El próximo 6 de noviembre se cumple un año desde que July Raquel Flores, de 29 años, ingresó en prisión preventiva en Pacho Viejo, en Xalapa, acusada como copartícipe del homicidio de la rectora de una universidad veracruzana en junio de 2020.  

Desde entonces, Martín Flores, su padre, cuenta que él y su esposa Etelina hacen el mismo ritual cada tres semanas: meten en unas bolsas de plástico toda la ropa vieja que les donan amigos y familiares, la suben a la cajuela de una camioneta destartalada, y con la gasolina justa emprenden el mismo trayecto en el que denuncian que unos policías torturaron a su hija. Se trata de la ruta Ciudad de México-Xalapa. Casi 400 kilómetros en los que el matrimonio narra que cuatro policías de investigación veracruzanos le dieron toques eléctricos a July Raquel, le colocaron una bolsa en la cabeza para asfixiarla, y la agredieron sexualmente para que confesara su supuesta participación en el asesinato de la rectora. 

Desde su detención e ingreso inmediato en prisión, Martín y su esposa acuden a la puerta de Pacho Viejo, colocan una mesa de plástico bajo la sombra de un árbol y sentados en la banqueta tratan de vender la ropa que se pueda. Incluso, Martín ofrece chambas de jardinería, su profesión. Todo, para poder sacar unos pesos extra para sufragar la ‘estancia’ de su hija en prisión y, sobre todo, para seguir pagando el abogado particular que con mucho esfuerzo toda la familia logró contratar. 

“Esta situación no solo destroza la vida de la persona que está presa. También destroza la vida de los demás, de toda la familia”, lamenta Martín, que asegura que tras el encarcelamiento de July comenzó a sufrir problemas con la presión arterial; su esposa perdió la visión en un ojo; Abraham, su otro hijo, perdió más de 15 kilos por el estrés y tuvo que aparcar sus estudios para convertirse en un improvisado investigador privado; y Erick, el esposo de July y padre de sus dos hijos, cayó en una profunda depresión. 

“Ha sido el año más duro de nuestras vidas. Estamos agotados, física, moral y económicamente”, recalca Martín en entrevista con Animal Político, quien, no obstante, asegura que más allá del cansancio van a continuar peleando por la libertad de su hija.

“Pensábamos que para este fin de año nuestra hija ya estaría en casa con nosotros y vemos que, lamentablemente, no será así. Pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados, ni vamos a bajar la guardia hasta que mi hija salga libre”, hace hincapié. 

Para continuar luchando, Martín plantea que es fundamental la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que desde el pasado mes de septiembre atrajo el caso. 

En ese septiembre, personal adscrito a la tercera visitaduría de la CNDH realizó el Protocolo de Estambul a July Raquel para determinar si fue víctima de tortura a manos de policías, un avance que se produjo luego que un juez había negado inicialmente que se llevara a cabo esta diligencia clave. 

Sin embargo, más de dos meses depués, la Comisión aun no ha dado respuesta de cuál es el resultado de esa prueba, ni ha emitido una recomendación al respecto por violaciones a derechos humanos o por tortura. Y esta falta de celeridad en las investigaciones de la CNDH preocupa tanto a la familia de July, como al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que acompaña legalmente el caso desde mayo pasado. 

 Alejandra Elguero Altner, abogada del Centro ProDh, explica que el caso de July Raquel está ya por entrar a la fase final del juicio donde la defensa y la Fiscalía veracruzana expondrán todas las pruebas a favor y en contra de la imputada, aunque aún no hay una fecha determinada. Y para la defensa, insiste Elguero, sería fundamental que a partir de todas las pruebas que ya tiene a su disposición la CNDH emitiera una recomendación, además de dar a conocer los resultados del Protocolo de Estambul antes del juicio.  

“Nos preocupa mucho que la falta de celeridad no permita que la recomendación de la CNDH pueda ayudar a July Raquel en su proceso penal”, expone la abogada del Centro Pro, que ayer miércoles hizo un llamado público a la CNDH para que “resuelva prontamente el caso de tortura sexual contra July Raquel a un año de su detención”.

Además del protocolo de Estambul, que de arrojar positivo sería clave en la posible liberación de July Raquel, pues probaría que fue víctima de tortura y de tortura sexual durante su detención, la defensa acumula un amplio abanico de pruebas que pondrían en entredicho las acusaciones de la Fiscalía veracruzana que señala a July como co-partícipe del homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid, en Xalapa. 

Por ejemplo, la defensa de July Raquel, por medio del abogado Rodolfo René Paratte, consiguió el pasado mes de septiembre que un juez admitiera como pruebas para el juicio del caso los testimonios de cuatro personas que acreditan que la mujer estuvo a más de 300 kilómetros del lugar del asesinato el día que se cometió, el pasado 29 de junio de 2020. En un inicio, estos testimonios habían sido rechazados por otro juez. 

Por otra parte, cabe recordar que entre las principales pruebas que tiene la Fiscalía estatal para asegurar que July Raquel fue copartícipe en el homicidio de la rectora María Guadalupe Martínez Aguilar están la copia del contrato de compraventa del coche que estuvo en el lugar de los hechos en Xalapa, y que sí fue utilizado por tres agresores para trasladarse de la Ciudad de México a Xalapa. 

Se trata de un Honda Civic banco, modelo 2018, que July le rentaba desde enero de 2020 a otro hombre para trabajar como chofer de Uber. Sin embargo, tras el asesinato, y luego de apersonarse los agentes de investigación en el domicilio del dueño, ubicado en el Estado de México, éste les aseguró que el coche ya no era suyo, sino de July Raquel. Y para tratar de acreditarlo les entregó una copia simple del contrato de compraventa con la supuesta firma de la mujer.  

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Sin embargo, la defensa de July también logró en septiembre pasado que se integrara a la carpeta de investigación del caso un oficio que acreditaría que no existe un documento original de ese contrato de compra-venta del coche, dejando así constancia de que uno de los ‘pilares’ de la Fiscalía para acusar a July Raquel como copartícipe del asesinato se sustenta en una copia simple del contrato en la que, además, la firma no coincide con la plasmada por la imputada en documentos oficiales como el INE. 

Sobre este punto, este medio pudo acreditar que el supuesto contrato no va acompañado de una factura, ni de un comprobante de transacción, ni de un estado de cuenta con el supuesto ingreso por la venta, y tampoco hay constancia por escrito de la presencia de algún testigo en la firma, ni de un notario.  

Por ello, la defensa de July había insistido en varias ocasiones a la Fiscalía veracruzana que se hiciera un peritaje de la firma del documento para corroborar su autenticidad o falsedad. 

Hasta el momento, a un año del encarcelamiento de July Raquel, no se ha llevado a cabo ese peritaje, o al menos no se conocen los resultados del mismo, a pesar de que determinar si la firma en ese contrato de compra-venta es verdadera o falsa podría resultar clave en el proceso, pues la acusación de la Fiscalía se sostiene en buena medida en esa rúbrica.