Guatemala autorizó detener a Duarte por desaparición; caso no avanza
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro Archivo

Guatemala autorizó desde marzo detener a Javier Duarte por desaparición forzada, pero caso no avanza

Pese a ya no existir obstáculos las fiscalías en México no han procesado al exgobernador, quien ya tiene derecho a libertad condicional por el caso de corrupción.
Cuartoscuro Archivo
29 de noviembre, 2021
Comparte

Luego de un largo proceso diplomático y judicial que se extendió por casi tres años, México finalmente obtuvo del gobierno de Guatemala la autorización para cumplimentar una orden de aprehensión girada en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada.

Dicha autorización era necesaria ya que el país centroamericano extraditó en 2017 al exgobernador por delitos de corrupción, y de acuerdo con el tratado firmado entre las dos naciones se requería obtener la luz verde para detenerlo u procesarlo por un delito distinto.

Sin embargo, pese a que ya transcurrieron ocho meses de que se obtuvo este permiso el proceso penal en contra del exgobernador no se ha conseguido poner en marcha en México. La orden detención no se ha cumplimentado y la audiencia inicial no se ha podido llevar a cabo. La defensa de Duarte adelantó que impugnará el proceso y que el caso se sustenta en pruebas falsas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) comunicó a Animal Político que las autorizaciones de parte del gobierno de Guatemala para proceder en contra de Javier Duarte por este delito se recibieron en dos momentos: una respuesta parcial el 18 de diciembre de 2020 y la definitiva el 17 de marzo de 2021.

En el oficio UDT-7573/2021 obtenido a través de una solicitud de transparencia, la SRE detalla que si bien el contenido de los documentos enviados por Guatemala se considera información reservada y clasificada por cinco años, es posible revelar que el sentido de la respuesta a la solicitud ha sido positiva.

“La Dirección General de Asuntos Jurídicos comunicó que las autoridades guatemaltecas correspondientes han otorgado al Gobierno de México el consentimiento para a Excepción a la Regla de Especialidad que permite que el señor Javier Duarte de Ochoa pueda ser juzgado por un delito diferente al que ocasionó su extradición”, indica la dependencia federal.

Relaciones Exteriores agregó que el 19 de marzo pasado comunicó oficialmente a la Fiscalía General de la República (FGR) la autorización del gobierno guatemalteco para que se procediera en consecuencia.

Sin embargo, y como este medio también pudo confirmar, hasta la fecha la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz no ha sido ejecutada por agentes federales ni del estado de Veracruz. Ello pese a que Duarte de Ochoa está plenamente localizable ya que se encuentra recluido en el Reclusorio Preventivo Norte compurgando una condena de nueve años de prisión por el delito de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Animal Político publicó en octubre que el exgobernador de Veracruz podría recuperar su libertad de manera condicionada luego de que ya cumplió la mitad de dicha sentencia y a que no se ha puesto en marcha el proceso en su contra por desaparición forzada el cual es un delito considerado grave y que amerita prisión preventiva automática.

Audiencias pospuestas

Cuestionados sobre el por qué no se ha puesto en marcha el proceso en contra de Duarte de Ochoa, autoridades de la FGR indicaron que si bien esta dependencia participó en el proceso de solicitud diplomática para la obtención de la autorización, la carpeta de investigación corresponde a la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz y esa es la autoridad responsable de ejecutar la orden de arresto y detonar el proceso.

Las autoridades federales indicaron que se notificó oportunamente a la referida Fiscalía estatal sobre la autorización de Guatemala. Refirieron que ya hubo un primer intento de audiencia inicial pero la misma fue pospuesta. 

Este medio preguntó al área de comunicación social de la Fiscalía estatal sobre las acciones que se han tomado a partir de la notificación de la FGR así como la razón por la cual no se ha cumplimentado la orden de aprehensión, pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.

De acuerdo con fuentes con pleno conocimiento del caso consultadas por Animal Político son dos los intentos de audiencia inicial que se han llevado a cabo en las últimas semanas ante un juez de la ciudad de México sin éxito. Uno de esos intentos tuvo que posponerse por una alerta de riesgo de covid-19 en el centro penitenciario y la segunda por un tema administrativo.

Cabe señalar que la audiencia inicial es imprescindible para que el proceso penal pueda iniciar. En ella los fiscales le darán a conocer a Duarte el delito que le imputan y cuales son los datos que prueban para sostener su posible participación en el mismo. Los defensores, por su parte, pueden exponer los datos que consideren necesarios para desvirtuar esa presunción inicial.

A partir de ello el juez decidirá si existen datos iniciales suficientes que justifiquen la apertura del proceso en contra de Duarte y fijará un plazo para que se concluyan las investigaciones. Si esto sucede el exgobernador tendría que permanecer preso ya que el delito de desaparición forzada podría ameritar una prisión preventiva justificada, sobretodo al tratarse de un segundo procedimiento en su contra.

Las desapariciones de Veracruz…

En mayo de 2018 una jueza penal del estado de Veracruz giró una orden de aprehensión en contra de Duarte de Ochoa por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada. Esto en agravio de al menos uno de varios jóvenes, identificado como David Lara, que fueron detenidos ilegalmente por policías estatales en 2013.

Animal Político documentó en el reportaje “Desaparecer en Veracruz” la forma en como ocurrieron estos casos. Las víctimas fueron detenidas por policías estatales sin que existieran denuncias ni órdenes de aprehensión en su contra. No fueron hechos aislados sino una operación sistemática a cargo de dos grupos de la policía que se dedicaban a realizar estas detenciones ilegales. Todas las víctimas fueron llevadas a la Academia de Policía de Xalapa y ya no se volvió a saber de ellos.

Según las investigaciones oficiales, altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, incluido el titular de la dependencia Arturo Bermúdez, habrían participado en estos hechos. En febrero de 2018 se implementó un operativo denominado “Tiro de Gracia” en el que cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de 19 efectivos de esta corporación.

Al avanzar las indagatorias los fiscales establecieron que el entonces Fiscal del Estado, Luis Ángel Bravo, había entorpecido las indagatorias de estos hechos con la presunta intención de encubrirlos. Concretamente que habría intentado ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos en una barranca conocida como La Aurora, en donde supuestamente eran arrojados los cadáveres de las víctimas de desaparición forzada. El fiscal fue detenido en junio de 2018.

En ese contexto la Fiscalía estatal determinó que Duarte también era corresponsable del supuesto encubrimiento, ya que supuestamente ordenó al fiscal General que no se informara del número total de víctimas halladas en el referido terreno, situación que presuntamente entorpeció el esclarecimiento de los hechos.

“Se le atribuye (a Duarte) la calidad de autor intelectual en el caso ya que compelió al entonces fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, a que servidores públicos desplegaran acciones que entorpecieron la investigación de la desaparición forzada de David Lara” indica la acusación de la Fiscalía.

… Y las dudas en la investigación

Pese a que en su momento tanto el exfiscal de Veracruz., Luis Ángel Bravo, así como el exjefe de la policía, Arturo Bermúdez, fueron detenidos por los casos de desaparición forzada, actualmente se encuentran libres. A través de amparos consiguieron que se les levantaran las medidas de prisión preventiva que en su momento se les impusieron y, aunque sus procesos continúan, no han llegado a una sentencia.

Tras salir de prisión dichos exfuncionarios sostuvieron públicamente que sufrieron de maltratos y torturas por parte de los investigadores para, presuntamente, reconocer hechos que no cometieron. 

Bermúdez Zurita, cuyo testimonio es una de las pruebas principales de la fiscalía en contra de Duarte en el caso de desaparición forzada, escribió en una carta enviada al Congreso de Veracruz, que fue obligado a firmar una declaración en la que incriminaba al exgobernador, pues de no hacerlo habría consecuencias en contra de su familia. 

  

Una situación similar ocurrió con Gilberto Aguirre, exdirector de Servicios Periciales de la Fiscalía Estatal, y cuya declaración también fue usada en contra de Duarte. En su caso ya existe incluso una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la que se confirma que el exfuncionario fue víctima de malos tratos y tortura.

Los fiscales responsables de la investigación en contra de Duarte a la postre terminaron dejando sus cargos. En contra del exfiscal general Jorge Winckler, incluso existe una orden de aprehensión en su contra.

En julio de 2019 Javier Duarte dio a Animal Político una entrevista vía telefónica desde el Reclusorio Norte en la que calificó de un “montaje” el caso iniciado en su contra por desaparición forzada y dijo que no tenía ningún inconveniente en enfrentar un juicio y defender su inocencia.

“Ni siquiera es un caso de desaparición forzada, es de obstrucción de justicia y ese no es delito grave. Yo podría pelear esto mismo en Guatemala pero no lo voy a hacer. Lo haremos en México porque ya tenemos los elementos para documentar que esas pruebas carecen de validez y se trata de un montaje. Yo no tuve ninguna participación en nada de eso. El caso es endeble y ridículo” señaló en aquel momento el exgobernador.

Defensa de Duarte prepara impugnaciones

En un posicionamiento por escrito entregado a este medio la defensa de Javier Duarte adelantó que interpondrán recursos en contra de la autorización que dio el gobierno de Guatemala a la excepción de la regla de especialidad, toda vez que nunca fueron notificados de este procedimiento.

“No fuimos parte del proceso para actualizar la excepción a la regla de especialidad del tratado de extradición suscrito entre México y Guatemala, por lo que en estos días haremos valer los recursos procedentes a efecto de que se respeten los Derechos Humanos de Javier Duarte, mismos que se encuentran previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos y diversos otros tratados internacionales”, indicaron los abogados.

Los representantes del exgobernador subrayaron que esta acusación se ha construido a partir de pruebas y declaraciones falsas de exfuncionarios del gobierno pasado, que incluso fueron obtenidas con tortura como ya se confirmó en el caso de Gilberto Aguirre, y como lo prueba el hecho de que ahora el exfiscal responsable del caso, Jorge Winckler, esté prófugo.

“Nos sorprende que la Fiscalía General del Estado continúe con este proceso cuando ha quedado plenamente acreditada la falsedad de los hechos que se pretenden imputar a los involucrados”, añadieron los abogados.

En ese contexto la defensa reiteró que echarán mano de todos los recursos a su alcance para frenar lo que calificaron como una “campaña de desprestigio” en contra del exgobernador de Veracruz.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

5 interrogantes sobre Trump y el asalto al Capitolio de hace un año

Cuando se cumple un año de la toma del Capitolio, un comité del Congreso continúa recopilando información en una gran investigación para determinar qué pasó y cómo se llegó a ese momento.
6 de enero, 2022
Comparte

Ha pasado ya un año desde que una turba de seguidores de Donald Trump asaltara el Capitolio de EE.UU. en un intento por frenar la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.

El recuento más completo de los eventos que llevaron a ese día y de lo que ocurrió durante esa jornada todavía se está recopilando: es la misión de un comité especial de la Cámara de Representantes del país creado para ese fin.

El comité, compuesto por siete miembros del Partido Demócrata y dos del Partido Republicano, se estableció después de que fracasaran diferentes intentos para crear una investigación independiente.

El comité tiene una tarea titánica: hasta el momento ha acusado a 275 personas de intentar impedir que el Congreso llevara a cabo la certificación de la victoria electoral del actual presidente Joe Biden.

Además, ha acusado a más de 300 personas por crímenes menores, que incluyen invasión de una propiedad del gobierno federal y conducta desordenada.

Según miembros del comité, la mayoría de aquellos que han sido contactados han accedido a cooperar.

Sin embargo, unos cuantos de los más cercanos a Donald Trump se han resistido. Han argumentado que poseen privilegios ejecutivos, un principio legal que protege las comunicaciones informales entre los presidentes y sus asesores.

Hasta el momento dos de ellos, el hombre de confianza de Trump Steve Bannon y el exjefe de gabinete Mark Meadows, han sido citados por la Cámara de Representantes acusados de desacato al Congreso.

Bannon enfrentará un juicio penal este año. Otros, como el exasesor de Trump Roger Stone y el exaliado de Trump Alex Jones han invocado la quinta enmienda de la Constitución (la cual defiende el derecho a permanecer en silencio para no autoincriminarse) para no responder preguntas sobre su papel en el levantamiento.

Hay una serie de vacíos y preguntas clave que el comité está buscando responder. Aquí hay algunas de las más urgentes.

1. ¿Qué tan involucrada estuvo la Casa Blanca en la organización de las manifestaciones del 6 de enero?

Bennie Thompson, el presidente de la investigación del Congreso, recientemente mencionó algunos de los elementos que su comité está tratando de entender sobre las marchas que ocurrieron en Washington DC y que precedieron al ataque al Capitolio.

Necesitamos saber quién organizó, planeó, pagó y recibió fondos relacionados con estos eventos, al igual que el tipo de comunicaciones que tuvieron organizadores con funcionarios de la Casa Blanca y del Congreso”, dijo.

Uno de esos organizadores, el activista conservador de ultraderecha Ali Alexánder, ya testificó ante el comité, y contó que estuvo en contacto con la Casa Blanca y miembros republicanos del Congreso con antelación.

La naturaleza exacta de esos contactos todavía no se ha revelado públicamente.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump durante un discurso el 6 de enero de 2021

Getty Images
Trump les dijo a sus seguidores que marcharan hacia el Capitolio durante una manifestación el 6 de enero de 2021.

El testimonio público inicial de Alexánder ante el comité puso algo de la culpa de lo que pasó ese día sobre los líderes de Women for America First (“Mujeres por América Primero”), quienes organizaron el evento cerca de la Casa Blanca, donde Trump les dijo a sus seguidores que marcharan hasta el Capitolio.

Además, agregó que hicieron poco por tratar de controlar la violencia y que pudieron haber estado en un hotel, a una cuadra de la Casa Blanca, “bebiendo champaña” mientras ocurría el ataque al Capitolio.

Las actividades en ese hotel, el Willard Intercontinental, han sido de particular interés para el comité del Congreso. Steve Bannon, el exalcalde de Nueva York Rudy Giulianni, el exasesor de seguridad nacional de Trump Michael Flynn, el locutor conservador Alex Jones y el confidente de Trump Roger Stone, son algunos de los nombres reconocidos que se vinculan con las reuniones en el hotel.

El comité indicó en su resolución de desacato al Congreso que cree que Bannon tuvo contacto directo con Trump sobre las manifestaciones del 6 de enero en al menos una ocasión. Y Jones dijo que la Casa Blanca le pidió liderar la marcha hacia el Capitolio.

El presentador de radio de ultraderecha Alex Jones hablándoles a los manifestantes mediante un megáfono

Getty Images
El presentador de radio de ultraderecha Alex Jones le habló a los manifestantes antes de la toma

2. ¿Tuvo alguien en el gobierno o en los círculos cercanos a Trump alguna razón para creer que el día se iba a tornar violento?

Luego de semanas de llamadas, mensajes en Twitter y batallas legales infructuosas, Trump enfocó su atención en el 6 de enero como el día clave que definiría si podría anular los resultados de la elección.

“Gran protesta en DC el 6 de enero”, escribió en Twitter el 19 de diciembre. “Vayan, ¡será salvaje!”.

Continuó esa línea 11 días después con otro mensaje en Twitter: “SEIS DE ENERO, ¡LOS VEO EN DC!”.

Según un reporte del diario The Washington Post, hubo amplia evidencia de que grupos militantes de ultraderecha estaban preparándose para viajar al Capitolio el 6 de enero, y que estaban siguiendo las declaraciones públicas del presidente como guía.

Las agencias federales de seguridad y el ejército, sin embargo, fueron reacios a tomar medidas más extensas para prepararse, por miedo a llamar la atención y la ira del presidente.

Una sugerencia del jefe del Estado Mayor Conjunto Mark Milley de asegurar la capital fue descartada por ser muy provocadora. Milley, según el Post, también estaba preocupado por que las fuerzas militares desplegadas en Washington pudieran recibir órdenes contradictorias del presidente.

El 5 de enero, Bannon dijo en su podcast que llegaba una “revolución”.

El infierno se desencadenará mañana”, añadió.

Esa misma tarde, Trump escribió en Twitter: “Washington se está inundando con la gente que no quiere ver una victoria electoral robada por demócratas radicales de izquierda. Nuestro país ha tenido suficiente, ¡no lo van a aceptar más!”.

Varios de los organizadores de las manifestaciones, según un reporte del sitio web de periodismo investigativo ProPublica, estaban preocupados de que el 6 de enero se tornara violento.

Y la marcha de la Casa Blanca al Capitolio generaba una preocupación particular.

Manifestantes a favor de Trump marchan de la Casa Blanca al Capitolio

Getty Images
Manifestantes a favor de Trump marchan de la Casa Blanca al Capitolio

“Una marcha de último minuto, sin permisos, sin la policía metropolitana que normalmente estaría allí para fortalecer el perímetro, se sentía insegura”, le dijo a ProPublica Dustin Stockton, uno de los organizadores de la manifestación de la Casa Blanca que fue citado por el comité.

Stockton quería que esas preocupaciones se le extendieran a la Casa Blanca, algo que, según cuenta, le aseguraron que sucedería.

Durante su discurso en la Casa Blanca, Trump específicamente incentivó a sus seguidores a marchar al Capitolio. Dijo que debían hacerlo “pacífica y patrióticamente”, pero en otro punto los animó a “pelear como nunca”.

Policías protegen la Cámara de Representantes durante la toma del Capitolio del 6 de enero

Getty Images
La policía le disparó a una manifestante mientras intentaba entrar a la Cámara de Representantes

3. ¿Cómo respondió el presidente cuando el Capitolio estaba bajo ataque?

Desde la época de Richard Nixon, los escándalos presidenciales se han definido por dos preguntas: ¿qué sabía el presidente y cuándo lo supo? Estas son aún relevantes en la investigación del ataque al Capitolio, pero además hay una tercera: ¿qué hizo el presidente una vez se enteró?

Gran parte de la investigación del comité se ha enfocado en tratar de entender las actividades del presidente el 6 de enero: antes, durante y después del ataque.

Es por lo que el comité ha estado enfrascado en una larga batalla legal para obtener documentos, incluyendo registros de llamadas y reuniones, notas y discursos, de los Archivos Nacionales referentes a ese día.

Ya hay algunos detalles sobre la presión que recibió el presidente para que respondiera con más fuerza cuando el Capitolio estaba bajo ataque.

La congresista republicana Jaime Herrera Beutler contó cómo el líder de la minoría republicana en la Cámara, Kevin McCarthy, llamó al presidente y le urgió a que hiciera que los atacantes se fueran. Cuando el presidente objetó, la conversación se transformó en un concurso de gritos envueltos en obscenidades.

El senador republicano por el estado de Alabama Tommy Tuberville también habló con el presidente y le dijo que las cosas no estaban yendo “muy bien”, agregando que él y el vicepresidente Mike Pence estaban siendo evacuados del Capitolio.

“Sé que tenemos problemas”, respondió Trump.

El entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows presentó al comité investigador mensajes de texto y correos electrónicos de personalidades conservadoras de TV y miembros de la propia familia de Trump, presionándolo para que el presidente hiciera una declaración televisiva y que tomara mayores acciones para frenar la violencia.

“Tiene que liderar ahora”, le escribió Donald Trump Jr. “Ha llegado demasiado lejos y esto se fue de las manos”.

“Estoy presionando fuerte”, respondió Meadows.

Agentes de policía se enfrentan con manifestantes durante los disturbios del 6 de enero

Getty Images
La batalla para retomar el Capitolio duró varias horas

Las acciones del presidente, sin embargo, son el gran agujero negro en medio de la investigación.

Si Meadows presionó, ¿cómo reaccionó el presidente? Hay reportes que indican que Trump pasó la mayor parte de esa tarde viendo televisión en su comedor privado en la Casa Blanca.

El comité ha citado a funcionarios de la Casa Blanca que pudieron estar cerca del presidente ese día y está en una batalla legal para adquirir documentos gubernamentales que le puedan ayudar a llenar ese agujero negro.

4. ¿Por qué se demoró la respuesta militar y de seguridad al ataque?

En la mañana del 6 de enero, la policía de parques de EE.UU. ya estaba enfrentándose con seguidores de Trump en el Monumento a Washington y en el Monumento a Lincoln.

A los agentes se les indicó que se mantuvieran al margen y que “solo monitorearan” la situación.

Luego de la marcha Stop the Steal (“Frenen el robo”) y del discurso de Trump, la violencia escaló.

Seguidores revoltosos de Trump atacaron a la policía alrededor del Capitolio y forzaron su entrada al edificio, donde ocuparon la cámara del Senado y saquearon las oficinas de líderes del Congreso.

Poco antes de que los manifestantes entraran en el Capitolio, el mayor General William Walker, comandante de la Guardia Nacional de DC, hizo una solicitud al secretario de Defensa interino Christopher Miller para poder desplegar sus fuerzas y manejar la crisis.

La autorización demoró más de dos horas y soldados de la Guardia Nacional no llegarían masivamente al Capitolio hasta una hora después.

Un 'marine' de los EE.UU. protegiendo la Casa Blanca el 6 de enero

Getty Images
Un ‘marine’ de los EE.UU. protegiendo la Casa Blanca el 6 de enero

El comité está buscando más pruebas de comunicaciones entre el Capitolio y el Pentágono y contactos, si es que los hubo, entre el Pentágono y funcionarios de la Casa Blanca, incluido el presidente.

El ataque al Capitolio representó un increíble vacío en la seguridad de uno de los asientos del poder gubernamental de EE.UU., y todavía no hay una idea clara de quién carga la mayor responsabilidad.

5. ¿Qué tan seriamente consideraron el presidente y la Casa Blanca tomar medidas extraordinarias para invalidar la elección?

Una de las revelaciones más llamativas en los aproximadamente 9.000 documentos que el jefe de gabinete de Trump entregó al comité del Congreso antes de dejar de cooperar fueron correos electrónicos sobre una presentación de PowerPoint de 36 páginas que circuló en la Casa Blanca y entre republicanos en el Congreso.

El autor exacto del documento aún no ha sido determinado, pero contiene varios alegatos conocidos y ya invalidados sobre fraude electoral. Lo que es extraordinario, sin embargo, es la amplitud de sus recomendaciones.

Sugería, por ejemplo, que el presidente declarara un estado nacional de emergencia, desechara todos los tarjetones tabulados electrónicamente y pusiera fuerzas federales de la Guardia Nacional a cargo de la supervisión de un recuento manual de votos físicos en estados clave.

Tales pasos no hubieran tenido precedentes en la historia de EE.UU.

El comité también está mirando reportes según los cuales el presidente estaba presionando a su propio Departamento de Justicia para declarar la elección como corrupta, diciéndoles a funcionarios de alto rango, según las notas de uno de los participantes, lo siguiente: “simplemente hay que decir que la elección fue corrupta y dejarme el resto a mí y al congresista republicano”.

El 3 de enero, el presidente habría contemplado forzar la renuncia del fiscal general en ejercicio Jeffrey Rosen y reemplazarlo por Jeffrey Clark, un asistente del fiscal general que había redactado una carta dirigida a autoridades electorales en Georgia en la que argumentaba que la victoria de Biden fue fraudulenta y los instaba a declarar a Trump como el ganador oficial.

El presidente se arrepintió cuando Rosen y funcionarios del Departamento de Justicia amenazaran con renunciar masivamente.

Clark, hasta el momento, se ha negado a cooperar con la investigación del 6 de enero y podría ser el próximo individuo al que citen por desacato al Congreso.

El vicepresidente Mike Pence era el objetivo final de la presión de Trump, y miembros clave de su equipo están cooperando con la investigación del Congreso.

El comité quiere saber más sobre una reunión que ambos tuvieron en la Casa Blanca el 4 de enero con John Eastman, un profesor de leyes de la Universidad Chapman que creía que Pence podía descartar los resultados estatales de las elecciones y declarar a Trump presidente.

O, al menos, demorar la certificación de los resultados hasta que las legislaturas estatales controladas por los republicanos pudieran tomar acciones para apoyar a Trump.

Según reportes de noticias, la presión para descartar los resultados de las elecciones continuó durante la noche del 6 de enero, cuando Eastman le informó al asesor legal de Pence que todavía tenía tiempo para negarse a certificar la victoria de Biden, incluso mientras en el Capitolio persistía el olor a gas lacrimógeno y aún había vidrios rotos tras la insólita jornada de violencia.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=l2QCDx-bbAc

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.