La Fiscalía General de la República (FGR) opera desde hace tres años con una estructura incompleta: carece de un sistema de desarrollo profesional que le permita seleccionar, contratar y preparar a nuevos agentes; no tiene un estatuto que organice y reglamente el funcionamiento de sus distintas áreas; ni cuenta con el consejo ciudadano responsable de revisar la operación de la institución y transparentar sus resultados.

Pese a que en la Ley de la FGR se establecieron plazos para echar a andar estos elementos, los mismos ya concluyeron sin que fueran respetados. Funcionarios de la institución revelan que trabajan con personal insuficiente, con agentes que son contratados por periodos de apenas tres meses, y con una organización decidida discrecionalmente, sin que nadie externo la audite.

A finales de diciembre casi mil funcionarios de la fiscalía salieron de la institución. Algunos de ellos se retiraron de manera voluntaria, pero en otros casos no se renovaron leo contratos. “El problema es que desde hace más de 3 o 4 años no hay concursos de ingreso, no hay personal de carrera. Solo personal eventual con contratos de tres meses o a veces ni eso”, dijo un agente de la Policía Federal Ministerial que pidió reserva con su identidad.

A esto se suma la falta de resolución  —casi del 100%— en las investigaciones de delitos graves como tortura, trata de personas, desaparición forzada, entre otros según datos oficiales. Un análisis de México Evalúa evidenció que mas del 80% de las indagatorias de la fiscalía se centra en delitos como portación de armas, narcomenudeo y delitos fiscales, pero no en los de mayor complejidad.

“Es una administración que se ha caracterizado por una justicia selectiva. La autonomía ha sido empleada como excusa para blindar a la institución de la rendición de cuentas que tendría que existir (…) Se aprecia una falta preocupante de transparencia en los procesos de contratación y destitución de personal de la FGR. No se tiene conocimiento de un proceso de renovación del personal, lo que sería esencial para la consolidación de una institución”, dijo la experta.

Ley de FGR: letra muerta y plazos incumplidos

Sin embargo, la mayor parte de este esquema nunca se puso en marcha. Organizaciones agrupadas en el colectivo #UnaFiscalíaQueSirva advirtieron que el fiscal Gertz mantuvo la inercia operativa de la PGR mientras que, al mismo tiempo, trabajó en diseñar una nueva ley con la que, según él, sería mas viable la evolución de la institución.

Así, a menos de dos años y medio de su promulgación y sin haber probado si funcionaba, en mayo de 2021 la ley orgánica de la FGR fue enterrada y sustituida por la nueva normativa impulsada por el fiscal General.

Aunque hubo un cambio en diversos aspectos, la nueva ley impulsada por el fiscal General mantuvo algunos elementos de la norma anterior, entre ellos, el diseño e implementación de un servicio profesional de carrera para agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y peritos. El objetivo de dicho sistema es regular todo el proceso de empleo y desarrollo de los funcionarios de la institución, desde el procedimiento de reclutamiento, hasta el de capacitación, promoción, desarrollo y sanción.

Para implementar esto, la ley estableció en su artículo cuarto transitorio que el fiscal General debería diseñar y expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera en un plazo máximo de 180 días naturales a partir de su entrada en vigor. Dicho periodo se venció desde el pasado 20 de noviembre sin que, hasta ahora, dichos estatutos se hayan expedido. En consecuencia, tampoco se ha podido convocar a concursos de reclutamiento ni se ha avanzado en profesionaliza a los funcionarios.

En el mismo artículo transitorio se otorgó un plazo de 90 días para que el fiscal General expida el Estatuto Orgánico de la FGR. Se trata del documento que debe plasmar la forma en como se organizará y operarán todas las áreas de la fiscalía para cumplir con las disposiciones que la ley marca. Por ejemplo: con cuántas unidades de investigación debe contar una fiscalía especializada, y como deben organizarse y repartirse las denuncias e indagatorias. El plazo para emitir este estatuto venció desde el 20 de agosto del año pasado y los estatutos no existen.

“La consecuencia de esto es que hay una indefinición de competencias de las fiscalías y unidades que integran la FGR, lo que eventualmente puede retrasar la investigación de los casos y la evasión en la asunción de responsabilidades, con todo lo que ello implica en la garantía del derecho de acceso a la justicia y combate a la impunidad”, dijo Ana Lorena Delgadillo.

Animal Político solicitó a la FGR un posicionamiento sobre estas omisiones. La Fiscalía confirmó que dichos estatutos aun no se han expedido, pero indicó que los mismos se encuentran en preparación y pronto se darían a conocer.

En la primera ley orgánica de la FGR se incluyó la figura del Consejo Ciudadano como un organismo de apoyo de la institución. De acuerdo con la norma tendría mas de 10 facultades, entre ellas, dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de la política criminal diseñada por la institución, y emitir recomendaciones. Incluso puede promover recursos y denuncias ante posibles hechos de corrupción.

Con la idea de ser un contrapeso hacia el fiscal, se estableció que sería el Senado el responsable del proceso de integración e instalación de dicho consejo, a través de una convocatoria pública para la selección de sus integrantes. Estas disposiciones se mantuvieron en la nueva ley aprobada en mayo de 2021.

Pero durante tres años el Senado no ha sido capaz de instalar el Consejo Ciudadano de la FGR. La Comisión de justicia de la Cámara Alta dijo a este medio que, de acuerdo con el reglamento interno, la responsabilidad recae en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) encabezada por el senador Ricardo Monreal. La Jucopo, por su parte, no emitió algún comentario sobre el avance en este profeso.

El senador Miguel Ángel Mancera, integrante tanto de la referida comisión como de la junta, dijo que sí se han hecho convocatorias para integrar esta consejo, pero que ha faltado interés de los ciudadanos. También reconoció que al Senado le ha faltado impulsar con mayor fuerza las convocatorias.

“La consecuencia más importante (de la falta de un consejo ciudadano) es la ausencia de un importante mecanismo que sirve de conexión entre la FGR y la sociedad, a fin de que por conducto de sus integrantes, la institución tome en consideración las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía. Asimismo, es una herramienta de seguimiento y de control que permite una evaluación objetiva —si sus integrantes cuentan con independencia— acerca del desempeño de la Fiscalía”, explicó Delgadillo.

“Nos faltan manos y orden”

De acuerdo con servidores públicos de la institución, la fiscalía adolece de falta de recursos humanos para hacerse cargo de las investigaciones. Una situación que ya se presentaba desde los tiempos de la PGR, pero que ha prevalecido en gestión de Gertz Manero, y que incluso se ha agravado por la falta de concursos de reclutamiento.

Datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2021 de Inegi, muestran que a principios del año pasado la FGR contaba con 2 mil 725 policías ministeriales y 3 mil 4 agentes del MP. Si se toma en cuenta que ese mismo año había 290 mil 521 indagatorias abiertas (entre nuevos y viejos casos) es un promedio de 97 casos simultáneos por cada fiscal, y de 107 indagatorias por cada policía.

A esa fuerza humana habría que restarle las bajas ocurridas a finales de diciembre pasado, cuando la Fiscalía decidió dar de baja aproximadamente a mil servidores públicos. Algunos se fueron con programas de retiro voluntario, pero a otros no se les renovaron los contratos.

Una agente de la Policía Federal Ministerial (que pide reserva con su identidad por temor a represalias) narra que cuando ingresó hace una década a la institución lo hizo a través de un concurso que formaba parte del servicio de carrera. Esto incluyó someterse a pruebas psicológicas, de conocimientos generales, resistencia y control de confianza. Después ingresó a la academia para una formación de seis meses que incluyó una evaluación final ante un grupo de sinodales.

Solo superado ese proceso ingresó a laborar a la institución con un contrato permanente y con oportunidades de crecimiento. Esto sometido siempre a una evaluación constante.

“Pero ahora ya nada de eso se ha hecho… llevamos 3 o 4 años sin que ingresen compañeros a través de este sistema. Sin que haya concursos de reclutamiento. Los nuevos compañeros que han llegado están solo con contratos temporales, de tres meses. Parecería como si quisieran acabar con todo el personal de carrera”, dijo la agente.

Animal Político publicó el pasado 28 de diciembre los testimonios de diversos agentes que fueron notificados de que saldrían de la institución. La opción que se les ofreció a la mayoría era firmar retiros voluntarios y recibir su indemnización. A otro se les dio la alternativa de continuar, pero con los referidos contratos temporales de tres meses. Algunos lograron frenar con juicios de amparo su salida de la institución.

Un agente del Ministerio Público, que también pidió reserva con su identidad, dijo que la falta de estatutos y, por ende, de concursos de ingreso, afecta directamente a las investigaciones. “Hay carpetas donde no tenemos a nadie que les pueda dar seguimiento. Sí se abren, pero tenemos que escoger cual se atiende y cuáles tienen que esperar. Simplemente no alcanza”, indicó.

De acuerdo con dicho agente, esta situación ya se ha comentado a los mandos en la institución, pero la respuesta es que se sigue trabajando en la construcción del servicio profesional de carrera, y que de momento no es posible lanzar concursos de reclutamiento.

Delgadillo advierte que la inexistencia del servicio profesional de carrera y la prevalencia de contratos temporales es una falla grave que atenta contra la profesionalización de la institución, y afecta los derechos básicos de los trabajadores. La salida del personal ocurrida en diciembre contribuyó a generar mas incertidumbre.

“Se aprecia una falta preocupante de transparencia en los procesos de contratación y destitución de personal de la FGR. No se tiene conocimiento de un proceso de renovación del personal, lo que sería esencial para la consolidación de una institución sustancialmente distinta a la PGR” indicó.

Respecto a la falta de estatutos, los funcionarios consultados indicaron que han trabajado inercialmente desde que la PGR migró hacia la Fiscalía. Es decir, la reorganización que la ley establece no se ha visto reflejada en la operación diaria. Incluso, hay indagatorias que se siguen iniciando en unidades heredadas de la vieja PGR pese a que, según la ley, ya corresponden a otra área distinta, indicó el agente ministerial consultado.

Gertz reprobado

Ana Lorena Delgadillo considera que el balance de la gestión de Gertz Manero ha sido negativo no solo por los cabos sueltos en cuanto al proceso de transición y consolidación de la nueva institución, sino por la conducción de la institución y la aplicación de lo que denominó “una justicia selectiva”.

Casos como el del general Salvador Cienfuegos (exonerado por la FGR) o el de Rosario Robles (sometida a una prisión preventiva que lleva mas de dos años), ejemplifican esta situación, de acuerdo con la experta. A ello se suma la controversia que ha generado la presunta persecución penal de un asunto familiar relacionado con la muerte de su hermano y que ya llegó incluso a la Corte.

La experta subrayó que la nueva ley de la FGR –que tampoco se ha terminado de implementar– fue un revés no solo organizacional sino también respecto a la forma de investigar. Se desechó la idea de abordar los delitos como un fenómeno criminal, y se volvió a la visión de ir caso por caso, como si se trataran de hechos aislados.

Y especialmente, Lorena Delgadillo criticó la forma en como la actual fiscalía ha manejado el tema de la autonomía ya que, en vez de separarse de la influencia del Poder Ejecutivo, han optado por cerrarse a la colaboración, transparencia y rendición de cuentas.

“La autonomía ha sido empleada como excusa para blindar a la institución de la rendición de cuentas, así como para negarse a colaborar con otras autoridades como la Comisión Nacional de Búsqueda, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fiscalías locales y el Sistema Nacional de Seguridad Pública”, concluyó.