Caso Odebrecht: FGR publica nombres de funcionarios interrogados y declaraciones
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FGR inicia desclasificación del caso Odebrecht; publica nombres de funcionarios interrogados y declaraciones

En los testimonios, testados parcialmente, los funcionarios – algunos de los cuales siguen en altos puestos en Pemex - reconocen que había prisa por cerrar los contratos con Odebrecht aunque niegan hechos ilegales.
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14 de enero, 2022
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La Fiscalía General de la República (FGR) inició el proceso de desclasificación de la carpeta de investigación iniciada por el caso Odebrecht, con la publicación en su página de internet de la lista de los funcionarios interrogados por su participación en dichos contratos, y de las declaraciones iniciales que rindieron ante el Ministerio Público entre 2017 y 2018.

En dicha lista aparece el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien fue el único de los que compareció que se negó a responder cualquier pregunta argumentando que no había hecho nada ilegal, aunque meses después se fugó. También figuran siete funcionarios que ya en el actual gobierno continúan laborando en altos cargos en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Lee: Caso Odebrecht: Pemex y UIF se suman a petición de cárcel para Lozoya; él insiste en negociar

En las declaraciones, que están parcialmente testadas (cubiertas en negro), los funcionarios reconocen que había cierta prisa por aprobar los contratos con Odebrecht para distintos servicios en las refinerías de Tula y Salamanca – sin licitaciones de por medio – pero todos niegan que hayan incurrido en alguna acción ilegal para esto.

La publicación de estos documentos de parte de la Fiscalía es en acatamiento a una resolución del pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) que, en dos sesiones realizadas en noviembre de 2021, resolvió que por ser un tema de interés público y por tratarse de un hecho de corrupción, la FGR debía desclasificar esta carpeta de investigación.

Para ello, los comisionados del INAI tipificaron como una obligación de transparencia el caso Odebrecht, lo que compromete a la Fiscalía no solo a entregar la información a quien lo solicite, sino a transparentar todo el expediente en su página de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, y actualizarla cada tres meses.

La publicación de estos documentos ocurre luego de una batalla legal de más de tres años, en la que la PGR en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pero también la FGR ya con Alejandro Gertz Manero al frente, promovieron amparos y apelaciones para no revelar ningún dato del expediente. Al final, los jueces le negaron todos los recursos y respaldaron la posición del INAI.

Este viernes vence el plazo original que el INAI le dio a al Fiscalía para transparentar toda la información, pero autoridades ministeriales explicaron que se solicitó una ampliación para extender este plazo hasta la próxima semana.

Lo desclasificado: nombres y testimonios

La Fiscalía publicó dos de las tres cosas que el INAI le había requerido: la lista de los funcionarios y exfuncionarios de Pemex – y de otros particulares – que hayan sido citados a testificar por su nexo con los contratos a Odebrecht, y el contenido de dichas declaraciones en versión pública, es decir, con datos cubiertos de negro (testados) que se consideran estrictamente reservados.

La lista está compuesta por 22 personas que fueron citadas a comparecer principalmente entre 2017 y 2018, es decir, aun durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Nueve de las personas de la lista comparecieron en dos ocasiones para complementar su testimonio inicial.

  


En dicha lista destaca el nombre de Emilio Lozoya Austin quien, sin embargo, prácticamente no declaró nada. Lo que las cuatro páginas de su testimonio revelan es que se presentó a comparecer el 17 de agosto de 2017 para conocer la carpeta de investigación, negar “cualquier imputación que se presente en su contra”, y reservarse su derecho a declarar.

El documento deja constancia que Lozoya se negó a responder las preguntas especiales emitidas por el Ministerio Público, con el argumento de que en el expediente “no había imputaciones en su contra”.

En la lista también figuran los nombres de otros 19 funcionarios de Petróleos Mexicanos que testificaron debido a sus vínculos con cuatro contratos y subcontratos entregados a Odebrecht. A diferencia de Lozoya, todos ellos sí rindieron una declaración y respondieron a preguntas formuladas por los fiscales.

Sin embargo, muchos detalles de dichas respuestas – como los nombres de las personas a las que se hace referencia o cargos – están testados por la propia FGR, lo que impide conocer el detalle. Este testado fue hecho directamente por la propia Fiscalía, bajo su propio criterio, pero será revisado por el INAI para verificar si cumple o no con los criterios de transparencia.

Entre los declarantes hay siete que siguen siendo altos funcionarios de Pemex, ya en el actual sexenio. Todos tienen cargos gerenciales o directivos, con salarios superiores a los cien mil pesos, de acuerdo con la información que se puede consultar en la página de Nómina Transparente. Se trata de André Arthur Glorieux González, Arturo Arregui García, José Aarón Marrufo Ruiz, Armando Hiram Hinojosa González, Sylvia Uribe Arredondo Cepeda, José Samuel Sánchez Reyes y Leonardo Cornejo Serrano.

Lo que en general se advierte de las declaraciones es que hay un reconocimiento de que dichos contratos existieron, de que se firmaron con adjudicaciones directas sin licitación pública, y que la razón de ello es que con eso se acortarían los tiempos, pues había interés de la administración de esa época de que se cerraran a la brevedad.

“Lo que yo recuerdo es que existía una presión de tiempo para cumplir con los tiempos de ejecución del proyecto de Tula, porque había otros contratos (también con Odebrecht) concatenados con este…  lo que se buscaba era llevar a cabo las contrataciones en el menor tiempo posible ya que una vez que se había obtenido las autorizaciones no había impedimento alguno para la firma”, dijo uno de los funcionarios interrogados.

  

En lo que los funcionarios y exfuncionarios de Pemex coinciden es en que, según ellos, no hubo pagos extra por sacar adelante estos contratos, ni órdenes para saltarse procedimientos. De hecho, sostienen que todo se hizo de acuerdo con el marco jurídico y regulatorio de Pemex y sus filiales.

Además de los servidores públicos, en la lista de personas interrogadas figuran dos particulares: Arturo Henríquez Autrey, amigo de Lozoya y quien en su testimonio señala que trabaja para Odebrecht; y Rodrigo Duran Tacla, un abogado de la misma compañía brasileña. Ambos personajes niegan haber participado o tenido conocimiento de los sobornos u otros hechos ilegales.

Lo que falta: la carpeta completa

Como resultado de la resolución del recurso de revisión RRA 11862/21, el INAI ordenó a la FGR la publicación en su página oficial y en la PNT la versión pública de la carpeta de investigación del caso Odebrecht, y actualizarla trimestralmente. Esto de forma similar a lo que ya ocurre con otras indagatorias como la de las desapariciones de Ayotzinapa.

Para cumplir con esta obligación el pleno del instituto le dio un periodo de tiempo a la FGR que vence este viernes 14 de enero. Sin embargo, hasta el día de hoy dicha carpeta no se encuentra dentro de la información que ha publicado la Fiscalía.

Sobre esta situación, la FGR explicó a Animal Político que están trabajando en el cumplimiento de este punto pero que, debido al volumen de la información, no se pudo terminar antes de la referida fecha con la carga de los datos. Por ese motivo, añadieron, se solicitó al Instituto una ampliación del plazo hasta el 19 de enero. De acuerdo con autoridades de la fiscalía, será la próxima semana cuando se suban – al menos – los primeros tomos de la carpeta.

Por su parte, autoridades del INAI indicaron a este medio que no se dará el asunto por cumplido hasta que toda la información se encuentre disponible para su consulta, incluyendo la versión pública de la carpeta de investigación. Además, se verificará que la información que la FGR cubrió en los documentos sea sola la estrictamente necesaria, y no resulte excesiva.

En caso de que la información no se suba en los tiempos establecidos o se haga de forma incorrecta, el Instituto cuenta con medidas de apercibimiento como, por ejemplo, la imposición de multas.

FGR niega desclasificar otros casos vs Lozoya

Por otro lado, la Fiscalía se negó a desclasificar otras carpetas de investigación por hechos de corrupción en los que también estaría involucrado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Entre ellas, por ejemplo, las relacionadas con los presuntos sobornos por el caso Agronitrogenados, o las iniciadas por presuntas triangulaciones con empresas fachada.

Aunque en la solicitud de información enviada por Animal Político se plantearon los mismos argumentos del caso Odebrecht, es decir, que se trata de hechos de posible corrupción y que son de interés público, la FGR insistió en que por norma general los expedientes de investigación son información “clasificada y reservada” por un periodo de al menos cinco años. Se trata de argumento similares a los que utilizó para negar por años la apertura de la indagatoria original por los sobornos de la constructora brasileña.

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5 interrogantes sobre Trump y el asalto al Capitolio de hace un año

Cuando se cumple un año de la toma del Capitolio, un comité del Congreso continúa recopilando información en una gran investigación para determinar qué pasó y cómo se llegó a ese momento.
6 de enero, 2022
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Ha pasado ya un año desde que una turba de seguidores de Donald Trump asaltara el Capitolio de EE.UU. en un intento por frenar la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.

El recuento más completo de los eventos que llevaron a ese día y de lo que ocurrió durante esa jornada todavía se está recopilando: es la misión de un comité especial de la Cámara de Representantes del país creado para ese fin.

El comité, compuesto por siete miembros del Partido Demócrata y dos del Partido Republicano, se estableció después de que fracasaran diferentes intentos para crear una investigación independiente.

El comité tiene una tarea titánica: hasta el momento ha acusado a 275 personas de intentar impedir que el Congreso llevara a cabo la certificación de la victoria electoral del actual presidente Joe Biden.

Además, ha acusado a más de 300 personas por crímenes menores, que incluyen invasión de una propiedad del gobierno federal y conducta desordenada.

Según miembros del comité, la mayoría de aquellos que han sido contactados han accedido a cooperar.

Sin embargo, unos cuantos de los más cercanos a Donald Trump se han resistido. Han argumentado que poseen privilegios ejecutivos, un principio legal que protege las comunicaciones informales entre los presidentes y sus asesores.

Hasta el momento dos de ellos, el hombre de confianza de Trump Steve Bannon y el exjefe de gabinete Mark Meadows, han sido citados por la Cámara de Representantes acusados de desacato al Congreso.

Bannon enfrentará un juicio penal este año. Otros, como el exasesor de Trump Roger Stone y el exaliado de Trump Alex Jones han invocado la quinta enmienda de la Constitución (la cual defiende el derecho a permanecer en silencio para no autoincriminarse) para no responder preguntas sobre su papel en el levantamiento.

Hay una serie de vacíos y preguntas clave que el comité está buscando responder. Aquí hay algunas de las más urgentes.

1. ¿Qué tan involucrada estuvo la Casa Blanca en la organización de las manifestaciones del 6 de enero?

Bennie Thompson, el presidente de la investigación del Congreso, recientemente mencionó algunos de los elementos que su comité está tratando de entender sobre las marchas que ocurrieron en Washington DC y que precedieron al ataque al Capitolio.

Necesitamos saber quién organizó, planeó, pagó y recibió fondos relacionados con estos eventos, al igual que el tipo de comunicaciones que tuvieron organizadores con funcionarios de la Casa Blanca y del Congreso”, dijo.

Uno de esos organizadores, el activista conservador de ultraderecha Ali Alexánder, ya testificó ante el comité, y contó que estuvo en contacto con la Casa Blanca y miembros republicanos del Congreso con antelación.

La naturaleza exacta de esos contactos todavía no se ha revelado públicamente.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump durante un discurso el 6 de enero de 2021

Getty Images
Trump les dijo a sus seguidores que marcharan hacia el Capitolio durante una manifestación el 6 de enero de 2021.

El testimonio público inicial de Alexánder ante el comité puso algo de la culpa de lo que pasó ese día sobre los líderes de Women for America First (“Mujeres por América Primero”), quienes organizaron el evento cerca de la Casa Blanca, donde Trump les dijo a sus seguidores que marcharan hasta el Capitolio.

Además, agregó que hicieron poco por tratar de controlar la violencia y que pudieron haber estado en un hotel, a una cuadra de la Casa Blanca, “bebiendo champaña” mientras ocurría el ataque al Capitolio.

Las actividades en ese hotel, el Willard Intercontinental, han sido de particular interés para el comité del Congreso. Steve Bannon, el exalcalde de Nueva York Rudy Giulianni, el exasesor de seguridad nacional de Trump Michael Flynn, el locutor conservador Alex Jones y el confidente de Trump Roger Stone, son algunos de los nombres reconocidos que se vinculan con las reuniones en el hotel.

El comité indicó en su resolución de desacato al Congreso que cree que Bannon tuvo contacto directo con Trump sobre las manifestaciones del 6 de enero en al menos una ocasión. Y Jones dijo que la Casa Blanca le pidió liderar la marcha hacia el Capitolio.

El presentador de radio de ultraderecha Alex Jones hablándoles a los manifestantes mediante un megáfono

Getty Images
El presentador de radio de ultraderecha Alex Jones le habló a los manifestantes antes de la toma

2. ¿Tuvo alguien en el gobierno o en los círculos cercanos a Trump alguna razón para creer que el día se iba a tornar violento?

Luego de semanas de llamadas, mensajes en Twitter y batallas legales infructuosas, Trump enfocó su atención en el 6 de enero como el día clave que definiría si podría anular los resultados de la elección.

“Gran protesta en DC el 6 de enero”, escribió en Twitter el 19 de diciembre. “Vayan, ¡será salvaje!”.

Continuó esa línea 11 días después con otro mensaje en Twitter: “SEIS DE ENERO, ¡LOS VEO EN DC!”.

Según un reporte del diario The Washington Post, hubo amplia evidencia de que grupos militantes de ultraderecha estaban preparándose para viajar al Capitolio el 6 de enero, y que estaban siguiendo las declaraciones públicas del presidente como guía.

Las agencias federales de seguridad y el ejército, sin embargo, fueron reacios a tomar medidas más extensas para prepararse, por miedo a llamar la atención y la ira del presidente.

Una sugerencia del jefe del Estado Mayor Conjunto Mark Milley de asegurar la capital fue descartada por ser muy provocadora. Milley, según el Post, también estaba preocupado por que las fuerzas militares desplegadas en Washington pudieran recibir órdenes contradictorias del presidente.

El 5 de enero, Bannon dijo en su podcast que llegaba una “revolución”.

El infierno se desencadenará mañana”, añadió.

Esa misma tarde, Trump escribió en Twitter: “Washington se está inundando con la gente que no quiere ver una victoria electoral robada por demócratas radicales de izquierda. Nuestro país ha tenido suficiente, ¡no lo van a aceptar más!”.

Varios de los organizadores de las manifestaciones, según un reporte del sitio web de periodismo investigativo ProPublica, estaban preocupados de que el 6 de enero se tornara violento.

Y la marcha de la Casa Blanca al Capitolio generaba una preocupación particular.

Manifestantes a favor de Trump marchan de la Casa Blanca al Capitolio

Getty Images
Manifestantes a favor de Trump marchan de la Casa Blanca al Capitolio

“Una marcha de último minuto, sin permisos, sin la policía metropolitana que normalmente estaría allí para fortalecer el perímetro, se sentía insegura”, le dijo a ProPublica Dustin Stockton, uno de los organizadores de la manifestación de la Casa Blanca que fue citado por el comité.

Stockton quería que esas preocupaciones se le extendieran a la Casa Blanca, algo que, según cuenta, le aseguraron que sucedería.

Durante su discurso en la Casa Blanca, Trump específicamente incentivó a sus seguidores a marchar al Capitolio. Dijo que debían hacerlo “pacífica y patrióticamente”, pero en otro punto los animó a “pelear como nunca”.

Policías protegen la Cámara de Representantes durante la toma del Capitolio del 6 de enero

Getty Images
La policía le disparó a una manifestante mientras intentaba entrar a la Cámara de Representantes

3. ¿Cómo respondió el presidente cuando el Capitolio estaba bajo ataque?

Desde la época de Richard Nixon, los escándalos presidenciales se han definido por dos preguntas: ¿qué sabía el presidente y cuándo lo supo? Estas son aún relevantes en la investigación del ataque al Capitolio, pero además hay una tercera: ¿qué hizo el presidente una vez se enteró?

Gran parte de la investigación del comité se ha enfocado en tratar de entender las actividades del presidente el 6 de enero: antes, durante y después del ataque.

Es por lo que el comité ha estado enfrascado en una larga batalla legal para obtener documentos, incluyendo registros de llamadas y reuniones, notas y discursos, de los Archivos Nacionales referentes a ese día.

Ya hay algunos detalles sobre la presión que recibió el presidente para que respondiera con más fuerza cuando el Capitolio estaba bajo ataque.

La congresista republicana Jaime Herrera Beutler contó cómo el líder de la minoría republicana en la Cámara, Kevin McCarthy, llamó al presidente y le urgió a que hiciera que los atacantes se fueran. Cuando el presidente objetó, la conversación se transformó en un concurso de gritos envueltos en obscenidades.

El senador republicano por el estado de Alabama Tommy Tuberville también habló con el presidente y le dijo que las cosas no estaban yendo “muy bien”, agregando que él y el vicepresidente Mike Pence estaban siendo evacuados del Capitolio.

“Sé que tenemos problemas”, respondió Trump.

El entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows presentó al comité investigador mensajes de texto y correos electrónicos de personalidades conservadoras de TV y miembros de la propia familia de Trump, presionándolo para que el presidente hiciera una declaración televisiva y que tomara mayores acciones para frenar la violencia.

“Tiene que liderar ahora”, le escribió Donald Trump Jr. “Ha llegado demasiado lejos y esto se fue de las manos”.

“Estoy presionando fuerte”, respondió Meadows.

Agentes de policía se enfrentan con manifestantes durante los disturbios del 6 de enero

Getty Images
La batalla para retomar el Capitolio duró varias horas

Las acciones del presidente, sin embargo, son el gran agujero negro en medio de la investigación.

Si Meadows presionó, ¿cómo reaccionó el presidente? Hay reportes que indican que Trump pasó la mayor parte de esa tarde viendo televisión en su comedor privado en la Casa Blanca.

El comité ha citado a funcionarios de la Casa Blanca que pudieron estar cerca del presidente ese día y está en una batalla legal para adquirir documentos gubernamentales que le puedan ayudar a llenar ese agujero negro.

4. ¿Por qué se demoró la respuesta militar y de seguridad al ataque?

En la mañana del 6 de enero, la policía de parques de EE.UU. ya estaba enfrentándose con seguidores de Trump en el Monumento a Washington y en el Monumento a Lincoln.

A los agentes se les indicó que se mantuvieran al margen y que “solo monitorearan” la situación.

Luego de la marcha Stop the Steal (“Frenen el robo”) y del discurso de Trump, la violencia escaló.

Seguidores revoltosos de Trump atacaron a la policía alrededor del Capitolio y forzaron su entrada al edificio, donde ocuparon la cámara del Senado y saquearon las oficinas de líderes del Congreso.

Poco antes de que los manifestantes entraran en el Capitolio, el mayor General William Walker, comandante de la Guardia Nacional de DC, hizo una solicitud al secretario de Defensa interino Christopher Miller para poder desplegar sus fuerzas y manejar la crisis.

La autorización demoró más de dos horas y soldados de la Guardia Nacional no llegarían masivamente al Capitolio hasta una hora después.

Un 'marine' de los EE.UU. protegiendo la Casa Blanca el 6 de enero

Getty Images
Un ‘marine’ de los EE.UU. protegiendo la Casa Blanca el 6 de enero

El comité está buscando más pruebas de comunicaciones entre el Capitolio y el Pentágono y contactos, si es que los hubo, entre el Pentágono y funcionarios de la Casa Blanca, incluido el presidente.

El ataque al Capitolio representó un increíble vacío en la seguridad de uno de los asientos del poder gubernamental de EE.UU., y todavía no hay una idea clara de quién carga la mayor responsabilidad.

5. ¿Qué tan seriamente consideraron el presidente y la Casa Blanca tomar medidas extraordinarias para invalidar la elección?

Una de las revelaciones más llamativas en los aproximadamente 9.000 documentos que el jefe de gabinete de Trump entregó al comité del Congreso antes de dejar de cooperar fueron correos electrónicos sobre una presentación de PowerPoint de 36 páginas que circuló en la Casa Blanca y entre republicanos en el Congreso.

El autor exacto del documento aún no ha sido determinado, pero contiene varios alegatos conocidos y ya invalidados sobre fraude electoral. Lo que es extraordinario, sin embargo, es la amplitud de sus recomendaciones.

Sugería, por ejemplo, que el presidente declarara un estado nacional de emergencia, desechara todos los tarjetones tabulados electrónicamente y pusiera fuerzas federales de la Guardia Nacional a cargo de la supervisión de un recuento manual de votos físicos en estados clave.

Tales pasos no hubieran tenido precedentes en la historia de EE.UU.

El comité también está mirando reportes según los cuales el presidente estaba presionando a su propio Departamento de Justicia para declarar la elección como corrupta, diciéndoles a funcionarios de alto rango, según las notas de uno de los participantes, lo siguiente: “simplemente hay que decir que la elección fue corrupta y dejarme el resto a mí y al congresista republicano”.

El 3 de enero, el presidente habría contemplado forzar la renuncia del fiscal general en ejercicio Jeffrey Rosen y reemplazarlo por Jeffrey Clark, un asistente del fiscal general que había redactado una carta dirigida a autoridades electorales en Georgia en la que argumentaba que la victoria de Biden fue fraudulenta y los instaba a declarar a Trump como el ganador oficial.

El presidente se arrepintió cuando Rosen y funcionarios del Departamento de Justicia amenazaran con renunciar masivamente.

Clark, hasta el momento, se ha negado a cooperar con la investigación del 6 de enero y podría ser el próximo individuo al que citen por desacato al Congreso.

El vicepresidente Mike Pence era el objetivo final de la presión de Trump, y miembros clave de su equipo están cooperando con la investigación del Congreso.

El comité quiere saber más sobre una reunión que ambos tuvieron en la Casa Blanca el 4 de enero con John Eastman, un profesor de leyes de la Universidad Chapman que creía que Pence podía descartar los resultados estatales de las elecciones y declarar a Trump presidente.

O, al menos, demorar la certificación de los resultados hasta que las legislaturas estatales controladas por los republicanos pudieran tomar acciones para apoyar a Trump.

Según reportes de noticias, la presión para descartar los resultados de las elecciones continuó durante la noche del 6 de enero, cuando Eastman le informó al asesor legal de Pence que todavía tenía tiempo para negarse a certificar la victoria de Biden, incluso mientras en el Capitolio persistía el olor a gas lacrimógeno y aún había vidrios rotos tras la insólita jornada de violencia.


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