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¿Qué ocultó la FGR en el expediente público de Odebrecht?: Exoneraciones, pagos y hasta notas periodísticas

Aunque la Fiscalía publicó los primeros cinco tomos del expediente de Odebrecht, ocultó todos los datos relacionados con declaraciones, peritajes y, en general, cualquier resultado de la indagatoria.
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24 de enero, 2022
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Detalles de los acuerdos firmados por México para no proceder en contra de los directivos de Odebrecht a cambio de sus declaraciones; las narraciones de los sobornos y pagos a nivel federal y en los estados, cientos de páginas con datos de las transferencias bancarias; los nombres de las compañías involucradas; las entradas y salidas del país de los sospechosos; los nombres y cargos de los responsables de investigarlos; las  direcciones de oficinas; y hasta conferencias de prensa y notas periodísticas…

En los primeros cinco tomos de la carpeta de investigación del caso Odebrecht publicados en versiones públicas, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió ocultar la mayor parte de la información que permitiría entender – sobre todo para quien no conoce el tema – qué hechos son los que se investigan en este caso, quiénes son los probables implicados, y quiénes están a cargo de indagarlos.

Aunque por orden del INAI la FGR comenzó a desclasificar la indagatoria en su página web, al inicio de cada tomo la institución precisa que decidió mantener como información reservada o confidencial los datos del personal que participa en las indagatorias, el contenido de la información recibida por otros países y todo aquello relacionado con las líneas de investigación vigente. También los datos de probables responsables, probables victimas, testigos y en general cualquier persona. 

Como resultado la mayor parte de las páginas de los tomos “transparentados” tienen amplias porciones cubiertas en negro (testadas). En algunos casos como el Tomo IV o V hay más de 400 páginas totalmente oscurecidas, donde no es posible ver nada.

Lo que la información descubierta permite ver es, básicamente, qué tipo de actos de investigación se han realizado. Es decir, qué solicitudes se han enviado a otras dependencias o al extranjero, cuándo se han ordenado peritajes o se ha citado a testigos, cuándo se ha pedido a la policía que verifique sitios de internet, etc. Pero sin que se revelen los resultados de estas acciones.

Se advierte que, al menos durante el primer año de la indagatoria (2017), mucha de la información que las autoridades de la PGR buscaban recabar era la que previamente se publicaba en amplios reportajes periodísticos. Sobretodo lo relacionado con la información de los directos de Odebrecht.

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Para identificar la información que se ocultó, Animal Político y Quinto Elemento compararon los tomos I, IV y V publicados por la FGR con una copia de los mismos tomos pero sin información cubierta, a la que estos medios tuvieron acceso. A continuación, se detallan algunos ejemplos de los hallazgos encontrados:

La “exoneración” de México a Odebrecht

Entre la página 505 a 509 de Tomo IV de la carpeta de investigación transparentada se pública la copia de un documento firmado ante el Ministerio Público de Brasil en el que México se compromete a no utilizar las pruebas y declaraciones en contra de ciertas personas. Sin embargo, en el documento se cubren los nombres de los beneficiarios de esta “protección”.

En el mismo oficio firmado por un funcionario mexicano, cuyo nombre también se oculta, nuestro país se compromete a no proceder en contra de esas personas ni a compartir los datos recibidos con otras autoridades.

Los nombres que la FGR cubrió y que fueron beneficiarios de esta “exoneración” son los de Luis Alberto de Meneses Weyll e Hidelberto Mascarenhas Alves Da Silva Filho, ambos exdirectivos de la constructora brasileña y que participaron en los sobornos presuntamente entregados a Lozoya. Quien asume el compromiso para no proceder en contra de estas personas fue el entonces subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Felipe Muñoz.

Esta situación vuelve a repetirse entre las fojas 6 y 46 del tomo V donde, ahora de manera separada, la FGR firma los compromisos de no proceder en contra de los dos directivos mencionados, pero también se extiende este beneficio a Marcelo Bahia Odebrecht, exdirector de la constructora. Quien firma este “perdón” adelantado fue el entonces encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán.

Las confesiones de Odebrecht

En el tomo IV hay 150 páginas totalmente testadas de negro, de la foja 205 a la 355. La información oculta corresponde a todo el contenido del acuerdo que la constructora Odebrecht alcanzó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para declararse culpable a cambio de obtener penas y multas reducidas para sus directivos y de reparar el daño con un pago de hasta 2 mil 600 millones de dólares.

En dichos documentos la empresa reconocer haber implementado entre el 2001 y 2016, un esquema de corrupción internacional bien organizado a través del cual pagó sobornos y dádivas a gobernantes, servidores públicos y funcionarios de partidos políticos para ganar ventaja en el mercado y obtener, a cambio, contratos. La empresa reconoce haber pagado sobornos por más de 788 millones de dólares en doce países, y haber ganado, en retribución, contratos por más de 3 mil 336 millones de dólares.

En la lista de países donde se pagaron dichos sobornos se encuentra México, en el que Odebrecht afirma haber pagado sobornos por más de diez millones de dólares, que le permitieron obtener beneficios por casi 40 millones. Se cita como ejemplo el pago a un alto directivo de una compañía estatal petrolera (Lozoya).

La constructora explica como funcionaba el esquema; reconoce la existencia del denominado Departamento de Operaciones Estructuradas que se encargaba de gestionaron los pagos que quedaban fuera de los registros de contabilidad. Es decir, el brazo de la compañía responsable de los sobornos.

En la confesión (totalmente oculta en el expediente publicado) se detalla que se usaban complejas transferencias bancarias para esconder el origen de los recursos a veces de hasta cuatro etapas o niveles, con la finalidad de que tampoco se identificara fácilmente a los beneficiarios finales. Para ello se contaba con un sistema informático denominado “Drousys” y otro llamado “MyWebPay” que permitían llevar un registro de las transferencias a las cuentas de compañías fachada abiertas en paraísos fiscales. Se usaban seudónimos para identificar en el sistema de qué asunto se trataba.

El acuerdo con el Departamento de Justicia de los EU también obligaba a Odebrecht (y a sus filiales como Braskem) a renunciar a cualquier posibilidad de defensa y a no contradecirse en declaraciones vertidas en otros países sobre lo que había confesado.

En esos documentos totalmente testados también se encuentra la transcripción de la audiencia ante el juez de Nueva York donde los fiscales del Departamento de Justicia y los abogados de la constructora brasileña expusieron el caso. En palabras del juez se trataba de un “acuerdo inusual”, pero que terminó dando por válido.

La FGR también ocultó por completo, en diversos momentos del expediente, los resúmenes hechos de caso en los que pedía colaboraciones internacionales, así como el contenido de las declaraciones de los altos funcionarios de la compañía brasileña.

Por ejemplo, en el tomo V del expediente publicado se encuentran totalmente en negro las fojas 731 a 746, que contienen las transcripciones de las declaraciones de Marcelo Odebrecht, Luis Weyll e Hidelberto Mascarenhas.

En estas confesiones, como ya ha trascendido en numerosos reportajes y notas periodísticas, los directivos confirman que hubo diversos pagos de sobornos en México bajo el concepto de “pagos extraordinarios”. Detallan, por ejemplo, que en 2010 se inyectaron recursos en Veracruz o Michoacán para apoyar campañas electorales del PRI a través de terceros y que eso les valió obtener, posteriormente, contratos a nivel local.

Los brasileños abundan en la asesoría que les brindó Lozoya para ganar terreno en dichas entidades, y en los compromisos que luego se alcanzaron con el para beneficiar al candidato del PRI (Enrique Peña Nieto) en su aspiración presidencial. Detallan que llegaron a invertir hasta cuatro millones de dólares en su campaña, y que a Lozoya le transfirieron seis millones de dólares como retribución por su respaldado en las gestiones en Pemex para que obtuvieran contratos.

Cabe señalar que, en ningún momento, los directivos de la constructora brasileña señalan que hubieran repartido recursos con la finalidad de agilizar la aprobación de la reforma energética en México, como ha sostenido la actual FGR en nuevas líneas de investigación.

Los datos bancarios

Los tomos de la carpeta de investigación transparentados por la FGR ocultan todos los datos bancarios reunidos como parte de las indagatorias, tanto los relacionados con Emilio Lozoya y su familia, así como los pagos y transferencias realizados a empresas fantasma.

Por ejemplo, en el tomo IV hay casi 170 páginas (de la foja 648 a 817) cubiertas totalmente en negro. La comparación con el tomo sin testar permite identificar que se trata de todos los datos relacionados con las cuentas de Lozoya en Citibanamex, donde se ven reflejados sus ingresos como servidor público principalmente,  y las transferencias de una parte importante de los recursos a otras cuentas o su salida a través de cheques.

En las fojas 162 a 182 del Tomo V, también testadas por completo, se encuentran los comprobantes de las transferencias realizadas a las cuentas en bancos suizos de las compañías fachada Latin American SA y Zecapan SA, ambas receptoras de los presuntos sobornos pagados a Emilio Lozoya.

En las fojas 298 a 300 están ocultos los comprobantes de las transferencias a la empresa Blunderbuss, otra compañía fachada pero constituida en Veracruz, y que estaría implicada en la trama de sobornos relacionados con ese estado y con el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Mientras que en la foja 667 la FGR ocultó los datos entregados por Suiza en donde se confirma que Emilio Lozoya y Gilda Susana Austin Lozoya son los beneficiarios de las cuentas bancarias abiertas a nombre de las empresas Latin American y Tochos Holding LTD.

En el Tomo V la Fiscalía testó caso 40 páginas consecutivas que corresponden a los estados de cuenta bancarios de Luis Weyll, exdirector de Odebrecht, y en los que se aprecian múltiples pagos con su tarjeta American Express en restaurantes, licorerías, hoteles, entre otros.

Los 138 vuelos de Lozoya 

En los tomos publicados en su página de internet la FGR también testó por completo los datos entregados por el Instituto Nacional de Migración (INM) sobre los ingresos y salidas del país del exdirector de Pemex y de los directivos de Odebrecht.

Por ejemplo, la información oculta en las fojas 692 a 695 del Tomo V corresponde al informe del INM que muestra que, entre 2010 y 2017, Emilio Lozoya registro 138 ingresos y salidas del país vía aérea a través de aerolíneas como Aeroméxico, Delta, Continental, American Airlines, United, Iberia, Lufhtansa, Latam, British Airlines, Air France, entre otras, y también en aeronaves privadas. El último registro corresponde a su salida del país el 1 de septiembre de 2017, dos semanas después de que la PGR cambiara su situación legal de testigo a imputado en el caso.

En el tomo IV la Fiscalía también testó las fojas 626 a 628 que corresponden a los ingresos y salidas del país del empresario Marcelo Bahía Odebrecht, máximo dirigente de la constructora, quien entre 2010 y 2015 viajó en nueve ocasiones a nuestro país. El INM también aportó datos de los viajes de Luis Alberto Weyll, quien fungió como director de Odebrecht en México, y quien registró más de 80 vueltos entre 2010 y 2017.

Lee más: Caso Odebrecht: Pemex y UIF se suman a petición de cárcel para Lozoya; él insiste en negociar

Empresas, personas y direcciones

La FGR decidió ocultar los nombres de todas las personas, incluidos imputados, testigos, funcionarios, etcétera, que aparecen en el expediente. También ocultó sus cargos y sus firmas. Incluso la Fiscalía decidió testar los nombres de instituciones y sus direcciones físicas, pese a que se trata de información que la ley de transparencia considera como información pública.

Por ejemplo, desde el tomo 1 se oculta el nombre de Silvia Nathalie García Ocampo, la fiscal responsable de la carpeta de investigación al menos durante ese primer año del caso. También se cubre en múltiples ocasiones la identidad y cargo de José Manuel Merino Madrid, director General de Procedimientos Internacionales de la PGR y responsable de solicitar todas las asistencias de colaboración a otros países. A ellos se suman los nombres y cargos de múltiples policías y peritos que en diversos momentos intervienen en el caso.

La Fiscalía también decidió cubrir cargos e identidades de servidores públicos de otras dependencias como los de Araceli Cortes Hernández, la apoderada legal de Petróleos Mexicanos en aquel momento; los de varios funcionarios de Pemex que participan en los contratos (y que previamente ya se habían dado a conocer por orden del INAI); y los de directivos del INAI o de la Secretaría de la Función Pública.

En un oficio que el gobierno de Veracruz envió al Congreso estatal para solicitar que se aprobara un proyecto (que a la larga beneficiaría a Odebrecht), la fiscalía también ocultó el nombre y cargo del gobernador Javier Duarte.

Incluso, a lo largo del expediente se encuentran testadas las direcciones de diversas oficinas y hasta cargos públicos, aunque no contengan nombres de pila. Por ejemplo, en la foja 9 dele Tomo IV que corresponde a un oficio donde se solicita a un perito, se oculta que la leyenda “Director General de Servicios Periciales de la PGR” y también la dirección del sitio donde se tiene que presentar el perito que es Paseo de la Reforma 211, y que corresponde al edificio sede de la dependencia.

En los cinco tomos publicados la FGR también decidió ocultar todos los nombres de las empresas que se mencionan, incluido el de Odebrecht y el de su filial Braskem. Incluso en las fojas 781 a 783 del tomo V que corresponde a un oficio donde la constructora brasileña ofrece a México su colaboración, la FGR decidió testar hasta los logos de la constructora en los oficios membretados.

A ello se suman el testado que se hizo de los nombres de todas las compañías fantasma implicadas en el caso y los nombres de los funcionarios de la constructora brasileña.

Y hasta notas y conferencias de prensa

En los tomos publicados por la FGR hay decenas de páginas cubiertas totalmente de negro que no corresponden a información recabada en investigaciones. La comparación con los tomos sin testar permite identificar que se trata, en realidad, de capturas de múltiples notas periodísticas.

Por ejemplo, las fojas 90 a 96 del Tomo IV (testadas en la versión pública) corresponden a un reportaje publicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad relacionado con los presuntos sobornos que Odebrecht repartió a funcionarios locales en Michoacán, y sobre el uso de empresas fantasma.

Los mismo ocurre con 55 páginas testadas – de las fojas 389 a 444 – que corresponden a notas publicadas en medios como Proceso, El Universal, Animal Político, Quinto Elemento, Aristegui Noticias, entre otros, así como a columnas publicadas como la del periodista Salvador García Soto. En dichos artículos se hace referencia al financiamiento ilegal de la constructora brasileña a la campaña de Peña Nieto.

Incluso, y mas delante en ese mismo tomo, la FGR también ocultó varias páginas que corresponden a la cobertura de Televisa sobre la conferencia que dio Lozoya tras rendir una declaración, y la transcripción de todo lo que comentó.

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Rusia y Ucrania: las razones de Estados Unidos y la OTAN para no enviar tropas a Kiev

En el pasado, las tropas de Estados Unidos y de la OTAN intervinieron en conflictos en países que no pertenecían a la alianza como Bosnia o Afganistán.
26 de febrero, 2022
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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha gastado un enorme capital diplomático en contrarrestar el ataque ruso a Ucrania.

Su gobierno transmitió implacablemente advertencias sobre una posible invasión inminente por parte de Moscú, que finalmente se materializó, y declaró que estaba en juego nada menos que el orden internacional.

Pero Biden también ha dejado en claro que los estadounidenses no están dispuestos a combatir, aunque los rusos claramente lo están.

Además, descartó enviar fuerzas a Ucrania para rescatar a ciudadanos estadounidenses, si llegara el caso. De hecho, sacó del país tropas que estaban sirviendo como asesores y monitores militares.

¿Por qué ha trazado el mandatario esta línea roja en la crisis de política exterior más importante de lo que lleva de presidencia?

No están en juego sus intereses de seguridad nacional

En primer lugar,hay que recordar que Ucrania no está en el vecindario de EE.UU. ni se encuentra en su frontera. Tampoco alberga una base militar estadounidense. No tiene reservas estratégicas de petróleo y no es un socio comercial importante.

Pero esa falta de interés nacional no ha impedido en el pasado que gobiernos estadounidenses hayan gastado sangre y recursos de su país para defender a otros.

En 1995, Bill Clinton intervino militarmente en la guerra que siguió al colapso de Yugoslavia. Y en 2011, Barack Obama hizo lo mismo en la guerra civil de Libia, alegando tanto motivos humanitarios como de derechos humanos.

Tropa de Estados Unidos en Bosnia en 1995.

Getty Images
Estados Unidos envío tropas que formaron parte del contingente de la OTAN en 1995.

En 1990, George HW Bush justificó su coalición internacional para expulsar a Irak de Kuwait defendiendo el Estado de derecho frente a la ley de la selva.

Los principales funcionarios de seguridad nacional de Biden han usado un lenguaje similar al describir la amenaza de Rusia a los principios internacionales de paz y seguridad.

Pero, hasta ahora, han hablado de una guerra económica a través de sanciones paralizantes como respuesta, no de operaciones militares.

Biden no es partidario del intervencionismo militar

Esta postura tiene algo que ver con los instintos no intervencionistas del presidente Biden.

Por supuesto, estos se fueron desarrollando con el paso del tiempo. En el pasado, por ejemplo, el actual mandatario apoyó la acción militar estadounidense en la década de 1990 para hacer frente a los conflictos étnicos en los Balcanes.

También votó a favor de la invasión estadounidense de Irak en 2003. Pero, desde entonces, se ha vuelto más cauteloso a la hora de usar el poder militar estadounidense.

Así, se opuso a la intervención de Obama en Libia, al igual que a su decisión de incrementar las tropas en Afganistán. De igual modo, sigue defendiendo enérgicamente su orden de retirar las fuerzas estadounidenses de Afganistán el año pasado a pesar del caos que la acompañó y la catástrofe humanitaria que dejó a su paso.

Por su parte, el jefe diplomático de su gobierno, Antony Blinken —quien ha ayudado a concebir la política exterior de Biden— ha definido una seguridad nacional estadounidense más enfocada a combatir el cambio climático, luchar contra las enfermedades globales y competir con China que en términos de intervencionismo militar.

Los estadounidenses tampoco quieren una guerra

Una encuesta reciente de la agencia AP y el Centro NORC para la investigación de Asuntos Públicos de la Universidad de Chicago concluyó que 72% de los consultados en EE.UU. dijo que su país debería desempeñar un papel menor en el conflicto entre Rusia y Ucrania, o ninguno en absoluto.

Carteles con el precio de la gasolina en una estación de servicio en Estados Unidos.

Getty Images
Los estadounidenses están más preocupados por la economía que por la geopolítica.

Los ciudadanos centran sus intereses en cuestiones económicas, especialmente en el aumento de la inflación, algo que Biden debe tener en cuenta a medida que se avecinan las elecciones de mitad de período.

En Washington, la crisis en Ucrania está en el centro de las preocupaciones de legisladores tanto republicanos como demócratas, que exigen sanciones más duras contra Rusia.

Pero incluso voces de línea dura como el senador republicano Ted Cruz no quieren que Biden envíe tropas estadounidenses a Ucrania y “comience una guerra con Putin”.

El senador republicano Marco Rubio, otro halcón de la política exterior, ha dicho que la guerra entre las dos potencias nucleares más grandes del mundo no sería buena para nadie.

El peligro de una confrontación de superpotencias

Buena parte de esta postura se explica en el hecho de que Putin cuenta con una gran reserva de ojivas nucleares.

Biden no quiere provocar una “guerra mundial” al arriesgarse a un enfrentamiento directo entre tropas estadounidenses y rusas en Ucrania y ha sido claro al respecto.

Balance fuerzas militares entre Rusia y Ucrania.

BBC
Desfile militar en Rusia.

Getty Images
Además de armas nucleares, Rusia cuenta con un potente arsenal convencional.

“No es como si estuviéramos lidiando con una organización terrorista”, dijo el mandatario estadounidense a la cadena NBC a principios de este mes. “Estamos lidiando con uno de los ejércitos más grandes del mundo. Esta es una situación muy difícil y las cosas podrían descontrolarse rápidamente”, apuntó.

EE.UU. no está obligado a actuar

EE.UU. tampoco está obligado por ningún tratado internacional a asumir este riesgo.

Una situación distinta ocurriría si Ucrania fuera parte de la OTAN, pues en esa organización se asume que un ataque contra cualquiera de sus miembros es un ataque contra todos. Ese es el compromiso fundamental del Artículo 5, que obliga a todos los miembros a defenderse unos a otros.

Pero Ucrania no es miembro de la OTAN, un factor citado por Blinken para explicar por qué los estadounidenses no lucharán por los valores que defienden con tanta energía.

Aquí hay cierta ironía, dado que el conflicto surge de las demandas de Putin de garantías de que nunca se permitirá que Ucrania se una a la alianza militar y de la negativa de la OTAN a dárselas.

Tampoco la OTAN está obligada a hacerlo

Paradójicamente, el compromiso de defensa mutua establecido en el Tratado de la OTAN es el principal incentivo que tiene Ucrania para solicitar la admisión en esa alianza y, al mismo tiempo, uno de los motivos por los cuales algunos de sus estados miembros no quieren admitir a Kiev.

Gráfico

BBC

Desde inicios de la década de 1990, el tema de la ampliación de la OTAN para incluir a países que pertenecieron a la antigua órbita soviética fue motivo de debate entre expertos en política exterior, entre los cuales hay quienes creen que esto podría generar una reacción negativa por parte de Rusia, que podía sentirse amenazada por la inclusión en la alianza de países con los que comparte fronteras.

Pese a esas objeciones, la alianza se amplió y desde 1997 ha incluido entre sus miembros a 14 países que proceden del antiguo bloque comunista. Ha habido, sin embargo, dos notables excepciones: Georgia y Ucrania.

En 2008, la OTAN hizo una declaración en la que señaló que estos dos países podrían ser finalmente admitidos, pero esto no ha ocurrido.

De hecho, muchos analistas apuntan que no es casual que, justo meses después de esa cumbre de la OTAN, se produjo la guerra en Georgia mediante la cual separatistas prorrusos tomaron el control de los territorios de Abjasia y de Osetia del Sur.

Soldados de Ucrania en Donetsk.

Getty Images
En 2014, las fuerzas armadas de Ucrania perdieron el control de Donetsk y Luhansk ante grupos prorrusos.

Una situación similar se repitió en 2014, cuando pocos meses después de las revueltas populares que llevaron a la caída del gobierno del presidente prorruso de Ucrania Víktor Yanukóvich, se registraron las rebeliones en Donetsk y Luhansk, en las cuales grupos prorrusos asumieron el control de esos territorios de Ucrania.

Al igual que el gobierno de Biden, la OTAN ha criticado con dureza la invasión rusa a Ucrania. Su secretario general, Jens Stoltenberg, dijo que se trata de “un acto brutal de guerra”. Pero, de ahí a intervenir militarmente en defensa de Kiev, hay un abismo que la alianza no parece estar dispuesta a cruzar por el momento.

¿Puede cambiar esto?

El presidente Biden ha estado enviando tropas a Europa y redistribuyendo las que ya están allí, para reforzar a los aliados de la OTAN que limitan con Ucrania y Rusia.

Esto ha sido anunciado por su gobierno como un esfuerzo para tranquilizar a las exrepúblicas soviéticas, nerviosas por el objetivo más amplio de Putin de presionar a la OTAN para que haga retroceder las fuerzas de su flanco oriental.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

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El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha criticado duramente la invasión rusa.

Este esfuerzo ha implicado también a la alianza, que durante los meses previos de tensión entre Rusia y Ucrania ha movilizado miles de efectivos y de recursos militares hacia el este de Europa, pero no con la finalidad de proteger a Ucrania sino para reforzar la protección de sus miembros en esa región como Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania.

Pero la invasión de Ucrania esta semana avivó las preocupaciones sobre la perspectiva de un conflicto más amplio, ya fuera por un derrame accidental de las hostilidades o por un ataque deliberado de Rusia más allá de Ucrania.

Esto último implicaría una gran escalada de la tensión, pues abriría la puerta a invocar el compromiso de defensa mutua del Artículo 5 de la OTAN. No obstante, cualquiera de esos dos escenarios podría atraer a las fuerzas estadounidenses a una batalla.

“Si [Putin] entra en los países de la OTAN, nos implicaremos“, advirtió Biden.

* Con información del análisis de Barbara Plett Usher, corresponsal de la BBC en el Departamento de Estado de EE.UU.


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