Los gobiernos de Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo para reiniciar el programa “Quédate en México”, creado en 2019 por el entonces presidente Donald Trump, y que obliga a los solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos en México.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó reinstalar temporalmente el programa, siempre y cuando se atiendan las preocupaciones de índole humanitaria.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que el gobierno de México acordó con el de Estados Unidos que “por razones humanitarias y de manera temporal, no retornará a sus países de origen a ciertos migrantes que tengan una cita para aparecer ante un juez migratorio en Estados Unidos para solicitar asilo en ese país”.
Esta decisión, detalló la cancillería, ocurre luego de que el gobierno del Joe Biden aceptara atender las preocupaciones de carácter humanitario de México, como mayores recursos para albergues y organizaciones internacionales, la protección para grupos vulnerables y la aplicación de medidas contra la COVID-19, como revisiones médicas y la disponibilidad de vacunas para las personas migrantes.
Por su parte, Estados Unidos aceptó las condiciones para la reinstalación de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), informó el Departamento de Seguridad Interior.
Destacó que los cambios clave incluyen un compromiso de que los procedimientos se concluirán dentro de seis meses del retorno de un individuo a México; oportunidades para los participantes de tener acceso seguro y poder comunicarse con representantes legales durante sus entrevistas y audiencias en la Corte; mejores procedimientos para mejorar los principios de no devolución, y un aumento en la cantidad y calidad de información que los individuos inscritos reciben sobre el programa.
Además, señaló que se excluirá del programa a individuos particularmente vulnerables y ofrecerá vacunas contra el COVID-19 a todas las personas inscritas en MPP.
El presidente Joe Biden finalizó en junio el programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP), instaurado en 2019 por su antecesor Donald Trump y por el cual unos 70 mil solicitantes de asilo, en su mayoría de Centroamérica, fueron enviados de regreso a México para aguardar allí su cita ante tribunales estadounidenses.
Pero en agosto, un tribunal federal en Texas ordenó reiniciar el MPP o “Quédate en México” considerando que la administración Biden lo había finalizado indebidamente. La Corte Suprema denegó semanas después la solicitud del gobierno de bloquear esta decisión.
El Departamento de Seguridad Interior (DHS) apeló esa orden judicial y anunció que tiene la intención de emitir un segundo memorando de terminación del MPP, pero mientras tanto, la administración Biden seguirá la ley y acatará la orden del tribunal.
De acuerdo con el gobierno de Biden, el MPP ha impuesto costos humanitarios injustificables y no ataca de raíz las causas de la inmigración ilegal, por lo que una vez que sea levantado el mandato judicial, volverá a ser cancelado, adelantó el departamento de Seguridad Nacional.
Grupos de defensa de los derechos humanos denunciaron la reactivación del “Quédate en México”, que Biden había prometido acabar durante la campaña electoral por considerarlo inhumano.
