El proceso penal en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada, volvió a estancarse.
Pese a que el pasado 3 de diciembre agentes ministeriales de ese estado y de la Ciudad de México dieron por cumplimentada la orden de arresto en contra del exmandatario luego de más de tres años de complicaciones y retrasos, la audiencia inicial en la que se tendría que haber presentado la imputación se canceló.
Ninguna autoridad ni ministerial ni judicial a ha dado a conocer alguna explicación oficial y pública de lo ocurrido, sin embargo, Animal Político pudo reconstruir a través de distintas fuentes la cadena de hechos que impidieron que el caso pudiera avanzar.
Hasta ahora, lo único que se sabía gracias a un comunicado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, es que el viernes 3 de diciembre se presentaron policías ministeriales de Veracruz acompañados de agentes capitalinos en el Reclusorio Preventivo Norte para cumplir con el trámite de ejecución de la orden de aprehensión girada desde el 6 de junio de 2018 por un juez de aquella entidad.
Esta diligencia ocurrió cuatro días después de que este medio de comunicación relevara que desde marzo México ya había obtenido de parte del gobierno de Guatemala la autorización para proceder en contra del exgobernador por desaparición forzada, y pese a ello, nadie se había presentado al centro penitenciario para ejecutar la orden y dar por iniciado el proceso.
Lo que ahora se puede confirma es que fue ese viernes, poco después de las 10 de la mañana, cuando los agentes judiciales se presentaron en la dirección del referido penal capitalino para notificar al exgobernador de su detención por desaparición forzada. Previamente el director del penal, Luis Ángel Hernández Salas, había autorizado que la diligencia se llevara a cabo.
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Al reunirse con Duarte, los agentes ministeriales Jorge Armando González Reyes e Isaac Nieto Sánchez le explicaron que venían de Veracruz y le quisieron entregar el oficio de la orden de aprehensión en su contra. Además, le pidieron que firmara la notificación oficial. Sin embargo, Duarte se negó a hacerlo argumentando que no estaba su abogado presente y que además contaba con una suspensión provisional concedida por un juez de amparo para no ser detenido.
La negativa dele exgobernador no fue obstáculo para que se considerara ejecutada la orden de aprehensión. Los agentes solicitaron al penal los videos del momento en que se aprecia la notificación hecha al exgobernador y con ello informaron al juez de Veracruz que el exgobernador quedaba a su disposición
Audiencia convocada… y cancelada
A través del oficio PM/2404/2021, los referidos agentes ministeriales informaron a la fiscalía de Veracruz de la detención de Duarte. Se estableció como hora del cumplimiento de la orden de captura las 9 horas con 45 minutos del 3 de diciembre.
Casi de forma inmediata la Fiscalía para la Atención de Personas Desaparecidas Zona Centro – Xalapa solicitó al juez correspondiente que fijara fecha y hora de audiencia para realizar la imputación correspondiente. Dicha notificación se hizo a través del oficio FGE/FIM/FEADPD/9118/2021.
En respuesta a dicha solicitud el juez de control de Veracruz anunció que sería a las 10 de la noche del mismo viernes cuando se llevaría a cabo la audiencia inicial a través del sistema de videoconferencia. Se ordenó a las autoridades del Reclusorio Norte que facilitaran las condiciones necesarias que permitieran a Duarte conectarse a través de dicho sistema.
Sin embargo, en las horas siguientes a esta notificación la defensa del exgobernador envió al juez un escrito en el que informaban que la audiencia inicial no debería llevarse a cabo debido a que Duarte contaba con una suspensión provisional. Esto como resultado de una demanda de amparo promovida el 1 de diciembre por el exgobernador en contra de la orden de aprehensión.
Tras revisar el escrito de la defensa el juez de control de Veracruz decidió cancelar la audiencia inicial que había programado hasta en tanto no se clarificaran los alcances de la suspensión concedida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Penal de Ciudad de México.
No obstante, el juez de Veracruz decidió al mismo tiempo mantener como cumplimentada la orden de aprehensión. Es decir, deja en calidad de detenido al exgobernador, pero sin que se materialice la audiencia inicial. Desde ese viernes, hasta la fecha, dicho juzgador no ha emitido ningún nuevo pronunciamiento.
Limbo jurídico
La situación descrita anteriormente dejó el proceso en la indefinición. Por un lado, las autoridades sostienen que la detención de Duarte por desaparición forzada ya se ejecutó, aunque no haya audiencia inicial, pero por otro lado la defensa sostiene que es inconstitucional.
De acuerdo con autoridades de la Fiscalía General de justicia de Veracruz consultadas por Animal Político, el procedimiento de detención de Duarte de Ochoa se llevó a cabo correctamente en colaboración con autoridades capitalinas. La orden de aprehensión se considera cumplimentada y la causa por la que el proceso no avance, hasta ahora, es por la suspensión que promovió la defensa.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia capitalina indicó a este medio que ellos solo colaboraron en apoyo a los policías de investigación veracruzanos, pero que la responsabilidad de los pasos subsecuentes recae en las autoridades de esa entidad federativa. Coincidieron en que el proceso se realizó de forma correcta.
Sin embargo, la defensa de Duarte promovió a su nombre una nueva ampliación a la demanda de amparo 997/2021 en contra de la ejecución de la orden de aprehensión girada en contra de su representado, pues lo consideran como una acción ilegal y violatoria de derechos humanos.
En el escrito de la ampliación, al que este medio tiene acceso, el abogado defensor Pablo Campuzano explica que los hechos ocurridos a lo largo del pasado 3 de diciembre no cumplieron con las formalidades que marcan las normas penales. Esto ya que, entre otras cosas, no lo pusieron de forma inmediata a disposición de un juez para que se resolviera su situación. Una situación que sí ocurrió antes donde un juez capitalino actuó en representación de un juez de Veracruz.
En vez de eso, señala la demanda de amparo, se le ha mantenido a Duarte detenido con la intención de que comparezca a distancia ante un juez, situación que tampoco ha ocurrido.
“Sostener la legalidad de la pretendida ejecución en los términos en que dispuso el Juez de Veracruz sería tanto como permitir que se llevara a cabo una audiencia inicial usando un dispositivo móvil en la patrulla del policía que detiene al imputado; claramente el policía no tiene facultades ni mucho menos jurisdicción para atender un acto procesal que conlleva una serie de formalidades que se establecieron precisamente con el objeto de garantizar el respeto a los principios rectores del sistema acusatorio”, indican los abogados.
Además, la defensa de Duarte sostiene que aun y cuando se considere que no hubo irregularidades en la ejecución de la orden de aprehensión, esta por si sola es improcedente y debe modificarse, toda vez que no existe necesidad de que esta sea la vía para que su cliente comparezca en audiencia inicial. Prueba de ello, explicaron, es que con anterioridad el exgobernador ha estado dispuesto a presentarse ante el juez, pero causas ajenas a él han impedido materializar las audiencias.
Por lo anterior, Campuzano solicita en su demanda de amparo es que anule la orden de aprehensión al exgobernador y, en cambio, se le cite a una audiencia inicial a través de un juez de la Ciudad de México que actúe en representación.
En este contexto, será el Juzgado Segundo de Distrito en materia de Amparo el que tendrá que definir, primero, si mantiene o modifica la suspensión que según las autoridades de Veracruz ha frenado el proceso y después si concede o no el ampao El próximo 16 de diciembre se realizará una audiencia para comenzar a definir este tema.
Accidentado proceso
Desde que un juez de Veracruz ordenó en junio de 2018 la aprehensión de Javier Duarte por el presunto delito de desaparición forzada, el proceso penal al que se le asignó el número 103/2018 ha tenido un avance prácticamente nulo.
Por principio de cuentas, México tardó casi tres años en conseguir el aval de Guatemala que necesitaba para proceder en contra de Javier Duarte por este delito. Errores en la carpeta de investigación y en el expediente diplomático, sumado a las complicaciones que trajo la pandemia sanitaria afectaron el desarrollo del proceso.
De acuerdo con un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) obtenido por Animal Político a través de una solicitud de transparencia, fue hasta marco de este año cuando se consiguieron los referidos permisos diplomáticos. Sin embargo, pese a esto tampoco se actuó de forma inmediata.
Fue hasta finales de agosto cuando el juez de Veracruz notificó a Duarte de la intención de llevar a cabo una audiencia inicial, sin embargo, la misma tuvo que diferirse ya que el exgobernador era sospechoso de haber contraído COVID-19. Situación que finalmente resultó ser negativa.
La audiencia fue reprogramada para el 12 de noviembre. No obstante, debido a que la defensa del exgobernador no fue notificada con el tiempo suficiente, la cita tuvo que diferirse nuevamente.
El tercer intento fue la ejecución de la orden de aprehensión girada al exgobernador y a partir de ahí convocar y realizar la audiencia inicial lo cual, como ya se dijo, tampoco ha podido llevarse a cabo.
Actualmente, el exgobernador permanece privado de su libertad por una sentencia de nueve años de prisión por el delito de lavado de dinero y asociación delictuosa. Sentencia de la que ya cumplió la mitad del tiempo y está en posibilidades de solicitar la libertad condicional.
