La extitular de Sededol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, presentó una nueva demanda de amparo en contra de la decisión del juez federal Ganther Villar Ceballos de mantenerla en prisión preventiva mientras se resuelve el proceso iniciado en su contra por presuntas omisiones dentro de la llamada Estafa Maestra.
Autoridades judiciales confirmaron que la defensa de la exfuncionaria presentó el escrito alegando nuevas violaciones a sus derechos humanos y constitucionales. El caso será turnado a un juez federal especializado en amparo penal para su análisis.
Esta es la segunda ocasión en que Robles busca a través de un amparo invalidar la prisión preventiva justificada que se le impuso desde hace más de dos años. En un primero intento tanto un juez federal como los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado que revisaron el caso le dieron la razón a la exfuncionaria argumentando que el juez Ganther Villar no había ponderado de manera suficiente otro tipo de medidas cautelares como una prisión domiciliaria
Sin embargo, en una audiencia realizada a puerta cerrada el pasado 20 de octubre, dicho juzgador insistió en su determinación de mantener la medida cautelar en contra de la exfuncionaria con argumentos como su “problema de actitud” frente al proceso, o errores cometidos por sus abogados. Animal Político tuvo acceso a la grabación completa de dicha audiencia; los detalles pueden consultarse en esta nota.
En ese contexto la exfuncionaria ha decidido promover una nueva demanda de amparo en la que argumenta, de nueva cuenta, que se le mantiene privada de su libertad en el penal femenil de Santa Martha Acatitla de manera injustificada, con argumentos que ya han quedado desvirtuados a través de diversos recursos judiciales. Por el contrario, sostiene que siempre ha manifestado su voluntad de comparecer en dicho proceso (habiendo atendido incluso de manera voluntaria los citatorios que se le giraron) por lo que es un exceso imponerle una medida cautelar que debería ser solo excepcional.
Robles además ha sobrepasado ya el periodo de dos años en prisión preventiva, que de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales es el máximo que una persona debería permanecer encarcelada sin que se le haya probado que cometió un delito.
Mientras se resuelve el tema de la medida cautelar en contra de la exfuncionaria el proceso penal abierto en su contra está prácticamente paralizado. Aunque ya venció el plazo de investigación complementaria las pruebas presentadas fueron impugnadas por las partes y no de ha podido autorizar que el caso avance a la fase de juicio oral.
Cabe señalar que la FGR acusa a Robles de haber cometido omisiones durante el sexenio pasado en las dependencias que encabezó, situación que provocó un desvío de más de 5 mil millones de pesos a través de la firma de convenios con universidades públicas. La defensa de la exfuncionaria argumenta, por el contrario, que ella hizo lo necesario para notificar de esas irregularidades a los órganos competentes y que no se quedó con ningún recurso.
