En los últimos 30 días, jueces han emitido tres sentencias en las que se condena al Estado por su responsabilidad en la comisión de delitos de abuso sexual organizado en preescolares públicos.
Las sentencias emitidas por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito y por el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, establecen que la Secretaría de Educación Pública deberá hacer un reconocimiento de su actuar irregular y ofrecer una disculpa pública.
Además, de acuerdo con información de la Oficina por los Derechos de la Infancia (ODI) -organización promovente de las demandas-, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) trabajará con los afectados en materiales educativos para la prevención de violencia sexual en las escuelas, y para mejorar el acceso a la justicia, mismos que deberán ser distribuidos por la SEP.
La SEP deberá establecer un día en el calendario escolar para trabajar con niños y personal docente sobre la violencia sexual en escuelas, y la Fiscalía General de la República deberá investigar la posible intervención o participación de otras personas en los hechos delictivos.
‘Estado mantiene silencio mientras los casos se incrementan’
Los casos que han recibido sentencia forman parte de 18 que fueron documentados en 7 estados del país por la ODI en el informe ‘Es un secreto’, en el que se expusieron agresiones ejercidas por múltiples adultos contra numerosas víctimas.
“El tipo de violencia es extrema e inusual, y los delitos se cometen a través de la captura de instituciones”, refiere la organización.
Sin embargo, desde mayo de 2021 los casos han aumentado a 20 en 10 estados del país.
Los casos documentados por la ODI se presentaron en escuelas de la Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Morelos, Estado de México, San Luis Potosí y Baja California, contra niños y niñas de entre 3 y 7 años de edad.
“Se reitera el patrón de que el abuso se comete por múltiples adultos de manera conjunta. En 16 escuelas, los niños y niñas reportan agresiones por más de un adulto ejerciendo las agresiones de manera directa o estando presente observando o grabando mientras sucede el abuso”, detalla el informe.
Otras conductas que se reportaron en múltiples ocasiones fueron las acciones de encubrimiento, sea porque las familias al denunciar ante la escuela no reciben respuesta alguna, o porque los niños y niñas narran haber pedido ayuda sin éxito. En 10 casos, incluso, se refirió que adultos facilitaron las agresiones entregando a las víctimas con quien las lastima, o permitiendo su ingreso a la escuela o al salón.
En algunos casos, la ODI encontró rasgos similares, como son el abuso sexual sufrido en grupos, que los niños fueron sacados de la escuela, que tuvieron múltiples agresores adultos, hubo violencia física y psicológica extrema.
También se reportaron rituales religiosos, que los menores de edad fueron fotografiados, les daban a ingerir pastillas que dan sueño, fueron amarrados y obligados a orinar o defecar sobre alguien más.
De acuerdo con la Oficina por los Derechos de la Infancia, múltiples fiscalías locales y la federal han tenido conocimiento de estos casos durante años, “y han sido incapaces de investigarlos adecuadamente, incluso recibiendo denuncias expresas de posibles delitos de explotación infantil. Las investigaciones tratan cada caso como aislado e ignoran la actuación conjunta y organizada de los adultos agresores”.
Asimismo, que “la fragmentación de la investigación, la exclusión de las víctimas y la falta de procedimientos adecuados para la testimonial infantil se traducen en una garantía de impunidad para la delincuencia compleja contra la infancia”.
Por ello, espera que con las sentencias recién emitidas la SEP tome acciones para garantizar que estos delitos no vuelvan a suceder.
