Estafa Maestra: juez confirma prisión a Robles; “es una injusticia”, dice ella
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro Archivo

Estafa Maestra: juez confirma prisión a Robles; “es una injusticia, soy la única en prisión por el caso”, dice ella

“Me queda claro que esto es así porque me llamo Rosario Robles. A dos años, la Fiscalía no ha podido demostrar mi responsabilidad en este caso”, dijo la extitular de Sedesol.
Cuartoscuro Archivo
31 de diciembre, 2021
Comparte

Habían pasado apenas unos minutos de la audiencia, cuando la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, comenzó a mover la cabeza de un lado a otro, incrédula, negando los primeros argumentos que daba el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos. Desde ese momento supo que su suerte estaría echada y no cambiaría la medida cautelar de prisión preventiva que la mantiene recluida en Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019. Tres horas y media después, el juzgador lo hizo oficial.

En la audiencia de este jueves 30 de diciembre, Robles parecía estar cerca de conseguir la libertad, o al menos, de tener una medida cautelar menos severa como prisión domiciliaria o uso de brazalete electrónico, como el que le concedieron por más de un año a Emilio Lozoya, acusado de diversos actos de corrupción en su gestión como director de Pemex.

Pero ella, “no esperaba otra cosa” dijo, durante su única intervención en la audiencia. “Me queda claro que esto es así porque me llamo Rosario Robles. A dos años, la Fiscalía no ha podido demostrar mi responsabilidad en este caso, mientras que otros están libres. (…)  Entiendo de qué se trata, de que mi hija no tiene una fábrica chocolates, ni me han encontrado cuentas en dólares en el extranjero, ni me han demostrado el desvío de recursos a través de universidades públicas. Por eso estoy tranquila. Si usted me quiere en Santa Martha Acatitla, me voy, pero sí le digo que esta es una enorme injusticia: soy la única que está en la cárcel por este caso”.

Efectivamente, Robles es la única exsecretaria de Estado acusada penalmente por La Estafa Maestra, el mecanismo ocurrido en 11 dependencias de gobierno –como Banobras, dirigida por el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; en Pemex, por Lozoya; o Sagarpa, encabezada por Enrique Martínez, quien luego fue embajador en Cuba– que hicieron convenios con universidades públicas para supuestos servicios, y éstas subcontrataron empresas fantasmas, por lo que el dinero desapareció.

La extitular de la Sedesol y de Sedatu había conseguido apenas el martes un amparo para “dejar sin efecto las sentencias de la prisión preventiva” concedido por el juez de amparo Augusto Mejía Ojeda y para eso era esta audiencia, el juez Villar Ceballos debía revisar los argumentos que habían llevado a Robles a prisión, aún cuando su juicio no ha iniciado, y mucho menos llegado a una sentencia, y además, acusada de ejercicio indebido de la función pública, delito que no amerita seguir el proceso desde una cárcel.

Lee: Familia de Rosario Robles hará marcha, ayuno y jornada de oraciones para exigir su libertad

Esto le daba esperanza a su defensa, pero sobre todo a su familia. Su hija, Mariana Moguel, declaró antes de entrar a la audiencia que si la justicia existía, ese mismo día estaría abrazando a su madre, por eso ya tenía lista su recámara y su comida favorita: sopa de pasta, carne asada y plátanos fritos.

Rosario Robles había llegado al juzgado del Reclusorio Sur minutos antes de las 14:00 horas y tres elementos de la Guardia Nacional la escoltaron hasta la sala donde se realizaría la audiencia. Vestía pantalón, blusa de cuello de tortuga y una gruesa chamarra, todo en beige, el color del uniforme para las reclusas. Ese atuendo no se parecía a los vestidos que acentuaban su cintura que acostumbraba usar, y los tenis blancos no le aumentaban centímetros de estatura como lo hacían las sandalias con plataformas que tenía en diferentes colores. Llevaba un cubrebocas de tela negra con estampado de flores de colores, un poco de maquillaje y el cabello recogido en una coleta, muy distinto al estilo corto y asimétrico que usaba al final del sexenio y que le daba un toque jovial.

El buen ánimo con el que llegó se diluyó a los pocos minutos, en cuanto el juez abrió la sesión y precisó que “a mí me dieron la orden de explicar el por qué de la prisión de preventiva, no me dieron la orden de eliminarla, no me dieron la orden de cambiarla”, en referencia al amparo que Robles ganó dos días antes.

Ella lo escuchaba negando con la cabeza, igual que su hija Mariana Moguel sentada metros a su espalda. La exfuncionaria intentó interrumpir al juez en tres ocasiones después y en la última, logró colarle una pregunta.

– ¿Ya leyó, señor juez el amparo? –dijo Robles.

– Le pido que no me interrumpa, es preciso que me ayude a que no haya más intervenciones para continuar con la audiencia. –respondió el juez.

También pidió a Robles, y a personas del público (en referencia a Mariana Moguel) que dejaran de hacer movimientos bruscos, porque lo distraían.

Después de tres horas explicando lo mismo una y otra vez, el juez Villar Ceballos resolvió mantener la prisión preventiva justificada, porque “no resulta viable cambiarla por resguardo domiciliario. Continúa prevaleciendo el riesgo de sustracción de la justicia”. Además, dijo, los problemas de salud como la hipertensión y la edad no eran motivo para sacarla de la cárcel, “sobre todo porque sus padecimientos han sido atendidos por las autoridades penitenciarias”.

Al escuchar, Robles volteó a ver a su familia, hizo el ademán con la mano, indicándoles calma. Además de su hija, también estaba su hermano mayor, Francisco Robles, quien semanas antes también encabezó los actos de “resistencia civil pacífica” en protesta por la situación de su hermana, siempre fue el más politizado entre los hermanos desde muy joven, participante en la manifestación estudiantil de 1971 y quien –junto con su padre– fue una fuerte influencia en la ideología de izquierda en Rosario cuando era adolescente, según relató ella en su libro “Con todo el corazón”.

Después de su resolución, el juez le preguntó si quería tomar la palabra, y ella por supuesto, aceptó.

“Yo estaba en el extranjero. Si no hubiera querido venir, no me hubiera presentado, pero presenté los boletos de ese viaje. Estuve en costa Rica, nunca mentí, nunca dije que había ido a un curso”.

Justamente ese fue uno de los elementos que demostraba el ‘riesgo de fuga’: haber mentido en el motivo de su viaje –según el juez Delgadillo Padierna y en lo que ha insistido Ganther Villar– pues mientras ella había asegurado que se encontraba fuera del país al momento de la notificación de audiencia por vacaciones, su defensa de entonces dijo que estaba en un curso.

Aunque ella ha insistido en que más allá del motivo del viaje, regresó al país para presentarse a la audiencia, lo que debería considerarse como prueba fehaciente de que no pretendía sustraerse de la justicia. “Usted me está castigando por lo que hicieron mis abogados, que por cierto, ya no son”, dijo Robles durante su intervención.

Otro de los motivos de la medida cautelar de prisión preventiva se basó en una licencia de conducir presentada por el Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) durante la audiencia de agosto de 2019 con un domicilio distinto al que Robles había registrado ante la Fiscalía. Esto, dijo entonces el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, era prueba de que la exfuncionaria mentía en su lugar de residencia.

Sin embargo, en la audiencia de este jueves, el juez Villar Ceballos reconoció que se había comprobado que dicho documento no había sido tramitado por Robles, pero requería el documento original para determinar que se trataba de una licencia falsa, pero el plástico como tal, debería estar en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, por lo que sus abogados no tienen acceso.

Lee: La Estafa Maestra: subsecretario de Sedatu enfrenta segundo proceso por acusación de Emilio Zebadúa

Por eso es que Robles cuestionó: ¿por qué la Fiscalía no presentó las dos licencias?”. Y dirigiendo la mirada hacia los fiscales que han llevado su caso todo este tiempo, Mónica Martell y Mario Maceda, advirtió: “Ahí hay un delito más grave”, enseguida preguntó al juez ¿por qué no cuestiona actitudes procesales de la otra parte?”.

Más tarde, su hija Mariana acusó que la licencia falsa se trató de una “fabricación de pruebas” y consideró como ‘avance’ que el juez hubiera reconocido que el documento no fue tramitado por su madre.

Otro elemento para la prisión preventiva fue la supuesta falsedad en el domicilio, pues ella había asegurado que toda su vida había vivido en Los Reyes, Coyoacán, pero durante otras intervenciones durante la audiencia explicó que había vivido en otros dos domicilios. Esto, según los jueces, comprueba una “falta de arraigo”.

Robles también hizo referencia a ese aspecto: “Nunca mentí en mi domicilio. Cómo poner en duda mi residencia si he sido Jefa de Gobierno, presidenta del PRD, mi declaración de impuestos están aquí, fui secretaria de Estado, soy residente”.

“Pero mi ánimo de regresar ahora eso se juega en mi contra. Hubiera dicho: ‘no hay vuelos’ cuando estaba en Costa Rica, pero me dije ‘el que nada debe nada teme’ porque parto del principio de que soy inocente. La acusación de la Fiscalía es contradictoria, estoy acusada de ejercicio indebido de la función pública, no se me acusa de que me robé 5 mil millones de pesos, pero que se castigue a quien sí lo hizo. Después va a venir el sobreseimiento y van a decir ‘ya estuvo aquí 10 años, usted disculpe’”.

Recordó que como secretaria de Estado acompañó al presidente Enrique Peña Nieto a inaugurar el nuevo sistema de justicia penal y “nunca me imaginé que esta figura se utilizar con fines políticos. Se lo dejo para su consideración. Ojalá vayan a las cárceles y vayan a ver lo que implica las decisiones que toman ustedes”. También le pidió que si hubiese otra audiencia, no la hiciera ir al juzgado desde Santa Martha Acatitla, pues, dijo, no tenía caso escuchar los mismos argumentos.

El juez Villa Ceballos respondió que él no la vinculó, “yo no di órdenes, yo no la vinculé a usted. No he tenido otros asuntos vinculados a esta investigación. Ni he sostenido que es culpable, me ajusto al debate de abril de 2020”, la audiencia donde confirmaron la medida cautelar.

Al terminar la audiencia, el juez le indicó que tenía permiso para acercarse a sus familiares, “con límite de tiempo y la custodia de los policías”.

Fue una de las pocas veces en que pudo ver a más de dos familiares al mismo tiempo desde hace dos años y cuatro meses, porque en el penal de Santa Martha Acatitla solo permiten la entrada de dos visitas y, durante la pandemia, lo limitaron a uno.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, los mexicanos siguen exigiendo respuestas.
26 de septiembre, 2022
Comparte

La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.

Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña ciudad de Cocula, se dijo que un basurero fétido en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más relevantes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una Comisión de la Verdad creada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del caso, algunos de los actores clave han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general

El viernes 19 de agosto, el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como procurador general del gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Jesús Murillo Karam

Getty Images
Jesús Murillo Karam era el procurador general de México cuando desaparecieron los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones ante un juez el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que, si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora está procesado. Si bien no se ha anunciado una fecha para un posible juicio, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Tomas Zeron

Getty Images
Se cree que Tomás Zerón está en Israel.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los pocos días del crimen. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

José Luis Abarca

Getty Images
Las autoridades anunciaron el arresto de José Luis Abarca en una conferencia de prensa en 2014.

El pasado 14 de septiembre, un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas para arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares todos vinculados al caso han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

Soldados mexicanos

Getty Images
Soldados mexicanos buscando a los estudiantes desaparecidos en 2014.

El Ejército

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el Ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a marinos mexicanos manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

Lee: Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia


Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=ZRaWxiFPjYI&t

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.