Guatemala autorizó detener a Duarte por desaparición; caso no avanza
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Cuartoscuro Archivo

Guatemala autorizó desde marzo detener a Javier Duarte por desaparición forzada, pero caso no avanza

Pese a ya no existir obstáculos las fiscalías en México no han procesado al exgobernador, quien ya tiene derecho a libertad condicional por el caso de corrupción.
Cuartoscuro Archivo
29 de noviembre, 2021
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Luego de un largo proceso diplomático y judicial que se extendió por casi tres años, México finalmente obtuvo del gobierno de Guatemala la autorización para cumplimentar una orden de aprehensión girada en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada.

Dicha autorización era necesaria ya que el país centroamericano extraditó en 2017 al exgobernador por delitos de corrupción, y de acuerdo con el tratado firmado entre las dos naciones se requería obtener la luz verde para detenerlo u procesarlo por un delito distinto.

Sin embargo, pese a que ya transcurrieron ocho meses de que se obtuvo este permiso el proceso penal en contra del exgobernador no se ha conseguido poner en marcha en México. La orden detención no se ha cumplimentado y la audiencia inicial no se ha podido llevar a cabo. La defensa de Duarte adelantó que impugnará el proceso y que el caso se sustenta en pruebas falsas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) comunicó a Animal Político que las autorizaciones de parte del gobierno de Guatemala para proceder en contra de Javier Duarte por este delito se recibieron en dos momentos: una respuesta parcial el 18 de diciembre de 2020 y la definitiva el 17 de marzo de 2021.

En el oficio UDT-7573/2021 obtenido a través de una solicitud de transparencia, la SRE detalla que si bien el contenido de los documentos enviados por Guatemala se considera información reservada y clasificada por cinco años, es posible revelar que el sentido de la respuesta a la solicitud ha sido positiva.

“La Dirección General de Asuntos Jurídicos comunicó que las autoridades guatemaltecas correspondientes han otorgado al Gobierno de México el consentimiento para a Excepción a la Regla de Especialidad que permite que el señor Javier Duarte de Ochoa pueda ser juzgado por un delito diferente al que ocasionó su extradición”, indica la dependencia federal.

Relaciones Exteriores agregó que el 19 de marzo pasado comunicó oficialmente a la Fiscalía General de la República (FGR) la autorización del gobierno guatemalteco para que se procediera en consecuencia.

Sin embargo, y como este medio también pudo confirmar, hasta la fecha la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz no ha sido ejecutada por agentes federales ni del estado de Veracruz. Ello pese a que Duarte de Ochoa está plenamente localizable ya que se encuentra recluido en el Reclusorio Preventivo Norte compurgando una condena de nueve años de prisión por el delito de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Animal Político publicó en octubre que el exgobernador de Veracruz podría recuperar su libertad de manera condicionada luego de que ya cumplió la mitad de dicha sentencia y a que no se ha puesto en marcha el proceso en su contra por desaparición forzada el cual es un delito considerado grave y que amerita prisión preventiva automática.

Audiencias pospuestas

Cuestionados sobre el por qué no se ha puesto en marcha el proceso en contra de Duarte de Ochoa, autoridades de la FGR indicaron que si bien esta dependencia participó en el proceso de solicitud diplomática para la obtención de la autorización, la carpeta de investigación corresponde a la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz y esa es la autoridad responsable de ejecutar la orden de arresto y detonar el proceso.

Las autoridades federales indicaron que se notificó oportunamente a la referida Fiscalía estatal sobre la autorización de Guatemala. Refirieron que ya hubo un primer intento de audiencia inicial pero la misma fue pospuesta. 

Este medio preguntó al área de comunicación social de la Fiscalía estatal sobre las acciones que se han tomado a partir de la notificación de la FGR así como la razón por la cual no se ha cumplimentado la orden de aprehensión, pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.

De acuerdo con fuentes con pleno conocimiento del caso consultadas por Animal Político son dos los intentos de audiencia inicial que se han llevado a cabo en las últimas semanas ante un juez de la ciudad de México sin éxito. Uno de esos intentos tuvo que posponerse por una alerta de riesgo de covid-19 en el centro penitenciario y la segunda por un tema administrativo.

Cabe señalar que la audiencia inicial es imprescindible para que el proceso penal pueda iniciar. En ella los fiscales le darán a conocer a Duarte el delito que le imputan y cuales son los datos que prueban para sostener su posible participación en el mismo. Los defensores, por su parte, pueden exponer los datos que consideren necesarios para desvirtuar esa presunción inicial.

A partir de ello el juez decidirá si existen datos iniciales suficientes que justifiquen la apertura del proceso en contra de Duarte y fijará un plazo para que se concluyan las investigaciones. Si esto sucede el exgobernador tendría que permanecer preso ya que el delito de desaparición forzada podría ameritar una prisión preventiva justificada, sobretodo al tratarse de un segundo procedimiento en su contra.

Las desapariciones de Veracruz…

En mayo de 2018 una jueza penal del estado de Veracruz giró una orden de aprehensión en contra de Duarte de Ochoa por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada. Esto en agravio de al menos uno de varios jóvenes, identificado como David Lara, que fueron detenidos ilegalmente por policías estatales en 2013.

Animal Político documentó en el reportaje “Desaparecer en Veracruz” la forma en como ocurrieron estos casos. Las víctimas fueron detenidas por policías estatales sin que existieran denuncias ni órdenes de aprehensión en su contra. No fueron hechos aislados sino una operación sistemática a cargo de dos grupos de la policía que se dedicaban a realizar estas detenciones ilegales. Todas las víctimas fueron llevadas a la Academia de Policía de Xalapa y ya no se volvió a saber de ellos.

Según las investigaciones oficiales, altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, incluido el titular de la dependencia Arturo Bermúdez, habrían participado en estos hechos. En febrero de 2018 se implementó un operativo denominado “Tiro de Gracia” en el que cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de 19 efectivos de esta corporación.

Al avanzar las indagatorias los fiscales establecieron que el entonces Fiscal del Estado, Luis Ángel Bravo, había entorpecido las indagatorias de estos hechos con la presunta intención de encubrirlos. Concretamente que habría intentado ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos en una barranca conocida como La Aurora, en donde supuestamente eran arrojados los cadáveres de las víctimas de desaparición forzada. El fiscal fue detenido en junio de 2018.

En ese contexto la Fiscalía estatal determinó que Duarte también era corresponsable del supuesto encubrimiento, ya que supuestamente ordenó al fiscal General que no se informara del número total de víctimas halladas en el referido terreno, situación que presuntamente entorpeció el esclarecimiento de los hechos.

“Se le atribuye (a Duarte) la calidad de autor intelectual en el caso ya que compelió al entonces fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, a que servidores públicos desplegaran acciones que entorpecieron la investigación de la desaparición forzada de David Lara” indica la acusación de la Fiscalía.

… Y las dudas en la investigación

Pese a que en su momento tanto el exfiscal de Veracruz., Luis Ángel Bravo, así como el exjefe de la policía, Arturo Bermúdez, fueron detenidos por los casos de desaparición forzada, actualmente se encuentran libres. A través de amparos consiguieron que se les levantaran las medidas de prisión preventiva que en su momento se les impusieron y, aunque sus procesos continúan, no han llegado a una sentencia.

Tras salir de prisión dichos exfuncionarios sostuvieron públicamente que sufrieron de maltratos y torturas por parte de los investigadores para, presuntamente, reconocer hechos que no cometieron. 

Bermúdez Zurita, cuyo testimonio es una de las pruebas principales de la fiscalía en contra de Duarte en el caso de desaparición forzada, escribió en una carta enviada al Congreso de Veracruz, que fue obligado a firmar una declaración en la que incriminaba al exgobernador, pues de no hacerlo habría consecuencias en contra de su familia. 

  

Una situación similar ocurrió con Gilberto Aguirre, exdirector de Servicios Periciales de la Fiscalía Estatal, y cuya declaración también fue usada en contra de Duarte. En su caso ya existe incluso una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la que se confirma que el exfuncionario fue víctima de malos tratos y tortura.

Los fiscales responsables de la investigación en contra de Duarte a la postre terminaron dejando sus cargos. En contra del exfiscal general Jorge Winckler, incluso existe una orden de aprehensión en su contra.

En julio de 2019 Javier Duarte dio a Animal Político una entrevista vía telefónica desde el Reclusorio Norte en la que calificó de un “montaje” el caso iniciado en su contra por desaparición forzada y dijo que no tenía ningún inconveniente en enfrentar un juicio y defender su inocencia.

“Ni siquiera es un caso de desaparición forzada, es de obstrucción de justicia y ese no es delito grave. Yo podría pelear esto mismo en Guatemala pero no lo voy a hacer. Lo haremos en México porque ya tenemos los elementos para documentar que esas pruebas carecen de validez y se trata de un montaje. Yo no tuve ninguna participación en nada de eso. El caso es endeble y ridículo” señaló en aquel momento el exgobernador.

Defensa de Duarte prepara impugnaciones

En un posicionamiento por escrito entregado a este medio la defensa de Javier Duarte adelantó que interpondrán recursos en contra de la autorización que dio el gobierno de Guatemala a la excepción de la regla de especialidad, toda vez que nunca fueron notificados de este procedimiento.

“No fuimos parte del proceso para actualizar la excepción a la regla de especialidad del tratado de extradición suscrito entre México y Guatemala, por lo que en estos días haremos valer los recursos procedentes a efecto de que se respeten los Derechos Humanos de Javier Duarte, mismos que se encuentran previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos y diversos otros tratados internacionales”, indicaron los abogados.

Los representantes del exgobernador subrayaron que esta acusación se ha construido a partir de pruebas y declaraciones falsas de exfuncionarios del gobierno pasado, que incluso fueron obtenidas con tortura como ya se confirmó en el caso de Gilberto Aguirre, y como lo prueba el hecho de que ahora el exfiscal responsable del caso, Jorge Winckler, esté prófugo.

“Nos sorprende que la Fiscalía General del Estado continúe con este proceso cuando ha quedado plenamente acreditada la falsedad de los hechos que se pretenden imputar a los involucrados”, añadieron los abogados.

En ese contexto la defensa reiteró que echarán mano de todos los recursos a su alcance para frenar lo que calificaron como una “campaña de desprestigio” en contra del exgobernador de Veracruz.

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Nueva crisis en el gobierno de Boris Johnson: 4 claves del escándalo sexual que propició una ola de renuncias

El primer ministro británico, Boris Johnson, enfrenta una crisis de credibilidad en su gobierno que está generando nuevas presiones en las propias filas conservadoras para sustituirle.
6 de julio, 2022
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Menos de un mes después, un nuevo escándalo.

El gobierno del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, fue sacudido por una crisis de consecuencias imprevisibles, iniciada por el escándalo sexual en el que se vio involucrado Chris Pincher, un parlamentario conservador cercano al premier.

El ministro de Hacienda, Rishi Sunak, y el ministro de Salud, Sajid Javid, fueron dos de los primeros en renunciar la noche del martes, poniendo en tela de juicio la competencia de Johnson para liderar el país.

Sunak argumentó que los ciudadanos esperan que el gobierno sea dirigido de una forma “apropiada, competente y seria”; mientras que Javid afirmó que el gobierno no estaba “actuando en el interés nacional”.

Ambas dimisiones avivaron las expectativas de que el gobierno británico pueda caer próximamente.

La mañana del miércoles, el ministro de Infancia y Familias, Will Quince, se unió a Sunak y a Javid, y envió una carta a Johnson anunciando su renuncia, después de que el lunes le dijera a los medios que le habían garantizado que el primer ministro no estaba al tanto de una serie de denuncias contra Chris Pincher.

Más tarde se supo que eso no era cierto.

Poco después el ministro del Tesoro, John Glen, se sumó a la serie de renuncias.

En menos de 24 horas, cerca de 20 funcionarios han abandonado sus cargos, entre ellos también se encuentran el procurador general Alex Chalk y Laura Trott, secretaria parlamentaria en el Departamento de Transporte.

“Después de toda la sordidez, de todo el fracaso, está claro que este gobierno conservador se está derrumbando“, señaló el líder del Partido Laborista, Keir Starmer.

Por su parte, el jefe del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, calificó el mandato de Johnson como un “gobierno de caos que le ha fallado al país” y le conminó a renunciar.

Estos llamamientos ocurren menos de un mes después de que el primer ministro enfrentara una moción de censura en el que 41% de los legisladores de su propio partido votaron contra él.

Rishi Sunak.

Reuters
El ministro de Hacienda, Rishi Sunak, era una de las figuras de más peso en el gabinete.

Aquel intento de destituirlo tuvo lugar después de que salieron a la luz pública fotos y pruebas de encuentros y celebraciones en la sede del gobierno mientras el resto del país se encontraba confinado por las restricciones impuestas por el propio gobierno de Johnson durante la pandemia de covid-19.

BBC Mundo te responde las preguntas clave sobre este nueva crisis que amenaza con hacer colapsar el gobierno de Johnson.

1. El origen de la crisis

El pasado 30 de junio, el diario británico The Sun publicó una información según la cual el entonces subjefe de la bancada del Partido Conservador en el Parlamento, Chris Pincher, había manoseado a dos hombres en un club privado en Londres.

Pincher, quien había sido nombrado en ese cargo por Johnson en febrero de este año en medio de una reorganización del Ejecutivo, renunció inmediatamente.

A los pocos días, los medios británicos publicaron información sobre al menos otros seis casos de supuesta conducta sexual inapropiada por parte de Pincher ocurridos en los últimos años.

Pincher, quien fue suspendido por el Partido Conservador, ha pedido disculpas y ha dicho que cooperará plenamente con las investigaciones sobre su conducta y que está buscando “apoyo médico profesional”.

2. ¿Cómo está implicado Boris Johnson?

Aunque el primer ministro británico no es quien ha incurrido en conductas sexuales inapropiadas, el escándalo de Pincher lo coloca en una situación difícil debido a que se está cuestionando su buen juicio así como la transparencia con la que el gobierno ha manejado el caso.

Chris Pincher

PA Media
Los señalamientos conra Chris Pincher han abierto un nuevo frente de batalla para Boris Johnson.

El pasado 1 de julio, la oficina del gobierno le dijo a la prensa que Johnson no sabía que hubiera acusaciones contra Pincher antes de su nombramiento.

El portavoz del gobierno dijo que el primer ministro no era consciente de “acusaciones específicas” sobre Pincher.

Esa fue la misma línea que mantuvieron en los días siguientes varios miembros del gabinete.

Sin embargo, el 4 de julio, el portavoz del mandatario dijo que Johnson conocía sobre “acusaciones que fueron resueltas o no progresaron hasta la fase de queja formal” y que no se había considerado apropiado detener el nombramiento de Pincher debido a “acusaciones no sustentadas”.

Esa misma tarde, sin embargo, la BBC reveló que Johnson había sido informado sobre una queja formal sobre el “comportamiento inapropiado” de Pincher, mientras este trabajó en el ministerio de Exteriores entre 2019-2020.

Esta queja llevó a un proceso disciplinario que confirmó que sí hubo un comportamiento inapropiado.

Posteriormente en una entrevista con la BBC, Johnson dijo: “Hubo una queja que me hicieron llegar a mí específicamente… fue hace mucho tiempo y me la presentaron de forma oral. Pero eso no es excusa, yo debí haber actuado a partir de ella”.

El primer ministro calificó como “un error” haber nombrado a Pincher, de quien dijo que se había comportado “muy, muy mal”, por lo que pidió disculpas a las personas afectadas.

3. ¿Por qué cuestionan al primer ministro?

“Todo esto se trata de una cosa: la verdad”, señala Chris Mason, editor de Política de la BBC al analizar la crisis en marcha en el gobierno británico.

Manifestación contra Boris Johnson.

Getty Images
El llamado “Partygate” dañó la credibilidad del gobierno de Johnson.

“Al margen de la marejada de detalles y acusaciones, todo se reduce a si la gente puede creer lo que dice el número 10 (como se llama coloquialmente al Ejecutivo británico)”, agrega.

Y es que la respuesta del Ejecutivo al escándalo de Pincher ha ido cambiando progresivamente a medida que han ido surgiendo otros elementos, como ocurrió durante el llamado “Partygate”, el caso sobre las fiestas realizadas en la sede del gobierno durante el confinamiento por el coronavirus, en el cual finalmente se comprobó que incluso Johnson había asistido a alguna de estas reuniones sociales.

“Las preguntas se refieren a lo que Boris Johnson sabía y cuándo lo supo. Y las respuestas siguen cambiando, a menudo en respuesta a hechos incómodos que demuestran que su anterior defensa era una basura, o al menos no tan sincera como podría haber sido”, señala Manson.

4. ¿Qué puede ocurrir ahora?

En teoría, tras haber sobrevivido a la moción de censura en su contra hace apenas un mes, Boris Johnson está protegido de otra iniciativa semejante durante un año.

Esto se debe a que así lo establecen las reglas actuales del Comité 1922, el grupo que agrupa a los legisladores comunes del Partido Conservador británico. Estas señalan que ese es el periodo que debe transcurrir para poder volver a someter a cuestionamiento al líder del partido.

Sin embargo, los críticos de Johnson quieren aprovechar la convocatoria para renovar a la directiva de ese comité para intentar tomar el control del mismo y cambiar esa regla para hacer posible una nueva moción de censura.

Reino Unido

PA
Johnson flanqueado por los dos ministros salientest, Rishi Sunak (dcha) y Sajid Javid.

El legislador conservador Andrew Bridgen, uno de los más críticos con Johnson, le dijo a Sky News que espera que la nueva directiva esté a favor del cambio de esa regla y que así se pueda eliminar esta limitación antes de las vacaciones de verano.

Consultado por la BBC sobre la viabilidad de este cambio en la normativa, Sir Graham Brady, actual jefe del Comité 1922, dijo que “técnicamente es posible”.

En la votación ocurrida hace un mes, Johnson obtuvo 211 votos a favor y 148 en contra.

Sin embargo, su situación política se ha deteriorado más en los últimos días con el escándalo de Pincher, primero, y ahora con las renuncias en su gobierno.

Otro mecanismo que podría llevar a la salida de Johnson es que se convoque un voto de censura en el Parlamento, en el cual los legisladores de todos los partidos puedan participar.

Esa iniciativa ya ha sido propuesta por los Liberales Demócratas, pero para que pueda prosperar necesitaría ser presentada por el Partido Laborista y el gobierno tendría que estar de acuerdo en que se incluyera en la agenda del Legislativo.

Nadine Dorries

Getty Images
La ministra de Cultura, Nadine Dorries, ratificó que está 100% junto a Johnson.

También es posible que sigan produciéndose renuncias dentro del gabinete que aumenten la presión política sobre Johnson para que renuncie.

Pero hay varios ministros que ya han ratificado su confianza en Johnson. Entre estos se incluye la ministra de Cultura, Nadine Dorries; la ministra de Interior, Priti Patel, y el ministro para la oportunidades del Brexit, Jacob Rees-Mogg.

Finalmente, existe la posibilidad de que el mandatario británico logre capear el temporal adverso como ha hecho en crisis anteriores que ha enfrentado su gobierno, aunque los analistas coinciden en que se le está acabando el tiempo.


Los leales a Johnson enfrentan un desafío incómodo

Análisis de Ione Wells, Corresponsal en Westminster, BBC News

Los parlamentarios y ministros conservadores están hartos de que no se les diga la verdad y, como resultado, se les haga quedar como tontos en la televisión y la radio.

Will Quince, cuando tuvo que defender al gobierno por el nombramiento de Chris Pincher, dijo a los medios que recibió una “garantía categórica” ​​de que el primer ministro no estaba al tanto de ninguna “acusación seria y específica” cuando nombró a Pincher.

Esto resultó no ser cierto.

El primer ministro admitió más tarde que estaba al tanto de una denuncia formal sobre Pincher cuando era ministro del Ministerio de Relaciones Exteriores en 2019.

Quince renunció este miércoles y dijo que “aceptó y repitió las garantías el lunes a los medios de comunicación que ahora se ha descubierto que son inexactas”.

A él se unieron el ministro junior Robin Walker y Laura Trott, anteriormente secretaria privada parlamentaria de transporte, quien también dijo que renunciaría porque se había perdido la confianza en la política.

Aquellos que se mantienen leales al primer ministro ahora enfrentan un desafío incómodo.

Deben defender por qué sienten que es aceptable que el gobierno de Johnson ordenara a sus ministros que dijeran una cosa, antes de cambiar de posición días o incluso horas después.


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