Un total de 10 personas fueron detenidas en Comitancillo, departamento de San Marcos, Guatemala, acusadas de formar parte de una red de tráfico de personas hacia Estados Unidos y de ser la estructura que transportó a los migrantes asesinados en enero de 2021 en Camargo, Tamaulipas.
El operativo está centrado en la familia de Adán Coronado Marroquín, una de las víctimas de aquellos sucesos y a quien los investigadores apuntan como uno de los posibles guías del grupo. Entre los detenidos: el padre, la hermana y un primo del fallecido, mientras que su tío y su otra hermana están en búsqueda y captura.
La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes de Guatemala contó con apoyo del Departamento de Seguridad Nacional de EU para las investigaciones, que derivaron en 19 allanamientos en Comitancillo y 15 órdenes de aprehensión, de las que se ejecutaron 10. Las acusaciones son de tráfico ilegal de personas, lavado de dinero, falsificación de pruebas y obstrucción de la justicia.
Los oficiales analizan los posibles vínculos de la red con organizaciones y autoridades en México, ya que hay interceptadas diversas comunicaciones con nuestro país. La Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierta una carpeta sobre tráfico de personas vinculado a aquella masacre y anunció la vinculación a proceso de dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM).
Sin embargo, las autoridades mexicanas y guatemaltecas no están colaborando en estos trabajos, que ambos países desarrollan de forma paralela. Así que existen tres investigaciones abiertas simultáneamente: una en Tamaulipas contra los doce policías acusados de la masacre y otras dos, en México y Guatemala, por tráfico de personas.
El eslabón inicial
El operativo golpea el eslabón inicial de la cadena del tráfico de personas: los presuntos polleros locales. Según Estuardo Campo, fiscal de sección de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, ellos eran el paso previo a iniciar el viaje. En muchas ocasiones eran los propios migrantes los llegaban solicitando sus servicios por ser una familia conocida en la zona. En otros lugares de Guatemala es habitual que los coyotes se anuncien en estaciones de radio, pero en San Marcos esta es una práctica que desapareció hace años. Sin embargo, no es difícil dar con uno. Cuando un integrante de la comunidad quiere viajar al norte siempre sabe quién puede ayudarle.
Aunque la fiscalía no sabe desde cuándo operaba la red, aseguran tener documentados tres eventos de tráfico contando con el que desembocó en la masacre de Camargo. Es decir, que la tragedia no frenó el impulso de buscar alternativas en EU ya que organizaron, al menos, otros dos viajes. Las investigaciones también han llevado a determinar el precio de cada trayecto: entre 95 mil y 135 mil quetzales (entre 250 mil y 365 mil pesos).
Entre los arrestados se encuentran David “C” y Josefina “C”, papá y hermanas de Adán Coronado Marroquín. El primero, en concreto, fue el encargado de avisar a las familias de los integrantes de la expedición de que sus hijos habían sido asesinados y que no regresarían jamás. También se busca a Ramiro “C”, tío de la víctima, quien fue alcalde de Comitancillo y que actualmente está en paradero desconocido, y a Diana Maricela “C”, la otra hermana del fallecido.
El Ministerio Público y el Instituto Guatemalteco de Migración anunciaron el operativo dando por desarticulada la banda de los “Coronado”, por lo que se señala directamente a esta familia como responsable de esta presunta red.
Entre los detenidos hay también tres notarios, de los que no se ha especificado cuál es su papel en la trama. Además, se solicitó iniciar acciones para retirar la inmunidad de la juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de San Marcos, Blanca Elizabeth González Gálvez, “por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y cohecho pasivo”, sin dar más detalles.
Endurecimiento de las penas
La investigación guatemalteca llega hasta aquí. Pero falta por saber cómo hacía una red de un pequeño municipio rural de Guatemala para atravesar México, sortear los retenes del INM y cruzar los territorios controlados por el crimen organizado para llegar a EU. Las intervenciones telefónicas permiten intuir que existía colaboración con autoridades o grupos criminales mexicanos, pero hasta el momento no hay acusaciones concretas. Aquí debería actuar la FGR, pero en este caso no existe colaboración binacional, según confirmaron fuentes del país centroamericano. Cabe recordar que México y Guatemala establecieron un grupo de trabajo sobre tráfico de personas tras el accidente de Tuxtla Gutiérrez en el que murieron 55 personas.
Esta es casi la primera vez que el Estado centroamericano se hace presente en el caso de la masacre de Camargo después de que los cuerpos fuesen enterrados. Aunque en un primer momento hubo muchas promesas, las familias no han recibido nada. Apenas un puñado de semillas y algunos talleres. Ni verdad, ni justicia ni reparación. Tampoco México ha dado pasos en este sentido. La Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Tamaulipas prometió apoyo económico pero este nunca se materializó. Además, la investigación está empantanada en Tamaulipas. Hay doce policías encarcelados pero la audiencia de etapa intermedia se ha pospuesto hasta en dos ocasiones.
Tras el siniestro de Tuxtla Gutiérrez, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, pidió un endurecimiento de penas para el tráfico de migrantes.
Este discurso se retomó con motivo del operativo contra la presunta red de traficantes, a los que acusan de “engañar” a los migrantes. Pero ante la falta de expectativas en un territorio en el que seis de cada diez son pobres, migrar a EU sigue siendo la única alternativa. Sin opciones de hacer el tránsito legalmente, estas redes son la única esperanza. De hecho, hasta las propias investigaciones lo reconocen: son los migrantes los que buscan a los coyotes.
