Habían pasado apenas unos minutos de la audiencia, cuando la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, comenzó a mover la cabeza de un lado a otro, incrédula, negando los primeros argumentos que daba el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos. Desde ese momento supo que su suerte estaría echada y no cambiaría la medida cautelar de prisión preventiva que la mantiene recluida en Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019. Tres horas y media después, el juzgador lo hizo oficial.

En la audiencia de este jueves 30 de diciembre, Robles parecía estar cerca de conseguir la libertad, o al menos, de tener una medida cautelar menos severa como prisión domiciliaria o uso de brazalete electrónico, como el que le concedieron por más de un año a Emilio Lozoya, acusado de diversos actos de corrupción en su gestión como director de Pemex.

Efectivamente, Robles es la única exsecretaria de Estado acusada penalmente por La Estafa Maestra, el mecanismo ocurrido en 11 dependencias de gobierno –como Banobras, dirigida por el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; en Pemex, por Lozoya; o Sagarpa, encabezada por Enrique Martínez, quien luego fue embajador en Cuba– que hicieron convenios con universidades públicas para supuestos servicios, y éstas subcontrataron empresas fantasmas, por lo que el dinero desapareció.

La extitular de la Sedesol y de Sedatu había conseguido apenas el martes un amparo para “dejar sin efecto las sentencias de la prisión preventiva” concedido por el juez de amparo Augusto Mejía Ojeda y para eso era esta audiencia, el juez Villar Ceballos debía revisar los argumentos que habían llevado a Robles a prisión, aún cuando su juicio no ha iniciado, y mucho menos llegado a una sentencia, y además, acusada de ejercicio indebido de la función pública, delito que no amerita seguir el proceso desde una cárcel.

Esto le daba esperanza a su defensa, pero sobre todo a su familia. Su hija, Mariana Moguel, declaró antes de entrar a la audiencia que si la justicia existía, ese mismo día estaría abrazando a su madre, por eso ya tenía lista su recámara y su comida favorita: sopa de pasta, carne asada y plátanos fritos.

Rosario Robles había llegado al juzgado del Reclusorio Sur minutos antes de las 14:00 horas y tres elementos de la Guardia Nacional la escoltaron hasta la sala donde se realizaría la audiencia. Vestía pantalón, blusa de cuello de tortuga y una gruesa chamarra, todo en beige, el color del uniforme para las reclusas. Ese atuendo no se parecía a los vestidos que acentuaban su cintura que acostumbraba usar, y los tenis blancos no le aumentaban centímetros de estatura como lo hacían las sandalias con plataformas que tenía en diferentes colores. Llevaba un cubrebocas de tela negra con estampado de flores de colores, un poco de maquillaje y el cabello recogido en una coleta, muy distinto al estilo corto y asimétrico que usaba al final del sexenio y que le daba un toque jovial.

Ella lo escuchaba negando con la cabeza, igual que su hija Mariana Moguel sentada metros a su espalda. La exfuncionaria intentó interrumpir al juez en tres ocasiones después y en la última, logró colarle una pregunta.

– ¿Ya leyó, señor juez el amparo? –dijo Robles.

También pidió a Robles, y a personas del público (en referencia a Mariana Moguel) que dejaran de hacer movimientos bruscos, porque lo distraían.

Después de tres horas explicando lo mismo una y otra vez, el juez Villar Ceballos resolvió mantener la prisión preventiva justificada, porque “no resulta viable cambiarla por resguardo domiciliario. Continúa prevaleciendo el riesgo de sustracción de la justicia”. Además, dijo, los problemas de salud como la hipertensión y la edad no eran motivo para sacarla de la cárcel, “sobre todo porque sus padecimientos han sido atendidos por las autoridades penitenciarias”.

Al escuchar, Robles volteó a ver a su familia, hizo el ademán con la mano, indicándoles calma. Además de su hija, también estaba su hermano mayor, Francisco Robles, quien semanas antes también encabezó los actos de “resistencia civil pacífica” en protesta por la situación de su hermana, siempre fue el más politizado entre los hermanos desde muy joven, participante en la manifestación estudiantil de 1971 y quien –junto con su padre– fue una fuerte influencia en la ideología de izquierda en Rosario cuando era adolescente, según relató ella en su libro “Con todo el corazón”.

Después de su resolución, el juez le preguntó si quería tomar la palabra, y ella por supuesto, aceptó.

“Yo estaba en el extranjero. Si no hubiera querido venir, no me hubiera presentado, pero presenté los boletos de ese viaje. Estuve en costa Rica, nunca mentí, nunca dije que había ido a un curso”.

Justamente ese fue uno de los elementos que demostraba el ‘riesgo de fuga’: haber mentido en el motivo de su viaje –según el juez Delgadillo Padierna y en lo que ha insistido Ganther Villar– pues mientras ella había asegurado que se encontraba fuera del país al momento de la notificación de audiencia por vacaciones, su defensa de entonces dijo que estaba en un curso.

Aunque ella ha insistido en que más allá del motivo del viaje, regresó al país para presentarse a la audiencia, lo que debería considerarse como prueba fehaciente de que no pretendía sustraerse de la justicia. “Usted me está castigando por lo que hicieron mis abogados, que por cierto, ya no son”, dijo Robles durante su intervención.

Otro de los motivos de la medida cautelar de prisión preventiva se basó en una licencia de conducir presentada por el Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) durante la audiencia de agosto de 2019 con un domicilio distinto al que Robles había registrado ante la Fiscalía. Esto, dijo entonces el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, era prueba de que la exfuncionaria mentía en su lugar de residencia.

Sin embargo, en la audiencia de este jueves, el juez Villar Ceballos reconoció que se había comprobado que dicho documento no había sido tramitado por Robles, pero requería el documento original para determinar que se trataba de una licencia falsa, pero el plástico como tal, debería estar en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, por lo que sus abogados no tienen acceso.

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Por eso es que Robles cuestionó: ¿por qué la Fiscalía no presentó las dos licencias?”. Y dirigiendo la mirada hacia los fiscales que han llevado su caso todo este tiempo, Mónica Martell y Mario Maceda, advirtió: “Ahí hay un delito más grave”, enseguida preguntó al juez ¿por qué no cuestiona actitudes procesales de la otra parte?”.

Más tarde, su hija Mariana acusó que la licencia falsa se trató de una “fabricación de pruebas” y consideró como ‘avance’ que el juez hubiera reconocido que el documento no fue tramitado por su madre.

Otro elemento para la prisión preventiva fue la supuesta falsedad en el domicilio, pues ella había asegurado que toda su vida había vivido en Los Reyes, Coyoacán, pero durante otras intervenciones durante la audiencia explicó que había vivido en otros dos domicilios. Esto, según los jueces, comprueba una “falta de arraigo”.

Robles también hizo referencia a ese aspecto: “Nunca mentí en mi domicilio. Cómo poner en duda mi residencia si he sido Jefa de Gobierno, presidenta del PRD, mi declaración de impuestos están aquí, fui secretaria de Estado, soy residente”.

“Pero mi ánimo de regresar ahora eso se juega en mi contra. Hubiera dicho: ‘no hay vuelos’ cuando estaba en Costa Rica, pero me dije ‘el que nada debe nada teme’ porque parto del principio de que soy inocente. La acusación de la Fiscalía es contradictoria, estoy acusada de ejercicio indebido de la función pública, no se me acusa de que me robé 5 mil millones de pesos, pero que se castigue a quien sí lo hizo. Después va a venir el sobreseimiento y van a decir ‘ya estuvo aquí 10 años, usted disculpe’”.

Recordó que como secretaria de Estado acompañó al presidente Enrique Peña Nieto a inaugurar el nuevo sistema de justicia penal y “nunca me imaginé que esta figura se utilizar con fines políticos. Se lo dejo para su consideración. Ojalá vayan a las cárceles y vayan a ver lo que implica las decisiones que toman ustedes”. También le pidió que si hubiese otra audiencia, no la hiciera ir al juzgado desde Santa Martha Acatitla, pues, dijo, no tenía caso escuchar los mismos argumentos.

El juez Villa Ceballos respondió que él no la vinculó, “yo no di órdenes, yo no la vinculé a usted. No he tenido otros asuntos vinculados a esta investigación. Ni he sostenido que es culpable, me ajusto al debate de abril de 2020”, la audiencia donde confirmaron la medida cautelar.

Al terminar la audiencia, el juez le indicó que tenía permiso para acercarse a sus familiares, “con límite de tiempo y la custodia de los policías”.

Fue una de las pocas veces en que pudo ver a más de dos familiares al mismo tiempo desde hace dos años y cuatro meses, porque en el penal de Santa Martha Acatitla solo permiten la entrada de dos visitas y, durante la pandemia, lo limitaron a uno.