Por COVID caen casi 50% diagnósticos de VIH; pacientes llegan más graves
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Por COVID se reducen casi 50% diagnósticos de VIH; pacientes llegan tarde y sin atención

Alrededor de 8 mil personas pudieron haber llegado tarde a recibir su tratamiento, ya con infecciones oportunistas y su sistema inmune muy comprometido.
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8 de noviembre, 2021
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En 2020 se hicieron solo 50.8% de las pruebas para la detección de VIH de las que se realizaron en 2019. También los diagnósticos cayeron a la mitad, lo que provocó que los pacientes llegaran más enfermos a recibir atención. 

La pandemia revirtió la tendencia ascendente en el diagnóstico de casos de los últimos años: mientras en 2019 se diagnosticaron 17 mil 216 casos nuevos de VIH, para 2020 ese número disminuyó a 9 mil 220, según datos del Boletín Integral de Personas que viven con VIH del tercer trimestre de 2021 y los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH, ambos de la Secretaría de Salud. 

A nivel nacional, 6% de las mujeres y el 38% de los hombres que acudieron a recibir atención lo hizo en peligro de fase de Sida, como se le conoce, cuando el sistema inmunitario no puede luchar contra infecciones oportunistas que atacan al organismo y pueden provocar la muerte. 

Lee: Medicamentos, VIH, adicciones y salud materna tienen incrementos de menos de 1% en PPEF 2022

Para conocer el estado de las personas cuando van a iniciar tratamiento se hace un estudio conocido como CD4, que mide los linfocitos T4 en sangre o glóbulos blancos encargados de combatir las infecciones. Cuando un paciente tiene menos de 200 CD4 ya está en una posible fase de Sida. 

Al segundo trimestre del año pasado, 587 mujeres y 3 mil 347 hombres que iban a ingresar a atención médica, presentaron recuentos de CD4 menores a 200.

Carlos Magis, epidemiólogo, doctor en Salud Pública y exdirector de Atención Integral del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida), explica que quienes no saben que tiene VIH llegan tarde a recibir atención médica y “en Sida importa mucho el diagnóstico temprano porque de lo contrario empiezan las manifestaciones de enfermedades graves, como neumonías u otras”.

Magis recalca que si en 2020 se diagnosticaron la mitad de los pacientes esperados, entonces hubo alrededor de 8 mil personas que podrían haber llegado tarde a recibir su tratamiento. 

En junio de 2020, “Héctor”, nombre ficticio para proteger su identidad, quiso hacerse una prueba de VIH en la clínica 2 del IMSS, en Monterrey, Nuevo León. Pero le dijeron que no había servicio de pruebas por la pandemia. Se la hizo en un particular. Salió positivo. Regresó al IMSS para ver si le daban el tratamiento, pero le dijeron lo mismo, que no había consultas porque todo estaba concentrado en COVID. Hasta noviembre le dieron la atención y el medicamento.

“Desde entonces solo he visto al médico una vez y no me han hecho estudios de la carga viral, hasta la fecha no me los han hecho. Ya llevo un año en tratamiento y no conozco mi carga viral. Tengo el acceso al tratamiento, pero no a estudios, ni al médico y la verdad estoy muy preocupado”, relata. 

Con la recuperación de los servicios de salud y la baja de casos de COVID, los números de pruebas y nuevos diagnósticos han empezado a repuntar, pero todavía de forma insuficiente.

En el segundo trimestre del 2021 hubo un aumento en el número de test de VIH aplicados, de 36%: se hicieron 789 mil 552 pruebas, mientras que en el mismo periodo de 2020: 501 mil 868.

Hasta junio de este año se detectaron 6 mil 359 nuevos casos. En cuanto al estado inmunológico en el que ingresaron las personas a atención en la Secretaría de Salud, el 26.34% obtuvieron resultados de CD4 menores a 200, 146 mujeres (15.3%) y 810 hombres (84.7%). 

Los factores de la caída en el diagnóstico y la atención 

La disminución en las pruebas, los diagnósticos tardíos y que las personas lleguen con su salud ya muy comprometida a buscar atención médica son los resultados de un conjunto de factores, explica Adrián Quiroz, presidente y representante legal de Salud, Derechos y Justicia A.C y vocal del Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida (Conasida). 

“La caída no se le puede atribuir solo a que las personas llegaron tarde a buscar atención, es un conjunto de factores. En la primera parte de la pandemia muchos centros hospitalarios estaban cerrados y los médicos concentrados en atender COVID. Hasta las unidades de primer nivel estaban saturadas y esas son la puerta de entrada para garantizar el diagnóstico. No había consultas de especialidades. El inicio de los tratamientos fue muy lento y hubo retrasos por los problemas con la compra de medicamentos tanto en 2020 como en 2021”, señala Quiroz. 

Entérate: Tras 40 años, inician en CDMX las pruebas de Mosaico, la primera vacuna contra VIH que llega a Fase 3

Activistas de organizaciones de la sociedad civil basadas en entidades como Ciudad de México, Quintana Roo, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas, a quienes entrevistó Animal Político, coinciden en esa conjunción de factores. 

Rubén Maza, presidente y fundador de It Gets Better México, basada en Nuevo León y enfocada en los temas de derechos humanos, sexuales y reproductivos y en la prevención y detección del VIH, cuenta que durante los primeros meses de la pandemia, en el Centro de Atención para la Prevención y Atención del VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual (Capacits) de Monterrey, que pertenece a la Secretaría de Salud, solo daban y resurtían recetas, y atendían urgencias, pero ni siquiera había acceso al centro. 

“No dejaban ni entrar a la gente a la unidad, había una especie de barricada en la entrada, hecha con dos escritorios, ahí te daban o te tomaban la receta y volvían con el medicamento. Dos organizaciones estuvimos haciendo incidencia para abrir los servicios, anduvimos en el estira y afloje con las autoridades hasta julio de 2020, hasta entonces solo estuvieron abiertos farmacia y urgencias”. 

En el Capasits de Monterrey, precisa Abel Quiroga, presidente de la organización de la sociedad civil Acodemis, “se hacían 5 mil o 6 mil pruebas anuales, en 2020 cayeron hasta mil, documentamos la cifra a través de Transparencia, ahorita en 2021 ya se duplicó ese número, pero esa no puede ser la meta, falta más”. 

En el IMSS pasó lo mismo, dice Maza, solo les daban las recetas y los tratamientos, “no hubo consultas y todavía hay varias clínicas, la 2, la 4, la 25 y la 67 donde las dan de forma intermitente, incluso hay personas que tiene más de un año que no les hacen estudios de carga viral y CD4, cuando se los deben hacer cada seis meses. En el ISSSTE igual documentamos falta de atención médica e incluso desabasto de antirretrovirales”. 

Raúl C tuvo una infección y fue, en abril de 2021, a hacerse la prueba de VIH a un laboratorio privado. Salió positivo. Hizo cita en la Clínica 14 del IMSS, en Cancún Quintana Roo, a través de la aplicación en línea que el Seguro tiene para esto, y se la dieron hasta después de más de un mes, el 9 de junio. 

En la consulta le dijeron que necesitaban hacerle tres estudios de emergencia, que los pidiera para el día siguiente, le dieron cita solo para uno, una semana después. De los otros dos le decían que ya se había enviado la solicitud y había que esperar. 

Prefirió darse de baja del IMSS, tenía un seguro de estudiante, y acudir mejor a un Capasits de la Secretaría de Salud. Ahí está tomando sus consultas y el tratamiento, pero las inició hasta este octubre, casi seis meses después de que le dieron su resultado positivo. 

Hugo Pérez, coordinador de Unidos Ayudando por Cancún (Unayac) dice que ante la caída en los servicios de atención y diagnóstico en esa ciudad, las organizaciones de la sociedad civil siguieron haciendo las pruebas en sus centros comunitarios, pero la vinculación de los nuevos pacientes detectados con VIH a las instituciones de salud fue complicada. 

“La persona tenía que sacar su cita para el Capasits vía una aplicación o en un número 800, y sí era lenta la atención, en lo que les hacían los estudios de carga viral y CD4, tardaban hasta tres meses para acceder al tratamiento, el doble de lo normal”. 

Pérez dice que en lo que va de la pandemia él se encontró con alrededor de 10 casos de personas que ya estaban en fase de Sida, “eso no es común, incluso porque las mismas organizaciones hacemos mucha detención temprana, pero ahora por resguardo también tuvimos que parar el principio de la pandemia”. 

El diagnóstico y prevención que hacen las organizaciones de la sociedad civil también se ha visto afectado por el cierre de recursos que les aportaba el gobierno federal, y que dejó de canalizarse casi desde el inicio de este gobierno a todas las organizaciones de la sociedad civil, quienes ahora deben buscar fondos municipales, estatales, internacionales o de la sociedad. 

Ana Karen López Quintana, representante de Tamaulipas Diversidad Vidha Trans, habla de otro problema que generó la pandemia, dejó a muchas personas sin trabajo y por lo tanto sin seguridad social. “Alrededor de 25 personas que viven con VIH nos buscaron porque se quedaron sin empleo y no podían ya seguir con sus tratamientos en el IMSS, así que tuvimos que dialogar con Censida para que los integraran al Capasits de Tampico, pero hubo un lapso de tres o cuatro meses que se quedaron sin atención y sin medicamento y también tuvimos que intervenir para que reactivaran las pruebas de carga viral y CD4”. 

López Quintana también señala que llegaron personas no diagnosticadas a tiempo que ya estaban en proceso de Sida. “Llegaban al hospital con infecciones oportunistas, con neumonías, y les decían, ah, es COVID, los internaban y fallecían ahí. Eran personas de San Luis Potosí y de otros estados que llegan aquí a Tamaulipas, unos 30 deben haber sido”. 

Lee más: VIH: los estigmas y prejuicios que lo han acompañado 40 años

En Veracruz, Celso Pérez Ruíz, presidente de la asociación civil Tendremos Alas confirma que allá también se cerraron las consultas y los primeros meses de la pandemia tampoco se hicieron pruebas, ni exámenes de carga viral y CD4, que son muy importantes para saber en qué estado se encuentra la persona que vive con VIH, antes y durante el tratamiento. “Ahora ya los servicios se han normalizado, pero seis meses estuvo todo cerrado, solo les daban el medicamento e incluso a veces no había”. 

Raúl Caporal, codirector de Casa Frida Refugio LGBTTI en la CDMX resume que el impacto de la pandemia de COVID se presenta en el diagnóstico de nuevos casos, en el apego al tratamiento y en los estudios de seguimiento. 

“De por sí ya había un problema de detección tardía, pero estaba contenido, porque los servicios de salud no son amigables para las poblaciones claves en VIH. Hay, por ejemplo, gente desplazada de sus lugares de origen y les piden el INE para acceder a los servicios médicos. Ya diagnosticados tienen que esperarse a hacer el trámite de sus documentos para acceder al tratamiento. Además los horarios de atención son reducidos y los centros de atención le quedan muy lejos a la mayoría”. 

De acuerdo con las cifras definitivas sobre muertes durante el año pasado, que el jueves 28 de octubre hizo públicas el Inegi, en 2020, 4 mil 573 personas fallecieron a consecuencia de la enfermedad por VIH o alguna complicación generada por ella. La tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue de 3.6, mientras en 2019 fue de 4.2 y en 2018 de 4.0; es decir, aún no se registra un impacto en decesos, al menos no en estas cifras, por esta causa, debido a la interrupción en los servicios de salud. 

La falta de antirretrovirales

Jaime, nombre ficticio que usaremos para proteger su identidad, cuenta que a él apenas lo diagnosticaron con VIH en abril de 2021. Desde el año pasado padecía accesos de tos. En enero con el frío de Nuevo León, donde vive, le dio una infección pulmonar. La primera prueba que le hicieron fue la de COVID, pero salió negativo, le hicieron entonces más estudios, incluido el de VIH, y hasta abril le dieron el diagnóstico positivo. 

“Me dieron tratamiento, pero ahora resulta que luego no hay medicamento en el ISSSTE León, que es un subsistema de salud estatal, primero me faltó movitrem, tuve que buscar a una asociación para que me ayudaran a conseguirlo, y a finales de septiembre fui a resurtir la receta y no había dolutegravir, que cuesta 10 u 11 mil pesos, se tardaron como una semana en dármelo y ahora fui este 22 de octubre y otra vez no había, me lo surtieron hasta cinco días después”, dice Jaime, que además cuenta que solo ha tenido una consulta presencial con el infectólogo, desde abril, y lo demás por teléfono. 

Pedro, persona que vive con VIH y reside en Nuevo León también reporta desabasto de antirretrovirales, pero él en el IMSS. “Al principio de la pandemia me suspendieron consultas, estudios, todo, en la Clínica 2 del IMSS, en Monterrey, solo me daban las recetas, ahorita ya reactivaron la consulta, es cada tres meses. Con falta de medicamentos no había tenido problema hasta este mes, el 11 de octubre fui y no había biktarvy, el miércoles 20 se me agotó lo que tenía de medicamento y le pedí apoyo a una asociación para conseguirlo, hasta el lunes 25 me lo dieron, pero para nosotros quedarnos un día sin tratamiento es muy grave y da mucha ansiedad”. 

Georgina Gutiérrez, integrante del Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, señala que en el ISSSTE hay falta de tenofovir y todo septiembre no hubo biktarvy. “Le preguntamos a las autoridades del ISSSTE qué pasa y nos dicen sí hay, lo estamos viendo en el sistema, el problema es en la farmacia, no sabemos qué pasa o nos dicen que los médicos no hacen el pedido a tiempo, y la pregunta es, si a eso se debe el problema de desabasto, ¿qué no pueden revisar la cadena de abasto o ir a checar las farmacias?”. 

En el segundo informe de evaluación a la cuenta pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó un informe sobre Adquisición de Medicamentos para la Atención del VIH/SIDA y Otras ITS en Censida y determinó que hubo deficiencias en la recepción, almacenamiento y distribución de los medicamentos antirretrovirales y para el tratamiento de hepatitis C por parte del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA (COESIDA), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud en el estado de Jalisco, entidad que se seleccionó para evaluar en la auditoría. 

De igual forma, se determinaron inconsistencias en la recepción, almacenamiento y distribución de los medicamentos antirretrovirales y para el tratamiento de hepatitis C por parte de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) adscritos a Servicios de Salud en el estado de Veracruz, que también se seleccionó para evaluar en la auditoría. 

Animal Político solicitó entrevista a la Secretaría de Salud para hablar del impacto de la pandemia en el diagnóstico de nuevos casos y la atención a personas que viven con VIH en los Capasits, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. 

Quienes sí aceptaron la entrevista fueron el IMSS y el ISSSTE. Elizabeth Durán infectóloga de la Clínica Especializada San Fernando del ISSSTE, admite que sí hubo una caída en las consultas externas, en los estudios de CD4 y carga viral y que en algunas clínicas de primer contacto el acceso a las pruebas para el diagnóstico de la enfermedad se dificultó, a la vez que las personas tenían temor de asistir y contagiarse de Covid. 

“Por eso se abrió la Clínica de San Fernando, en octubre de 2020. Antes el ISSSTE no tenía una instalación dedicada solo a atender este padecimiento. Con la pandemia fue evidente que es necesario estar listo para dar continuidad a la atención en un lugar específico. De hecho, esta clínica es una especie de piloto para abrir unidades similares en otros lugares”, explica Durán. 

Actualmente ya está estabilizando la atención en todo el ISSSTE, dice la especialista, “y en la clínica estamos haciendo todo el esfuerzo para apoyar, hemos hecho 231 pruebas de VIH solo aquí en lo que va del año, no solo para los derechohabientes sino para población abierta, la atención se da de lunes a viernes, a nuestros pacientes se les inicia aquí el tratamiento y a los demás se les refiere a sus instituciones”. 

Lee: VIH/Sida: qué hace este virus al sistema inmunitario y por qué es tan difícil encontrar una cura o una vacuna

En cuanto a los medicamentos, asegura que hay abasto en el almacén central, y que si hay faltantes es cuestión de la administración de las unidades. “Cada administración tiene que solicitar las piezas dependiendo del número de pacientes que las usan y el estimado de nuevos, si hacen esa solicitud, se van enviando, pero a veces no la hacen a tiempo”. 

Alfonso Vega Yañez, de la coordinación de Programas Clínicos del IMSS, asegura que en esta institución los servicios de atención a las personas que viven con VIH no se suspendieron, pero la gente no fue. Los servicios de diagnóstico en el instituto se brindaron de forma continua, subraya, pero las personas tenían temor de acudir a las unidades médicas, por eso la caída, pero incluso se detectaron y vincularon 2 mil 009 pacientes en 2020, precisa, aunque dice no tener la cifra de 2019. 

Y reitera que en el instituto las consultas se dieron y se implementaron acciones como la receta resurtible, que se daba cada tres meses, para garantizar el apego al tratamiento. Sobre desabasto de medicamentos, dice que no hay tal. “Los inventarios de antirretrovirales son suficientes, hay surtimiento de recetas de cerca de 99%, cuando los años anteriores fue de 97 y 98%”.

 

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Rusia y Ucrania: qué se considera un crimen de guerra y puede ser Putin procesado por sus acciones

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de atacar civiles y cometer "crímenes de guerra", algo que está investigando la Corte Penal Internacional.
11 de marzo, 2022
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Ciudades ucranianas como Kiev, Járkiv, Jersón y Mariúpol han sido objeto de intensos ataques por parte de las fuerzas rusas en los últimos días.

En la última de ellas se produjo el bombardeo de una maternidad y hospital infantil este miércoles, algo que fue calificado por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como un “crimen de guerra”.

No fue la primera vez que Zelensky lanzó esa acusación contra Rusia. También lo hizo después de los ataques aéreos en Járkiv, que causaron la muerte de civiles.

Rusia ha negado que su ejército ataque civiles e instituciones de salud.

No obstante, tras la petición de 39 naciones, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dijo hace unos días que se están recopilando pruebas sobre presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por fuerzas rusas en Ucrania.

Aquí te contamos qué son los crímenes de guerra y de qué se acusa a Rusia.

¿Qué es un crimen de guerra?

Las reglas que definen un crimen de guerra figuran en el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, un conjunto de leyes más amplias relativas a las normas y costumbres de la guerra terrestre.

En algunos casos, también se utilizan los estatutos de órganos como las cortes penales internacionales que juzgaron crímenes en la antigua Yugoslavia y Ruanda.

Los Convenios de Ginebra son varios tratados que establecen estándares legales internacionales para el trato humano durante la guerra.

Las primeras tres convenciones protegen a los combatientes y prisioneros de guerra, mientras que la cuarta, adoptada después de la Segunda Guerra Mundial, protege a los civiles en las zonas de conflicto.

Los Convenios de Ginebra de 1949 han sido ratificados por todos los estados miembros de Naciones Unidas, incluida Rusia.

Firma de los Convenios de Ginebra

Getty Images
Los Convenios de Ginebra fueron firmados en 1949.

La definición de crímenes de guerra de la Cuarta Convención de Ginebra incluye:

  • El homicidio intencional.
  • La tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos.
  • Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud.
  • La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.
  • Forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga.
  • Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente.
  • La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal.
  • La toma de rehenes.

El Estatuto de Roma de 1998, otro importante tratado internacional relacionado con los conflictos armados, también incluye como crímenes de guerra:

  • Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades.
  • Lanzar intencionalmente un ataque a sabiendas de que causará incidentalmente la muerte o lesiones a civiles.
  • Atacar o bombardear, por cualquier medio, pueblos, aldeas, viviendas o edificios indefensos.

Además, establece que ciertos tipos de edificios, como hospitales o aquellos dedicados a la religión o la educación, no pueden ser atacados intencionalmente.

También prohíbe el uso de ciertos tipos de armas, así como gases venenosos.

¿Qué es la CPI y cómo se procesan los crímenes de guerra?

La CPI se creó en 1998 bajo el Estatuto de Roma. Es una institución independiente que procesa a las personas acusadas de los crímenes más graves contra la comunidad internacional.

Investiga crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.

Los Estados pueden procesar a los presuntos delincuentes en sus propios tribunales. La CPI solo puede ejercer jurisdicción donde los Estados no pueden o no quieren hacerlo. Por ello, es un “tribunal de último recurso”.

El tribunal no tiene su propia fuerza policial y depende de la cooperación estatal para arrestar a los sospechosos. Las sanciones impuestas por la CPI pueden incluir penas de prisión y multas.

Rusia y Ucrania no se encuentran entre los 123 estados miembros de la corte, pero Ucrania ha aceptado su jurisdicción, lo que significa que la CPI puede investigar ciertos presuntos delitos.

Otros países destacados que no son miembros incluyen Estados Unidos, China e India.

Sala de la Corte Penal Internacional

Getty Images
La Corte Penal Internacional decidió investigar si ha habido crímenes de guerra en Ucrania.

¿Ha habido enjuiciamientos por crímenes de guerra antes?

Durante la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de varios millones de personas, principalmente judíos, a manos de la Alemania nazi y el maltrato tanto de civiles como de prisioneros de guerra, llevaron a las potencias aliadas a procesar a las personas responsables.

Los Juicios de Núremberg entre 1945 y 1946 llevaron a la condena a muerte de diez líderes nazis. Un proceso similar comenzó en Tokio en 1948, donde siete comandantes japoneses fueron ahorcados.

Estos juicios sentaron precedente para procesamientos posteriores.

En 2012, el señor de la guerra congoleño Thomas Lubanga fue la primera persona condenada por la CPI cuando fue declarado culpable de reclutar y utilizar a niños soldados en su ejército rebelde entre 2002 y 2003. Fue condenado a 14 años.

Thomas Lubanga

Getty Images
Thomas Lubanga fue condenado por reclutar a niños soldados en la guerra del Congo

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) fue un organismo de Naciones Unidas que funcionó desde 1993 hasta 2017, creado para enjuiciar los crímenes cometidos durante las guerras de Yugoslavia.

El tribunal encontró a Radovan Karadzic, un exlíder serbobosnio, culpable en 2016 de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad por su papel en el conflicto. Ratko Mladic, el comandante militar de las fuerzas serbias de Bosnia, también fue condenado en 2017 por los mismos delitos.

Otros tribunales ad hoc también han procesado a personas por genocidio y crímenes de lesa humanidad en Ruanda y Camboya. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue la primera institución en reconocer la violación como un medio para perpetrar el genocidio.

¿De qué se ha acusado a Rusia?

El bombardeo del miércoles sobre una maternidad y un hospital infantil en Mariúpol causó indignación internacional.

“¿Qué tipo de país es este, la Federación Rusa, que tiene miedo de los hospitales y las maternidades y los destruye?”, cuestionó Zelensky en un discurso grabado desde Kiev.

Médicos Sin Fronteras, que tiene personal destacado en Ucrania, comentó que su equipo está “horrorizado” ante el ataque.

“En una ciudad en la que el sistema sanitario está al borde del colapso, privar a la gente de la tan necesaria asistencia sanitaria es una violación de las leyes de la guerra”, agregó la organización.

Moscú también está acusada de utilizar bombas de racimo en otros ataques. Las bombas de racimo son armas que, una vez que se lanzan, dispersan municiones más pequeñas.

Están prohibidas por muchos países en virtud de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008, pero no en Rusia o Ucrania, que no firmaron el acuerdo.

Los grupos de derechos humanos y el embajador de Ucrania ante la ONU también acusaron a Rusia de usar bombas de vacío en un ataque contra la ciudad nororiental de Ojtirka.

Las bombas de vacío son un arma termobárica que puede causar gran destrucción al encender una nube de combustible vaporizado.

No existen leyes internacionales que prohíban específicamente su uso, pero si un país los usa para atacar a poblaciones civiles en áreas urbanizadas, escuelas u hospitales, entonces podría ser condenado por un crimen de guerra según las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907.

Un comercio en la ciudad ucraniana de Járkiv

Getty Images
La ciudad ucraniana de Járkiv ha sido atacada por las fuerzas militares rusas

El Kremlin ha negado haber cometido crímenes de guerra o haber usado bombas de racimo y de vacío. Ha descartado las acusaciones como “noticias falsas”.

El ministro de Defensa ruso, Sergey Shoigu, dijo: “Los ataques se llevan a cabo solo contra objetivos militares y exclusivamente con armas de alta precisión”.

¿Puede Putin ser procesado?

Es mucho más fácil responsabilizar de un crimen de guerra a un soldado que lo ha cometido que a los líderes que le ordenaron disparar.

Pero la CPI también puede iniciar un proceso por la ofensa de “librar una guerra agresiva”.

Ese es un crimen por invasión o conflicto injustificado, que va más allá de una justificable acción militar en defensa propia.

Un cartel con la cara de Vladimir Putin y la palabra "Asesino" pegado en la entrada de la embajada de Rusia, en Santiago Chile

EPA
Este cartel colgado en la entrada de la embajada de Rusia, en Santiago, Chile, deja claro lo que algunos piensan sobre Vladimir Putin.

Curiosamente, esa tipificación se originó en Núremberg, después de que el juez enviado por Moscú convenció a los aliados de que los líderes nazis deberían enfrentar la justicia por “crímenes contra la paz”.

Pero este es el problema: el profesor y magistrado británico Philippe Sands, un experto en ley internacional de University College London, dice que la CPI no podría procesar a los líderes rusos por esa ofensa porque dicho país no es signatario del tribunal.

En teoría, el Consejo de Seguridad de la ONU podría pedirle a la CPI que investigue esa ofensa. Pero, una vez más, Rusia podría usar su veto como uno de los cinco miembros permanentes del consejo.


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