Las 10 historias ambientales que marcaron el 2021 en México
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Las 10 historias ambientales que marcaron el 2021 en México

Pese a eso, el país no ha dejado de ser un lugar hostil para quienes defienden recursos naturales o denuncian la contaminación provocada por las mineras, como lo documento Mongabay Latam durante este 2021.
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Por Mongabay Latam
18 de diciembre, 2021
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Aún no terminaba el primer mes de 2021, cuando en México ya habían asesinado a un defensor de los ríos en Oaxaca, al sur de México. A Fidel Heras, originario de la comunidad Paso de la Reina, lo mataron un sábado de enero. Su homicidio fue una de los tantos hechos de violencia que, durante este año, se registraron en contra de los defensores de ambiente y territorio en el país.

Mongabay Latam publicó la historia de Heras, así como también la desaparición de miembros de la Tribu Yaqui que desde hace ya muchos años mantiene una lucha por la defensa de su territorio, amenazado por megaproyectos —acueductos, gasoductos— y el crimen organizado.

Esas historias mostraron el violento contexto en el que, este año, entró en vigor el Acuerdo de Escazú, novedoso tratado latinoamericano que obliga a los Estados, entre otras cosas, a garantizar la seguridad de los defensores de ambiente y territorio, así como a generar y difundir información sobre la situación del medio ambiente en el país.

Las denuncias de contaminación provocadas por la actividad minera, inusuales incendios en medio del Golfo de México y los titánicos esfuerzos de conservación que realizan familias, científicos, comunidades y organizaciones no gubernamentales para conservar especies, ecosistemas y detener la deforestación también están en la lista de historias sobre México que más atrajeron la atención de los lectores de Mongabay Latam este año. ¿Qué pasó durante el 2021? Estos son los 10 reportajes que marcaron nuestra cobertura.

10. Comunidades zapotecas denuncian problemas de salud por la operación de una gran minera en Oaxaca

La compañía minera Cuzcatlán, filial mexicana de Fortuna Silver Mines, llegó en 2006 a San José del Progreso, en la región de los Valles Centrales de Oaxaca, al sur de México. En 2010, comenzó a extraer plata y oro de una mina subterránea.

En la actualidad, varios estudios demuestran que los ríos cercanos a sus instalaciones presentan altos niveles de aluminio, bario, cromo, hierro, manganeso y plomo. Además, los expertos consideran que la contaminación del agua por metales podría relacionarse con algunas enfermedades en personas y animales en, al menos, seis municipios de la región.

Entre 2009 y 2020, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha realizado 16 visitas a las instalaciones de la minera; en cinco de ellas se encontraron irregularidades. Las sanciones económicas impuestas a la empresa suman poco más de 3.2 millones de pesos.

“El mecanismo de resarcir el daño con dinero está muy lejos de cualquier proceso de compensación para restituir un ambiente que ya no se recuperará”, señala Miguel Ángel Mijangos Leal, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Lee la historia completa aquí.

9. Apicultores denuncian avance de la deforestación en la Península de Yucatán

Maxcanú es un municipio ubicado en la Península de Yucatán, al sur de México. Ahí se vive una transformación en el paisaje. Hace una década, la selva se extendía por su territorio, pero de unos años a la fecha es cada vez más común encontrar zonas donde ya no hay árboles y, en su lugar, se han instalado granjas para la producción de cerdos o maquinaria para extraer tierra y abrir caminos. Los cambios podrían acelerarse en los siguientes años, ya que esta lugar está en la ruta del llamado Tren Maya.

Quienes más han criticado y denunciado los cambios de uso de suelo que se registran en la zona son las mujeres y hombres que se dedican a la apicultura; ellos han sido de los primeros en notar y padecer los efectos en la disminución de la cubierta forestal: hay menos abejas y, por lo tanto, una menor producción de miel.

Integrantes de la Alianza Maya para las Abejas Kaabnalo’on han documentado la pérdida de, por lo menos, 200 hectáreas de selva en Maxcanú, en especial el Ejido Chactún, donde se metió maquinaria pesada, se desmontó la selva, se abrieron caminos y comenzó la extracción de tierra roja.

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8. México: sentencia del asesinato de Julián Carrillo brinda esperanza a comunidad indígena desplazada

Durante todo febrero y los primeros días de marzo del 2021, la voz de unos 20 indígenas desplazados, y algunos que aún viven en la comunidad de Coloradas de la Virgen, Chihuahua, se escuchó por primera vez en un tribunal. Fueron testigos en el juicio por los asesinatos de Julián Carrillo Martínez, ocurrido el 24 de octubre de 2018, y de su hijo Víctor, registrado en febrero de 2016.

Los jueces oyeron a cada uno de los 20 indígenas rarámuri y ódami contar cómo desde hace años personas ajenas al territorio han matado a sus autoridades tradicionales y a sus familias, cómo han talado sus bosques y en lugar de árboles, siembran amapola; cómo han quemado sus casas, cómo les han robado su ganado y cómo los han obligado a desplazarse de sus tierras.

El 12 de marzo de 2021, un tribunal de enjuiciamiento en el estado de Chihuahua emitió la sentencia por el asesinato de Julián Carrillo y su hijo Víctor: 48 años de prisión para uno de los autores materiales de los homicidios. Además, los jueces establecieron que el Estado mexicano falló en brindar protección a los defensores del territorio y que ahora tiene la obligación de reparar el daño a las personas que han sido desplazadas de Coloradas de la Virgen. También se deben garantizar las condiciones para que las familias tengan un regreso digno y seguro a su comunidad.

Para la familia de Julián Carrillo, la sentencia abre un sendero para regresar a Coloradas de la Virgen y recuperar su territorio. “Se está haciendo un poco de justicia”, dice uno de sus hijos. Aun así, el miedo es algo que no pueden alejar porque las amenazas persisten.

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7.“Aquí va aumentando la deforestación. Si esto sigue así, la mariposa monarca ya no va a llegar, va a buscar otros sitios”

En noviembre del 2000, el gobierno mexicano amplió la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca de 16 mil a 56 mil hectáreas. Eso implicó que a las comunidades que están dentro de la zona núcleo del área protegida se les prohibiera talar árboles.

Para poder compensar económicamente a los ejidos y comunidades que ya no podían hacer manejo forestal se creó el Fondo para la Conservación de la Monarca, uno de los primeros pagos por servicios ambientales en el país y que, hasta el momento ha logrado su objetivo: evitar que la tala se extienda y afecte los bosques que durante cada invierno reciben a la mariposa monarca.

Dos décadas después de la existencia del Fondo, la región se enfrenta a nuevos desafíos para la conservación de los bosques, entre ellos el cambio climático, la expansión del cultivo de aguacate y la presencia del crimen organizado.

“Acá se ha dado mucho derribo de madera. Se han presentado demandas, pero las personas que lo hacen, ahí siguen. No ha pasado nada. Ellos dicen que tienen permiso del ayuntamiento. Y talan para sembrar aguacate. Ese famoso oro verde va comiendo nuestro bosque”, dice una mujer que habita en los alrededores de la Reserva.

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6. La familia que está salvando a las tortugas del Golfo de México

En 1967, la pareja formada por Marcelino Yépez y Librada Gerón comenzó a salvar tortugas marinas en El Raudal, un pequeño poblado de pescadores en el municipio de Nautla, Veracruz. En ese entonces, no había leyes que protegieran a las tortugas, cuya caza y saqueo de sus huevos no tenían tregua.

Marcelino y Librada enseñaron a sus hijos a rescatar y cuidar tortugas atrapadas en las redes de pesca y a resguardar sus huevos. Ellos hicieron de la conservación una de las máximas de la familia y para ello fundaron un campamento tortuguero y la Fundación Yépez. Ahora, además, también dedican parte de su tiempo a la educación ambiental.

“Él (Marcelino Yépez) se agarraba a machetazos con los cazadores furtivos. Me tocó muchas veces que me dijera: ‘Escóndete’. Y de repente verlo sacar el machete, agarrarse a machetazos”, recuerda Ricardo Yépez, quien era un niño cuando su padre le enseñó buena parte de lo que hoy sabe sobre conservación de tortugas.

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5. Ojo de fuego en el Golfo de México: ambientalistas y científicos denuncian opacidad en el acceso a información

El 2 de julio de 2020, en las inmediaciones de la plataforma petrolera KU-Charly, en el Golfo de México, la fractura de un ducto provocó un derrame de gas y con ello algo pocas veces visto: un incendio en medio del mar.

El ducto localizado 80 metros bajo el mar se fracturó como consecuencia de una tormenta eléctrica; el gas se incendió al migrar hacia la superficie marina debido a las descartas eléctricas que cayeron en el mar, de acuerdo con la poca información que proporcionó Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa estatal más grande de México.

En su comunicado oficial, Pemex aseguró que la fuga se reparó y que el incidente no provocó daños en los ecosistemas marinos. Sin embargo, científicos y ambientalistas señalaron que es difícil determinar los impactos de un accidente de esta magnitud debido a la dispersión de los contaminantes.

“Los datos de Copernicus (plataforma virtual de observación a partir de imágenes satelitales, utilizada por investigadores) indican una elevación de NO2 que se extendió hacia todos los estados costeros de esa región del país”, señaló el investigador Héctor Reyes Bonilla, de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

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4. La historia de los albatros que adoptaron polluelos de otra especie para salvarlos

En la isla de Guadalupe, la quinta más grande de México, un grupo de científicos logró tener más posibilidades de garantizar un futuro a los albatros de patas negras (Phoebastria nigripes), una especie que ya resiente las consecuencias del cambio climático debido a que uno de sus principales sitios de reproducción, las islas al norte del archipiélago de Hawái, está desapareciendo por el aumento en el nivel del mar.

Para ayudar a esta ave, los científicos de la organización mexicana Grupo de Ecología y Conservación de Islas pusieron en marcha una innovadora estrategia para que los polluelos de la especie que está en riesgo fueran adoptados por los albatros de la especie Laysan (Phoebastria immutabilis) que se reproduce en la isla de Guadalupe.

Este proyecto de conservación es solo una de las varias acciones científicas que se han desarrollado durante los últimos 20 años para restaurar el ecosistema de la isla de Guadalupe y recuperar la población de aves nativas y endémicas afectadas por la introducción de especies exóticas como los gatos domésticos.

“El hecho de pensar que los albatros de Laysan están siendo parte de este proyecto de restauración, que están siendo padres adoptivos de polluelos de otra especie y que los están cuidando, criando, incubando como si fueran suyos es algo que me vuelve loco y me conmueve mucho”, dice Julio Hernández, oceanólogo y doctor en vida silvestre.

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3. Fidel Heras: el campesino mexicano que dejó su milpa para defender los ríos y fue asesinado

El sábado 23 de enero, le dispararon a Fidel Heras Cruz cuando iba en su camioneta, en la comunidad La Esperanza, en el municipio de Santiago Jamiltepec, en Oaxaca. Su asesinato fue el primero que se registró en 2021 en contra de un defensor de ambiente y territorio en México.

El integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) participaba activamente en la defensa del río que pasa por su comunidad, Paso de la Reina, y del que una empresa extrae arena y grava sin permisos oficiales. Dos días antes de su homicidio, Fidel Heras recibió amenazas.

Los integrantes de COPUDEVER han luchado en contra de la instalación de proyectos hidroeléctricos y de la extracción ilegal de arena y grava.

“Como en muchos pueblos de Oaxaca, la extracción de material pétreo de los ríos por parte de autoridades y caciques les significa a estos un gran negocio a costa de los bienes comunales de los pueblos”, se señaló en un pronunciamiento que difundió la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).

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2. La permanente batalla de los yaquis contra el despojo

Los yaquis habitan la región centro-sur del estado de Sonora, al noroeste de México. Ellos están organizados en ocho pueblos que se distribuyen a lo largo de los 500 kilómetros por donde serpentea el Río Yaqui, su principal fuente de vida e identidad. Desde la conquista española, esta tribu —como ellos mismos se llaman— mantiene una resistencia por proteger su territorio y recursos naturales. En las últimas décadas esa lucha ha sido cada vez más dura ante la invasión de megaproyectos —entre ellos un acueducto y un gasoducto— y el crimen organizado.

A mediados de 2021, en julio, siete integrantes de la guardia tradicional de Loma de Bácum, uno de los ocho pueblos yaquis, y tres personas más fueron víctimas de desaparición forzada.

Esta desaparición masiva se registró un mes después de que el gobierno federal propuso desviar el trazo original del gasoducto al que, durante años, se han opuesto los pueblos Yaqui. Pero también se presentó en un contexto en el que, dentro del territorio yaqui, hay 25 concesiones otorgadas a empresas mineras y la presencia del crimen organizado es aún más evidente.

“La Fiscalía de Sonora no abre una línea de investigación sobre el actuar de las empresas mineras. Le carga todo al crimen organizado, que también nos golpea, pero nosotros queremos que indague esas tácticas usadas por las trasnacionales contra la población”, dijo Guadalupe Flores Maldonado, vocero del pueblo yaqui Loma de Bácum.

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1. Los fieles clientes mexicanos de La Oroza

En 2015, la empresa forestal peruana Inversiones La Oroza protagonizó una historia que dejó al descubierto la exportación de madera amazónica de origen ilegal a países como Estados Unidos. Ante las evidencias, el gobierno del país del norte decidió prohibir la entrada a su territorio de madera que fuera comercializada por esa compañía peruana.

Una colaboración periodística transfronteriza, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y en la que participó Mongabay Latam, documentó las acciones que ha realizado Inversiones La Oroza para seguir con el negocio de las exportaciones de madera.

Uno de los hallazgos fue que a pesar de que Inversiones La Oroza exportó madera ilegal a México en 2015, en este país conservó a sus principales clientes: los hermanos Ceballos Gallardo, quienes son dueños de un gran emporio maderero y quienes mantuvieron activos sus negocios con la empresa peruana.

Y mientras en Estados Unidos se sancionó a Inversiones La Oroza, en el caso de México la empresa siguió exportando madera amazónica, pese a que en 2015 se documentó que vendió madera de la que no pudo acreditar su legal procedencia.

Lee la historia completa aquí.

 

Bonus track:

Las mujeres que protegen al amenazado callo de hacha

Desde 2016, María Dionicia Avilés se unió a otras mujeres para crear Guardianas del Estero El Conchalito, en La Paz, Baja California, y así hacer frente al robo del callo de hacha (Atrina maura), una especie de molusco bivalvo que se encuentra en el fango costero y uno de los productos del mar más codiciados por su textura y sabor.

La economía de estas mujeres y sus familias depende de la venta de callo de hacha, así que cansadas de ver cómo los pescadores furtivos explotaban el recurso, decidieron organizarse, transformarse en vigilantes de la zona, restaurar el estero donde se reproduce el molusco y cuidarlo para que cumpliera con su ciclo de vida.

Las guardianas del estero también pertenecen a la Organización de Pescadores Rescatando la Ensenada, la cual ha trabajado con los biólogos de la asociación Noroeste Sustentable para impulsar proyectos de restauración biológica, social y económica de esa región.

“Cuando venían a robarnos, que eran a todas horas, les hacíamos frente. A veces les ponchábamos las llantas de sus carros. Nos gritaban: ‘Vayan a su casa a lavar trastes, que andan haciendo aquí de mitoteras y chismosas’”, cuenta Avilés.

Nota publicada originalmente en Mongabay Latam

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La hazaña de comunidades zapotecas que instalaron sus propias redes celulares en Oaxaca

Contar con algo tan "simple" como telefonía celular fue algo que le negaron durante mucho tiempo a comunidades indígenas de Oaxaca, pero algunos de sus habitantes no se quedaron con los brazos cruzados.
15 de octubre, 2022
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La “gozona” es uno de los conceptos más hermosos de una tierra hermosa como la de las montañas de Oaxaca, en el sur de México.

En comunidades con pocos habitantes, unir la fuerza laboral bajo la idea de que “tú hoy trabajas para mí, yo mañana trabajo para ti”, adquiere una importancia crucial para completar tareas como la cosecha de café o la reparación de un camino dañado.

El solo reunir a hombres y mujeres para la “gozona”, luego de visitarlos casa por casa, es una labor que puede llevarse toda la jornada.

O también solo unos minutos, a través de algo tan común para casi todo el mundo como una llamada telefónica o un mensaje de texto. Solo que en algunos lugares marginados esto es más bien un privilegio.

Ese servicio lo ha conseguido Santa María Yaviche, una pequeña comunidad indígena zapoteca del estado mexicano de Oaxaca donde lograron una hazaña admirable: instalar y manejar una red celular independiente.

“Dentro de la comunidad, siempre había que ir hasta la casa de una persona para hablar. Pero a veces no estaba, que se fue a trabajar, que se fue a ver a sus animales. Teníamos que regresar sin respuesta”, cuenta Gerardo Arteaga, un vecino de Yaviche.

“Pero si es cosa de un mensajito o un recordatorio con el teléfono, ya quedas para realizar un trabajo. Es una ventaja, porque no importa que estemos lejos, nos acerca la telefonía comunitaria“.

Gerardo Arteaga mira su celular

BBC
Gerardo Arteaga es uno de los más de 100 usuarios del servicio celular comunitario de Yaviche.

Aquí en Yaviche en 2013 empezaron a generar la señal con una antena de bambú sujetada con un débil alambre recocido, que eran los materiales que había a la mano. En lo más alto pusieron el emisor de señal.

Pero hoy ya tienen una infraestructura sólida y han comenzado a hacer pruebas de telefonía 4G para acceder a internet desde los celulares, una tecnología que en países como Estados Unidos llegó en 2010 pero que hoy aquí es la diferencia.

Además de contar con un medio de comunicación para la vida diaria y, más importante, para casos de emergencia, la idea central de la comunidad es no depender de nadie, incluidas las grandes telefónicas.

Y también que la tecnología se adapte a los usos y costumbres de Yaviche, como la “gozona”.

“Hay una palabra en zapoteco que eskiery kass, que significa ‘nuestro’, ‘propio’, ‘de todos’. Es como decir autonomía en nuestra lengua”, dice con orgullo Oswaldo Martínez, uno de los fundadores del proyecto en Yaviche.

Pero entrar en el disputado terreno de la telefonía celular, dominado por gigantes de la industria, es una batalla tipo David contra Goliat que deben librar.

Cansados de pedir apoyo

Yaviche está a solo 130 km de la ciudad capital de Oaxaca. Pero esa distancia relativamente corta se convierte en un trayecto de más de 4 horas debido a las condiciones geográficas.

En tiempos de lluvias, el asfalto mojado, la caída de árboles, los deslaves y los caminos sin pavimento enlodados hacen más prolongado y peligroso el trayecto.

Un mapa de la ruta a Santa María Yaviche y San Juan Yaeé

BBC

A lo largo de las laderas de esas montañas se asientan pequeñas comunidades zapotecas de varios cientos de habitantes. Un par de miles las más grandes.

Para ofrecerles cobertura, las grandes compañías de telefonía celular que operan en México -como Telcel, Movistar o AT&T- requieren un mínimo de entre 2.500 y 5.000 usuarios.

Lugares como Yaviche, con 700 habitantes, buscaron a esas empresas durante años, pero se cansaron: “Nos acercamos a las telefónicas y nos dijeron que éramos pueblos chicos, que no era negocio para ellos. Y eso que fue entre varias comunidades”, dice Oswaldo Martínez.

“Pedían como mínimo 5.000 usuarios. Y nosotros teníamos que poner la infraestructura, que eran como 6 millones de pesos [unos US$460.000 de 2013). Y encima ellos iban a cobrar el servicio”.

Oswaldo Martínez

BBC
Oswaldo Martínez es uno de los fundadores del proyecto de red comunitaria de Santa María Yaviche.

No muy lejos de ahí, en Villa Talea de Castro, la fundación Rhizomática -una asociación civil con experiencia en telefonía comunitaria en Nigeria- ya había puesto a prueba con éxito una red de telecomunicaciones similar, por lo que en 2013 los habitantes de Yaviche pidieron su ayuda para poner los “fierros”, como le dice a la infraestructura operativa.

“Empeñamos un coche para poder comprar el equipo y empezamos el experimento. Nos pidieron un cuarto y sacamos unas camas para colocar el equipo. Nuestra primera torre fue de bambú en 2013”, explica Martínez.

“La gente preguntaba si era Telcel, Movistar o cuál. Pero les decíamos que no, que era de nosotros. Kiery kass(de todos)”.

En la actualidad son 14 comunidades de Oaxaca las que cuentan con una red celular propia y que son parte de una asociación civil sin fines de lucro, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC), que cuenta con el acompañamiento técnico de Rhizomática.

Atienden alrededor de 4.000 usuarios de telefonía celular. Todos ellos son a la vez usuarios y dueños de cada la red comunitaria local, pues el objetivo de TIC es que la independencia de cada pueblo se mantenga así.

¿Cómo se opera una red celular?

Instalar y operar una red celular no es algo que venga en un manual de “hágalo usted mismo”.

Requiere de conocimientos en ingeniería en sistemas y telecomunicaciones, así como representación jurídica, algo de lo que se encargan los expertos integrantes de TIC.

Un comparativo de las antenas de Yaviche

BBC
Lo que en un inicio fue un sistema apoyado en una antena de bambú hoy es una estructura sólida.

Desde una modesta oficina operativa en la capital de Oaxaca, Javier de la Cruz maneja el “cerebro” de las redes comunitarias que permite conectar llamadas locales e internacionales. Y ahí resuelven los problemas técnicos del día a día.

“Entregamos una señal que los teléfonos puedan recibir, que puedan recibir llamadas y mensajes locales”, explica De la Cruz.

Hasta antes de la pandemia, instalar un sistema 2G costaba más de US$8.000 en términos de equipo de radiofrecuencia y computación. Pero “si es un sistema reciclado, disminuye el costo un poco”, explica el ingeniero.

Y es que en TIC se encargan de buscar donativos de equipos a nivel internacional y echan mano de un software abierto, que no requiere pago de licencias pero sí de muchas horas de trabajo para la corrección de errores.

Esa labor se traduce no solo en un servicio celular, sino en su bajo costo: mientras las compañías telefónicas en México ofrecen paquetes de servicio de voz y datos, el más básico de US$2,5 por 7 días, los usuarios de las redes comunitarias pagan US$2,1 por un mes de acceso a llamadas de voz y mensajes de texto (SMS).

En un estado con una histórica marginación económica y una alta generación de migrantes, el poder hacer llamadas a EE.UU. cuesta US$0,15 por minuto. “Y el saldo no se borra por pasar una cantidad de días. Si la gente pagó, se le da una continuidad al servicio que ha tenido”, destaca De la Cruz.

Una recarga celular

Desinformemonos

Luego de que instalan una red en una comunidad, los miembros de TIC capacitan a gente del mismo pueblo, “jóvenes, adultos, hombres, mujeres, que tengan ganas de aprender”, para manejar aspectos como el registro de nuevos usuarios y los abonos mensuales.

Pero también aprenden sobre la operación básica de los aparatos y “fierros”, pues si hay una falla que pueda ser solucionada localmente, eso evita que los siete técnicos de TIC deban viajar varias horas desde la capital de Oaxaca hasta una comunidad apartada como Yaviche.

Cada una de las 16 comunidades tienen sus propios administradores.

“Muchos usuarios son personas mayores. El reto es cómo explicarle a un abuelo sin que te desesperes. Entonces, más allá de saber qué es el 4G, el reto de los administradores es cómo explicarle eso a la gente. La idea es que la asociación sea un acompañamiento para que la comunidad lo sostenga”, explica Lisset González, una capacitadora de TIC.

Una lucha David vs. Goliat

Hasta antes de la llegada de la telefonía terrestre y celular, comunicarse con otros fuera de las comunidades de la Sierra Norte requería métodos antiguos.

“Antes se mandaban recados o cartas. Si un familiar iba a Oaxaca (la capital), mandábamos ahí en el autobús. Tardaban mucho pues, hasta días”, dice Olga Ramírez, una vecina de la comunidad de San Juan Yaeé.

Un pueblo vecino de Yaeé es Santiago Lalopa, que se encuentra al otro lado de la cañada, a menos de 4 km de distancia lineal. Llevar un recado a alguien ahí implica un rodeo de una hora por los sinuosos caminos de las montañas.

Hombres recogen piedras de un deslave

Getty Images
Los caminos en la Sierra Norte de Oaxaca son complicados. En tiempos de lluvias suelen ocurrir grandes deslaves que los cortan.

“La larga distancia es lo que más ocupamos. Por ejemplo, mi esposo viaja diario a la ciudad de Oaxaca y se comunica y me marca a la línea comunitaria. Si no entra (la llamada), ya se preocupa”, dice Lizeth García.

Si bien las redes comunitarias como las de Yaeé y Yaviche tienen cobertura para llamadas locales, la larga distancia, más allá de Lalopa, implica que el servicio comunitario entre al disputado espectro de frecuencias radioeléctricas.

Las bandas de frecuencia son como las “autopistas” en el aire por las que las ondas de una señal (radio, TV, telefonía fija y celular) viaja a través del aire.

Las grandes compañías pagan sumas millonarias para acceder el espectro radioeléctrico que subasta el Estado. El que una comunidad quiera participar es una lucha tipo “David contra Goliat” que había que librar no solo ante las compañías, sino ante las mismas instituciones del gobierno mexicano.

Javier de la Cruz

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Javier de la Cruz opera el “cerebro” de TIC desde la ciudad de Oaxaca.

“A TIC le habían asignado espectro de manera directa, sin necesidad de licitación. Pero el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le hizo el cobro de derechos de un millón de pesos (US$76.000 en ese momento). Y peleamos para que no nos cobraran una tarifa equivalente a la del operador comercial”, explica Erick Huerta, el asesor jurídico de TIC.

“Ellos mismos habían reconocido que donde operamos nosotros nadie va (compañías) porque no hay utilidad comercial. Era ilógico. Obtuvimos amparos favorables, pero el IFT volvía a insistir y nos congelaron nuestra cuenta. Pero finalmente la Suprema Corte determinó que esa medida era inequitativa”.

Los retos en las montañas

En los últimos 10 años, varias comunidades se sumaron a la asociación civil sin fines de lucro que conforma TIC. Pero otras también se han desconectado.

La entrada de las grandes telefónicas a algunas de las regiones más marginadas de Oaxaca, así como el servicio de internet Wi-Fi de algunos proveedores locales, ha reducido el número de usuarios de TIC de 6.000 a 4.000 en los últimos años, así como las comunidades participantes (de 16 a 14).

Y en el último año, el gobierno de México lanzó un proyecto para proveer acceso a internet y voz a través de la basta red de la Comisión Federal de Electricidad, lo que en teoría implica que en todo lugar donde haya servicio de electricidad (+90% del territorio) puede haber servicio de internet.

Una tienda que ofrece servicio Wi-Fi

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Los servicios locales de Wi-Fi, como el de San Juan Yaeé, ofrecen una conexión a través del pago de fichas de duración.

Por otra parte, los servicios comunitarios en ocasiones también enfrentan retos técnicos, como la saturación del servicio o imprevistos, como las descargas eléctricas que inhabilitan los aparatos de transmisión.

En Yaviche se “quemó” una fuente de transmisión este año, por lo que los usuarios quedaron sin cobertura durante meses hasta que se puso a prueba el servicio 4G con un nuevo transmisor.

Esos son los retos que enfrentan las comunidades de TIC para subsistir en una industria altamente rentable y competitiva para los grandes capitales nacionales y trasnacionales (y ahora los proyectos de gobierno).

Pero eso no desanima a quienes forjaron este acceso a la comunicación.

“En Yaviche no le apostamos al negocio, al pensamiento de acumulación, sino en cómo hacemos sostenible este proyecto, por eso estamos apostando en esto y seguiremos”, dice Oswaldo Martínez.

“Queremos preservar nuestro pensamiento”

Contar con una radio propia, una señal de televisión los fines de semana y una red celular es todo un orgullo para comunidades como Santa María Yaviche.

Y si bien tienen disponibles nuevas vías de comunicación, como el Wi-Fi a través de fichas de varios minutos u horas, para ellos es importante sostener lo propio.

San Juan Yaeé

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San Juan Yaeé también busca sostener su red celular independiente con ayuda de toda la comunidad.

“Esto es de la comunidad y eso nos hace sentir más nosotros. No dependientes de una compañía de fueraque en cualquier momento lo pueden quitar porque no es rentable”, dice Gerardo Arteaga.

Hay algunas funciones de la red celular que incluso la hacen sentir más propia, más “xhidza (zapoteca)” como la distribución general de mensajes en su propia idioma en casos especiales o de emergencia.

“Con esta herramienta nosotros podemos seguir usando nuestra lengua. Va más allá de lo que las otras compañías buscan. Es una forma de que la tecnología sea una parte para mantener nuestra identidad xhidza”, dice Oswaldo Martínez.

“La idea de nosotros es generar nuestros propios procesos. Y ahora con los jóvenes queremos preservar nuestro pensamiento. Porque cuando uno habla español, solo es como una reproducción, pero cuando uno habla xhidza, lo hacemos desde nuestro corazón“.


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