Gertz en tres años con FGR: despidos, opacidad e incumpliendo su ley
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Gertz en tres años con FGR: despidos, opacidad e incumpliendo plazos de su propia ley

Los plazos legales que las leyes de la FGR contemplaban para tener esto listo ya se vencieron. El Senado es corresponsable de incumplimientos. Agentes acusan déficit de personal calificado lo que complica las investigaciones.
FGR
27 de enero, 2022
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La Fiscalía General de la República (FGR) opera desde hace tres años con una estructura incompleta: carece de un sistema de desarrollo profesional que le permita seleccionar, contratar y preparar a nuevos agentes; no tiene un estatuto que organice y reglamente el funcionamiento de sus distintas áreas; ni cuenta con el consejo ciudadano responsable de revisar la operación de la institución y transparentar sus resultados.

Pese a que en la Ley de la FGR se establecieron plazos para echar a andar estos elementos, los mismos ya concluyeron sin que fueran respetados. Funcionarios de la institución revelan que trabajan con personal insuficiente, con agentes que son contratados por periodos de apenas tres meses, y con una organización decidida discrecionalmente, sin que nadie externo la audite.

De acuerdo con la norma, el fiscal General Alejandro Gertz Manero (quien la semana pasada cumplió tres años en el puesto) es el responsable de los lineamientos que no se han expedido. El Senado, por su parte, es corresponsable de la falta de instalación del Consejo Ciudadano, pues desde 2019 no ha concluido el procedimiento para seleccionar a sus integrantes. Tanto la FGR como la Cámara Alta confirmaron que estos pendientes persisten.

A finales de diciembre casi mil funcionarios de la fiscalía salieron de la institución. Algunos de ellos se retiraron de manera voluntaria, pero en otros casos no se renovaron leo contratos. “El problema es que desde hace más de 3 o 4 años no hay concursos de ingreso, no hay personal de carrera. Solo personal eventual con contratos de tres meses o a veces ni eso”, dijo un agente de la Policía Federal Ministerial que pidió reserva con su identidad.

A esto se suma la falta de resolución  —casi del 100%— en las investigaciones de delitos graves como tortura, trata de personas, desaparición forzada, entre otros según datos oficiales. Un análisis de México Evalúa evidenció que mas del 80% de las indagatorias de la fiscalía se centra en delitos como portación de armas, narcomenudeo y delitos fiscales, pero no en los de mayor complejidad.

La abogada e investigadora Ana Lorena Delgadillo, directora Ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y quien ha dado seguimiento al proceso de transición de la PGR a la FGR, dijo que el balance de la administración de Gertz Manero al frente de la institución ha sido negativo, pues la institución acarrea los mismos vicios del pasado, y que incluso se han dado pasos hacia atrás que han impedido una renovación y profesionalización de la procuración de justicia a nivel federal.

“Es una administración que se ha caracterizado por una justicia selectiva. La autonomía ha sido empleada como excusa para blindar a la institución de la rendición de cuentas que tendría que existir (…) Se aprecia una falta preocupante de transparencia en los procesos de contratación y destitución de personal de la FGR. No se tiene conocimiento de un proceso de renovación del personal, lo que sería esencial para la consolidación de una institución”, dijo la experta.

Ley de FGR: letra muerta y plazos incumplidos

En diciembre de 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador expidió la primera Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR). Dicha norma –que contó con la participación de colectivos, expertos y víctimas en su diseño– oficializó la transformación de la vieja PGR en una institución autónoma, con un esquema novedoso de operación e investigación, además de un plan de transición.

Sin embargo, la mayor parte de este esquema nunca se puso en marcha. Organizaciones agrupadas en el colectivo #UnaFiscalíaQueSirva advirtieron que el fiscal Gertz mantuvo la inercia operativa de la PGR mientras que, al mismo tiempo, trabajó en diseñar una nueva ley con la que, según él, sería mas viable la evolución de la institución.

Así, a menos de dos años y medio de su promulgación y sin haber probado si funcionaba, en mayo de 2021 la ley orgánica de la FGR fue enterrada y sustituida por la nueva normativa impulsada por el fiscal General.

“La ley (derogada) contemplaba una estructura concebida para permitir que las investigaciones se desarrollaran en torno a fenómenos criminales y no caso por caso, como se había hecho hasta ese momento. Empero, con la ley impulsada por el propio Gertz Manero, publicada el 20 de mayo de 2021, se retorna a esa estructura que tiende a analizar cada caso de manera aislada. Por ejemplo, se reintroduce la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada y a la distribución institucional en delegaciones”, señaló Delgadillo.

Aunque hubo un cambio en diversos aspectos, la nueva ley impulsada por el fiscal General mantuvo algunos elementos de la norma anterior, entre ellos, el diseño e implementación de un servicio profesional de carrera para agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y peritos. El objetivo de dicho sistema es regular todo el proceso de empleo y desarrollo de los funcionarios de la institución, desde el procedimiento de reclutamiento, hasta el de capacitación, promoción, desarrollo y sanción.

Para implementar esto, la ley estableció en su artículo cuarto transitorio que el fiscal General debería diseñar y expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera en un plazo máximo de 180 días naturales a partir de su entrada en vigor. Dicho periodo se venció desde el pasado 20 de noviembre sin que, hasta ahora, dichos estatutos se hayan expedido. En consecuencia, tampoco se ha podido convocar a concursos de reclutamiento ni se ha avanzado en profesionaliza a los funcionarios.

En el mismo artículo transitorio se otorgó un plazo de 90 días para que el fiscal General expida el Estatuto Orgánico de la FGR. Se trata del documento que debe plasmar la forma en como se organizará y operarán todas las áreas de la fiscalía para cumplir con las disposiciones que la ley marca. Por ejemplo: con cuántas unidades de investigación debe contar una fiscalía especializada, y como deben organizarse y repartirse las denuncias e indagatorias. El plazo para emitir este estatuto venció desde el 20 de agosto del año pasado y los estatutos no existen.

“La consecuencia de esto es que hay una indefinición de competencias de las fiscalías y unidades que integran la FGR, lo que eventualmente puede retrasar la investigación de los casos y la evasión en la asunción de responsabilidades, con todo lo que ello implica en la garantía del derecho de acceso a la justicia y combate a la impunidad”, dijo Ana Lorena Delgadillo.

Animal Político solicitó a la FGR un posicionamiento sobre estas omisiones. La Fiscalía confirmó que dichos estatutos aun no se han expedido, pero indicó que los mismos se encuentran en preparación y pronto se darían a conocer.

En la primera ley orgánica de la FGR se incluyó la figura del Consejo Ciudadano como un organismo de apoyo de la institución. De acuerdo con la norma tendría mas de 10 facultades, entre ellas, dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de la política criminal diseñada por la institución, y emitir recomendaciones. Incluso puede promover recursos y denuncias ante posibles hechos de corrupción.

Con la idea de ser un contrapeso hacia el fiscal, se estableció que sería el Senado el responsable del proceso de integración e instalación de dicho consejo, a través de una convocatoria pública para la selección de sus integrantes. Estas disposiciones se mantuvieron en la nueva ley aprobada en mayo de 2021.

Pero durante tres años el Senado no ha sido capaz de instalar el Consejo Ciudadano de la FGR. La Comisión de justicia de la Cámara Alta dijo a este medio que, de acuerdo con el reglamento interno, la responsabilidad recae en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) encabezada por el senador Ricardo Monreal. La Jucopo, por su parte, no emitió algún comentario sobre el avance en este profeso.

El senador Miguel Ángel Mancera, integrante tanto de la referida comisión como de la junta, dijo que sí se han hecho convocatorias para integrar esta consejo, pero que ha faltado interés de los ciudadanos. También reconoció que al Senado le ha faltado impulsar con mayor fuerza las convocatorias.

“La consecuencia más importante (de la falta de un consejo ciudadano) es la ausencia de un importante mecanismo que sirve de conexión entre la FGR y la sociedad, a fin de que por conducto de sus integrantes, la institución tome en consideración las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía. Asimismo, es una herramienta de seguimiento y de control que permite una evaluación objetiva —si sus integrantes cuentan con independencia— acerca del desempeño de la Fiscalía”, explicó Delgadillo.

“Nos faltan manos y orden”

De acuerdo con servidores públicos de la institución, la fiscalía adolece de falta de recursos humanos para hacerse cargo de las investigaciones. Una situación que ya se presentaba desde los tiempos de la PGR, pero que ha prevalecido en gestión de Gertz Manero, y que incluso se ha agravado por la falta de concursos de reclutamiento.

Datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2021 de Inegi, muestran que a principios del año pasado la FGR contaba con 2 mil 725 policías ministeriales y 3 mil 4 agentes del MP. Si se toma en cuenta que ese mismo año había 290 mil 521 indagatorias abiertas (entre nuevos y viejos casos) es un promedio de 97 casos simultáneos por cada fiscal, y de 107 indagatorias por cada policía.

A esa fuerza humana habría que restarle las bajas ocurridas a finales de diciembre pasado, cuando la Fiscalía decidió dar de baja aproximadamente a mil servidores públicos. Algunos se fueron con programas de retiro voluntario, pero a otros no se les renovaron los contratos.

Una agente de la Policía Federal Ministerial (que pide reserva con su identidad por temor a represalias) narra que cuando ingresó hace una década a la institución lo hizo a través de un concurso que formaba parte del servicio de carrera. Esto incluyó someterse a pruebas psicológicas, de conocimientos generales, resistencia y control de confianza. Después ingresó a la academia para una formación de seis meses que incluyó una evaluación final ante un grupo de sinodales.

Solo superado ese proceso ingresó a laborar a la institución con un contrato permanente y con oportunidades de crecimiento. Esto sometido siempre a una evaluación constante.

“Pero ahora ya nada de eso se ha hecho… llevamos 3 o 4 años sin que ingresen compañeros a través de este sistema. Sin que haya concursos de reclutamiento. Los nuevos compañeros que han llegado están solo con contratos temporales, de tres meses. Parecería como si quisieran acabar con todo el personal de carrera”, dijo la agente.

Animal Político publicó el pasado 28 de diciembre los testimonios de diversos agentes que fueron notificados de que saldrían de la institución. La opción que se les ofreció a la mayoría era firmar retiros voluntarios y recibir su indemnización. A otro se les dio la alternativa de continuar, pero con los referidos contratos temporales de tres meses. Algunos lograron frenar con juicios de amparo su salida de la institución.

Un agente del Ministerio Público, que también pidió reserva con su identidad, dijo que la falta de estatutos y, por ende, de concursos de ingreso, afecta directamente a las investigaciones. “Hay carpetas donde no tenemos a nadie que les pueda dar seguimiento. Sí se abren, pero tenemos que escoger cual se atiende y cuáles tienen que esperar. Simplemente no alcanza”, indicó.

De acuerdo con dicho agente, esta situación ya se ha comentado a los mandos en la institución, pero la respuesta es que se sigue trabajando en la construcción del servicio profesional de carrera, y que de momento no es posible lanzar concursos de reclutamiento.

Delgadillo advierte que la inexistencia del servicio profesional de carrera y la prevalencia de contratos temporales es una falla grave que atenta contra la profesionalización de la institución, y afecta los derechos básicos de los trabajadores. La salida del personal ocurrida en diciembre contribuyó a generar mas incertidumbre.

“Se aprecia una falta preocupante de transparencia en los procesos de contratación y destitución de personal de la FGR. No se tiene conocimiento de un proceso de renovación del personal, lo que sería esencial para la consolidación de una institución sustancialmente distinta a la PGR” indicó.

Respecto a la falta de estatutos, los funcionarios consultados indicaron que han trabajado inercialmente desde que la PGR migró hacia la Fiscalía. Es decir, la reorganización que la ley establece no se ha visto reflejada en la operación diaria. Incluso, hay indagatorias que se siguen iniciando en unidades heredadas de la vieja PGR pese a que, según la ley, ya corresponden a otra área distinta, indicó el agente ministerial consultado.

Gertz reprobado

Ana Lorena Delgadillo considera que el balance de la gestión de Gertz Manero ha sido negativo no solo por los cabos sueltos en cuanto al proceso de transición y consolidación de la nueva institución, sino por la conducción de la institución y la aplicación de lo que denominó “una justicia selectiva”.

Casos como el del general Salvador Cienfuegos (exonerado por la FGR) o el de Rosario Robles (sometida a una prisión preventiva que lleva mas de dos años), ejemplifican esta situación, de acuerdo con la experta. A ello se suma la controversia que ha generado la presunta persecución penal de un asunto familiar relacionado con la muerte de su hermano y que ya llegó incluso a la Corte.

La experta subrayó que la nueva ley de la FGR –que tampoco se ha terminado de implementar– fue un revés no solo organizacional sino también respecto a la forma de investigar. Se desechó la idea de abordar los delitos como un fenómeno criminal, y se volvió a la visión de ir caso por caso, como si se trataran de hechos aislados.

Y especialmente, Lorena Delgadillo criticó la forma en como la actual fiscalía ha manejado el tema de la autonomía ya que, en vez de separarse de la influencia del Poder Ejecutivo, han optado por cerrarse a la colaboración, transparencia y rendición de cuentas.

“La autonomía ha sido empleada como excusa para blindar a la institución de la rendición de cuentas, así como para negarse a colaborar con otras autoridades como la Comisión Nacional de Búsqueda, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fiscalías locales y el Sistema Nacional de Seguridad Pública”, concluyó.

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Qué es Roe vs. Wade y por qué está en el centro de la batalla política por el aborto en EU

La filtración de un borrador de la Corte Suprema de EU indica que el alto tribunal se acerca a la anulación del fallo que garantiza el derecho constitucional al aborto en ese país. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias?
4 de mayo, 2022
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Es el precedente legal más discutido en la historia moderna de Estados Unidos y su eliminación cambiaría el estado de derecho para millones de mujeres.

Un borrador de la Corte Suprema de ese país que se filtró el lunes indica que una mayoría de jueces del más alto tribunal estadounidense es favorable a revocar Roe vs. Wade, un fallo legal que protege el aborto como un derecho constitucional.

El documento fue difundido por el medio Politico y el martes la Corte Suprema confirmó su autenticidad, aunque aclaró que no es una decisión definitiva ni refleja la postura final de ninguno de los magistrados.

Según analistas, es la primera vez en la historia de la nación que este tipo de documento se filtra a la prensa antes de ser final y firme.

Su publicación ha consternado a quienes apoyan el derecho al aborto, mientras que los detractores celebran la posibilidad de que se confirme un fallo en esa línea el próximo julio.

Representantes de los dos partidos políticos principales de Estados Unidos reaccionaron en uno u otro sentido. También lo hizo el presidente Joe Biden, quien dijo que “recaerá sobre nuestros cargos electos en todos los niveles de gobierno proteger el derecho de una mujer a decidir”.

El juez presidente de la Corte, John Roberts, calificó la filtración como una “atroz ruptura de la confianza” y ordenó que se abra una investigación.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

Getty Images

Pero… ¿Qué es Roe vs. Wade y qué implicaciones tendría su revocación?

¿Por qué el caso se llama Roe vs. Wade y cuándo se decidió?

En 1969, una mujer soltera de 25 años, Norma McCorvey, bajo el seudónimo de “Jane Roe”, desafió las leyes de Texas sobre el aborto.

El estado prohibía el aborto por no estar contenido en la Constitución, excepto en los casos en los que la vida de la madre estuviera en peligro.

Como defensor de la ley contra el aborto estaba Henry Wade, el fiscal de distrito del condado de Dallas. Es por esto que la batalla legal se conoce como Roe vs. Wade.

McCorvey estaba embarazada de su tercer hijo cuando afirmó que había sido violada y presentó su caso en tribunales. No obstante, su alegato fue rechazado y la obligaron a dar a luz.

En 1973, su apelación llegó a la Corte Suprema de EU, donde su caso se escuchó junto con el de una mujer de Georgia de 20 años, Sandra Bensing.

Imagen de una protesta frente a la corte suprema de estados unidos

Getty Images

Ambas argumentaron que las leyes de aborto en Texas y Georgia iban en contra de la Constitución porque infringían el derecho de la mujer a la privacidad.

Por una votación de 7-2, los jueces de la Corte dictaminaron que los gobiernos carecían del poder para prohibir los abortos.

Los letrados decidieron que el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo estaba protegido por la Constitución.

¿Cómo cambió aquel caso los derechos de las mujeres?

La determinación legal creó el sistema de “trimestre” que:

  • Otorga a las mujeres estadounidenses el derecho absoluto a un aborto en los primeros tres meses del embarazo.
  • Permite regulaciones gubernamentales en el segundo trimestre del embarazo.
  • Declara que los estados pueden restringir o prohibir los abortos en el último trimestre a medida que el feto se acerca al punto en el que podría vivir fuera del útero.
  • Roe vs. Wade también estableció que en el último trimestre una mujer puede someterse a un aborto a pesar de cualquier prohibición legal solo si los médicos certifican que es necesario para salvar su vida o su salud.

¿Por qué se desafía el caso en la actualidad?

La Corte Suprema está considerando un nuevo caso legal que desafía la prohibición del aborto después de 15 semanas en Misisipi.

Fachada del Tribunal Supremo de Estados Unidos

Getty Images
De acuerdo con varios analistas, es la primera vez en la historia de EE.UU. que se filtra el borrador de una decisión de la Corte Suprema.

Si la Corte falla a favor de Misisipi, terminará efectivamente con el derecho constitucional al aborto a nivel nacional.

Hay nueve jueces en el alto tribunal, seis de los cuales fueron designados por presidentes republicanos y cuyas decisiones suelen ser conservadoras.

El borrador que se filtró contiene la opinión del juez Samuel Alito, que afirma que Roe vs. Wade fue un “error flagrante”.

“Roe (vs. Wade) fue un error flagrante desde el inicio”, se lee en el documento. “Consideramos que debe ser anulado”, agrega.

“Ha llegado el momento de acatar la Constitución y devolver el asunto del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”, añade.

¿Qué pasará si se anula Roe vs. Wade?

El aborto no se volverá ilegal de inmediato en todo el país. En cambio, recaerá en las legislaturas estatales decidir sobre este tema.

Pero se estima que alrededor de la mitad de los 50 estados del país se moverán para prohibir los abortos de inmediato. En algunos se han discutido decenas de leyes sobre el tema en los pasados años.

Protestan a favor de prohibir el aborto frente a la Corte Suprema de EE.UU.

Getty Images
Frente a la Corte Suprema también se congregaron personas que apoyan la prohibición al aborto.

Hay 13 estados que tienen las llamadas leyes de activación, lo que conduciría a una prohibición inmediata si la Corte Suprema decide anular el precedente.

Estos son: Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Texas, Oklahoma y Wyoming.

Otros estados continuarían brindando acceso, no solo para las mujeres en su jurisdicción, sino también para aquellas que vivan en estados donde esté prohibido.

De acuerdo con el Instituto Guttmacher, estos estados que protegerían el aborto suman 16 e incluyen al Distrito de Columbia, capital del país.

¿Qué grupos se verán más afectados?

El Instituto Guttmacher calcula que unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva vivirían en estados sin acceso al aborto.

La revocación afectaría mayormente a mujeres pobres, en estados sureños y del oeste, que tendrían que movilizarse a las jurisdicciones progresistas para realizarse un aborto.

En concreto a mujeres jóvenes y afroestadounidenses, ya que estos grupos tienen más probabilidades de buscar un aborto, según datos oficiales.

Una joven llora frente a la Corte Suprema en medio de una protesta luego de la filtración del borrador

Getty Images
Datos indican que las mujeres jóvenes son quienes se realizan abortos de forma más frecuente, así que cualquier restricción afectaría a este grupo directamente.

Cerca del 57% de los abortos reportados en 2019 se realizaron en mujeres de entre 20 y 29 años.

¿Qué implica para otros derechos civiles?

Algunos expertos afirman que el razonamiento esbozado para eliminar Roe vs. Wade, que no ha sido oficialmente presentado, podría sentar un precedente para que la Corte Suprema revoque otros derechos civiles, como el matrimonio igualitario.

Un abogado radicado en Denver, David Lane, le dijo al medio USA Today que la eliminación de la disposición crearía una “vía subterránea” en la que los ciudadanos tendrían que moverse de estado a estado para alcanzar los derechos que tenían a nivel nacional.

“Hay innumerables eventos trascendentales que podrían derivarse de esto”, dijo el experto en derechos civiles.

La decisión que consagra el derecho nacional al matrimonio igualitario no es tan antigua ni está tan establecida como Roe vs. Wade. Este fallo data de 2016.

Cartel de personas LGBTT en apoyo al aborto

Getty Images

En el borrador que se filtró, el juez Samuel Alito hizo una distinción entre los derechos enunciados en la Constitución, como el derecho que otorga la Segunda Enmienda a portar armas, y el tipo de “derechos no enumerados” que el tribunal en Roe vs. Wade dijo que garantizaban el acceso al aborto.

Aunque Alito no lo mencionó, esto también protege el matrimonio homosexual y los métodos anticonceptivos, opinó el corresponsal de la BBC en Estados Unidos, Anthony Zurcher.

Para el periodista, la Corte entiende que los primeros son mucho más seguros que los segundos, que deben estar fuertemente arraigados en la historia y “tradición” de Estados Unidos.

“Puede que no pase mucho tiempo antes de que los opositores al matrimonio homosexual, la fertilización in vitro o ciertas formas de anticoncepción citen las palabras de Alito para argumentar que tampoco hay nada en la Constitución que prohíba vetar esas prácticas”, detalló Zurcher.


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