Entre 2019 y 2021, autoridades informaron sobre la vinculación a proceso de 7 mil 110 agresores de mujeres en la CDMX, mil 872 sólo en 2021 por delitos como feminicidio, agresiones sexuales y violencia familiar y lesiones.
Aunque en todos los delitos se ha tenido un incremento de agresores vinculados, particularmente en lo que respecta al feminicidio, los detenidos han aumentado en un 175% . Mientras que en 2019 se detuvo a 28 feminicidas, en 2021 se ha detenido a 77.
De hecho, se explica en el informe, la proporción de casos investigados como feminicidio han incrementado en un 20%. Esto tiene que ver, se advierte, a que en años anteriores las muertes violentas de mujeres no eran correctamente clasificadas ni investigadas.
Según explicaron, estos resultados han sido posibles gracias a la creación de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio que cuenta con el personal y cargas de trabajo adecuados, lo que ha permitido que las investigaciones no se frenen hasta que se agoten todas las líneas de investigación.
Sobre otros delitos como agresiones sexuales, durante 2021 se ha vinculado a proceso a 838 agresores, 285 más que en 2019, es decir, un incremento del 52%.
Durante el informe de resultados a dos años de activación de la alerta del género en la CDMX, autoridades locales expusieron que mensualmente se ha tenido un incremento de 37% en el número de agresores que son vinculados a proceso.
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El 25 de noviembre de 2019 y luego de meses convulsos en los que mujeres y colectivas feministas salieron a las calles exigiendo que las autoridades garantizaran su seguridad, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, decidió activar la alerta por violencia de género.
Para garantizar las demandas se requería que toda la administración se articulara por lo que de inicio se pusieron en marcha distintas acciones tanto en el espacio público y el transporte público como los senderos seguros, el programa Viaja Segura o la App Mi Taxi, así como una serie de cambios normativos.
Entre ellos se encuentra la creación del Registro Público de Agresores Sexuales; la iniciativa para reconocer y tipificar la violencia digital -la llamada Ley Olimpia-; la creación del Banco de ADN; la iniciativa para que en casos de violencia en el hogar sea el agresor quien deba abandonar la casa; así como la iniciativa para sancionar la difusión y reproducción indebida de fotos de víctimas, conocida como Ley Ingrid.
