FGR pide hasta 39 años de cárcel contra Lozoya por caso Odebrecht
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FGR pide hasta 39 años de cárcel contra Emilio Lozoya por caso Odebrecht; presenta acusación

La Fiscalía solicitó abrir juicio en contra de Lozoya al considerarlo responsable de tres delitos. Pide que sea declarado culpable y se le impongan las penas máximas, además de reparar el daño. También acusa a su madre de ser cómplice.
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5 de enero, 2022
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La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente a Emilio Lozoya Austin de ser responsable de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho en el caso Odebrecht, y pidió al juez que ordene la apertura de un juicio oral en su contra en el que sea declarado culpable, y se le impongan penas que, sumadas, ascenderían hasta los 39 años de cárcel.

En el caso de su madre, Gilda Margarita Austin Solís, los fiscales pidieron que también sea enjuiciada y declarada culpable de lavado y asociación delictuosa, y se le impongan hasta 25 años de prisión.

Tras año y medio de iniciado el proceso, de múltiples posposiciones y de fallidas negociaciones por alcanzar un acuerdo, los fiscales enviaron el lunes pasado al juez de control Artemio Zúñiga la acusación por escrito en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, confirmaron a Animal Político fuentes ministeriales.

En dicha acusación, la FGR sostiene que cuenta con pruebas suficientes para demostrar –lejos de toda duda razonable– que Lozoya recibió más de nueve millones de dólares en sobornos de parte de la constructora Odebrecht, dinero que ocultó en empresas fachada y propiedades en colusión con su madre y otros familiares.

A cambio de este dinero, la constructora brasileña se vio favorecida con contratos en la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, los cuales les fueron entregados sin que tuviera que competir en licitaciones públicas y en condiciones desfavorables para el Estado mexicano. Esto trajo como consecuencia pérdidas millonarias documentadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Debido al nivel jerárquico que Lozoya tuvo en el gobierno al ser director de la empresa pública más grande del país, y a su rol protagónico en el entramado delictivo que permitió la llegada de los sobornos y el posterior blanqueo del capital, el Ministerio Público federal considera que deben imponerse las penas máximas que la ley contempla para cada uno de los tres ilícitos que se le imputan.

Lee: Lozoya impugna prisión preventiva por caso Agronitrogenados

En el caso de lavado de dinero (técnicamente denominado operaciones con recursos de procedencia ilícita), el artículo 400Bis del Código Penal Federal establece una sanción que va de los 5 hasta los 15 años de prisión; el delito de asociación delictuosa contemplado en el artículo 164 del mismo código amerita una pena de 5 a 10 años; y el de cohecho referido en el artículo 222 conlleva una pena de los 2 a lo 14 años.

Es decir, de acuerdo con la petición de la FGR, la condena en contra de Lozoya debería alcanzar hasta los 39 años de prisión ya que, además, los fiscales consideran que se trata de ilícitos cometidos de forma independiente y, por lo tanto, las penas deben sumarse y acumularse. La decisión sobre si estas penas son procedentes o no, en caso de que hubiera una sentencia condenatoria, dependerá de un juez especializado en sanciones.

Por lo que respecta a su madre, Gilda Margarita Austin Solís, las penas máximas por los dos delitos que se le imputan suman 25 años. No obstante, de ser declarada culpable, su situación tendría que revisada por un juez especializado debido al estado de salud y a su edad avanzada.

Sobre esta acusación Animal Político solicitó a la defensa de Emilio Lozoya y de su madre algún posicionamiento; sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se habría recibido respuesta.

Fallida negociación

La FGR decidió proceder en contra de Lozoya y de su madre tras considerar que este no ha aportado evidencia suficiente que justifique otorgarle el denominado criterio de oportunidad, que es una especie de “perdón legal” que la ley contempla para personas que cooperen con la autoridad en el esclarecimiento de delitos mas graves que los que se le imputan.

Aunque el exdirector de Pemex presentó una denuncia en contra de altos exfuncionarios de administraciones pasadas y ha aportado evidencia que permite presumir la participación del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, en posibles hechos de corrupción, estos casos no han logrado consolidarse en procesos en marcha todavía. En consecuencia, las autoridades consideran que no se justifica concederle, por ahora, el criterio de oportunidad.

Las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo fueron alargando el procedimiento. Tras ser vinculado a proceso a mediados de 2020 el juez dio un plazo original de seis meses para que se definiera si Lozoya sería acusado o si el proceso se suspendía. Pero luego vinieron múltiples prórrogas, en algunos casos solicitadas por la propia FGR, para diferir la definición.

Sin embargo, la situación cambió radicalmente el pasado 3 de noviembre luego de que se difundieran fotografías del exfuncionario cenando en un restaurante de lujo en Polanco. El juez ordenó, a solicitud de la FGR, el encarcelamiento preventivo de Lozoya en el Reclusorio Norte y, por primera vez, los fiscales se negaron a seguir alargando el proceso penal mas tiempo.

En dicha audiencia la FGR señaló al exfuncionario de alargar el proceso de manera premeditada para tratar de evadir la justicia, y ahí mismo adelantaron que se presentaría la acusación formal en su contra para llevarlo a juicio. “Todo este tiempo se creyó impune”, le dijo uno de los fiscales en plena audiencia.

Todavía el 8 de diciembre los abogados del exdirector de Pemex intentaron obtener una última prórroga de un mes en este caso bajo el argumento de que les hacía falta tiempo para revisar unos dictámenes, sin embargo, el juez se lo negó de forma tajante y ordenó el cierre de la fase inicial del proceso.

¿Qué sigue? Pruebas, juicio o salidas alternas

Con la presentación de la acusación por escrito de parte de la FGR inició la denominada “etapa intermedia” en el caso contra Lozoya por los sobornos de Odebrecht. Originalmente los fiscales tuvieron con un plazo de 15 días hábiles para presentar dicho documento que venció el lunes pasado.

En dicha acusación la FGR además de acusar a Lozoya y a su madre desglosa a detalle las pruebas con las que cuenta para sustanciar su teoría del caso, y también reclama el pago de un monto como reparación del daño.

Lo que corre ahora es un plazo de tres días hábiles para que las víctimas, en este caso Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera, definan sus posicionamientos y si se suman a la acusación presentada por parte de la FGR. Después de esto inmediatamente correrá un periodo de diez días hábiles para que la defensa responda a la acusación de los fiscales, y revele sus propias pruebas.

Lee: AMLO rechaza oferta de 5 mdd que hizo Lozoya por reparación del daño, “es insuficiente”, dice

Una vez que lo anterior concluya se dará por terminada fase escrita de la etapa intermedia e iniciará la fase oral. El juez Artemio Zúñiga convocará a una audiencia para que todas las partes presenten sus posicionamientos y, sobretodo, debatan sobre las pruebas presentadas y cuales cumplen con los requisitos para ser consideradas como válidas en el juicio.

Finalmente, esta audiencia intermedia concluirá con la orden del juez de que se abra un juicio oral el cual estará a cargo de un nuevo tribunal. De no haber algún retraso, indicaron fuentes judiciales, dicho juicio oral se llevaría a cabo en el primer semestre de este 2022.

Cabe señalar que durante todo el desarrollo de la etapa intermedia Emilio Lozoya cuenta aun con la posibilidad de cerrar un acuerdo y obtener el criterio de oportunidad. Solo hasta que el juez ordene el auto de apertura de juicio oral es que esta posibilidad quedaría cerrada.

Otra alternativa con la que cuenta el exfuncionario federal es buscar una salida alterna como, por ejemplo, declararse culpable y renunciar a la posibilidad de defender su inocencia en un juicio. El beneficio sería la obtención de una pena mínima por los delitos que se le imputen. Es una ruta por la que optó, por ejemplo, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

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Reforma fiscal en Colombia: tres claves para entender la histórica alza de impuestos a los más ricos y al petróleo

Esta semana se aprobó en el Congreso colombiano la reforma tributaria con la que Gustavo Petro busca mantener la estabilidad económica y cumplir sus ambiciosas promesas sociales. Te explicamos sus principales ejes.
5 de noviembre, 2022
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Al día siguiente de tomar el poder en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro presentó una de las reformas tributarias más ambiciosas de la historia del país.

Este jueves, casi tres meses después, esa reforma fue aprobada por las dos cámaras del Congreso. Aunque sufrió modificaciones impulsadas por la oposición, el grueso de la reforma quedó intacto.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo tras la votación que la ley ayudará a “erradicar el hambre, reducir la pobreza y la desigualdad, al igual que los privilegios de unos pocos, y avanzar frente a la inequidad, una promesa fundamental del gobierno”.

Colombia es uno de los países que menos impuestos recauda entre las economías medias y grandes de América Latina: el Estado ingresa por esta vía un 13% del PIB, mientras el promedio es 16%.

En campaña, Petro propuso una reforma que recaudara 50 billones de pesos (unos 10 mil millones de dólares) adicionales para el Estado, pero el 8 de agosto se presentó una que buscaba recoger la mitad, un 1.8% del PIB.

Finalmente se aprobó una reforma que —de 2023 en adelante— dará 20 billones adicionales al Estado (4 mil millones de dólares), un 1.2% del PIB de más que ayudará a cerrar el enorme déficit fiscal —de 6%— que genera preocupaciones en los mercados internacionales y está detrás, entre otras cosas, de la reciente devaluación del peso colombiano.

Los críticos alegan que la reforma frenará el crecimiento económico y el consumo, y afectará a la inversión extranjera. La oposición logró que se retiraran los impuestos a las iglesias y a las pensiones altas. También consiguió matizar los tributos a los alimentos ultraprocesados.

Ocampo, no obstante, aseguró que esta es la reforma “más liberal de la historia, pero también la más consensuada“.

La próxima semana se espera que el Congreso concilie los textos surgidos de los debates en el Senado y la Cámara de Representantes, y que el presidente sancione la ley.

Estos son los tres grandes ejes de la reforma tributaria con la que Petro busca cumplir sus ambiciosas promesas electorales.

Jose Antonio Ocampo (izquierda) y Gustavo Bolívar (derecha).

EPA
La votación en el Congreso duró tres días esta semana. Sus protagonistas fueron Jose Antonio Ocampo (izquierda) y Gustavo Bolívar (derecha).

1. Impuestos a los hidrocarburos y a los financieros

Petro tiene como prioridad la protección del medio ambiente y cree que su país debe iniciar el camino hacia la energía renovable.

Por eso la principal fuente de este recaudo adicional vendrá de las empresas que producen petróleo y carbón en Colombia.

Y eso genera un resultado quizá paradójico: el Estado será más dependiente de la explotación de recursos naturales a la vez que se puede desincentivar la inversión y exploración de hidrocarburos.

Las empresas petroleras, en todo caso, tendrán dos nuevas obligaciones: sus rentas serán gravadas entre 35% y 60%, dependiendo del precio internacional del crudo, y las regalías que pagan a las regiones donde explotan recursos ya no serán deducidas de sus impuestos.

En el caso de los productores de carbón ocurre igual, con la diferencia de que el impuesto a la renta será de entre 35% y 45%.

Las mineras tampoco verán las regalías deducidas de sus obligaciones de renta.

Además, los impuestos a las empresas financieras, así como los de las hidroeléctricas, aumentarán entre 3% y 5%, con lo que pagarán un total de entre 35% y 40% de su renta.

Ecopetrol

Reuters
La mitad de los ingresos de Colombia viene del petróleo. Un mayor impuesto a los hidrocarburos tiene enormes consecuencias.

2. Impuestos a los más ricos

Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Una de las razones de la victoria de Petro fue que, como senador y como candidato, se mostró como un defensor de la justicia social. Muchos de sus votantes fueron los habitantes de las regiones más pobres del país.

Por eso, el otro grueso de su reforma tributaria se basa en aumentar los impuestos a los más ricos, que en Colombia, en comparación al resto de América Latina, pagan pocos impuestos.

Quienes ganen más de 10 millones de pesos (2 mil dólares) pagarán más.

Las ganancias ocasionales derivadas de ventas o herencias pasarán de pagar del 10% al 15%.

Y quienes tengan patrimonios de más de 2 mil 700 millones de pesos (unos 540 mil dólares) pagarán un equivalente de 0.5%; para los que poseen más de 1 millón y 2 millones de dólares, el porcentaje aumenta a 1% y 1.5%, respectivamente.

El impuesto a los dividendos empresariales también aumentará: quedará en entre 15% y 20%.

El senador Gustavo Bolívar, uno de los principales impulsores de la reforma por parte del oficialista Pacto Histórico, declaró que la ley “no alcanza para sacar a todos los colombianos de la pobreza, pero sí para que vivan dignamente“.

Algunos de los recursos estatales creados por esta reforma estarán destinados, por ley, a planes de asistencia a los más pobres.

Comercio en Colombia

Reuters
La inflación rampante afecta sobre todo a los más pobres en un país ya de por sí desigual.

3. Impuestos a la comida chatarra

Como en muchas partes del mundo, en Colombia la obesidad y la diabetes son una epidemia. Cifras oficiales dicen que la mitad de la población sufre alguna de estas dos condiciones. Al año mueren cerca de 20 mil colombianos por estas razones.

Durante años, los partidos progresistas habían intentado impulsar leyes que combatieran estas problemáticas, a través de impuestos a los alimentos ultraprocesados y a las bebidas azucaradas. Pero el poder de las empresas productoras probó ser más grande que en otros países como Chile, donde este tipo de medidas están en vigor desde hace años.

La reforma tributaria de Petro quiso gravar una gran cantidad de alimentos, muchos de ellos tradicionales en la mesa de los colombianos. Por eso, si bien no son la fuente principal de recaudo, la medida generó una enorme polémica.

Al final, quedaron fuera de la reforma el pan, el bocadillo, la leche, la miel y el salchichón. Y aquellos productos que van para programas asistenciales quedaron exentos.

Sin embargo, aumentarán los impuestos de la carne de hamburguesa, el chocolate, los cereales, las salsas, la pastelería y algunas bebidas con gran contiendo de azúcar.

Jose Antonio Ocampo

Reuters
Ocampo, un reputado profesor de economía en Estados Unidos, es considerado el muro de contención de Petro ante los mercados internacionales.

Gracias a una eficiente campaña mediática de la oposición, la medida entrará en vigor a mediados de 2023 y será progresiva, lo que les dará tiempo a las empresas productoras para adaptarse.

Asimismo, como parte de la iniciativa para defender el medio ambiente, la reforma aumenta el impuesto a los productos de plástico de uso único y el impuesto al uso de carbono.

La situación de la economía colombiana es crítica. Una devaluación del 25% del peso este año es reflejo de la gran vulnerabilidad macroeconómica. El Estado, además, tiene enormes compromisos de deuda externa en los próximos años. El recaudo de la reforma tributaria irá, también, a honrar dichos pagos.

Petro debe mantener la estabilidad económica al tiempo que cumple sus ambiciosas promesas sociales. Parecen objetivos contradictorios que, sin embargo, con esta nueva reforma tributaria, parecen más alcanzables.

Lee: Elecciones en Colombia: Gustavo Petro se impone a Rodolfo Hernández y será el primer presidente de izquierda del país


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