2021, un año de avance en la despenalización del aborto en México
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2021, un año de avance en la despenalización del aborto en México

Actualmente hay seis estados que han avanzado en la aprobación de la despenalización de la interrupción del embarazo,
Cuartoscuro
25 de diciembre, 2021
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El 2021 ha sido el año en donde más estados de la República se han pintado de verde tras la aprobación de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Actualmente hay seis estados que han avanzado en este tema; sin embargo, 26 entidades siguen sin aprobar este tema.

El primero de diciembre, Colima se convirtió en la sexta entidad en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas, con una votación de 12 a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.

Con esto, el estado se sumó a la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Baja California.

La iniciativa aprobada en Colima incluye dos circunstancias para el aborto legal: cuando una autoridad niega el aborto a una mujer previo a las 12 semanas de gestación y cuando el personal de salud omita informarle sobre su derecho a la interrupción del embarazo en ese plazo.

El proyecto aprobado dio mayores penas al aborto forzado, ahora serán de 3 a 15 años de prisión y multa; se eliminó las sanciones al personal de salud que practique abortos consentidos, y la criminalización de personas gestantes que corran peligro de muerte o afectación grave a la salud o bien, por alteraciones graves del producto.

Lee: Acompañar abortos no es delito, abortar tampoco debería serlo, responde médica denunciada en Puebla

Además, con la aprobación de esta iniciativa por el Congreso del estado, se garantizó la interrupción del embarazo ante la objeción de conciencia del personal médico.

El 29 de octubre, el Congreso de Baja California aprobó una serie de reformas para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

La decisión se dio tras la votación de dos dictámenes: uno para reformar la constitución local y quitar la cláusula de “vida desde la concepción”, el cual no fue aprobado por no alcanzar la mayoría calificada.

Sin embargo, el segundo dictamen, que reforma el Código Penal de Baja California, así como la Ley de Víctimas y de la Ley de Salud que despenaliza la interrupción del embarazo, hasta las 12 semanas, se aprobó por mayoría simple.

Otra entidad que se pintó de verde este año fue Veracruz.

El 20 de julio, el Congreso del estado aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas. Los diputados votaron el dictamen en lo general y particular con 25 votos a favor.

Días antes, el 30 de junio, el Congreso de Hidalgo había hecho lo mismo con la iniciativa para reformar el Código Penal estatal y la Ley de Salud, y permitir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a las 12 semanas de gestación.

Nunca más cárcel por abortar

El 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto para las mujeres y las personas con capacidad de gestar.

Esto significa que ninguna jueza o juez podrá encarcelar a quien decida abortar.

El Pleno de la Corte invalidó el Artículo 196 del Código Penal del estado de Coahuila que imponía la pena de hasta tres años de cárcel a la persona gestante que se practicara un aborto, o a la persona que le ayudara con su consentimiento.

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, afirmó entonces que con la decisión no solo se invalidaban las normas que fueron discutidas, sino que establecía un “criterio obligatorio para todo los jueces y juezas del país”.

Aunque, detalló, que no significaba que se despenalizará el aborto en todas las entidades, solo ya no se podrá encarcelar en ningún lugar del país a quien decida practicarse un aborto.

Lee: Con 14 años, Sara logró interrumpir su embarazo en CDMX y no arriesgar su vida

Otro avance que se logró en materia reproductiva fue el 7 de julio cuando la Suprema Corte declaró como inconstitucional el artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas, que considera como delito el aborto en casos de violación, si este se solicita después de los primeros 90 días de gestación.

Esto, luego de analizar el caso de una menor de edad con parálisis cerebral a la que se le negó la interrupción del embarazo en Chiapas, a pesar de que fue víctima de violación.

Despenalización si, pero con pendientes

A pesar de que Oaxaca se convirtió, en 2019, en el segundo estado en despenalizar el aborto que se castigaba de seis meses a dos años en prisión, la realidad para las mujeres en la entidad que quieren interrumpir su embarazo poco ha cambiado.

Animal Político publicó que solo hay dos clínicas públicas que lo realizan y sin atención a mujeres indígenas

De acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), en toda la entidad operan 962 unidades médicas entre móviles, fijas, de primer y segundo nivel, sin embargo, si una mujer desea ejercer su derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) solo puede hacerlo en dos lugares: el Hospital General “Aurelio Valdivieso” y la Clínica de la Mujer, ambos ubicados en la capital del estado.

Aunado a que el estigma y los discursos morales y religiosos que reciben por parte de los doctores a los que se acercan a solicitar apoyo, son obstáculos presentes, pese al cambio en la ley.

Este año, en la Ciudad de México se cumplieron 14 años de que se aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta la semana 12 de gestación.

Lee: Justicia reproductiva: una década de avances y pendientes

Desde la legalización en 2007 hasta junio de este año, se han realizado 237 mil 643 procedimientos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la ciudad.

Quintana Roo frena despenalización del aborto

En contraparte a los avances que se han tenido durante este año, en marzo, el Congreso de Quintana Roo desechó el dictamen con reformas para la despenalización del aborto.

La propuesta señalaba que “Quintana Roo reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, salvo las excepciones que establece la ley”; sin embargo, solo obtuvo 7 voto a favor.

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Rusia y Ucrania: qué se considera un crimen de guerra y puede ser Putin procesado por sus acciones

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de atacar civiles y cometer "crímenes de guerra", algo que está investigando la Corte Penal Internacional.
11 de marzo, 2022
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Ciudades ucranianas como Kiev, Járkiv, Jersón y Mariúpol han sido objeto de intensos ataques por parte de las fuerzas rusas en los últimos días.

En la última de ellas se produjo el bombardeo de una maternidad y hospital infantil este miércoles, algo que fue calificado por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como un “crimen de guerra”.

No fue la primera vez que Zelensky lanzó esa acusación contra Rusia. También lo hizo después de los ataques aéreos en Járkiv, que causaron la muerte de civiles.

Rusia ha negado que su ejército ataque civiles e instituciones de salud.

No obstante, tras la petición de 39 naciones, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dijo hace unos días que se están recopilando pruebas sobre presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por fuerzas rusas en Ucrania.

Aquí te contamos qué son los crímenes de guerra y de qué se acusa a Rusia.

¿Qué es un crimen de guerra?

Las reglas que definen un crimen de guerra figuran en el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, un conjunto de leyes más amplias relativas a las normas y costumbres de la guerra terrestre.

En algunos casos, también se utilizan los estatutos de órganos como las cortes penales internacionales que juzgaron crímenes en la antigua Yugoslavia y Ruanda.

Los Convenios de Ginebra son varios tratados que establecen estándares legales internacionales para el trato humano durante la guerra.

Las primeras tres convenciones protegen a los combatientes y prisioneros de guerra, mientras que la cuarta, adoptada después de la Segunda Guerra Mundial, protege a los civiles en las zonas de conflicto.

Los Convenios de Ginebra de 1949 han sido ratificados por todos los estados miembros de Naciones Unidas, incluida Rusia.

Firma de los Convenios de Ginebra

Getty Images
Los Convenios de Ginebra fueron firmados en 1949.

La definición de crímenes de guerra de la Cuarta Convención de Ginebra incluye:

  • El homicidio intencional.
  • La tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos.
  • Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud.
  • La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.
  • Forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga.
  • Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente.
  • La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal.
  • La toma de rehenes.

El Estatuto de Roma de 1998, otro importante tratado internacional relacionado con los conflictos armados, también incluye como crímenes de guerra:

  • Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades.
  • Lanzar intencionalmente un ataque a sabiendas de que causará incidentalmente la muerte o lesiones a civiles.
  • Atacar o bombardear, por cualquier medio, pueblos, aldeas, viviendas o edificios indefensos.

Además, establece que ciertos tipos de edificios, como hospitales o aquellos dedicados a la religión o la educación, no pueden ser atacados intencionalmente.

También prohíbe el uso de ciertos tipos de armas, así como gases venenosos.

¿Qué es la CPI y cómo se procesan los crímenes de guerra?

La CPI se creó en 1998 bajo el Estatuto de Roma. Es una institución independiente que procesa a las personas acusadas de los crímenes más graves contra la comunidad internacional.

Investiga crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.

Los Estados pueden procesar a los presuntos delincuentes en sus propios tribunales. La CPI solo puede ejercer jurisdicción donde los Estados no pueden o no quieren hacerlo. Por ello, es un “tribunal de último recurso”.

El tribunal no tiene su propia fuerza policial y depende de la cooperación estatal para arrestar a los sospechosos. Las sanciones impuestas por la CPI pueden incluir penas de prisión y multas.

Rusia y Ucrania no se encuentran entre los 123 estados miembros de la corte, pero Ucrania ha aceptado su jurisdicción, lo que significa que la CPI puede investigar ciertos presuntos delitos.

Otros países destacados que no son miembros incluyen Estados Unidos, China e India.

Sala de la Corte Penal Internacional

Getty Images
La Corte Penal Internacional decidió investigar si ha habido crímenes de guerra en Ucrania.

¿Ha habido enjuiciamientos por crímenes de guerra antes?

Durante la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de varios millones de personas, principalmente judíos, a manos de la Alemania nazi y el maltrato tanto de civiles como de prisioneros de guerra, llevaron a las potencias aliadas a procesar a las personas responsables.

Los Juicios de Núremberg entre 1945 y 1946 llevaron a la condena a muerte de diez líderes nazis. Un proceso similar comenzó en Tokio en 1948, donde siete comandantes japoneses fueron ahorcados.

Estos juicios sentaron precedente para procesamientos posteriores.

En 2012, el señor de la guerra congoleño Thomas Lubanga fue la primera persona condenada por la CPI cuando fue declarado culpable de reclutar y utilizar a niños soldados en su ejército rebelde entre 2002 y 2003. Fue condenado a 14 años.

Thomas Lubanga

Getty Images
Thomas Lubanga fue condenado por reclutar a niños soldados en la guerra del Congo

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) fue un organismo de Naciones Unidas que funcionó desde 1993 hasta 2017, creado para enjuiciar los crímenes cometidos durante las guerras de Yugoslavia.

El tribunal encontró a Radovan Karadzic, un exlíder serbobosnio, culpable en 2016 de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad por su papel en el conflicto. Ratko Mladic, el comandante militar de las fuerzas serbias de Bosnia, también fue condenado en 2017 por los mismos delitos.

Otros tribunales ad hoc también han procesado a personas por genocidio y crímenes de lesa humanidad en Ruanda y Camboya. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue la primera institución en reconocer la violación como un medio para perpetrar el genocidio.

¿De qué se ha acusado a Rusia?

El bombardeo del miércoles sobre una maternidad y un hospital infantil en Mariúpol causó indignación internacional.

“¿Qué tipo de país es este, la Federación Rusa, que tiene miedo de los hospitales y las maternidades y los destruye?”, cuestionó Zelensky en un discurso grabado desde Kiev.

Médicos Sin Fronteras, que tiene personal destacado en Ucrania, comentó que su equipo está “horrorizado” ante el ataque.

“En una ciudad en la que el sistema sanitario está al borde del colapso, privar a la gente de la tan necesaria asistencia sanitaria es una violación de las leyes de la guerra”, agregó la organización.

Moscú también está acusada de utilizar bombas de racimo en otros ataques. Las bombas de racimo son armas que, una vez que se lanzan, dispersan municiones más pequeñas.

Están prohibidas por muchos países en virtud de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008, pero no en Rusia o Ucrania, que no firmaron el acuerdo.

Los grupos de derechos humanos y el embajador de Ucrania ante la ONU también acusaron a Rusia de usar bombas de vacío en un ataque contra la ciudad nororiental de Ojtirka.

Las bombas de vacío son un arma termobárica que puede causar gran destrucción al encender una nube de combustible vaporizado.

No existen leyes internacionales que prohíban específicamente su uso, pero si un país los usa para atacar a poblaciones civiles en áreas urbanizadas, escuelas u hospitales, entonces podría ser condenado por un crimen de guerra según las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907.

Un comercio en la ciudad ucraniana de Járkiv

Getty Images
La ciudad ucraniana de Járkiv ha sido atacada por las fuerzas militares rusas

El Kremlin ha negado haber cometido crímenes de guerra o haber usado bombas de racimo y de vacío. Ha descartado las acusaciones como “noticias falsas”.

El ministro de Defensa ruso, Sergey Shoigu, dijo: “Los ataques se llevan a cabo solo contra objetivos militares y exclusivamente con armas de alta precisión”.

¿Puede Putin ser procesado?

Es mucho más fácil responsabilizar de un crimen de guerra a un soldado que lo ha cometido que a los líderes que le ordenaron disparar.

Pero la CPI también puede iniciar un proceso por la ofensa de “librar una guerra agresiva”.

Ese es un crimen por invasión o conflicto injustificado, que va más allá de una justificable acción militar en defensa propia.

Un cartel con la cara de Vladimir Putin y la palabra "Asesino" pegado en la entrada de la embajada de Rusia, en Santiago Chile

EPA
Este cartel colgado en la entrada de la embajada de Rusia, en Santiago, Chile, deja claro lo que algunos piensan sobre Vladimir Putin.

Curiosamente, esa tipificación se originó en Núremberg, después de que el juez enviado por Moscú convenció a los aliados de que los líderes nazis deberían enfrentar la justicia por “crímenes contra la paz”.

Pero este es el problema: el profesor y magistrado británico Philippe Sands, un experto en ley internacional de University College London, dice que la CPI no podría procesar a los líderes rusos por esa ofensa porque dicho país no es signatario del tribunal.

En teoría, el Consejo de Seguridad de la ONU podría pedirle a la CPI que investigue esa ofensa. Pero, una vez más, Rusia podría usar su veto como uno de los cinco miembros permanentes del consejo.


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