Juez dejó sin tiempo a Lozoya en casos Odebrecht y Agronitrogenados
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De las risas al ultimátum: Lozoya se quedó sin más plazos en casos Odebrecht y Agronitrogenados

Ayer un juez federal anunció el cierre del plazo de investigación complementaria en los procesos contra Lozoya, tras año y medio de prórrogas. La FGR reiteró que está lista para acusar al exdirector de Pemex.
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9 de diciembre, 2021
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Durante los 20 minutos de espera en lo que el juez ingresaba a la sala Emilio Lozoya sonreía. Aunque no se retiraba el cubrebocas sus gestos lo evidenciaban y, en ocasiones, el sonido de una carcajada se le escapaba mientras dialogaba con sus dos abogados defensores. Reinaba un buen ánimo que en las siguientes dos horas se iría transformando.

A juzgar por el buen humor que mostraba el exdirector de Pemex parecía como si no llevara ya más de un mes preso. Si bien cambió el traje color azul eléctrico con el que se presentó a principios de noviembre en la audiencia por el uniforme caqui del Reclusorio Norte, su apariencia y porte era casi los mismos. De hecho, en su brazo era visible el llamativo reloj inteligente color negro que le han permitido mantener aún estando preso.

Lozoya también se veía animado por la presencia de su madre Gilda Susana, con quien dejó escapar las risas mas efusivas mientras platicaban. Aunque mantenía el tono de voz bajo, se alcanzaba a advertir que el exfuncionario le platicaba alguna situación curiosa. Incluso tuvo tiempo de hacerle varias anotaciones en una hoja, al parecer con algún tipo de indicación o encargo, que la señora dobló en cuatro y colocó en uno de sus bolsillos.

La animada charla entre Lozoya, su madre y sus abogados solo concluyó cuando se dio la indicación de que el juez Artemio Zúñiga estaba por ingresar a la sala para encabezar una doble audiencia: la de los procesos abiertos en contra del exdirector de Pemex por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

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El juez había convocado a las partes para debatir una solicitud hecha por la defensa del exfuncionario: la de una nueva prórroga. Por séptima ocasión los abogados pedían alargar los plazos de investigación que, para este punto, se han extendido durante más de año y medio. Es una petición que no se les había negado… hasta ahora.

Del otro lado de la sala, el bando opuesto estaba compuesto por cinco personas: tres fiscales de la FGR, una abogada de Pemex, y dos representantes de la Unidad de Inteligencia financiera. En el espacio destinado para el público había quince personas, todos periodistas y un dibujante que atento tomaba nota de cada gesto de Lozoya.

Se trataba de una de las audiencias penales mas concurridas desde que arrancó la pandemia. Así lo advirtió el juez al recalcar la importancia de respetar “la presunción de inocencia” del exfuncionario.

El primer revés

Por decisión del juez, el primer caso a debatir será el de la planta Agronitrogenados, donde la FGR imputa a Lozoya el haber recibido 3.5 millones de dólares en sobornos de parte de la empresa Altos Hornos de México, a cambio de venderles dicho complejo de fertilizantes a un notable sobreprecio.

Los abogados defensores Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso dijeron que necesitaban otra vez más tiempo… pero poquito. Ni 60 días como se había informado inicialmente, ni 30 días como pusieron en su solicitud por escrito. Solo quince días, dos semanas, y con eso estarían listos.

Los defensores argumentaron que necesitaban ese plazo para terminar de reunir pruebas y recabar algunos testimonios. Lo más importante: conseguir las actas de Pemex y de su Consejo de Administración que prueban que en 2015 una empresa de fertilizantes noruega de nombre Yara Internacional ASA se acercó a la paraestatal para, supuestamente, proponerle la compra del 51 por ciento del complejo Agronitrogenados a cambio de una inversión de mil millones de dólares.

Se trata de una prueba fundamental para la defensa, como el propio Lozoya explicó al tomar la palabra: “que la empresa más grande del mundo en este ramo hiciera esta valoración dejaría en evidencia que mas allá de las especulaciones que han hecho abogados u otras personas, el valor real de dicho complejo era de esos niveles. Y no de los montos tan bajos que se han manejado”.

Cuando el juez dio la palabra a las contrapartes llegaron, por primera vez, las objeciones. A diferencia de lo ocurrido durante casi año y medio esta vez ni la FGR, ni Pemex ni la UIF estuvieron de acuerdo con seguir alargando más el proceso.

“Creemos que hay inconsistencia en los argumentos de la defensa. Ellos han tenido el tiempo suficiente para revisar la carpeta y hacer su investigación… además la ultima vez pidieron la ampliación bajo el argumento de que estaban buscando un acuerdo reparatorio con Pemex, y de eso no han dicho nada”, refutó el fiscal Antonio Domínguez Zavaleta. 

El defensor Ontiveros contestó que la búsqueda de ese acuerdo era su prioridad. Insistió en que van por buen camino y hasta señaló que tenían un 99 por ciento de avance en conseguir una reunión “al mas alto nivel del gobierno”. Lozoya, no obstante, no perdió la oportunidad de recalcar que era “inocente” pero que prefería conseguir un “arreglo” para dar por terminado este proceso.

Sin embargo, cuando el juez le preguntó a la abogada de Pemex, Dayren Zambrano, si en efecto había algún avance sólido en la negociación del acuerdo reparatorio esta respondió… que no. “No hay tal 99 por ciento. No se de donde los defensores sacan esto. Hay disposición, pero hasta ahora no se ha cerrado ningún acuerdo”, dijo la representante legal de Petróleos Mexicanos.

Entonces el juez Zúñiga dijo que había escuchado suficiente e insistió en que este proceso se había alargado demasiado. Anunció que concedería 14 días más pero con dos condiciones: que el plazo se tomaría en cuenta desde el 3 de diciembre cuando se había terminado la ultima prórroga, y que ya no habría más tiempo extra.

“Por ultima ocasión voy a conceder este plazo, pero desde ahora mismo decreto el cierre del periodo de investigación complementaria para el 17 de diciembre. La Fiscalía tiene 24 horas para entregarle a la defensa toda la información que le haga falta y tendrán este tiempo para analizarla. Pero bajo ninguna circunstancia voy a pedir otra ampliación. Ni me la vengan a pedir…”, fue el ultimátum del juez.

“Aprovechen este tiempo para reunir sus pruebas o tratar de cerrar el acuerdo que buscan…”, remató Artemio Zúñiga.

El segundo “quita risas”

Para cuando inició la segunda audiencia, relacionada con el caso de los presuntos sobornos de Odebrecht, el ambiente en la sala ya era otro. Aunque los abogados defensores avisaron al juez que Lozoya y su madre tenían la intención de emitir algún comentario, al final prefirieron ya no comentar nada.

El defensor Rojas Pruneda explicó que en este caso necesitaban hasta 30 días más de extensión del plazo de investigación. Y aunque reconocieron que ya habían recibido un documento relacionado con declaraciones del exdirector de Odebrecht México, Luis Meneses Weyll, que fue el motivo por el que pidieron la ultima ampliación, señalaron que ahora necesitaban analizar un nuevo dictamen.

“Es un dictamen que solo tiene 10 páginas y se trata básicamente de la suma de transferencias que hizo Odebrecht. No entendemos por qué necesita mas tiempo la defensa para esto y además no esta proponiendo ningún acto de investigación en concreto. Esto no se justifica y nos oponemos”, refutó el fiscal Kristian Jiménez.

Cuando el juez preguntó a los representantes de Pemex y de la UIF su postura, estos se sumaron a lo dicho por el fiscal: “No se justifica… ya se agotó el tiempo… esta investigación debe cerrarse…” fueron algunas de las frases de las autoridades.

En un último intento por obtener mas tiempo, Ontiveros subrayó la importancia del nuevo dictamen que habían encontrado. Dijo que no se trataba solo de “sumas y restas”, sino de un peritaje de la “mayor trascendencia”, que era “metodológicamente complejo” y de una “sustancia vital”. Incluso añadió que se trataba del “basamento” a través del cual podría construirse el criterio de oportunidad que, según los defensores de Lozoya, sigue siendo una opción viable.

Pero los argumentos de los defensores no convencieron ni a los fiscales, ni a la UIF, ni a Pemex ni al que más importaba: el juez. El impartidor de justicia, en la misma lógica de la audiencia anterior, recalcó que consideraba que había transcurrido tiempo suficiente y por lo tanto no concedería el mes que le estaban pidiendo.

En vez de eso, Zúñiga anunció el cierre del plazo de investigación del caso Odebrecht para el próximo lunes 13 de diciembre y, al igual que con el otro proceso, dijo que no habría más prórrogas.

“Tienen de aquí al lunes para terminar de revisar el dictamen. Esto no los limita a alcanzar el criterio de oportunidad. Como la Corte ya ha resuelto tienen hasta el auto de apertura de juicio oral para tratar de conseguirlo”, sentenció el juez Zúñiga sin dar espacio a mayores señalamientos.

Eran casi la una de la tarde cuando la segunda audiencia concluyó y el común denominador fue el silencio. Los guardias de seguridad pidieron a los periodistas salir del sitio, poco antes de que esposaran de nuevo a Lozoya para llevarlo de regreso al centro penitenciario.

Pero el ánimo ya era distinto. A diferencia de todas las ocasiones anteriores, esta vez los defensores no quisieron enfrentar el mar de cámaras que los esperaba en la calle Jaime Nunó, donde se ubica el acceso al centro de justicia. En vez de eso y antes de salir del estacionamiento ingresaron junto con la madre de Lozoya a la camioneta modelo Tahoe, color negra y con vidrios polarizados en la que llegaron y se retiraron. 

Una jornada que inició con sonrisas, terminó con silencios.

Lee más: “Yo no doy instrucciones”: AMLO rechaza intervención sobre prisión preventiva de Lozoya

¿Qué sigue ahora?

De acuerdo con el Código Nacional del Procedimientos Penales, con el cierre de investigación complementaria termina la fase inicial del proceso penal, y se inicia la etapa intermedia o de preparación para el juicio.

Esto significa que la FGR tendrá un periodo de 15 días hábiles que comenzarán a correr inmediatamente después de concluida la etapa de investigación para presentar la acusación formal por escrito contra Lozoya o para desistirse del proceso si considera que no hay elementos. En las audiencias de ambos procesos, los fiscales han sostenido que sí cuentan con datos suficientes y que presentarán las acusaciones.

Una vez que lo anterior ocurra Petróleos Mexicanos, que en ambos casos funge como la víctima, tendrá tres días hábiles para señalar si se suman a la acusación de FGR, lo que también se ha adelantado que ocurrirá. Y después de eso la defensa tendrá diez días hábiles para contestar dicha acusación por escrito.

Concluidos los anteriores plazos el juez Zúñiga convocará a las partes para las audiencias intermedias de cada uno de los procesos. En dichas audiencias se debatirán que pruebas se quedan y cuales se desechan de ambas partes. Finalmente, dichas audiencias concluirán con la orden de que el caso pase a otra jueza o juez nuevo para que se lleve a cabo el juicio oral, lo que se denomina “auto de apertura de juicio”.

Como el juez Zúñiga explicó, mientras no se dicte el auto de apertura de juicio la defensa del exdirector de Pemex podrá continuar negociando con Pemex y con la FGR para tratar de cerrar alguno de sus procesos, o ambos, a través de acuerdos reparatorios o criterios de oportunidad.

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El estado de EU donde aún es legal la esclavitud más de 150 años después de la abolición

La esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito para los presos condenados. Un estado del sur de Estados Unidos decidió en las últimas elecciones de medio término mantener el trabajo forzado en las cárceles. ¿Por qué?
3 de diciembre, 2022
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“Todas las personas detenidas como esclavos” dentro de los estados rebeldes “son y en adelante serán libres”.

Así, el presidente estadounidense Abraham Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación el 1 de enero de 1863.

Sin embargo, y 159 años después, aún existe una excepción. La esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito para los presos condenados.

En las últimas elecciones de medio término en Estados Unidos, cinco estados votaron por eliminar el trabajo forzoso en las cárceles.

Los electores de Alabama, Oregón, Tennessee y Vermont decidieron el 8 de noviembre pasado eliminar de las constituciones estatales las exenciones que permiten la esclavitud o la servidumbre involuntaria, en un esfuerzo por prohibir la esclavitud por completo.

El resultado podría permitir a los presos presentar demandas contra el trabajo forzoso en el sistema de justicia penal, dicen expertos.

Entrada a la prisión de máxima seguridad de Luisiana.

Getty Images

Pero un quinto estado decidió mantener la legalidad del trabajo forzado en las cárceles: Luisiana.

¿Por qué?

Hacemos un repaso de esta particular situación en el mardo del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud que se conmemoró este 2 de diciembre.

“Angola”

El trabajo penitenciario es una industria multimillonaria en Estados Unidos.

Unos 800 mil presos trabajan actualmente en Estados Unidos por centavos, o por nada, según las cifras que citan los expertos.

Siete estados no pagan a los trabajadores penitenciarios ningún salario por la mayoría de las asignaciones de trabajo y los presos pueden ser castigados si se niegan a trabajar, según un artículo del periodista de la BBC en Washington, Max Matza.

Un preso en la carcel "Angola"

Getty Images

Luisiana en particular tiene uno de los sistemas laborales penitenciarios más notorios del país.

La Penitenciaría Estatal de Luisiana es la única prisión de alta seguridad para hombres en el estado y la más grande de EU.

Ocupa un poco más de 72 kilómetros cuadrados, casi el tamaño de la isla de Manhattan, en Nueva York.

Es conocida como “La Alcatraz del sur” y como “Angola”, por el país africano de donde provinieron muchos de los esclavos que trabajaban en la plantación de algodón que existía en ese mismo lugar a finales del siglo XIX (algunos historiadores sostienen que este dato es erróneo porque el comercio internacional de esclavos fue prohibido en 1807, por lo que es poco probable que décadas más tarde los trabajadores de la plantación hubieran nacido en África).

En esta prisión están detenidos más de 5 mil hombres, un gran porcentaje de ellos son negros.

Entre la gran variedad de trabajos, los prisioneros todavía cultivan y cosechan algodón.

Prisión "Angola" en Luisiana en 1933.

Getty Images
Prisión “Angola” en Luisiana en 1933.

“Si los trabajadores se niegan a trabajar, son castigados. Peones bien educados trabajan en las casas de los capataces, cocinando y limpiando. Duermen en pequeños dormitorios y se les paga de dos a 20 centavos por hora, que solo pueden gastar en el lugar”, describe el diario The Washington Post.

¿Por qué Luisiana rechazó el cambio?

Luisiana votó a favor de mantener la excepción de la esclavitud en la votación de las elecciones de medio término después de que el legislador que había impulsado la iniciativa electoral se retractara.

Edmond Jordan, un representante estatal demócrata de la ciudad de Baton Rouge, dijo que retiró su apoyo inicial a la medida después de que una lectura más detallada de la ley propuesta lo llevó a creer que en realidad podría haber ampliado las protecciones para la esclavitud.

Actualmente, la ley establece que “están prohibidas la esclavitud y la servidumbre involuntaria, excepto en este último caso como castigo de un delito”.

La nueva propuesta sugería eliminar la frase “excepto en este último caso como castigo por un delito”.

Pero la redacción alternativa planteaba confusiones.

Se podía interpretar que tanto la esclavitud como la servidumbre involuntaria podrían permitirse en ciertas circunstancias pese a que en la Constitución vigente la esclavitud está explícitamente prohibida.

Un oficial vigila en la prisión "Angola".

Getty Images

En una entrevista con la BBC tras las elecciones del 8 de noviembre, Jordan dijo que retiró su apoyo porque no quería “hacer daño” y que mantener la ley no empeoría la situación actual.

Dijo que planea revisar el proyecto de ley y hacer campaña para que se apruebe en 2023.

Cuando se le preguntó si le preocupaba que la ley propuesta pudiera haber permitido la continuidad de la esclavitud, el legislador citó la decisión de la Corte Suprema en junio de invalidar el derecho nacional al aborto después de 40 años como ley establecida.

“Si me hubieras hecho esa pregunta hace un año, te habría dicho que la probabilidad de que fuera una amenaza sería casi nula, porque está prohibido a nivel federal”, afirmó.

“Pero después de Roe vs. Wade la reversión de cosas que alguna vez pensamos que eran leyes bien establecidas, no quiero correr el riesgo con algo que creemos que está bien resuelto”.

Cuestionamientos

Los defensores del cambio en la ley opinan que es necesario para prevenir el abuso de prisioneros.

Y esperan eliminar la misma exención de la Enmienda 13 de la Constitución de Estados Unidos, que abolió la esclavitud pero mantuvo un vacío legal.

Un grupo de prisioneros en "Angola" custodiados por oficiales armados en los campos de la cárcel de Luisiana en 1990.

Getty Images

Curtis Davis III, un exprisionero de Luisiana que fue indultado después de 25 años cuando se volvió a investigar su caso de asesinato, dijo que cree que hubo un “truco político” detrás de escena en las últimas elecciones.

Sus sospechas sobre el retiro de apoyo a la medida se deben a que el estado es uno de los pocos que aún condena a los presos a “trabajos forzados”.

Para Davis, a algunos legisladores les preocupa que el nuevo lenguaje en el proyecto de ley pudiera potencialmente invalidar las sentencias judiciales dictadas a miles de prisioneros en Luisiana.

Jordan negó que los trabajos forzados hayan contribuido a su decisión.

Pese al rechazo de Luisiana, Davis opinó que no está decepcionado de que su estado no haya cambiado la ley.

Según él, el objetivo principal es cambiar la Enmienda 13 de la Constitución de Estados Unidos, que reemplaza a las constituciones estatales.

Para cambiar la Enmienda 13 se requeriría una mayoría de dos tercios de ambas cámaras del Congreso de EU, o por una convención constitucional en la que dos tercios de las legislaturas estatales voten para apoyar el cambio.

Un hombre camina en uno de los pasillos de la prisión "Angola".

Getty Images

Todavía hay más de una docena de estados que incluyen un lenguaje que permite la esclavitud y la servidumbre involuntaria de los presos, según la agencia de noticias Associated Press.

Varios otros estados ni siquiera mencionan la esclavitud o el trabajo penitenciario forzoso en sus legislaciones.

Lee: Elecciones en EU: quién ganó, quién perdió y qué significan los resultados hasta ahora


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