Cancelan audiencia contra Duarte por desaparición; proceso se detiene
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Juez cancela audiencia contra Duarte por desaparición forzada; proceso se detiene otra vez

Pese a que hace una semana policías cumplimentaron la orden de arresto en su contra, un juez frenó la audiencia inicial de Duarte. Defensa ha pedido anular todo el caso por violaciones al debido proceso.
Cuartoscuro
13 de diciembre, 2021
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El proceso penal en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada, volvió a estancarse.

Pese a que el pasado 3 de diciembre agentes ministeriales de ese estado y de la Ciudad de México dieron por cumplimentada la orden de arresto en contra del exmandatario luego de más de tres años de complicaciones y retrasos, la audiencia inicial en la que se tendría que haber presentado la imputación se canceló.

Ninguna autoridad ni ministerial ni judicial a ha dado a conocer alguna explicación oficial y pública de lo ocurrido, sin embargo, Animal Político pudo reconstruir a través de distintas fuentes  la cadena de hechos que impidieron que el caso pudiera avanzar.

Hasta ahora, lo único que se sabía gracias a un comunicado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, es que el viernes 3 de diciembre se presentaron policías ministeriales de Veracruz acompañados de agentes capitalinos en el Reclusorio Preventivo Norte para cumplir con el trámite de ejecución de la orden de aprehensión girada desde el 6 de junio de 2018 por un juez de aquella entidad.

Esta diligencia ocurrió cuatro días después de que este medio de comunicación relevara que desde marzo México ya había obtenido de parte del gobierno de Guatemala la autorización para proceder en contra del exgobernador por desaparición forzada, y pese a ello, nadie se había presentado al centro penitenciario para ejecutar la orden y dar por iniciado el proceso.

Lo que ahora se puede confirma es que fue ese viernes, poco después de las 10 de la mañana, cuando los agentes judiciales se presentaron en la dirección del referido penal capitalino para notificar al exgobernador de su detención por desaparición forzada. Previamente el director del penal, Luis Ángel Hernández Salas, había autorizado que la diligencia se llevara a cabo.

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Al reunirse con Duarte, los agentes ministeriales Jorge Armando González Reyes e Isaac Nieto Sánchez le explicaron que venían de Veracruz y le quisieron entregar el oficio de la orden de aprehensión en su contra. Además, le pidieron que firmara la notificación oficial. Sin embargo, Duarte se negó a hacerlo argumentando que no estaba su abogado presente y que además contaba con una suspensión provisional concedida por un juez de amparo para no ser detenido.

La negativa dele exgobernador no fue obstáculo para que se considerara ejecutada la orden de aprehensión. Los agentes solicitaron al penal los videos del momento en que se aprecia la notificación hecha al exgobernador y con ello informaron al juez de Veracruz que el exgobernador quedaba a su disposición

Audiencia convocada… y cancelada

A través del oficio PM/2404/2021, los referidos agentes ministeriales informaron a la fiscalía de Veracruz de la detención de Duarte. Se estableció como hora del cumplimiento de la orden de captura las 9 horas con 45 minutos del 3 de diciembre.

Casi de forma inmediata la Fiscalía para la Atención de Personas Desaparecidas Zona Centro – Xalapa solicitó al juez correspondiente que fijara fecha y hora de audiencia para realizar la imputación correspondiente. Dicha notificación se hizo a través del oficio FGE/FIM/FEADPD/9118/2021.

En respuesta a dicha solicitud el juez de control de Veracruz anunció que sería a las 10 de la noche del mismo viernes cuando se llevaría a cabo la audiencia inicial a través del sistema de videoconferencia. Se ordenó a las autoridades del Reclusorio Norte que facilitaran las condiciones necesarias que permitieran a Duarte conectarse a través de dicho sistema.

Sin embargo, en las horas siguientes a esta notificación la defensa del exgobernador envió al juez un escrito en el que informaban que la audiencia inicial no debería llevarse a cabo debido a que Duarte contaba con una suspensión provisional. Esto como resultado de una demanda de amparo promovida el 1 de diciembre por el exgobernador en contra de la orden de aprehensión.

Tras revisar el escrito de la defensa el juez de control de Veracruz decidió cancelar la audiencia inicial que había programado hasta en tanto no se clarificaran los alcances de la suspensión concedida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Penal de Ciudad de México.

No obstante, el juez de Veracruz decidió al mismo tiempo mantener como cumplimentada la orden de aprehensión. Es decir, deja en calidad de detenido al exgobernador, pero sin que se materialice la audiencia inicial. Desde ese viernes, hasta la fecha, dicho juzgador no ha emitido ningún nuevo pronunciamiento.

Limbo jurídico

La situación descrita anteriormente dejó el proceso en la indefinición. Por un lado, las autoridades sostienen que la detención de Duarte por desaparición forzada ya se ejecutó, aunque no haya audiencia inicial, pero por otro lado la defensa sostiene que es inconstitucional.

De acuerdo con autoridades de la Fiscalía General de justicia de Veracruz consultadas por Animal Político, el procedimiento de detención de Duarte de Ochoa se llevó a cabo correctamente en colaboración con autoridades capitalinas. La orden de aprehensión se considera cumplimentada y la causa por la que el proceso no avance, hasta ahora, es por la suspensión que promovió la defensa.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia capitalina indicó a este medio que ellos solo colaboraron en apoyo a los policías de investigación veracruzanos, pero que la responsabilidad de los pasos subsecuentes recae en las autoridades de esa entidad federativa. Coincidieron en que el proceso se realizó de forma correcta.

Sin embargo, la defensa de Duarte promovió a su nombre una nueva ampliación a la demanda de amparo 997/2021 en contra de la ejecución de la orden de aprehensión girada en contra de su representado, pues lo consideran como una acción ilegal y violatoria de derechos humanos.

En el escrito de la ampliación, al que este medio tiene acceso, el abogado defensor Pablo Campuzano explica que los hechos ocurridos a lo largo del pasado 3 de diciembre no cumplieron con las formalidades que marcan las normas penales. Esto ya que, entre otras cosas, no lo pusieron de forma inmediata a disposición de un juez para que se resolviera su situación. Una situación que sí ocurrió antes donde un juez capitalino actuó en representación de un juez de Veracruz.

En vez de eso, señala la demanda de amparo, se le ha mantenido a Duarte detenido con la intención de que comparezca a distancia ante un juez, situación que tampoco ha ocurrido.

“Sostener la legalidad de la pretendida ejecución en los términos en que dispuso el Juez de Veracruz sería tanto como permitir que se llevara a cabo una audiencia inicial usando un dispositivo móvil en la patrulla del policía que detiene al imputado; claramente el policía no tiene facultades ni mucho menos jurisdicción para atender un acto procesal que conlleva una serie de formalidades que se establecieron precisamente con el objeto de garantizar el respeto a los principios rectores del sistema acusatorio”, indican los abogados.

Además, la defensa de Duarte sostiene que aun y cuando se considere que no hubo irregularidades en la ejecución de la orden de aprehensión, esta por si sola es improcedente y debe modificarse, toda vez que no existe necesidad de que esta sea la vía para que su cliente comparezca en audiencia inicial. Prueba de ello, explicaron, es que con anterioridad el exgobernador ha estado dispuesto a presentarse ante el juez, pero causas ajenas a él han impedido materializar las audiencias.

Por lo anterior, Campuzano solicita en su demanda de amparo es que anule la orden de aprehensión al exgobernador y, en cambio, se le cite a una audiencia inicial a través de un juez de la Ciudad de México que actúe en representación.

En este contexto, será el Juzgado Segundo de Distrito en materia de Amparo el que tendrá que definir, primero, si mantiene o modifica la suspensión que según las autoridades de Veracruz ha frenado el proceso y después si concede o no el ampao El próximo 16 de diciembre se realizará una audiencia para comenzar a definir este tema.

Accidentado proceso

Desde que un juez de Veracruz ordenó en junio de 2018 la aprehensión de Javier Duarte por el presunto delito de desaparición forzada, el proceso penal al que se le asignó el número 103/2018 ha tenido un avance prácticamente nulo.

Por principio de cuentas, México tardó casi tres años en conseguir el aval de Guatemala que necesitaba para proceder en contra de Javier Duarte por este delito. Errores en la carpeta de investigación y en el expediente diplomático, sumado a las complicaciones que trajo la pandemia sanitaria afectaron el desarrollo del proceso.

De acuerdo con un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) obtenido por Animal Político a través de una solicitud de transparencia, fue hasta marco de este año cuando se consiguieron los referidos permisos diplomáticos. Sin embargo, pese a esto tampoco se actuó de forma inmediata.

Fue hasta finales de agosto cuando el juez de Veracruz notificó a Duarte de la intención de llevar a cabo una audiencia inicial, sin embargo, la misma tuvo que diferirse ya que el exgobernador era sospechoso de haber contraído COVID-19. Situación que finalmente resultó ser negativa.

La audiencia fue reprogramada para el 12 de noviembre. No obstante, debido a que la defensa del exgobernador no fue notificada con el tiempo suficiente, la cita tuvo que diferirse nuevamente.

El tercer intento fue la ejecución de la orden de aprehensión girada al exgobernador y a partir de ahí convocar y realizar la audiencia inicial lo cual, como ya se dijo, tampoco ha podido llevarse a cabo.

Actualmente, el exgobernador permanece privado de su libertad por una sentencia de nueve años de prisión por el delito de lavado de dinero y asociación delictuosa. Sentencia de la que ya cumplió la mitad del tiempo y está en posibilidades de solicitar la libertad condicional.

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5 interrogantes sobre Trump y el asalto al Capitolio de hace un año

Cuando se cumple un año de la toma del Capitolio, un comité del Congreso continúa recopilando información en una gran investigación para determinar qué pasó y cómo se llegó a ese momento.
6 de enero, 2022
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Ha pasado ya un año desde que una turba de seguidores de Donald Trump asaltara el Capitolio de EE.UU. en un intento por frenar la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.

El recuento más completo de los eventos que llevaron a ese día y de lo que ocurrió durante esa jornada todavía se está recopilando: es la misión de un comité especial de la Cámara de Representantes del país creado para ese fin.

El comité, compuesto por siete miembros del Partido Demócrata y dos del Partido Republicano, se estableció después de que fracasaran diferentes intentos para crear una investigación independiente.

El comité tiene una tarea titánica: hasta el momento ha acusado a 275 personas de intentar impedir que el Congreso llevara a cabo la certificación de la victoria electoral del actual presidente Joe Biden.

Además, ha acusado a más de 300 personas por crímenes menores, que incluyen invasión de una propiedad del gobierno federal y conducta desordenada.

Según miembros del comité, la mayoría de aquellos que han sido contactados han accedido a cooperar.

Sin embargo, unos cuantos de los más cercanos a Donald Trump se han resistido. Han argumentado que poseen privilegios ejecutivos, un principio legal que protege las comunicaciones informales entre los presidentes y sus asesores.

Hasta el momento dos de ellos, el hombre de confianza de Trump Steve Bannon y el exjefe de gabinete Mark Meadows, han sido citados por la Cámara de Representantes acusados de desacato al Congreso.

Bannon enfrentará un juicio penal este año. Otros, como el exasesor de Trump Roger Stone y el exaliado de Trump Alex Jones han invocado la quinta enmienda de la Constitución (la cual defiende el derecho a permanecer en silencio para no autoincriminarse) para no responder preguntas sobre su papel en el levantamiento.

Hay una serie de vacíos y preguntas clave que el comité está buscando responder. Aquí hay algunas de las más urgentes.

1. ¿Qué tan involucrada estuvo la Casa Blanca en la organización de las manifestaciones del 6 de enero?

Bennie Thompson, el presidente de la investigación del Congreso, recientemente mencionó algunos de los elementos que su comité está tratando de entender sobre las marchas que ocurrieron en Washington DC y que precedieron al ataque al Capitolio.

Necesitamos saber quién organizó, planeó, pagó y recibió fondos relacionados con estos eventos, al igual que el tipo de comunicaciones que tuvieron organizadores con funcionarios de la Casa Blanca y del Congreso”, dijo.

Uno de esos organizadores, el activista conservador de ultraderecha Ali Alexánder, ya testificó ante el comité, y contó que estuvo en contacto con la Casa Blanca y miembros republicanos del Congreso con antelación.

La naturaleza exacta de esos contactos todavía no se ha revelado públicamente.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump durante un discurso el 6 de enero de 2021

Getty Images
Trump les dijo a sus seguidores que marcharan hacia el Capitolio durante una manifestación el 6 de enero de 2021.

El testimonio público inicial de Alexánder ante el comité puso algo de la culpa de lo que pasó ese día sobre los líderes de Women for America First (“Mujeres por América Primero”), quienes organizaron el evento cerca de la Casa Blanca, donde Trump les dijo a sus seguidores que marcharan hasta el Capitolio.

Además, agregó que hicieron poco por tratar de controlar la violencia y que pudieron haber estado en un hotel, a una cuadra de la Casa Blanca, “bebiendo champaña” mientras ocurría el ataque al Capitolio.

Las actividades en ese hotel, el Willard Intercontinental, han sido de particular interés para el comité del Congreso. Steve Bannon, el exalcalde de Nueva York Rudy Giulianni, el exasesor de seguridad nacional de Trump Michael Flynn, el locutor conservador Alex Jones y el confidente de Trump Roger Stone, son algunos de los nombres reconocidos que se vinculan con las reuniones en el hotel.

El comité indicó en su resolución de desacato al Congreso que cree que Bannon tuvo contacto directo con Trump sobre las manifestaciones del 6 de enero en al menos una ocasión. Y Jones dijo que la Casa Blanca le pidió liderar la marcha hacia el Capitolio.

El presentador de radio de ultraderecha Alex Jones hablándoles a los manifestantes mediante un megáfono

Getty Images
El presentador de radio de ultraderecha Alex Jones le habló a los manifestantes antes de la toma

2. ¿Tuvo alguien en el gobierno o en los círculos cercanos a Trump alguna razón para creer que el día se iba a tornar violento?

Luego de semanas de llamadas, mensajes en Twitter y batallas legales infructuosas, Trump enfocó su atención en el 6 de enero como el día clave que definiría si podría anular los resultados de la elección.

“Gran protesta en DC el 6 de enero”, escribió en Twitter el 19 de diciembre. “Vayan, ¡será salvaje!”.

Continuó esa línea 11 días después con otro mensaje en Twitter: “SEIS DE ENERO, ¡LOS VEO EN DC!”.

Según un reporte del diario The Washington Post, hubo amplia evidencia de que grupos militantes de ultraderecha estaban preparándose para viajar al Capitolio el 6 de enero, y que estaban siguiendo las declaraciones públicas del presidente como guía.

Las agencias federales de seguridad y el ejército, sin embargo, fueron reacios a tomar medidas más extensas para prepararse, por miedo a llamar la atención y la ira del presidente.

Una sugerencia del jefe del Estado Mayor Conjunto Mark Milley de asegurar la capital fue descartada por ser muy provocadora. Milley, según el Post, también estaba preocupado por que las fuerzas militares desplegadas en Washington pudieran recibir órdenes contradictorias del presidente.

El 5 de enero, Bannon dijo en su podcast que llegaba una “revolución”.

El infierno se desencadenará mañana”, añadió.

Esa misma tarde, Trump escribió en Twitter: “Washington se está inundando con la gente que no quiere ver una victoria electoral robada por demócratas radicales de izquierda. Nuestro país ha tenido suficiente, ¡no lo van a aceptar más!”.

Varios de los organizadores de las manifestaciones, según un reporte del sitio web de periodismo investigativo ProPublica, estaban preocupados de que el 6 de enero se tornara violento.

Y la marcha de la Casa Blanca al Capitolio generaba una preocupación particular.

Manifestantes a favor de Trump marchan de la Casa Blanca al Capitolio

Getty Images
Manifestantes a favor de Trump marchan de la Casa Blanca al Capitolio

“Una marcha de último minuto, sin permisos, sin la policía metropolitana que normalmente estaría allí para fortalecer el perímetro, se sentía insegura”, le dijo a ProPublica Dustin Stockton, uno de los organizadores de la manifestación de la Casa Blanca que fue citado por el comité.

Stockton quería que esas preocupaciones se le extendieran a la Casa Blanca, algo que, según cuenta, le aseguraron que sucedería.

Durante su discurso en la Casa Blanca, Trump específicamente incentivó a sus seguidores a marchar al Capitolio. Dijo que debían hacerlo “pacífica y patrióticamente”, pero en otro punto los animó a “pelear como nunca”.

Policías protegen la Cámara de Representantes durante la toma del Capitolio del 6 de enero

Getty Images
La policía le disparó a una manifestante mientras intentaba entrar a la Cámara de Representantes

3. ¿Cómo respondió el presidente cuando el Capitolio estaba bajo ataque?

Desde la época de Richard Nixon, los escándalos presidenciales se han definido por dos preguntas: ¿qué sabía el presidente y cuándo lo supo? Estas son aún relevantes en la investigación del ataque al Capitolio, pero además hay una tercera: ¿qué hizo el presidente una vez se enteró?

Gran parte de la investigación del comité se ha enfocado en tratar de entender las actividades del presidente el 6 de enero: antes, durante y después del ataque.

Es por lo que el comité ha estado enfrascado en una larga batalla legal para obtener documentos, incluyendo registros de llamadas y reuniones, notas y discursos, de los Archivos Nacionales referentes a ese día.

Ya hay algunos detalles sobre la presión que recibió el presidente para que respondiera con más fuerza cuando el Capitolio estaba bajo ataque.

La congresista republicana Jaime Herrera Beutler contó cómo el líder de la minoría republicana en la Cámara, Kevin McCarthy, llamó al presidente y le urgió a que hiciera que los atacantes se fueran. Cuando el presidente objetó, la conversación se transformó en un concurso de gritos envueltos en obscenidades.

El senador republicano por el estado de Alabama Tommy Tuberville también habló con el presidente y le dijo que las cosas no estaban yendo “muy bien”, agregando que él y el vicepresidente Mike Pence estaban siendo evacuados del Capitolio.

“Sé que tenemos problemas”, respondió Trump.

El entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows presentó al comité investigador mensajes de texto y correos electrónicos de personalidades conservadoras de TV y miembros de la propia familia de Trump, presionándolo para que el presidente hiciera una declaración televisiva y que tomara mayores acciones para frenar la violencia.

“Tiene que liderar ahora”, le escribió Donald Trump Jr. “Ha llegado demasiado lejos y esto se fue de las manos”.

“Estoy presionando fuerte”, respondió Meadows.

Agentes de policía se enfrentan con manifestantes durante los disturbios del 6 de enero

Getty Images
La batalla para retomar el Capitolio duró varias horas

Las acciones del presidente, sin embargo, son el gran agujero negro en medio de la investigación.

Si Meadows presionó, ¿cómo reaccionó el presidente? Hay reportes que indican que Trump pasó la mayor parte de esa tarde viendo televisión en su comedor privado en la Casa Blanca.

El comité ha citado a funcionarios de la Casa Blanca que pudieron estar cerca del presidente ese día y está en una batalla legal para adquirir documentos gubernamentales que le puedan ayudar a llenar ese agujero negro.

4. ¿Por qué se demoró la respuesta militar y de seguridad al ataque?

En la mañana del 6 de enero, la policía de parques de EE.UU. ya estaba enfrentándose con seguidores de Trump en el Monumento a Washington y en el Monumento a Lincoln.

A los agentes se les indicó que se mantuvieran al margen y que “solo monitorearan” la situación.

Luego de la marcha Stop the Steal (“Frenen el robo”) y del discurso de Trump, la violencia escaló.

Seguidores revoltosos de Trump atacaron a la policía alrededor del Capitolio y forzaron su entrada al edificio, donde ocuparon la cámara del Senado y saquearon las oficinas de líderes del Congreso.

Poco antes de que los manifestantes entraran en el Capitolio, el mayor General William Walker, comandante de la Guardia Nacional de DC, hizo una solicitud al secretario de Defensa interino Christopher Miller para poder desplegar sus fuerzas y manejar la crisis.

La autorización demoró más de dos horas y soldados de la Guardia Nacional no llegarían masivamente al Capitolio hasta una hora después.

Un 'marine' de los EE.UU. protegiendo la Casa Blanca el 6 de enero

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Un ‘marine’ de los EE.UU. protegiendo la Casa Blanca el 6 de enero

El comité está buscando más pruebas de comunicaciones entre el Capitolio y el Pentágono y contactos, si es que los hubo, entre el Pentágono y funcionarios de la Casa Blanca, incluido el presidente.

El ataque al Capitolio representó un increíble vacío en la seguridad de uno de los asientos del poder gubernamental de EE.UU., y todavía no hay una idea clara de quién carga la mayor responsabilidad.

5. ¿Qué tan seriamente consideraron el presidente y la Casa Blanca tomar medidas extraordinarias para invalidar la elección?

Una de las revelaciones más llamativas en los aproximadamente 9.000 documentos que el jefe de gabinete de Trump entregó al comité del Congreso antes de dejar de cooperar fueron correos electrónicos sobre una presentación de PowerPoint de 36 páginas que circuló en la Casa Blanca y entre republicanos en el Congreso.

El autor exacto del documento aún no ha sido determinado, pero contiene varios alegatos conocidos y ya invalidados sobre fraude electoral. Lo que es extraordinario, sin embargo, es la amplitud de sus recomendaciones.

Sugería, por ejemplo, que el presidente declarara un estado nacional de emergencia, desechara todos los tarjetones tabulados electrónicamente y pusiera fuerzas federales de la Guardia Nacional a cargo de la supervisión de un recuento manual de votos físicos en estados clave.

Tales pasos no hubieran tenido precedentes en la historia de EE.UU.

El comité también está mirando reportes según los cuales el presidente estaba presionando a su propio Departamento de Justicia para declarar la elección como corrupta, diciéndoles a funcionarios de alto rango, según las notas de uno de los participantes, lo siguiente: “simplemente hay que decir que la elección fue corrupta y dejarme el resto a mí y al congresista republicano”.

El 3 de enero, el presidente habría contemplado forzar la renuncia del fiscal general en ejercicio Jeffrey Rosen y reemplazarlo por Jeffrey Clark, un asistente del fiscal general que había redactado una carta dirigida a autoridades electorales en Georgia en la que argumentaba que la victoria de Biden fue fraudulenta y los instaba a declarar a Trump como el ganador oficial.

El presidente se arrepintió cuando Rosen y funcionarios del Departamento de Justicia amenazaran con renunciar masivamente.

Clark, hasta el momento, se ha negado a cooperar con la investigación del 6 de enero y podría ser el próximo individuo al que citen por desacato al Congreso.

El vicepresidente Mike Pence era el objetivo final de la presión de Trump, y miembros clave de su equipo están cooperando con la investigación del Congreso.

El comité quiere saber más sobre una reunión que ambos tuvieron en la Casa Blanca el 4 de enero con John Eastman, un profesor de leyes de la Universidad Chapman que creía que Pence podía descartar los resultados estatales de las elecciones y declarar a Trump presidente.

O, al menos, demorar la certificación de los resultados hasta que las legislaturas estatales controladas por los republicanos pudieran tomar acciones para apoyar a Trump.

Según reportes de noticias, la presión para descartar los resultados de las elecciones continuó durante la noche del 6 de enero, cuando Eastman le informó al asesor legal de Pence que todavía tenía tiempo para negarse a certificar la victoria de Biden, incluso mientras en el Capitolio persistía el olor a gas lacrimógeno y aún había vidrios rotos tras la insólita jornada de violencia.


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