Al menos durante 2020 y mientras estuvo bajo la operación y supervisión de la Secretaría de Economía (SE), el programa Microcréditos para el Bienestar careció de mecanismos de control y seguimiento que garantizaran que quienes recibieron los apoyos cumplían con el perfil para ser beneficiarios y que el dinero que reembolsaron efectivamente haya regresado a las arcas del gobierno, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Este jueves, la autoridad fiscalizadora dio a conocer el dictamen correspondiente a la auditoría de cumplimiento 2020-0-10100-19-0385-2021 en la que enumera las debilidades e insuficiencias -desde la planeación y hasta la ejecución- de esta política comúnmente conocida como las Tandas para el Bienestar.
Como parte de la política social del gobierno federal, desde 2019 se impulsó este programa a fin de apoyar a los microempresarios del país. La ayuda consiste en créditos de 6 mil pesos -en una primera etapa- los cuales deberían pagar en mensualidades de 600 pesos. Una vez que este préstamo era liquidado, los beneficiarios tienen oportunidad de acceder a ayudas cada vez mayores hasta llegar a los 20 mil pesos.
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¿Dónde están los reembolsos?
El programa Tandas para el Bienestar no se encuentra contemplado dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos 2022, pero esto no significa que vaya a desaparecer, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del 14 de octubre pasado.
Según detalló, será posible entregar apoyos gracias a los reembolsos que los beneficiarios han entregado a lo largo de los últimos casi tres años, sin embargo, a la fecha no se ha informado a cuánto ascienden estos recursos y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó la opacidad con la que se manejan estas economías, al menos, así fue durante 2020.
Es decir, es posible afirmar que beneficiarios han cumplido con sus pagos en aras de acceder a créditos mayores, pero no hay posibilidad de confirmar que todo el dinero que devolvieron fue reintegrado a la Tesorería federal.
“(La Secretaría de Economía) se limitó a la recepción de los reportes enviados por Afirme, sin constatar a los beneficiarios que realizaron los reembolsos, y que estos fueron depositados en la cuenta bancaria del fideicomiso en la que se administraron dichos recursos y que, a su vez, fueron transferidos a la cuenta de inversión en la Tesorería de la Federación”, subraya la Auditoría.
Hay que recordar que partir de este 2021, el programa dejó de ser operado por la Secretaría de Economía y pasó a la Secretaría de Bienestar.
Este miércoles, en la víspera de la publicación de los informes de la ASF, el secretario de Bienestar, Javier May, informó que el 85% de los beneficiarios pagan sus créditos. En tanto, el presidente López Obrador se comprometió a entregar un informe al respecto.
“El 85 por ciento (de los beneficiarios) paga, pero yo quisiera mejor que informáramos en conjunto, porque son varios créditos a la palabra, son créditos a pequeños empresarios, dueños de pequeños talleres, quienes tienen un pequeño negocio, artesanos, ahora con la pandemia se entregaron créditos a quienes no despidieron a sus trabajadores inscritos en el Seguro Social, se les entregaron 25 mil pesos.
“Vamos a hacer una revisión en conjunto y damos a conocer el informe porque de ahí puede salir, de eso que ya se tiene como revolvencia para financiar el programa del año próximo”, informó el presidente López Obrador.
La única vez que las autoridades han hablado públicamente sobre los reembolsos que han dado los beneficiarios de las Tandas para el Bienestar fue el 5 de marzo de 2020 cuando la entonces secretaria de Economía, Graciela Márquez, dio a conocer que las economías ascendían a 3 mil 420 millones de pesos.
En septiembre pasado, Animal Político informó que desde su puesta en operación el programa reportaba mínimos resultados pues, al menos hasta abril de este año, la propia autoridad informaba que, aunque se habían entregado 959 mil 622 apoyos, ninguno de estos era superior a los 6 mil pesos.
Otras deficiencias
“La Secretaría de Economía (SE) no acreditó contar con los criterios ni los elementos que se consideraron para determinar que los montos de los apoyos económicos (6 mil, 10 mil, 15 mil y 20 mil pesos) que se establecieron en las Reglas de Operación del programa fueron los adecuados para cubrir las necesidades de los beneficiarios y que contribuyeron al inicio y consolidación de los micronegocios beneficiados”, subraya la auditoría.
Además, no se establecieron mecanismos de control y seguimiento que le permitieran asegurar que todos los expedientes electrónicos contaran con la documentación para comprobar que las personas beneficiarias cumplieron con los criterios de elegibilidad y requisitos para acceder al apoyo financiero en el ejercicio 2020. Tampoco acreditó que las metas programadas se determinaron en función de la población objetivo y de los recursos asignados para la operación del programa.
De hecho, la ASF detectó que la Secretaría de Economía gestionó recursos ante la Tesorería de la Federación para entregar apoyos a 277 mil 304 beneficiarios, sin embargo, se identificó que mil 950 personas no se correspondían a las que habían solicitado la activación de órdenes de pago.
Como resultado de la auditoría realizada, se obtuvieron 14 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades, mientras que los 11 restantes generaron: 15 recomendaciones y 10 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
