FGR mantiene abierta investigación contra académicos del Conacyt
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FGR mantiene abierta investigación contra académicos del Conacyt y la reserva indefinidamente

La defensa pidió cerrar el caso ante la inexistencia de un delito que perseguir, pero no han recibido respuesta. La Fiscalía de Gertz Manero clasificó como reservada la indagatoria sin someterla a un análisis del comité de transparencia.
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1 de diciembre, 2021
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Bajo el argumento de que se trata de una investigación que sigue en marcha y sin someter la decisión a su comité de transparencia, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió clasificar como información reservada por tiempo indefinido la carpeta de investigación iniciada en contra de los académicos denunciados por el Conacyt por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.

En respuesta a una solicitud de información enviada por Animal Político en la que se pedía acceso a una versión pública de la indagatoria, la Fiscalía respondió que “bajo ninguna circunstancia” revelaría datos del expediente pues dijo, se trata de una investigación que continúa integrándose y no se ha cerrado.

“La información solicitada se encuentra en un expediente en trámite, es decir, expresión documental solicitada se clasifica como reservada, de conformidad con lo previsto por el artículo 110 fracción XII de la Ley Federal de Transparencia, motivo por el cual no es posible hacerla del conocimiento, ni revelarla en su totalidad ni en versión pública, bajo ninguna circunstancia”, señaló la institución.

Ricardo Reyes Retana, abogado de una de las académicas denunciadas, reveló que desde hace un mes pidieron formalmente al Ministerio Público cerrar el caso ante la inexistencia —ya confirmada por el juez que negó las órdenes de aprehensión— de un delito cometido. Sin embargo, hasta ahora no han recibido ninguna respuesta de la FGR.

La carpeta de investigación que sigue en curso en contra de 31 académicos es la FED/FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000222/2021 a cargo de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la FGR (antes SEIDO). Dicha indagatoria se inició a partir de la denuncia presentada por la administración de María Elena Álvarez-Buylla en el Conacyt.

De lo que se les acusa es de haberse coludido en un “entramado criminal organizado” para desviar entre 2013 y 2018 casi 244 millones de pesos que fueron asignados al denominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. Dicha asignación, según la indagatoria, fue indebida ya que el foro se trataba de una asociación civil que no podía recibir dichos recursos.

Con esos argumentos la FGR pretendía que un juez federal ordenara la detención de todos los científicos por su presunta participación en tres delitos, y que los encerrara de forma preventiva en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México. Sin embargo, el juez rechazó esa petición al considerar que no existe delito que perseguir, pues la asociación civil a la que se destinó el recurso estaba contemplada en los estatutos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

En ese contexto se requirió a la FGR a través de una solicitud de transparencia acceso a una versión pública de la carpeta de investigación por tratarse de posibles hechos de corrupción. Un argumento con el cual el INAI ya ha instruido la apertura de otros expedientes relacionados con posible corrupción como el asunto de Odebrecht.

Sin embargo, la Fiscalía respondió en un oficio fechado el 29 de noviembre que no era posible la referida desclasificación, pues la carpeta de investigación sigue en integración. Entre los argumentos que esgrimió dijo que revelar los datos podría poner en riesgo el éxito de esta ya que se pondrían sobre aviso a “aquellos que forman parte de la delincuencia organizada”.

“La información solicitada se encuentra relacionada con una indagatoria en trámite que al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones que repercutirían en la vinculación a proceso y por ende la acusación contra el imputado y la reparación del daño”, añadió la Fiscalía.

La institución dirigida por el fiscal Alejandro Gertz Manero sostuvo que no era necesario someter al Comité de Transparencia de la institución la decisión de clasificar indefinidamente esta indagatoria, debido a que dicho comité no tiene autoridad alguna sobre las decisiones que adopta un área de inteligencia y seguridad como en este caso es la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Esto de acuerdo con el artículo 62 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública.


El pasado 22 de septiembre un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, rechazó la solicitud de órdenes de aprehensión en contra de los académicos denunciados tras considerar que estos no cometieron delito alguno. Ello ya que la asignación de los recursos a la asociación civil se hizo de acuerdo con las normas vigentes en aquel momento.

“Todos los hechos que invoca la fiscalía en los que se involucra el otorgamiento de financiamiento al foro consultivo científico y tecnológico, asociación civil, de ninguna manera pueden ser analizados a la luz del derecho penal, porque la obligación del Conacyt de dotarlo de los recursos económicos para su adecuado funcionamiento, en su momento estuvieron previstos en la ley que regula precisamente el funcionamiento de dicho foro y en el estatuto entonces vigente”, señala la resolución del juez.

A partir de dicha resolución la defensa de Patricia Zúñiga Cendejas, exsecretaria y fundadora del Foro Consultivo, solicitó formalmente al Ministerio Público de la Federación decretar el no ejercicio de la acción penal y cerrar la carpeta de investigación. Una solicitud que hasta ahora no ha recibido respuesta.

En el escrito presentado por la académica ante la FGR, del que este medio tiene copia, los abogados argumentan que el juez que negó las órdenes de arresto, ya que concluyó que los hechos sobre los cuales se sustenta la indagatoria de la FGR no se traducen en ningún delito y, por lo tanto, no es posible mantener abierta la indagatoria ni siquiera por un ilícito distinto.

“Esta fiscalía federal puede realizar cambios respecto de la calificación jurídica, pero nunca podrá cambiar y/o variar los hechos circunstanciados que le atribuye a mi defendida (…) no existe, jurídicamente, reclasificación, revalorización o conversión que le pueda asistir a esta fiscalía federal para superar una resolución jurisdiccional que señala que en el fondo del asunto -en los hechos atribuidos- no existe delito alguno en contra de los imputados, por haber estado éstos amparados por el espectro de la legalidad”, indica el escrito de los abogados.

La defensa de la académica añade que al haberse determinado que la asignación de recursos del Conacyt al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. se realizó al amparo de la ley, es imposible que esta acción sea el punto de partida para concluir que se cometieron delitos como el lavado de dinero, peculado o crimen organizado. En términos legales: las conductas no se ajustan al tipo delictivo.

“En el presente caso, esta fiscalía nunca podrá acreditar el elemento típico ilícito debido a que, mi defendida, en la temporalidad de los hechos que le atribuyen, cometió las conductas en cuestión amparada por el derecho aplicable; tal como lo manifestó el juez federal”, añade el escrito.

Estos argumentos, entre otros, sustentaron la solicitud de la académica Zúñiga Cendejas de dar por concluida la indagatoria. Sin embargo, hasta ahora no se ha recibido una respuesta a dicha petición, como confirmó a este medio el abogado Ricardo Reyes Retana, quien lidera el equipo de defensa.

Por otro lado, el litigante confirmó que la Fiscalía ya les entregó una copia de la carpeta de investigación luego de que su representada se presentara a conocer el contenido de la misma tras recibir un citatorio ministerial. Hasta ahora son al menos seis los académicos que han comparecido en el Ministerio Público

“De la revisión de la carpeta de investigación es claro que no está acreditado el delito de delincuencia organizada ni ningún otro”, dijo Reyes Retana.

Desclasificación contra corrupción

Aunque las leyes general y federal de transparencia consideran por regla a las carpetas de investigación como información reservada, existen excepciones: que se trate de casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos o que tengan que ver con hechos de posible corrupción.

En ese contexto el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ha resuelto con anterioridad la desclasificación de indagatorias que se encuentran en curso y la elaboración de versiones públicas. Entre esos casos figuran, por ejemplo, la indagatoria por las desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa, la investigación por los presuntos sobornos y desvíos de Odebrecht, o las averiguaciones relacionadas con el accidente de la Línea 12 del Metro.

Incluso, en mayo el pleno del INAI instruyó a la Fiscalía General de la República desclasificar la información relacionada con posibles indagatorias de corrupción en contra de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

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Código de las Familias: el referendo para legalizar el matrimonio igualitario en Cuba

En lo que es solo el tercer referendo en la historia del país desde la Revolución del 59, los cubanos decidirán si aprueban o no el matrimonio igualitario, en un país que hace décadas mandó a los homosexuales a campos de trabajos forzados.
25 de septiembre, 2022
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Los cubanos no votan para elegir a su presidente pero sí podrán hacerlo este domingo para aprobar, o rechazar, el marco legal que regirá sus relaciones familiares.

“¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?” es la pregunta única que se formulará a los electores, con “sí” y “no” como opciones de respuesta en este inusual referendo, el tercero en la historia reciente del país tras los que ratificaron las constituciones de 1976 y 2019.

El matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de hijos por parte de éstas o la gestación subrogada son algunas de las propuestas más destacadas y polémicas del documento de 104 páginas que busca reemplazar una normativa de 1975.

El plebiscito llega en un momento de profunda crisis económica en Cuba, donde la principal preocupación entre sus más de 11 millones de habitantes es capear la escasez de todo tipo de productos, desde alimentos y medicinas hasta artículos de aseo o ropa, y los cada vez más frecuentes apagones.

Hombre en Cuba junto a un cartel favorable al código de las familias.

Getty Images
La cada vez más difícil lucha diaria por la supervivencia en Cuba ha hecho que, para gran parte de la población, el referendo sobre las familias sea un asunto secundario.

Los principales cambios

El nuevo Código de las Familias se sometió a una consulta popular entre febrero y abril de este año en la que participaron 6,5 millones de cubanos, según el gobierno..

Además del llamado “matrimonio igualitario”, la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten niños o la “gestación solidaria” -subrogada sin fines de lucro-, el código contempla otros cambios en las interacciones familiares.

Por ejemplo, abre vías para penalizar a los agresores domésticos en aspectos como la custodia de sus niños, reparto de bienes o herencia; protege la comunicación entre los menores y sus abuelos en caso de divorcio, e incorpora legalmente a madrastras y padrastros como tutores.

También permite que los padres puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos y amplía -al menos sobre el papel, ya que esto requiere de recursos materiales- la protección de adultos mayores o discapacitados.

Otro punto destacado es la posibilidad de que los abuelos adquieran responsabilidad parental, algo importante teniendo en cuenta que en los últimos meses decenas de miles de cubanos de mediana edad han emigrado, en muchos casos dejando a sus progenitores al cuidado de los menores de la casa.

El “sí” contra el “no” al código

El gobierno ha emprendido una amplia campaña en favor del “sí” en la televisión, la radio y los diarios (en Cuba los medios son propiedad del Estado), en las redes sociales con los hashtags #YoVotoSi y #CodigoSi, en la calle con abundantes carteles e incluso en los centros educativos mediante sesiones especiales sobre el nuevo Código.

Todas las instituciones cubanas, desde el Consejo Electoral Nacional hasta el Tribunal Supremo, han secundado la campaña del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dirigido por la influyente Mariela Castro, hija del exgobernante Raúl Castro.

Mariela Castro

Getty Images
Mariela Castro es desde hace años la adalid de la causa de la comunidad LGBT en el Estado cubano.

“El Código de las Familias aporta, amplía y contribuye a garantizar ampliamente los derechos de todas las personas y todas las familias. Contribuye a democratizar aún más las relaciones intergenéricas, intergeneracionales”, declaró Mariela Castro esta semana a la agencia Efe.

Gran parte de la comunidad LGBT en Cuba también apoya el “sí” en la votación del domingo.

“Que por fin en Cuba se reconozca legalmente la legitimidad del amor, las uniones y las vidas de miles de personas homosexuales es un motivo de celebración, y reivindica toda mi existencia y la de las personas de mi comunidad”, explicó a BBC Mundo el actor y prominente activista cubano Daniel Triana, de 25 años.

El activista Daniel Triana (izquierda) con otros miembros de la comunidad LGBT.

Daniel Triana
Daniel Triana (izquierda) con otros activistas y miembros de la comunidad LGBT.

Como en Cuba el Estado acapara la esfera pública, no existe una campaña articulada por el “no” en los medios de comunicación ni en la calle.

Quienes se oponen a la aprobación del nuevo Código de las Familias lo hacen sobre todo con mensajes en las redes y esgrimen diversos motivos, por lo general religiosos o políticos.

“No beneficia a la familia cubana la introducción en nuestra legislación de los contenidos de la llamada ‘ideología de género’, que sustenta muchas de las propuestas”, expuso la Conferencia Episcopal de Cuba en un comunicado en su página web.

Los obispos critican especialmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por parte de estas y la gestación subrogada, que consideran contrarios a los valores y la fe católicos.

En el comunicado expresan, sin embargo, su apoyo a otros puntos de la propuesta relacionados con la violencia doméstica y la protección de los derechos de ancianos y menores.

Mientras, en Twitter quienes se oponen al Código de las Familias han expresado su rechazo con los hashtag #YoVotoNo y #CodigoNO.

https://twitter.com/ArquiSpaces/status/1572802545457795073

“Nuestras familias también necesitan alimentos, ropa, zapatos, medicamentos, viviendas, mejor calidad de vida, mejores hospitales y escuelas, y no veo por ningún lado una campaña para eso. Por eso #YoVotoNo”, publicó otro internauta.

Muchos opositores también han planteado dudas sobre la limpieza del referendo, que según las autoridades está garantizada, aunque no habrá supervisión de organismos internacionales.

Confrontación política

Como casi todo tema de actualidad en Cuba, el plebiscito ha adquirido fuertes connotaciones políticas.

Las autoridades cubanas han vinculado la campaña del “sí” con la defensa del modelo político vigente desde 1959 y cada vez más cuestionado dentro del país a medida que aumenta el descontento social por la nefasta situación económica.

Cartel favorable al Código de las Familias en el diario oficialista Invasor, de la provincia central de Ciego de Ávila

Invasor
Cartel favorable al Código de las Familias en el diario oficialista Invasor, de la provincia central de Ciego de Ávila.

“Apoyar el Código de las Familias es apoyar el proyecto de país”, titulaba un artículo con una entrevista a Mariela Castro el pasado mayo en el diario estatal Granma.

Para el activista Daniel Triana “esto es asqueante, ya que el gobierno podría haber aprobado el matrimonio igualitario de un plumazo en la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), donde todo se vota por unanimidad”.

“Quienes disentimos del régimen y que apoyamos el código estamos en una posición ética y política bien delicada“, asegura.

Manifestación LGBT Cuba 2019

Getty Images
En Cuba los gays, lesbianas y trans pueden manifestarse, pero solo bajo la tutela y organización del Estado: cuando en 2019 activistas LGBT celebraron una marcha por su cuenta en La Habana, agentes vestidos de civiles agredieron y arrestaron a varios manifestantes. Las autoridades les acusaron de ser “contrarrevolucionarios” al servicio de EE.UU., el señalamiento más frecuente para quienes se desmarcan del sistema establecido.

Fuera de la comunidad LGBT, la mayoría de disidentes en Cuba han expresado en las redes sociales su intención de votar “no” o abstenerse como forma de castigo al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

Otros dentro y fuera del país han aprovechado la ocasión para denunciar la falta de libertades políticas en Cuba, gobernada por el Partido Comunista como órgano único y supremo de poder en el Estado.

“Si no puedes elegir tu presidente, ¿cómo exponer a tus hijos a un Código de Familia que eligió alguien por el cual tú no votaste? Si están llevando a votación el Código de las Familias, ¿por qué no llevar a votación elecciones libres pluripartidistas?”, escribió el artista Yotuel Romero, excantante del grupo Orishas y coautor de la canción Patria y Vida, convertida en himno de la disidencia cubana.

Un pasado oscuro y polémico

De aprobarse el referendo el domingo, Cuba se convertiría en el país número 34 en el que, de manera parcial o total, se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El respaldo del gobierno a esta iniciativa contrasta con la persecución que sufrieron los homosexuales en las primeras décadas de la revolución de 1959.

El régimen de Fidel Castro consideraba la homosexualidad un vicio propio de la sociedad capitalista y burguesa.

Fidel Castro y el Che Guevara

Getty Images
Fidel Castro y el Che Guevara eran conocidos por su escasa tolerancia hacia la homosexualidad.

“No podemos llegar a creer que un homosexual pudiera reunir las condiciones y los requisitos de conducta que nos permitirían considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero militante comunista”, declaró públicamente el gobernante en 1965.

En aquellos años los homosexuales -junto con sacerdotes y otras personas consideradas contrarrevolucionarias- eran detenidos con frecuencia, expulsados de sus empleos y encarcelados en campos de trabajos forzosos llamados UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) para su “rehabilitación”.

Recorte de periódico de Granma sobre las UMAP.

Granma
Unos 25.000 cubanos, según estimaciones, fueron recluidos en las UMAP entre 1965 y 1968. Eran campos de trabajos forzosos inspirados en los de otros países comunistas de la esfera de la URSS en los que se buscaba “reeducar” a personas con tendencias consideradas contrarias a los valores del socialismo y la Revolución.

Tras dos décadas de dura represión, en 1979 se despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo y comenzó una liberalización gradual que se aceleró ya en el siglo XXI.

“El Gobierno se vio obligado a reconciliarse con su pasado cercano de intolerancia y discriminación para encajar en el nuevo orden global postsocialista. El país necesitaba abrirse al mundo y ofrecer una imagen de apertura”, explica el historiador cubano Abel Sierra Madero.

Mientras, algunos activistas LGBT en la isla lamentan que el reciente lavado de cara del Estado cubano, culminado en el Código de Familias, tienda un velo sobre este oscuro pasado.

“Cuba fue hasta hace poco un estado homotransfóbico. Fidel Castro y el Ché Guevara eran homotránsfobos confesados. De pronto con este código pretenden obviar todo esto sin una sola mención a ese historial funesto. No han pedido disculpas y simplemente lo han tratado de empujar como una ley natural que se desprende de la coherencia histórica de la revolución cubana. Eso no solo es falso sino que es muy cínico y macabro”, denuncia el activista Daniel Triana.


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