El auditor de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano, renunció a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una semana después de denunciar el freno de 60 dictámenes que deberían haber sido denunciados penalmente por la existencia de presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos, confirmaron fuente de la institución.
La renuncia tiene efectos para este martes 16 de noviembre, debido a las diferencias entre Lozano y el auditor Colmenares ante los cambios en el reglamento de la institución que limita la actuación de áreas como la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero que Lozano encabezó desde 2018.
El lunes pasado, Animal Político publicó que Lozano envió a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el 3 de noviembre en la que advertía que la ASF, a cargo de David Colmenares, había hecho cambios a su reglamento para limitar a una sola área la responsabilidad de interponer denuncias penales.
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El nuevo reglamento derogó la fracción XXXIV del artículo 12 que permitía a todas las Direcciones Generales de las áreas auditoras a presentar las denuncias penales que procedan por las irregularidades detectadas y coadyuvar en los procesos penales, pero desde agosto pasado, solo la Auditoría Especial de Seguimiento podrá denunciar.
Dicha área es encabezada por Nemesio Ibáñez Aguirre, quien ha trabajado con el auditor Colmenares desde 1986, cuando este fue Secretario de Finanzas del Gobierno de Oaxaca e Ibáñez su subordinado como subsecretario de Ingresos, durante el gobierno de Heladio Ramírez. Además, también trabajó desde 2008 en el despacho Colmenares Páramo y Asociados.
Esa área también es la única que puede hacer solventaciones, es decir, perdonar las irregularidades detectadas en las auditorías.
Lozano denunció que dos dictámenes técnicos debieron ser denunciados penalmente por la probable comisión de delitos, pero en cambio, fueron solventados sin que estuvieran “debidamente fundados y motivados”.
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Lozano informó a los diputados que desde julio de 2020, su área concluyó 60 dictámenes técnicos por un monto aproximado de mil millones de pesos con posibles irregularidades, de los cuales 10 ya cuentan con alguna revisión en la Unidad de Asuntos Jurídicos, pero hasta el momento siguen en espera de que la Auditoría Especial de Seguimiento revise la información, y no han sido denunciadas ante la Fiscalía.
De hecho, la administración de Colmenares ha disminuido el número de denuncias por posibles delitos cometidos por funcionarios públicos en 70%. De 2018 –cuando asumió la titularidad– a noviembre de 2021, la ASF interpuso 182 denuncias penales. En contraste, en los cuatro años previos, en la administración de Juan Manuel Portal, hubo 592 denuncias.
Hasta el momento, la Comisión de Vigilancia, presidida por el priista Pablo Angulo no ha emitido postura pública a respecto a lo que sucede en la Auditoría, pese a que la responsabilidad de dicha comisión es justamente revisar al órgano auditor.
