Militares designados por morenistas dejan deuda en seguridad
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Militares designados por morenistas dejan deuda en seguridad en estados y arrastran escándalos

Los índices de inseguridad en estados morenistas respecto de delitos considerados de alto impacto no han variado sustancialmente, o, incluso, han repuntado.
Cuartoscuro
28 de noviembre, 2021
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La estrategia de los gobiernos morenistas de designar a militares al frente de la seguridad de sus estados no ha servido para reducir los índices delictivos, además de que algunos mandos castrenses arrastran escándalos e incluso enfrentan procesos judiciales por crímenes graves.

Por recomendación expresa del presidente Andrés Manuel López Obrador, 9 de los 18 estados gobernados actualmente por Morena y sus aliados políticos encargaron sus secretarías de Seguridad Pública a militares del Ejército y la Marina.

Lee: ‘Cuando los militares se meten la democracia peligra’: Human Rights tras respaldo del Ejército a AMLO

Con el argumento de que son “incorruptibles”, los estados morenistas donde mandos castrenses asumieron las tareas de seguridad ciudadana son Baja California Sur, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. Se trata de un tercio de las entidades federativas del país.

La mayoría de esas administraciones estatales van iniciando funciones tras su triunfo en los comicios de junio de este año, pero en un estado –Sinaloa–fue ratificado un jefe militar que ya había estado al frente de la corporación de seguridad pública en el gobierno anterior, mientras que, en otra entidad –Morelos—, la Comisión Estatal de Seguridad lleva tres años en manos de un mando castrense.

Una revisión de cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestra que los índices de inseguridad en esos estados respecto de delitos considerados de alto impacto no han variado sustancialmente, o, incluso, han repuntado.

Sinaloa: inseguridad estancada

El septiembre, el recién llegado gobernador morenista, Rubén Rocha Moya, ratificó al teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa a petición expresa del presidente López Obrador.

“En el caso de Sinaloa, es una recomendación que se le hizo al gobernador (Rocha Moya), porque este secretario de Seguridad Pública ha venido trabajando bien y está respaldado tanto por la Secretaría de Marina como por la Secretaría de la Defensa Nacional, así de claro”, dijo el mandatario federal en la conferencia matutina del 19 de octubre.

Desde 2017, Castañeda Camarillo desempeñaba el cargo de subsecretario de Seguridad Pública del estado, donde atestiguó el relevo de dos titulares, también militares, hasta que le tocó a él asumir el mando: fue designado como titular de la SSP en diciembre de 2018 por el entonces gobernador priista Quirino Ordaz.

Es decir, el teniente coronel lleva cinco años en puestos de mando de la dependencia de seguridad, durante los cuales, los índices delictivos y violencia en el estado se han mantenido altos.

Por ejemplo, el delito de homicidio doloso y culposo tuvo un aumento entre 2016 y 2017 –el primer año de Castañeda Camarillo como subsecretario de seguridad–, al pasar de 1 mil 516 carpetas de investigación a 1 mil 839 (21% más), según datos del SESNSP. En 2018 hubo 1 mil 608 carpetas, aún por encima de la cifra de dos años atrás. Entre 2019 y 2020 hubo una ligera disminución, al pasar de 1 mil 407 carpetas a 1 mil 313.

Los delitos de feminicidio, robo y narcomenudeo se comportaron de manera semejante: repuntaron drásticamente en 2017 y, a partir de entonces, comenzaron a disminuir a niveles de 2016, el año previo a la llegada del teniente coronel como mando de la SSP.

En cuanto al feminicidio, la cifra de carpetas de investigación pasó de 39 a 82 entre 2016 y 2017 (110% más), a partir de lo cual comenzó a bajar anualmente: a 48 en 2018, 37 en 2019, 26 en 2020, y luego volvió a repuntar a 37 con corte a octubre de 2021.

Por narcomenudeo, la cifra de carpetas de investigación creció de 386 a 857 de 2016 a 2017 (122% más). En 2018 y 2019 aún se mantuvo alta (793 y 614 respectivamente), y fue hasta 2020 que disminuyó a 269.

Por el delito de robo, el número de carpetas de investigación pasó de 8 mil 628 en 2016 a 9 mil 885 en 2017 (14% más). A partir de 2018 comenzó a registrarse una ligera disminución, llegando a las 6 mil 660 en 2020.

Por su parte, el delito de violación ha tenido un aumento sostenido año con año. En 2017 hubo 159 carpetas de investigación, que crecieron a 197 en 2018, 240 en 2019, 229 en 2020, y 255 (la mayor cifra en el periodo) con corte a octubre de este año.

Respecto de los delitos del fuero federal también ha habido incrementos. Por ejemplo, las averiguaciones por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos pasaron de 460 en 2016 a 681 en 2017 (48% más). Luego, entre 2018 y 2020 la cifra bajó a 289.

Los delitos contra la salud –producción, transporte, tráfico, suministro y posesión de drogas— se comportaron de la misma manera: repuntaron de 281 averiguaciones previas en 2016 a 418 en 2017 (48% más), a partir de lo cual hubo una pequeña disminución, hasta situarse en 409 en 2020, aún por encima de la cifra de años atrás.

La gestión del teniente coronel Castañeda Camarillo se vio envuelta en polémica debido a que durante el fallido operativo del “culiacanazo”, con el que fuerzas federales intentaron aprehender a Ovidio Guzmán, el 17 de octubre de 2019, el titular de la SSP se encontraba fuera de la capital (estaba en un evento protocolario en Manzanillo).

“Ese día se le fugaron 49 reos del penal de Aguaruto y le hirieron a por lo menos dos policías estatales. Por lo menos 200 hombres armados con pistolas y rifles capturaron la ciudad capital de Sinaloa, el Estado que juró proteger”, publicó la revisa Espejo.

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Morelos: todos los delitos al alza

En agosto de 2018, el gobernador morelense Cuauhtémoc Blanco, quien llegó a ese cargo postulado por el extinto Partido Encuentro Social (PES) –antiguo aliado político de Morena–, designó al almirante en retiro José Antonio Ortiz Guarneros como titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

Desde que el marino está a cargo de la seguridad ciudadana de la entidad, prácticamente todos los delitos de alto impacto del fuero común han registrado un repunte, según cifras oficiales del SESNSP.

Por el delito de homicidio doloso y culposo, en 2018 –el primer año de la gestión del mando castrense— se iniciaron 1 mil carpetas de investigación, cifra mayor que el año previo, cuando se abrieron 828.

Este delito se mantuvo constante: en 2019 hubo 1 mil 162 carpetas; 1 mil 033 en 2020, y 1 mil 088 hasta octubre de este año.

El delito de secuestro también aumentó. De 2017 a 2018 se pasó de 42 a 46 carpetas de investigación; en 2019 ese ilícito se recrudeció, al llegar a 72 carpetas, mientras que en 2020 hubo 57.

El narcomenudeo registró en 2018 una ligera baja respecto del año anterior –pasó de 776 carpetas de investigación a 734–, pero en 2019 tuvo un repunte, al llegar a 894, y a 884 en 2020.

En cuanto a la extorsión, se iniciaron 24 carpetas de investigación en 2018, cifra que se disparó a 184 en 2019 (666% más), mientras que en 2020 se redujo ligeramente a 135.

La violencia contra las mujeres también repuntó. Por el delito de violación se abrieron 429 carpetas de investigación en 2018, 40 más que el año previo; en 2019, la cifra llegó a 414, para volver a subir en 2020 a 432.

El feminicidio también se agravó. En 2018 hubo 28 carpetas de investigación por ese delito; en 2019 hubo 39, y en 2020, 35.

Sólo el delito de robo ha tenido una ligera pero sostenida reducción en el estado: de 17 mil 313 carpetas de investigación iniciadas en 2018 se pasó a 16 mil 301 en 2019 (5.8% menos) y a 15 mil 100 en 2020.

Respecto de los delitos federales, hubo un repunte en las violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que pasó de 224 carpetas de investigación iniciadas en 2018 a 269 en 2019; en 2020 hubo una reducción a 185 carpetas.

Debido al recrudecimiento de la inseguridad en el estado, organizaciones civiles y ciudadanos han exigido la renuncia del almirante Ortiz Guarneros como comisionado estatal de seguridad. El gobernador Blanco respondió que los demandantes son personas que quieren que “le vaya mal a su gobierno”.

El capitán de la Marina prófugo

En Tlaxcala, nada más tomar posesión del cargo, la morenista Lorena Cuéllar entregó la Secretaría de Seguridad Ciudadana al capitán de fragata retirado de la Marina Alfredo Álvarez Valenzuela, quien actualmente es considerado prófugo de la justicia por evadirse de una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de desaparición forzada, en un caso que habría ocurrido cuando el marino fue jefe de la Policía de Acapulco, Guerrero.

Álvarez Valenzuela se licenció en la Heroica Escuela Naval Militar y fue cobijado por el gobierno federal obradorista en la Secretaría de Gobernación y luego en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde desempeñó el cargo de director general adjunto de la Subsecretaría de Seguridad Pública.

Luego de que el capitán se dio a la fuga, la gobernadora Cuéllar devolvió la SSC a un mando con perfil civil, Maximino Hernández Pulido.

Otros morenistas siguen el ejemplo

La directriz de fichar a elementos del Ejército o la Marina en las secretarías de Seguridad Pública estatales proviene del mismo presidente López Obrador, en un contexto en el que, a nivel federal, la institución militar ha adquirido cada vez más influencia en asuntos públicos más allá de las tareas de combate al crimen.

En la conferencia matutina del 19 de octubre, López Obrador reconoció que ha hecho “recomendaciones” de perfiles castrenses a los gobernadores y que en la designación de los cargos pesa la opinión de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), Luis Sandoval y Rafael Ojeda, respectivamente.

“Yo hago una recomendación: cuando se trata de los secretarios de Seguridad Pública, siempre les recomiendo respetuosamente a quienes van a gobernar que cuiden ese cargo, que cuiden a la persona que va a ocupar ese cargo. Y también les recomiendo que consulten tanto al almirante Ojeda, secretario de Marina, como al general Sandoval, para que se tengan personas honestas, íntegras, incorruptibles, y que se evite lo que era muy común antes, que la delincuencia tenía el control de las policías en los estados y en los municipios”, dijo el presidente.

La militarización de los cargos civiles de seguridad se ha profundizado en algunos estados, como en Nayarit, donde el gobernador, el morenista Miguel Ángel Navarro, ha influido en los alcaldes para que, a su vez, designen a soldados en las direcciones de seguridad pública municipales.

Guerrero es otro ejemplo. Allí, al acto de presentación del gabinete de la gobernadora Evelyn Salgado, el almirante Ojeda asistió como representante del Ejecutivo federal. Ese día, el capitán de fragata Evelio Méndez Gómez tomó las riendas de la seguridad pública del estado. Además, el presidente López Obrador anunció que en el municipio de Acapulco, donde también gobierna Morena, de igual modo se designaría a un marino como titular de la SSP.

Baja California es otro estado donde se ha desplegado la liturgia militarista. El 1 de noviembre, la mandataria Marina del Pilar encabezó un “pase de lista” a los elementos de seguridad que operan en el estado, incluidos los de la Guardia Nacional.

El nombramiento más reciente de un mando militar al frente de la seguridad ciudadana de un estado morenista fue en Zacatecas.

El gobernador David Monreal designó al general brigadier Diplomado de Estado Mayor en retiro Adolfo Marín Marín como secretario de Seguridad Pública, tras haber servido 45 años ininterrumpidos en las Fuerzas Armadas.

El general Marín fue nombrado en ese cargo tras el hallazgo de 10 cuerpos en Ciudad Cuauhtémoc, en el marco de una ola de violencia generada por enfrentamientos entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, así como con las fuerzas de seguridad.

El mando castrense fue jefe de Estado Mayor de la 20va. Zona Militar, en Colima; jefe de Estado Mayor de Agrupamiento de Combate en Chiapas, y jefe de operaciones en el combate permanente contra el narcotráfico en Chihuahua, Durango y Sinaloa.

En noviembre, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, designó como titular de la SSP al capitán de navío Diplomado en Estado Mayor Javier López García, quien cuenta con una trayectoria de 34 años en la Semar.

En Colima, la gobernadora Índira Vizcaíno entregó la SSP al capitán de navío Manuel Llerandi Ruiz, quien estuvo 32 años en servicio activo en la Marina, periodo en el que sirvió en la Unidad de Fuerzas Especiales.

El morenista Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, designó secretario de Seguridad Pública del estado al general José Alfredo Ortega Reyes, que fue comisiario jefe y titular de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia de la Guardia Nacional.

Tras ganar la elección de gubernatura de San Luis Potosí postulado por el PVEM y el PT –aliados políticos de Morena–, Ricardo Gallardo Cardona nombró como titular de la SSP al general de brigada Diplomado de Estado Mayor Guzmar Ángel González Castillo.

El mando del Ejército fue director de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Guardia Nacional en SLP, y comandante de la 12va. Zona Militar con sede en ese estado.

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Ayotzinapa: quién es Jesús Murillo Karam, el exprocurador acusado de torturas y desaparición forzada

El extitular de la Procuraduría General de la República y principal responsable de la investigación tras la desaparición de los 43 estudiantes fue detenido este viernes.
20 de agosto, 2022
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Poco podía imaginar Jesús Murillo Karam que algunas de las frases que pronunció tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 se acabarían convirtiendo en auténticos emblemas cargados de polémica que resuenan hasta el día de hoy.

Como titular de la entonces Procuraduría General de la República (Fiscalía) de México, estuvo en el ojo del escrutinio público a medida que las dudas y distintas teorías salpicaban la investigación de uno de los mayores casos de vulneración de derechos humanos en la historia del país.

Una de sus intervenciones públicas más recordadas fue cuando habló de “verdad histórica” para referirse a la entonces versión oficial de lo sucedido: que los estudiantes habían sido entregados a un grupo criminal que los habría asesinado e incinerado.

Pero ni familiares ni grupos independientes de expertos internacionales creyeron esta versión, que acabó siendo descartada oficialmente por la Fiscalía en 2020.

Este viernes, sin oponer resistencia, Murillo Karam fue detenido frente a su vivienda en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más lujosas de Ciudad de México.

Su arresto tuvo lugar solo 24 horas después de la publicación de un informe de la Comisión de la Verdad creada en 2018 por el gobierno para esclarecer lo sucedido.

El organismo tildó de “crimen de Estado” lo ocurrido en el que “estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles” y señaló a varios exfuncionarios, entre ellos el propio Murillo Karam.

Al exprocurador se le acusa de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.

Familiares de los desaparecidos protestan ante la sede de la cancillería

Getty Images
Familiares de los desaparecidos en Ayotzinapa protestan en la cancillería mexicana.

¿Quién es Murillo Karam?

Murillo Karam nació hace 74 años en el municipio de Real del Monte, en el estado mexicano de Hidalgo.

Tras estudiar Derecho, comenzó su carrera política como abogado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde ocupó el cargo de secretario general de la formación y llegó a ser diputado y senador de la República.

Entre 1993 y 1998, fue gobernador de Hidalgo, su estado natal. Posteriormente ocupó el cargo de subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación.

A finales de 2012,se incorporó al gobierno de Enrique Peña Nieto, de su mismo partido, como procurador general.

Aunque permaneció en el cargo durante poco más de dos años, durante su gestión estuvo al frente de sonados casos en México como la segunda captura en 2014 de Joaquín “el Chapo” Guzmán, exlider del cartel de Sinaloa.

Sin embargo, fue su investigación tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de aquel mismo año en Iguala, Guerrero, la que marcó su labor y le acarreó un aluvión de críticas y peticiones de dimisión.

Tomás Zerón durante una conferencia de prensa.

AFP
Tomás Zerón fue el jefe de investigación de la versión establecida como “verdad histórica” se encuentra fuera de México.

Del “ya me cansé” a la “verdad histórica”

El caso pronto adquirió repercusión internacional y la presión para que la investigación liderada por la Procuraduría arrojara resultados también aumentó casi tanto como las dudas de los familiares de los jóvenes ante las explicaciones que las autoridades les ofrecían sobre lo ocurrido.

Pocas semanas después de la desaparición, en una de sus múltiples conferencias ante la prensa para ofrecer detalles de las pesquisas, Murillo Karam protagonizó uno de los momentos más nefastos y criticados de su carrera.

El exprocurador cortó las preguntas de los periodistas con un recordado “Muchas gracias, ya me cansé”, en un momento en el que la sociedad exigía respuestas sobre lo ocurrido.

Aquella icónica frase se convirtió en una especie de lema para quienes exigían justicia, hartos de la violencia y la impunidad reinantes en el país, y que protagonizaron protestas en las calles y en las redes sociales durante semanas con el hashtag #YaMeCansé

En enero de 2015, acompañado del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón -actualmente prófugo de la justicia mexicana en Israel por su presunta vinculación con este mismo caso- Murillo Karam presentó lo que llamó “versión histórica” de lo sucedido con los jóvenes.

La teoría apuntaba a que los estudiantes habían sido entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en el basurero municipal de Colula, en el estado de Guerrero.

“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”, dijo Murillo Karam en aquella polémica intervención por la que recibió duras críticas de familiares de los jóvenes y organismos internacionales en desacuerdo con el transcurso de la investigación.

Un mes después, Murillo Karam dimitió y le cedió su puesto como procurador a la senadora del PRI, Arely Gómez González.

Tras la polémica, el ya exprocurador concluyó su vida profesional al frente de la mucho más tranquila Secretaría de Desarrollo Agrario, donde solo permaneció unos meses.

Desde entonces, mantuvo un perfil público bastante bajo. Su nombre solo regresaba a la luz pública gracias a las distintas investigaciones e informes de organismos publicados sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en los años recientes.

El último, el publicado por la Comisión de la Verdad este jueves y que volvió a poner a Murillo Karam sobre la palestra como una de las autoridades presuntamente responsables de “alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad “, culminó con la detención del considerado “arquitecto de la verdad histórica” de Ayotzinapa.


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