"No podemos volver": nicaragüenses huyen a México por crisis política
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“No podemos volver”: Crisis política en Nicaragua provoca aumento de solicitudes de refugio en México

Entre enero y septiembre de 2021, México ha emitido mil 240 Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias, de las cuales mil 161 fueron para personas de Nicaragua.
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7 de noviembre, 2021
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La madrugada del domingo 24 de octubre, Luis, quien pidió omitir su nombre real ante el miedo a las represalias, salió con cuatro de sus familiares huyendo de Nicaragua rumbo a México. Los cinco hombres fueron convocados por el gobierno de Daniel Ortega a participar como funcionarios en las elecciones que se celebran este 7 de noviembre, pero ellos se negaron, y ante el riesgo de ser encarcelados por ello, decidieron dejar a sus familias escondidas e irse.

“Salimos escondidos por el patio trasero de la casa, para que no nos viera la policía ni los paramilitares. Salimos de madrugada, como delincuentes, de nuestra propia casa, dejando a nuestra familia… y eso no se lo perdonamos al gobierno de Nicaragua”, cuenta en entrevista Luis.

Lee: Nicaragua: tras 14 años en el poder, Ortega busca cuarto mandato con opositores presos y exiliados

Acompañado por tres de sus hermanos, su cuñado y uno de sus siete hijos, caminó dos días y medio desde el departamento nicaragüense de La Paz, hasta Tabasco, en México, donde actualmente son apoyados por la asociación La 72 para tramitar su reconocimiento como refugiados, con lo que esperan conseguir “un trabajito” y resolver cómo traer a sus familias, quienes corren el riesgo de ser detenidos por el gobierno de Ortega. Por ahora, la única garantía de seguridad que tienen es estar escondidos en barrios de Nicaragua donde nadie los conoce.

“Antes trabajábamos en el Frente Sandinista de Liberación Nacional -partido al que pertenece Ortega, y que actualmente tiene mayoría absoluta en el Congreso nicaragüense-, pero hemos visto cosas que no son correctas y van contra nuestros principios. Somos de una familia cristiana, entonces decidimos ya no trabajar con el partido”, señala Luis.

Tomaron la decisión de huir después de que recibieron la notificación de que habían sido elegidos para participar en las mesas electorales, como “fiscales” o “policías”, pero no quisieron. Días después, les llegó un segundo documento en el que los amenazaban con ir de uno a tres años a la cárcel por no participar.

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“Queremos ser libres”

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que más de 121 mil nicaragüenses han buscado protección internacional, tras huir de su país ante la crisis social y política.

Sibylla Brodsink, vocera de la ACNUR, dijo en entrevista con Animal Político que la salida de ciudadanos de Nicaragua se elevó principalmente desde 2018: “Se estabilizó más o menos en 4 mil personas al mes, luego vino la pandemia y bajó significativamente el número, por el cierre de fronteras, pero este año se ha visto un incremento, principalmente a partir de julio”.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la mayoría de los nicaragüenses buscan refugio en Costa Rica, donde por la cercanía y una relación histórica, buscan trabajo como agricultores. Aunque también huyen hacia otros países de la región como Panamá, Honduras, El Salvador y Belice.

Sin embargo, los cinco migrantes que hoy descansan en Tabasco decidieron huir más lejos, hasta México, porque, según Luis, él ha vivido en Costa Rica y Panamá, y también hay acoso y persecución por parte de grupos paramilitares afines al gobierno de Ortega, que persiguen a los nicaragüenses que lograron salir del país.

“No podemos regresar a Nicaragua, si regresamos nos va a agarrar la policía o los paramilitares y quién sabe qué pueda pasar con nosotros. Ojalá podamos permanecer aquí (en México) y nos permitan traer a nuestras familias y trabajar. Queremos ser libres, ya que no podemos serlo en nuestro país. Eso es lo que venimos buscando”, concluye.

Entre enero y septiembre de 2021, México ha emitido 28 mil 240 Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias, de las cuales mil 161 fueron para personas de Nicaragua. El número de documentos que se emitieron, que tienen vigencia de un año y permiten a los migrantes transitar por territorio nacional y acceder a oportunidades de trabajo, aumentó 1618.75%, al pasar de 32 a 550 entre el primero y el noveno mes del año.

Por su parte, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), indica que entre 2013 y 2021 se han reconocido como refugiados a mil 207 nicaragüenses, y se ha otorgado protección complementaria a 472.

En los últimos tres años, han buscado ser reconocidos como refugiados en México 5 mil 491 personas de Nicaragua: en 2019 presentaron 2 mil 233 solicitudes; en 2020, año en que hubieron restricciones a la movilidad en varios países a raíz de la pandemia solicitaron solo 798, y para este año, que aún no concluye se han presentado 2 mil 460, lo que representa un aumento del 10.17% con respecto al año antepasado.

Lee: Nicaragua: opositores presos denuncian tortura psicológica por parte del gobierno de Ortega

“En Nicaragua hay una dictadura”

Juan Diego Barberena, integrante de la Junta Política de la Unidad Nacional Azul y Blanco -organización que aglutina a más de 43 asociaciones opositoras-, afirma que la situación política de Nicaragua se ha agravado desde 2018, cuando la lenta actuación del gobierno para sofocar incendios en una reserva natural y la reforma de la Ley de Seguridad Social desataron una serie de protestas, que dejaron al menos 325 personas muertas y cerca de 700 detenidas.

Vía telefónica desde Managua, Berberena señala que hay 150 presos políticos desde 2018 por ser opositores al gobierno de Ortega, y en los últimos seis meses han sido detenidas 40 personas entre líderes políticos, banqueros, empresarios, siete precandidatos a la presidencia y exguerrilleros sandinistas que se han pronunciado contra la “dictadura”.

Los detenidos son acusados de atentar contra la soberanía y “traición a la patria”, o “lavado de dinero”, conforme a las leyes que fueron aprobadas por el Congreso en 2020.

“Es importante notar que no hubo campaña entre los partidos políticos que están en la contienda. La administración electoral tomó la decisión argumentando el tema de la pandemia, aunque el Frente Sandinista ha sido el principal promotor de actividad de aglomeración que ha desatado contagios masivos de COVID-19. Actualmente las calles están militarizadas, principalmente los barrios donde se prevén levantamientos populares. Hay una suerte de Estado de sitio”, explica.

Esta situación ha llevado al país a una “recesión económica” desde 2018. Según el activista, “el régimen de Ortega Murillo (presidente y vicepresidenta, esposos) ha impuesto una reforma sumamente regresiva que ha aumentado los pagos de tributo a la ciudadanía, y hay muchísima pobreza, aunado al aumento en el precio del combustible y el gas, la canasta básica tiene un costo aproximado de 500 dólares, en un país donde el salario mínimo ronda entre los 120 y 150. Esto ha aumentado la migración forzada y la inseguridad en las calles”.

Aunque, de cara a las elecciones, las calles lucen llenas de policías y militares desplegados para mitigar cualquier levantamiento de los pobladores, algunos de los cuales no confían en el ejercicio en el cual Daniel Ortega busca ganar por segunda vez una reelección, tras 14 años en el poder.

Por ello, Barberena no titubea al afirmar que “en Nicaragua hay una dictadura que este 7 de noviembre va a autogenerarse su ilegitimidad de origen, porque no va a participar la oposición democrática, por los presos políticos y porque la oposición ha llamado además a que la ciudadanía se quede en su casa a resistir la dictadura, que no participe en las elecciones porque la dictadura lo que quiere es que la ciudadanía sea parte de las estadísticas que quieren”.

Las autoridades nicaragüenses estiman que participarán en las elecciones aproximadamente 4.3 millones de ciudadanos, que votarán por el siguiente presidente y 90 diputados. Según un sondeo de la casa Cid-Gallup, el 65% habría votado por un opositor y 19% por Daniel Ortega, aunque la encuestadora M&R, de línea progobierno, asegura que el 70.7% dará su voto al Frente Sandinista.

Pese a este panorama, Juan Pablo tiene algo claro: “El cambio en Nicaragua es irreversible, tenga que pasar el tiempo que tenga que pasar, porque no es solamente la oposición la que está resistiendo y luchando contra la dictadura. También es una gran parte del pueblo nicaragüense que resiste la carestía de la vida, la represión y la ineptitud gubernamental”.

El pasado 20 de octubre, la Organización de los Estados Americanos (OEA) exigió la liberación inmediata de los presos políticos en Nicaragua, entre ellos siete aspirantes a las elecciones presidenciales, y que el gobierno ponga en práctica sin demora los principios de la Carta Democrática Interamericana, así como todos los estándares internacionales reconocidos, con miras a celebrar elecciones libres, justas y transparentes bajo observación internacional creíble.

La resolución fue presentada por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, misma que fue aprobada con 26 votos a favor y 7 abstenciones, entre ellas la de México.

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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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