La muerte de José Eduardo Ravelo, presuntamente torturado, violado y asesinado a manos de policías en Mérida, Yucatán, supuso un antes y un después para un estado que siempre presumió de su tranquilidad. Las autoridades del estado hacen gala de una baja cifra de violencia en comparación con otros territorios y defienden a sus fuerzas de seguridad por sus tasas de aceptación, que superan el 70%.
Sin embargo, cifras obtenidas por Animal Político a través de una solicitud de transparencia revelan que aquel homicidio, perpetrado hace dos meses, solo es la punta del iceberg: en los últimos cuatro años, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 1 mil 025 denuncias por tortura, una cada dos días.
“Es brutal lo que está pasando en Yucatán. La tortura es uno de los problemas más graves en relación a violaciones a los derechos humanos, y a pesar de la relevancia que tuvo el caso de José Eduardo, no han habido cambios en las autoridades”, dice Martha Capetillo, de la ONG Indignación, uno de los pocos colectivos que trataban en el estado.
Según datos de la la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tortura de la FGE de Yucatán, en los cuatro años transcurridos desde su creación se registraron 1 mil 025 denuncias por tortura.
En 2018 se abrieron 222 actas de investigación; en 2019, 426; en 2020, 220; y en lo que llevamos de 2021, 165. Estas cifras bajan si hablamos de actas que estén en etapa de investigación, ya que son 114 en 2018; 243 en 2019; 153 en 2020 y 158 en 2021.
De ellas, se tomó alguna determinación sobre 108 en 2018, 183 en 2019, 59 en 2020 y 7 este año. Aquí hay una incógnita, porque la FGE dice que se tomaron decisiones, pero no explica si se presentó ante un juez o se archivó. Martha Capetillo explica que en los dos últimos años no hubo una sola denuncia judicializada.
“Enfrentamos una crisis de derechos humanos, no solo por tortura sino por encubrimiento”, denuncia.
Animal Político consultó a la delegación del estado en la Ciudad de México pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.
Actualmente, la Cámara de Yucatán analiza una iniciativa del PRI para tipificar torturas y tratos crueles, aunque el primer delito ya estaba en el código penal.
Las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes yucatecos no son algo nuevo. La Comisión de Derechos Humanos del estado (Codhey) hizo público el pasado año que entre 2018 y 2020, al menos 22 personas murieron mientras estaban bajo custodia de las autoridades. En su informe de 2020, además, la institución alertaba sobre las detenciones arbitrarias y el uso indebido de la fuerza pública que provocó la muerte de, al menos, 5 personas.
La excusa de la pandemia
La pandemia de COVID-19 fue un contexto en el que esta violencia se recrudeció. Renata Demichellis, integrante de Elementa, otra de las organizaciones que trabajan en Yucatán, advierte que fueron denunciadas diversas detenciones arbitrarias en contexto de las medidas de prevención de la enfermedad. Además, señaló que existe un patrón de conducta por parte de los policías: personas pobres, indígenas o migrantes que son las principales víctimas de los abusos. En su opinión, bajo el argumento de que este es un estado seguro, se esconden violaciones a los derechos humanos perpetradas por fuerzas de seguridad y ocultadas por las autoridades.
“Las detenciones arbitrarias son uno de los problemas, que a su vez se convierten en la primera primera de varias violaciones a los derechos humanos”, dice Capetillo.
Existe una línea de continuidad entre la muerte de Robert Tzab Ek, fallecido en 2011 en dependencias de la Procuraduría General del Estado (ahora Fiscalía) y la muerte de José Eduardo Ravelo a manos de policías municipales en Mérida: se trata de la impunidad. En los 10 años transcurridos entre ambos casos no hay agentes condenados por tortura ni las víctimas recibieron justicia.
“Cuando una persona fallece en un centro de detención hay una responsabilidad. Pero aquí todos los casos son impunes”, lamenta Capetillo, que recuerda que el único caso que llegó ante un juez fue el de un joven torturado en Tekax por siete policías que luego torturaron a su vez al agente que filmó los malos tratos.
Tras la muerte de José Luis Ravelo cuatro agentes fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad. Finalmente, fue la Fiscalía General de la República (FGR) la que se hizo cargo del caso. Pero no hay ceses ni castigos, como en los anteriores casos. “No ha cambiado nada”, dice la representante de Indignación, a pesar del eco mediático que tuvo la muerte. Las cifras muestran que tras la aparente tranquilidad de Yucatán se esconde una absoluta impunidad para abusos como la tortura.
