

Curtis Ray Davis

Curtis Ray Davis
Davis escribió un libro sobre su experiencia en la cárcel de Luisiana.

En los años posteriores a la prohibición de la esclavitud, se aprobaron leyes que tenían como objetivo específico reprimir a las comunidades negras y que las obligaban a ingresar en prisiones donde se les exigiría que trabajaran.

En la actualidad, algunos estadounidenses negros encarcelados todavía se ven obligados a recoger algodón y otros cultivos en las plantaciones del sur donde sus antepasados fueron encadenados.

“Estados Unidos de América nunca tuvo un día sin esclavitud codificada”, dice Curtis Ray Davis II, quien pasó más de 25 años cumpliendo trabajos forzados en una prisión de Luisiana por un asesinato que no cometió, antes de ser indultado en 2019.

Davis tuvo una variedad de trabajos en la Penitenciaría Estatal de Luisiana -apodada “Angola”, por el país del que fueron llevados muchos de los esclavos africanos a esa área.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”, describe Davis, a quien nunca le pagaron más de 20 centavos por hora por su trabajo. Fue “contra mi voluntad y a punta de pistola”, asegura.

Alrededor del 75% de los presos en la penitenciaría son negros, según Innocence Project, un grupo que trabaja para exonerar a los reos condenados injustamente.

Presos en una cárcel de Washington DC.

Getty Images

Argumentan que “Angola” es, esencialmente, un lugar donde la esclavitud estadounidense nunca terminó.

“Aunque la esclavitud se abolió, realmente fue solo una transferencia de propiedad de la esclavitud privada a, literalmente, una esclavitud sancionada por el estado”, afirma Savannah Eldrige de la Red Nacional Abolir la Esclavitud.

Su organización ha estado trabajando para ampliar el número de estados que prohíben la esclavitud sin excepciones y ha tratado de persuadir a los legisladores de Washington para que aprueben una ley similar que modifique la Constitución de Estados Unidos.

Colorado, Nebraska y Utah han aprobado medidas que prohíben todas las formas de esclavitud desde 2018.

Eldrige señala que el movimiento sumó el apoyo bipartidista, la única forma en que podría aprobarse en Utah y Nebraska, dominados por los republicanos.

En 2023, predice que las legislaturas de 18 estados votarán una legislación para prohibir la esclavitud.

“Consecuencias no deseadas”

Son pocos los opositores que se han manifestado en contra de los esfuerzos de los estados para eliminar el lenguaje de la esclavitud.

El movimiento encontró cierta resistencia por parte de los críticos que dicen que sería demasiado costoso pagar a los presos salarios adecuados, que no merecen la misma compensación, o que los cambios podrían perjudicar a los mismos reclusos.

Una votación en la legislatura de California para eliminar de la ley las referencias a la esclavitud fracasó este año después de que los demócratas, incluido el gobernador, advirtieran que pagar a los presos el salario mínimo estatal de US$15 por hora costaría más de US$1.500 millones.

Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

Getty Images
Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

La Asociación de Alguaciles de Oregón se opone también a la medida en ese estado, argumentando que conduciría a “consecuencias no deseadas” y a la pérdida de todos los “programas de resinserción”, que incluyen tareas mal pagadas como trabajar en la biblioteca, la cocina y la lavandería.

El grupo dice que les dan a los presos algo que hacer y “sirve como un incentivo para el buen comportamiento”, que es un factor durante las audiencias de libertad condicional.

Según ellos, existen dos problemas con la medida: que solo se aplica a los condenados, dejando fuera a las personas en prisión preventiva, y que podría significar el fin de cualquier programa penitenciario no autorizado específicamente por una sentencia judicial.

“Los alguaciles de Oregón no aprueban ni apoyan la esclavitud y/o la servidumbre involuntaria de ninguna forma”, asegura la asociación en un panfleto a los votantes, pero agrega que la aprobación de la medida “dará como resultado la eliminación de todos los programas de reinserción y el aumento de los costos para las operaciones carcelarias locales”.

Mano de obra penitenciaria

Los reclusos contribuyen a la cadena de suministro y la economía de muchas maneras, algunas de ellas sorprendentes.

Presos combatiendo el fuego.

Getty Images
Los presos son reclutados para combatir incendios forestales cada verano en algunos lugares del país.

Se les ha encargado hacer de todo, desde anteojos, placas de automóviles, hasta bancos de parques de la ciudad.

Procesan carne de res, leche y queso y trabajan en centros de soporte de llamadas para agencias gubernamentales y empresas importantes.

Puede ser difícil rastrear qué empresas utilizaron mano de obra penitenciaria, ya que el trabajo generalmente se realiza para un subcontratista.

El subcontratista luego vende los productos y servicios a grandes empresas que a veces desconocen su origen.

Las empresas que anteriormente se beneficiaron del trabajo penitenciario solo en Utah incluyen American Express, Apple, Pepsi-Co y FedEx, según un informe de junio de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Al menos 30 estados incluyen a los trabajadores penitenciarios en sus planes de operación de emergencia para desastres naturales y otros disturbios civiles.

Combaten incendios forestales en al menos 14 estados, según el informe de la ACLU.

“Necesarios pero no suficientes”

Sin embargo, es poco probable que la vida de los presos cambie de la noche a la mañana si los cinco estados con próximas votaciones respaldan un cambio.

“Estos referendos son necesarios pero no suficientes para acabar con la esclavitud”, opina Jennifer Turner, investigadora de derechos humanos de la ACLU.

Los tribunales aún tendrían que interpretar qué derechos tienen los trabajadores encarcelados y si obtendrán beneficios, como licencia por enfermedad.

Penitenciaría en Washington DC.

Getty Images

En los estados que eliminaron previamente la exención para este tipo de esclavitud hubo resultados variados.

En Colorado, un preso demandó al estado, argumentando que se estaba violando la prohibición de la esclavitud.

Pero un tribunal dictaminó en agosto que los votantes no tenían la intención de abolir todo el trabajo penitenciario y desestimó el caso.

Una cárcel en Nebraska comenzó a pagar a los reclusos entre US$20 y US$30 por semana después de que se eliminó la exención allí, según el diario The New York Times.

Se esperan más demandas legales a medida que los presos continúan presionando por derechos y protecciones.

Davis, quien fue encarcelado por error en Luisiana, dice que quitar la exención de la esclavitud para los presos eliminará un “incentivo” para que su estado natal encarcele a sus ciudadanos.

“Creo que cualquier persona de conciencia que entienda la ley de propiedad, sabe que los seres humanos no deben ser propiedad de otras personas”, le dice a la BBC.

“Y ellos no deberían ser propiedad del estado de Luisiana”.


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