Más de 80 familias siguen refugiadas tras ataque armado en Oaxaca
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Sin casa a donde volver: Más de 80 familias siguen refugiadas tras ataque de grupo armado en Oaxaca

El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas señaló que las familias no pueden regresar a sus viviendas porque fueron totalmente calcinadas.
Cedhapi
9 de noviembre, 2021
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Más de 80 familias desplazadas de las comunidades Guerrero Grande, Ndoyonoyuji y Mier y Terán, siguen refugiadas en una iglesia y en una instalación del INPI, tras los ataques de un grupo armado a las comunidades de San Esteban y Atatlahuca, Oaxaca, informó el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (Cedhapi).

Detallaron que las familias no pueden retornar a sus hogares porque no tienen a donde llegar, ya que, sus casas fueron totalmente calcinadas.

“Estas familias se encuentran viviendo en forma inhumana en la iglesia de la comunidad de Guerrero Grande sin servicio de agua potable, alimentación, existiendo un gran número de niños, niñas y ancianos”, señalaron en un comunicado.

Reconocieron la ayuda humanitaria brindada por la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, pero aseguraron que no es suficiente.

Lee: Justicia para Fanny Guadalupe: asesinan a joven mixe de 16 años en Oaxaca; había recibido amenazas de un policía

Detallaron que 70 familias de la comunidad de Guerrero Grande se encuentran viviendo una iglesia de la comunidad de Guerrero Grande, y otras familias se encuentran refugiadas en la comunidad de Mier y Terán.

Así como 16 familias de la comunidad de Ndoyonoyuji están en las instalaciones el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en la Ciudad de Tlaxiaco.

Respecto a la versión de que han retornado 75 familias a sus hogares, el Cedhapi dijo que solo fue de forma provisional para ir a buscar a sus animales que se perdieron durante la agresión armada.

El centro dijo que valora que el gobierno de Oaxaca reconozca que existe desplazamiento forzado interno de personas en las comunidades de Mier y Terán, Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, San Esteban Atatlahuca, por lo que pidieron que, con base a los estándares del derecho internacional humanitario, se protejan los derechos humanos de las víctimas.

Vigilancia en comunidades de Oaxaca

Respecto a la vigilancia, el Cedhap indicó que solo en la comunidad de Guerrero Grande hay presencia del Ejército, Guardia Nacional, y una camioneta de la policía estatal; sin embargo, denunciaron que en Mier y Terán no hay elementos de ningún cuerpo policiaco ni militar.

“Los habitantes de esta comunidad viven en un estado de zozobra y miedo por el temor de que sean agredidos”, dijeron.

El 25 de octubre, el Cedhap denunció que al menos 5 personas fueron asesinadas y casas incendiadas por un grupo armado de aproximadamente 70 personas que irrumpió en las comunidades de Guerrero Grande y de Mier y Terán, en el municipio de San Esteban Atatlahuca, en Oaxaca.

Un día después, detalló que había once personas desaparecidas y 120 casas incendiadas.

 

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Tribunal Constitucional de Perú ratifica el indulto a Alberto Fujimori y ordena liberar al expresidente

El exmandatario, de 83 años, cumple condena por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos y pidió su liberación por motivos humanitarios.
17 de marzo, 2022
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El Tribunal Constitucional de Perú acordó restablecer el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori en 2017, por lo que deberá ser puesto en libertad, según informaron medios locales.

El Tribunal votó a favor del recurso de hábeas corpus presentado por el exmandatario para que el indulto recobrara vigencia y fuera puesto en libertad por motivos humanitarios, lo que podría suceder en las próximas horas.

Su abogado, César Nakazaki, informó en su cuenta de Twitter que se dirige al penal de El Barbadillo, donde Fujimori está encarcelado, para comunicarle la decisión del Tribunal.

https://twitter.com/CesarNakazaki/status/1504531283241807872

Los delitos por los que se condenó a Fujimori

Alberto Fujimori, de 83 años, cumple condena por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, en los que grupos parapoliciales dirigidos desde el gobierno acabaron con la vida de 25 personas.

Fujimori fue acusado de ordenar que un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina cometiera las dos masacres.

La primera tuvo lugar en 1991 en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y la segunda en 1992 en la Universidad de la Cantuta, también en la capital.

También se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.

Fue la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad.

Su familia solicitó en repetidas ocasiones su puesta en libertad por motivos de salud, a lo que se oponen sus víctimas, que denuncian que nunca se arrepintió de sus delitos ni abonó las compensaciones establecidas.

Manifestante contra el indulto (foto de archivo)-

AFP
El indulto a Fujimori es motivo de gran polémica en Perú (foto de archivo).

En 2017, en mitad de la crisis política que acabó costándole la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto a Fujimori, en lo que fue interpretado como un intento de ganarse el apoyo del fujimorismo en el trámite de la moción de vacancia que se había presentado en su contra en el Congreso.

Pero la Corte Suprema anuló más tarde ese indulto porque consideró que no cabía la concesión de la medida de gracia en casos de crímenes de lesa humanidad, y Fujimori tuvo que regresar a la cárcel de la que había salido temporalmente.

El Tribunal Constitucional anula ahora esa anulación y restablece la concesión del indulto.

Lo ha hecho en una votación dividida en la que, según los medios locales, tres de sus magistrados votaron a favor y tres lo hicieron en contra, dirimiéndose finalmente el asunto por el voto de calidad del presidente.


Otro capítulo polémico en una polémica biografía

Por Guillermo D. Olmo, corresponsal de BBC News Mundo

Si nada inesperado lo impide, Fujimori saldrá de la cárcel.

La decisión del Tribunal Constitucional ha provocado gran indignación entre las víctimas de los crímenes de Fujimori y entre sus detractores.

El expresidente sigue siendo una de las figuras que más divide a los peruanos y la noticia del restablecimiento de su indulto ha vuelto a ponerlo de manifiesto. Los partidarios de su puesta en libertad subrayan su edad, sus problemas de salud y no son pocos quienes todavía le agradecen por el papel clave que le atribuyen en el saneamiento de la economía peruana y en la desarticulación del movimiento armado Sendero Luminoso.

Quienes se oponen a la liberación recuerdan la gravedad de los crímenes por los que fue condenado y los escándalos de corrupción que han salpicado a su familia, y dirigen ahora su mirada hacia Pedro Castillo.

Fue elegido presidente frente a la hija de Fujimori, según los analistas, sobre todo por el rechazon que el fujimorismo ha provocado en gran parte de la sociedad peruana.

Ya hay manifestaciones de protesta convocadas en Lima. Si son masivas, a Castillo le resultará difícil no tomar cartas en el asunto ante una liberación que para muchos es una afrenta.


Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar.

En distintos foros digitales ya se ha convocado a una manifestación de protesta esta tarde en Lima, y en otros puntos del país. Las protestas cuentan con el apoyo de varias bancadas del Congreso.

El primer ministro, Aníbal Torres, dijo en la cadena RPP que con esta decisión el tribunal “garantiza la impunidad, no de cualquier delincuente, sino de los que tienen cierto poder, como es el caso del señor Fujimori”.

Mirtha Vásquez, ex primera ministra, aseguró que el fallo “atropella la memoria y el derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura de los años 90”.

Eduardo Castillo, uno de los voceros de la bancada fujimorista en el Congreso peruano, consideró en cambio que “al fin se hace justicia con el hombre que le devolvió la esperanza al país”.


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