Un juez de Tamaulipas aplazó la audiencia intermedia contra los 12 policías estatales acusados de la masacre en Camargo, Tamaulipas, para el 21 de enero de 2022.
La sesión estaba prevista para el 8 de diciembre. Sin embargo, tres de los abogados que representan a los agentes acusados alegaron no haber accedido a todas las pruebas desahogadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), según pudo saber Animal Político de fuentes jurídicas.
Por este motivo, el juez de control Ignacio García Zúñiga decidió dar más tiempo a las defensas para que puedan disponer de toda la documentación. Los policías se mantienen en prisión mientras dura el procedimiento en su contra.
Las pruebas faltantes serían una serie de videos en los que se observa el convoy de la policía estatal en Reynosa, antes de los hechos ocurridos en Camargo.
Estos videos no habrían sido compartidos a varios abogados que ejercen la defensa, por lo que solicitaron más tiempo para analizar las pruebas.
La masacre de Camargo tuvo lugar el 22 de enero y en ella fueron asesinadas 19 personas, de las 17 son migrantes centroamericanos (16 guatemaltecos y uno salvadoreño) que estaban en tránsito hacia Estados Unidos.
Los cuerpos aparecieron calcinados junto a dos camionetas, una Chevrolet Silverado y otra Toyota Sequoya, que habían recibido 113 impactos de bala.
Dos semanas después del hallazgo de los restos y después de que los familiares de las víctimas alertas del ataque, 12 policías estatales fueron detenidos y vinculados a proceso.
Los uniformados están señalados por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas.
Animal Político tuvo acceso a los videos de las audiencias en las que los agentes fueron vinculados a proceso.
La fiscalía estatal, que investiga los hechos, está segura de que los policías persiguieron, tirotearon y calcinaron a los migrantes, para luego intentar ocultar las pruebas.
Para llegar a esta conclusión se basan en diversos indicios: los relatos de 4 testigos, 8 casquillos de bala encontrados en la zona, la geolocalización de uno de los vehículos policiales y de los celulares de cada uno de los imputados y pruebas de que las armas asignadas a los agentes habían sido utilizadas.
Los policías, por su parte, alegaron haber sido detenidos con engaños y denunciaron irregularidades en el proceso. La próxima audiencia servirá para que la Fiscalía muestre las pruebas con las que sostiene la acusación y un juez determine si cree que son suficientes para ir definitivamente a juicio.
Además de este proceso que se lleva en Tamaulipas, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierta otra investigación sobre el delito de tráfico de personas.
