“Señora fiscal, míreme”. Elisa, 20 años buscando justicia
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Archivo Cuartoscuro

“Señora fiscal, míreme”. Elisa, 20 años buscando justicia

En junio pasado, y luego de distintas movilizaciones y tras enviarle cartas en las que le exponía su caso, Elisa sostuvo una reunión con la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.
Archivo Cuartoscuro
Por Dalila Sarabia
10 de noviembre, 2021
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Hace 20 años, el 9 de noviembre de 2001, Elisa fue atacada por su entonces pareja quien le vació una garrafa de ácido. A dos décadas de aquel día, su caso sigue impune; sin embargo, relata a Animal Político, hace cinco meses -por fin- las autoridades capitalinas se reunieron con ella y se comprometieron a darle seguimiento a su carpeta de investigación.

En junio pasado, y luego de distintas movilizaciones y tras enviarle distintas cartas en las que le exponía su caso, Elisa sostuvo una reunión con la Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.

Durante el encuentro, comparte la mujer, pudo explicarle su situación y solicitarle directamente apoyo para que su agresor pague por lo que le hizo hace 20 años.

“En esa reunión yo le pedí a la fiscal (Ernestina Godoy) que se repusiera el proceso de 2001, que no podía quedar en la impunidad porque en ese tiempo yo no tenía las bases que tengo en este momento para enfrentar lo que estoy pasando”.

“La intención de este sujeto no fue lesionarme o causar miedo, la intención en 2001 era asesinarme”, recalca Elisa.

Después del ataque, mientras Elisa recibía atención médica, un MP se apersonó en el hospital para levantar la denuncia por los hechos. Ni ella ni su familia le dieron seguimiento pues la prioridad fue su recuperación.

Un par de años después, cuando Elisa mejoró y recobró fuerzas para continuar con su vida, se dio a la tarea de dar seguimiento a aquella denuncia. Si bien es cierto que su agresor había huido de la comunidad en Xochimilco donde vivían, la mujer no quiso dar por cerrado el caso hasta que se castigaran los hechos; sin embargo, aquella carpeta de investigación se extravió.

A lo largo de los años, lo poco que ha podido recuperar del expediente extraviado, explica, es que el Ministerio Público que levantó la denuncia tipificó la agresión como lesiones y no como tentativa de homicidio, pues en 2001 el feminicidio aún no estaba tipificado.

“Yo le decía: ‘señora fiscal, míreme, estas no son lesiones, tengo 20 años con estas cicatrices y me voy a morir con ellas… la finalidad de él nunca fue lesionarme’”, cuenta Elisa sobre la reunión que sostuvo con la fiscal Ernestina Godoy.

“Le pedí recuperar el procedimiento de 2001 para dejar un precedente en mi comunidad, yo soy de un pueblo originario (San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco) en donde el machismo sigue predominando y en donde dejar un precedente es muy importante no solo para mí, sino para las mujeres que vivimos aquí”.

Según compartió Elisa, la fiscal Ernestina Godoy le dijo que conocía su caso, pero no estaba enterada de que la carpeta de investigación de 2001 se había perdido.

Lee: Retomar la vida tras un ataque con ácido, el largo y difícil proceso para la recuperación

Elisa, hoy de 38 años, se dedica al cultivo de plantas ornamentales. Dice que este trabajo lo trae arraigado porque sus padres y abuelos también fueron campesinos. Ahora se alista para comenzar con la venta de nochebuenas.

“En el campo he encontrado mucha paz y es la forma de sacar el enojo. El coraje que tengo lo he transformado produciendo plantas”.

“No me van a callar”

Después de agredir a Elisa, su expareja huyó y no se supo más de él. Paso a paso, la mujer se recuperó y salió adelante, sin embargo, 18 años después el agresor volvió a la comunidad.

Actualmente el hombre está en prisión, pero no por lo que le hizo a Elisa, sino por violencia familiar.

“El hecho de que tu agresor pueda regresar después de 18 años y quiera hacer su vida como si nada hubiera pasado es inadmitible (sic) porque truncó muchos proyectos, cambió todo mi entorno”, dice la mujer.

Elisa cuenta con medidas de seguridad porque a lo largo de estas dos décadas la familia de su agresor la ha amenazado -a ella y a su familia-. Vive con miedo, sentimiento que no cambiará hasta que su agresor reciba el castigo que merece después de intentar matarla.

“Ha sido muy complicado, creo que después de un ataque así no se puede volver a vivir en paz, siempre va a estar el miedo. Siempre estoy a la expectativa de que pueda desarrollarse otro acto de violencia”, expone.

“Sin embargo, esta vez que ya alcé la voz y estoy siendo escuchada por las autoridades y las colectivas y eso es lo que me impulsa a seguir, a salir adelante, a no desistir, a que haya la justicia que en estos 20 años no he podido obtener. Ya nada me va a callar porque seguiré alzando la voz”.

Lee: La tragedia de los ataques con ácido en el mundo

Elisa dice reconocer el trabajo que las autoridades han hecho en los últimos meses, pues también ha recibido acompañamiento. Confía que esto continúe y se logre recuperar el proceso de 2001 para que su agresor sea castigado.

“Busco la verdad y la justicia. En estos 20 años el estado tiene una deuda conmigo y está en sus manos romper ese pacto de impunidad”, concluyó.

Impunidad

En México no existen cifras oficiales del número de ataques con ácido hacia mujeres, sin embargo, la Fundación Carmen Sánchez -que se dedica a dar acompañamiento y asesoría a víctimas de estos ataques- tienen un registro de 28 víctimas en las últimas dos décadas. Seis de ellas solo en lo que va del 2021.

De las 28 víctimas, 22 han logrado sobrevivir y en su mayoría, las mujeres tenían entre 20 y 30 años de edad.

De acuerdo con información proporcionada por la fundación, las entidades federativas que más reportan estos crímenes son la CDMX, Puebla y el Estado de México.

En el 96% de los casos no ha habido sentencia, pero 4 agresores ya fueron vinculados a proceso: 3 por feminicidio en grado de tentativa y uno por violencia familiar.

Lee: Refugios: techo seguro contra la violencia de género

¿Por qué no se castigan estas agresiones?, acuerdo a la Fundación Carmen Sánchez porque no hay voluntad política para prevenir, investigar, sancionar y erradicar este tipo de crímenes.

“El hecho mismo de que hasta 2019 no existiera, en ningún código penal, la tipificación del ataque con ácido y que solo se dejara a consideración del MP, nos habla mucho de las prioridades que tienen las autoridades en este país.

“Además, en prácticamente todos los casos, las víctimas se han tenido que enfrentar a un servicio médico que minimiza sus lesiones y las discrimina, a un sistema de justicia que no les informa de sus derechos ni lleva a sus agresores a la cárcel, a una sociedad que les pone obstáculos para reincorporarse a la vida y a un Estado que es indiferente y omiso ante una de las formas de violencia más extremas que existen en este país”, expuso la fundación al consultarle sobre el tema.

Agregaron que los ataques con ácido o con cualquier otra sustancia corrosiva deben entenderse como el desenlace de un cúmulo de violencias que las mujeres experimentaron a lo largo de su vida y en todos los contextos de interacción social.

“Para nosotras, no basta con que la prevención de la violencia se reduzca a un ‘sal de ahí’ o ‘denuncia’, porque en el 40% de los casos las mujeres ya habían terminado la relación en el momento del ataque y algunas de ellas, incluso, habían denunciado penalmente a sus agresores. Más bien, se necesitan redes de apoyo y solidaridad amplias que permitan a las mujeres salir de ahí y que los hombres violentos reciban sanciones ejemplares”.

Otros de los datos que compartió la fundación apuntan a que la mayoría de los ataques se han dado en la calle y en el 90% de los casos la agresión ha sido directamente dirigida al rostro.

“(Es) una muestra de lo que pueden llegar a hacer los hombres violentos que se sienten dueños del cuerpo y de las decisiones de las mujeres”, subrayó la Fundación Carmen Sánchez.

 

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EPA

Qué dice el documento sobre la investigación del 11-S recién desclasificado por el FBI

El memorando enumera algunos contactos entre varios ciudadanos sauditas y los secuestradores de los aviones, pero no implica directamente al gobierno de Riad.
EPA
12 de septiembre, 2021
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En el vigésimo aniversario del atentado más mortífero en suelo estadounidense, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó un documento que analiza las posibles conexiones entre varios ciudadanos sauditas en Estados Unidos y dos de los atacantes del 11 de septiembre de 2001.

Los familiares de las víctimas de los ataques de las Torres Gemelas llevaban años solicitando la divulgación de estos archivos clasificados, argumentando que los funcionarios sauditas habrían tenido conocimiento previo del atentado pero que no intentaron detenerlo.

15 de los 19 secuestradores de los aviones eran ciudadanos sauditas.

Sin embargo, el documento —el primero de varios que se espera que sean hechos públicos— no proporciona ninguna evidencia de que el gobierno saudita hubiera estado vinculado o tuviera conocimiento del complot contra las Torres Gemelas.

Antes de la desclasificación, la embajada saudita en Washington se mostró a favor de que los archivos se sacaran a la luz, y una vez más negó cualquier vínculo entre su país y los secuestradores, señalando que tales afirmaciones son “falsas y maliciosas”.

¿Qué dice el documento?

El documento del FBI de 16 páginas se basa en entrevistas con una fuente cuya identidad está clasificada (nombrada como PII) y describe los contactos entre varios ciudadanos sauditas y dos de los secuestradores, Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Midhar.

Ambos se hicieron pasar por estudiantes para ingresar a Estados Unidos en el año 2000.

El memorando del FBI dice que luego recibieron un apoyo logístico significativo de Omar al-Bayoumi, quien, según testigos, era un visitante frecuente del Consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles a pesar de que su estatus oficial en ese momento era el de estudiante.

Según la fuente del FBI, Bayoumi tenía “un estatus muy alto” en el consulado.

“La asistencia de Bayoumi a Hamzi y Midhar incluyó traducción, viajes, alojamiento y financiación”, dice el documento.

Ataque torres gemelas

Getty Images

Por otra parte, el archivo del FBI también asegura que hubo vínculos entre los dos secuestradores y Fahad al-Thumairy, un imán (líder musulmán) de la mezquita del rey Fahad en Los Ángeles, a quien las fuentes citadas describen como “de creencias extremistas”.

Tanto Bayoumi como Thumairy abandonaron Estados Unidos semanas antes de los ataques del 11 de septiembre, según la agencia de noticias AP.

La agencia también citó a Jim Kreindler, un abogado de los familiares de las víctimas del 11 de septiembre, diciendo que el documento publicado “valida los argumentos que presentados en el litigio sobre la responsabilidad del gobierno saudí en los ataques del 11 de septiembre”.

El mes pasado, una demanda iniciada por familiares llevó a que varios altos exfuncionarios sauditas fueran interrogados bajo juramento.

Joe Biden en el Pentágono

EPA
Las familias de algunas víctimas llevaban tiempo presionando al presidente Joe Biden para que desclasificara los documentos.

Las administraciones precedentes, las de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump,se negaron a desclasificar los documentos, citando como argumento la seguridad nacional.

Pero el actual presidente Joe Biden ordenó la semana pasada una revisión de los documentos y les pidió a los funcionarios que publicaran lo que pudieran durante los próximos seis meses.

Durante mucho tiempo se ha especulado sobre vínculos oficiales sauditas con el atentado, dado el número de ciudadanos de ese país involucrados y los antecedentes del líder de al Qaeda, Osama bin Laden.

El líder de al Qaeda, Osama Bin Laden.

Getty Images
El líder de al Qaeda, Osama Bin Laden.

Estados Unidos y Arabia Saudita han sido aliados durante mucho tiempo, aunque a veces la relación ha sido compleja.

El anterior presidente estadounidense, Donald Trump, fortaleció los lazos entre su país y la monarquía absoluta.

Pero Biden calificó a Arabia Saudita de “paria” después de que en febrero de este año un informe de inteligencia de Estados Unidos implica al príncipe heredero, Mohammed bin Salman, en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ocurrido en 2018. Bin Salman niega haber ordenado el asesinato, que tuvo lugar en el consulado saudita en Estambul.

El corresponsal de seguridad de la BBC, Frank Gardner, afirma que desde entonces Biden ha suavizado su postura hacia el que es el hombre más poderoso de Arabia Saudita, reflejando la importancia de la alianza entre ambos países.


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