El Senado no puede promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador que declara como asunto de seguridad nacional las obras de infraestructura que construya el gobierno federal.
A través de su cuenta de Twitter, Sánchez Cordero explicó que “conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) se concluye que el Senado carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente”.
Esto luego de que 53 senadores de la oposición pidieran a Sánchez Cordero presentar la impugnación ante la Corte.
El acuerdo publicado el pasado 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ordena a dependencias a otorgar los permisos necesarios para iniciar los proyectos u obras que sean consideradas prioritarias para el gobierno, y serán clasificados como seguridad nacional.
La exministra señaló que la controversia es improcedente pues “es inexistente el principio de agravio respecto del Senado”. Aunque aclaró que esta negativa no implica que el decreto no sea revisado por el Poder Judicial.
“Otros Organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos, bajo la perspectiva de interés legítimo y la existencia de un principio de afectación, podrían encontrar motivos para interponer una controversia constitucional”, añadió.
Aseguró que la presidencia del Senado escucha a todas las voces pero también respeta los procesos legales y toma decisiones con sustento jurídico y no político.
El presidente ha rechazado que el decreto publicado tenga relación con la transparencia, y que es un acuerdo para que “nuestros adversarios que están empeñados en ponernos obstáculos no puedan detener las obras, no tiene nada que ver con la transparencia”.
Sin embargo, especialistas en derecho constitucional y en transparencia consultados por Animal Político señalan que el acuerdo presidencial favorece la opacidad y además viola la Constitución.
