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“Me da igual que me digan egoísta por conseguir vacuna con un amparo; salud de mi hija está primero”
“Me da igual que me digan egoísta por conseguir vacuna con un amparo; salud de mi hija está primero”
7 minutos de lectura
“Me da igual que me digan egoísta por conseguir vacuna con un amparo; salud de mi hija está primero”
17 de octubre, 2021
Por: Manu Ureste
@ManuVPC 

Afanasiev Arellano, docente veracruzano, vacunó el jueves 14 de octubre contra la COVID a su hija de 14 años gracias a un amparo que le otorgó un juez de distrito. Y dice que lo tiene muy claro: le da igual que lo tachen de egoísta, irresponsable, fifí, o hasta de sátrapa, como asegura que lo insultaron en su perfil de Facebook, cuando publicó que obtuvo por medio de una abogada el permiso para acceder a la vacuna.

Ahora se siente aliviado, asegura; un poco más tranquilo, al menos, sabiendo que su hija, después de un severo encierro, podrá asistir a las clases presenciales en la escuela con mayor protección en caso de contagio.

“Me llamarán egoísta, como dice el Gobierno que somos los padres que ponemos el amparo. Pero por encima de todo está la salud de mi hija y de mi familia”, recalca Arellano, que es natural de Xalapa.

La idea de vacunar a su hija, narra el maestro, surgió cuando comenzaron a enterarse en su círculo familiar y de amistades de casos de niños que se contagiaron de COVID “y que sí presentaron problemas muy severos”. En ese momento, y luego del anuncio del Gobierno Federal de que solo vacunaría a un millón de menores de entre 12 y 17 años que presenten comorbilidades graves, como algunos tipos de cánceres, VIH/sida, o enfermedades congénitas, comenzó a buscar asesoría legal para conseguir la vacuna a través de los tribunales.

Fue entonces cuando conocieron a la abogada veracruzana Diana Edna Meléndez, que luego de conseguir ella misma un amparo para su hija, comenzó a ofrecer a otros padres la posibilidad de acompañar los casos de sus hijos, a cambio solo de que le sufragaran los gastos administrativos y de papelería.

Afanasiev Arellano explica que la escuela de su hija es una institución privada, con espacios al aire libre, grupos reducidos, y exigentes protocolos sanitarios. Pero aún así, considera que es un “gran riesgo” enviar a los menores sin estar vacunados a las aulas. Y por ello, decidió contratar a la abogada, que presentó la documentación del amparo argumentando que el plan de vacunación del Ejecutivo federal viola el derecho a la salud y el interés superior de la niñez.

En dos semanas, a finales de septiembre, la abogada ya tenía la respuesta afirmativa del juez para que se vacunara a la adolescente, que ya recibió su primera dosis.

“Estoy satisfecho, aunque es lamentable que uno como padre tenga incluso que recurrir a la justicia para conseguir una vacuna, y que esa decisión, además, provoque tanta polarización”, plantea el maestro, que cuenta que incluso en su círculo laboral y de amistades ha recibido reclamos por desafiar la orden del Gobierno de López Obrador de solo vacunar a niños con comorbilidades.

“Me han llamado irresponsable y egoísta, y que le estoy quitando la vacuna a un ancianito”, expone con ironía. “Y aunque les explico que incluso un juez ha dicho en el amparo que, en efecto, no hay un plan de vacunación para menores como hija, y que está vulnerable, me siguen diciendo que el Gobierno está trabajando y que hay que esperar a que las autoridades den el permiso. Pero pues yo digo que eso ya es decisión de cada uno, ¿no? -cuestiona-. Para mí, primero está la salud de mi hija. Y por eso estoy peleando por su derecho a que la vacunen ya, como a los demás”.

Marco Antonio Rodríguez Juárez, de 49 años, es padre de un hijo de 13 años. Y, al igual que Afanasiev, decidió buscar la ayuda de una abogada para recurrir al amparo cuando la vuelta a las clases presenciales ya se tornó prácticamente obligatoria en todo el país.

“Si las autoridades de educación nos están obligando a mandar a nuestros hijos a las escuelas, pues entonces deberían vacunarlos antes para protegerlos, así como ya vacunaron a los maestros”, opina el padre de familia.

El 14 de octubre, el hijo de Marco Antonio también fue vacunado con la primera dosis de Pfizer. Dice que el proceso fue relativamente rápido: entregó la documentación que le requirió la abogada y en un plazo aproximado de dos semanas, un juez de distrito ya estaba dando la orden a las autoridades de salud que le otorgaran la vacuna.

Después, esas mismas autoridades hicieron una valoración del estado de salud del menor, hicieron firmar a los padres una carta responsiva por cualquier situación que se pudiera presentar como reacción a la vacuna, y se la aplicaron como a cualquier otra persona.

“Que le hayamos ganado un amparo al Gobierno y al sector Salud para lograr la vacuna para mi hijo es un triunfo”, resalta Marco Antonio. “Ahora todos en casa estamos inmunizados. Y eso, al menos, nos da un poco más de tranquilidad”.

La señora Carmen Martínez, madre de una menor de 9 años que cursa primaria en una escuela pública de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, también busca vacunar a su hija por la vía del amparo. Aunque ella lo tiene todavía complicado, puesto que apenas el pasado 7 de octubre la farmacéutica Pfizer presentó una solicitud a los reguladores estadounidenses para que autoricen la administración de la vacuna anti-Covid a niños y niñas de 5 a 11 años.

Por ahora, tal y como publicó Animal Político el pasado lunes, la mujer solo ha podido interponer, junto a otro grupo de 15 padres y madres, una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que las autoridades educativas mantengan el sistema de educación ‘híbrido’, con clases en línea y presenciales, mientras los menores no estén vacunados.

“Pero en cuanto aprueben la vacuna para niños, también voy a meter mi amparo”, asegura Carmen.

Entérate: Vacunan contra COVID a 12 menores de edad en Veracruz tras ganar amparos

Oleada de amparos

Los casos de Afanasiev, Marco Antonio, y Carmen, no son aislados. La decisión del Gobierno mexicano de solo vacunar a niños y adolescentes de entre 12 y 17 años que tengan probada alguna comorbilidad ha llevado a múltiples padres de familia en todo el país a pelear en los tribunales una dosis de la vacuna.

Hasta ahora, el argumento del Ejecutivo federal para no vacunar a todos los menores es que los contagios en niños y adolescentes durante la pandemia ha sido pequeño, con un porcentaje menor al 10%, según expuso el pasado 7 de octubre Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien criticó que los padres que se amparan tienen “una visión extremadamente individualista”, pues recurrir a esta figura legal, dijo, le quitaría la vacuna a otra persona con mayor riesgo ante el virus.

El presidente López Obrador también criticó en su conferencia mañanera de ese mismo 7 de octubre que detrás de los amparos para conseguir vacunas “hay una campaña” orquestada e intereses de las grandes farmacéuticas.

Sin embargo, el número de personas que están recurriendo a esta figura legal está aumentando a un ritmo vertiginoso. El pasado 25 de septiembre, el propio López Obrador anunció que sumaban 250 demandas de amparo en 19 entidades del país. Pero la abogada Diana Edna Meléndez considera que esa cifra ya quedó muy rebasada en estados como Veracruz, donde calcula que ya van más de mil demandas. Tan solo ella, expone en entrevista con Animal Político, lleva amparados a la fecha a 70 menores, de los que 38 ya fueron vacunados y 14 de ellos ya con una segunda dosis.

Y para los próximos días, la abogada espera que esa oleada vaya incluso en aumento, luego de que el miércoles 12 de octubre un juez ordenó al Gobierno Federal vacunar contra COVID- 19 a todos los menores de 12 a 17 años, incluyendo a los que no tienen enfermedades graves, y a modificar incluso la Política Nacional de Vacunación. Una decisión que también fue criticada por López Obrador, que dijo que la vacunación a menores no estará determinada por “intereses de una persona o un grupo” y que la decisión del juez “no es definitiva”.

Por su parte, la abogada Diana Edna Meléndez explica que en los amparos que promueve está litigando “la discriminación de los menores, ya que no los incluyeron dentro del plan de vacunación”.

“En el artículo 1 de la Constitución queda muy claro que no se puede discriminar a nadie por raza, orientación, edad, etcétera”, explica la letrada. “Y además, como son niños los que están vulnerables por esta decisión de dejarlos sin vacuna, también estamos alegando el interés superior de la infancia, que está protegido por instancias internacionales”.

Como resultado, expone Meléndez, la mayoría de los jueces están otorgando los amparos, con el argumento de hacer valer la Constitución y el derecho a la salud de los menores. Aunque también apunta que hay distritos, como el de Orizaba, también en Veracruz, donde los jueces se han mostrado más reacios a conceder los amparos, al igual que en el estado vecino, Puebla.

En cualquier caso, Diana Meléndez dice que ante la creciente demanda de padres buscando la vacuna por la vía del amparo, y ante una posible saturación del sistema de justicia por este tema, lo ideal sería que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomara cartas en el asunto, “para que resuelva que todos los niños tienen derecho a una vacuna, y que esto presione al Gobierno para ampliar el esquema de vacunación a esta población infantil”.

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