El guatemalteco Fernando Monterroso fue expulsado de México junto a su mujer y su hijo de 1 año el pasado 8 de septiembre. Funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) los trasladaron desde el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, hasta la frontera de Talismán, un paso remoto ubicado a una hora de Tecún Umán, el principal puente internacional entre México y Guatemala. Junto a ellos fueron obligados a abandonar el país por esta frontera 150 personas originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Todos formaban parte de un grupo más grande que fue capturado en una nave de Cadereyta, Nuevo León, el 31 de agosto.
En total, el INM anunció el “rescate” de 327 personas, de los que 120 serían niños, niñas y adolescentes, aunque documentos obtenidos por Animal Político señalan que, finalmente, fueron contabilizados 270. El instituto que dirige Francisco Garduño no explicó qué ocurrió con los 57 restantes.
“Estábamos esperando a que nos levantasen para ir a Reynosa. De repente, llegó la policía y nos agarró por sorpresa. Se sintió mal, lloramos todos. Vas buscando el sueño americano y que ellos te lo corten se siente feo”, explicó Monterroso.
El caso fue utilizado por el canciller Marcelo Ebrard para denunciar las malas condiciones en las que son trasladados los migrantes por las redes de tráfico de personas. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo oportunidad de quedarse en México. Todos fueron detenidos, encerrados y expulsados del país, a pesar de que la Ley de Migración no permite que los menores de edad ni los familiares que los acompañan sean detenidos.
Su expulsión también está en un limbo, ya que no fueron registrados por las autoridades de Guatemala como deportados. Animal Político quiso saber cuál es la base legal para estas devoluciones, pero al cierre de la edición el INM no había dado una respuesta.
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El viaje de Monterroso y su familia es ejemplo de un formato de expulsión que lleva funcionando desde el mes de mayo. Aviones fletados por el INM trasladan a migrantes centroamericanos desde poblaciones del norte como Reynosa, Tamaulipas, Juárez, Chihuahua, o Saltillo, Coahuila, hasta Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco. Allí son recibidos por funcionarios migratorios que los trasladan por carretera hasta la frontera, donde los obligan a dirigirse a Guatemala.
Según datos obtenidos por Animal Político a través de solicitudes de transparencia, entre el 25 de mayo (fecha en la que salieron los primeros vuelos desde Reynosa y Juárez) hasta el 30 de agosto, un total de 18 mil 965 personas fueron trasladadas a través de esta ruta aérea.
Entre las personas expulsadas había migrantes que fueron detenidos por las autoridades mexicanas, como Monterroso y su familia, y también otros interceptados por la Border Patrol de EU, devueltos a México en aplicación del Título 42, que permite las expulsiones exprés con la excusa de la COVID-19, y de ahí retornados a Guatemala.
En total, entre mayo y agosto despegaron 140 vuelos que transportaban a 8 mil 111 guatemaltecos, 5 mil 794 hondureños, 3 mil 284 salvadoreños y 1 mil 777 migrantes de otras nacionalidades. De ellos, 11 mil 496 eran hombres adultos, 4 mil 396 eran mujeres adultas, 1 mil 396 hombres menores acompañados por un adulto, 1 mil 356 mujeres menores acompañadas de un adulto, 252 niños sin acompañante y 145 niñas sin acompañante.
El origen de los vuelos desde Texas
En agosto, EU comenzó a fletar vuelos desde Texas hasta Tapachula y Villahermosa, en los que son expulsados migrantes que fueron capturados en la frontera. Sin embargo, la documentación obtenida por Animal Político permite saber que se trata de una ruta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya estaba empleando desde dos meses atrás.
Datos del Instituto Guatemalteco de Migración señalan que desde agosto, 16 mil 850 personas fueron expulsadas por la frontera de El Ceibo, Tabasco; 22 mil 582 por la de Talismán y 33 mil 236 por la de Tecún Umán. Se trata de números incompletos, ya que no contabiliza, por ejemplo, las personas devueltas por El Ceibo antes del mes de agosto. Para comprender la dimensión de estas expulsiones, que no son consideradas deportaciones ya que no siguen ningún proceso legal acordado con las autoridades del país receptor: México dejó en la frontera con Guatemala a 35 mil 610 hondureños, una cifra ligeramente superior al número de hondureños legalmente deportados, 35 mil 373 hasta el mes de agosto.
Los traslados aéreos son realizados por la empresa Magnicharters, propiedad de Grupo Aéreo Monterrey SA de CV, una compañía especializada en charters turísticos que recibió dos contratos millonarios con el INM para el traslado de migrantes. En total, son dos contratos por un monto de entre 68 millones de pesos y 170 mdp el primero, y entre 80 y 250 mdp el segundo. La empresa presta servicios tanto para el traslado de migrantes dentro de esta ruta hacia el sur como para las deportaciones regulares a Guatemala o Haití.
Muchos de los expulsados regresan posteriormente a Tapachula, Chiapas, donde quedan atrapados durante meses.
